Vivienda social en Perú: oportunidad de negocio para el bien común

A medida que la población mundial crece, las ciudades se expanden más rápido que nunca. Las Naciones Unidas han proyectado que para el año 2050 la población urbana se habrá duplicado, de alrededor de 3 mil millones de personas que hay hoy en día, a 6 mil millones. Una simple operación matemática nos mostrará que esto equivale a construir una ciudad de 2 millones de habitantes cada semana por los próximos 30 años.

No cabe duda al respecto, la urbanización es una tendencia imparable, especialmente en países en vías de desarrollo donde el 90% de ese crecimiento va a suceder. Esto se debe, más que nada, a procesos de migración interna del campo hacia la ciudad, donde personas de muy bajos recursos buscan las oportunidades y servicios (educación, salud, etc) que en sus pueblos es imposible conseguir. Solo en Latinoamérica, por ejemplo, la proporción de personas que viven en ciudades aumentó del 30% a más del 85% en poco más de una generación –entre 1950 y 2010–, según el World Economic Forum. Esto la convierte en la región más urbanizada del planeta, superando incluso a Norteamérica y Europa.

Como es obvio, la mayor parte de los pobres del mundo se concentra en países del tercer mundo. De hecho, 4 mil millones de seres humanos conforman lo que el autor C.K. Prahalad llama la “Base de la Pirámide”, personas que ganan menos de $ 1,500 al año. Según los cálculos de Prahalad, la Base de la Pirámide representa un valor de $5 trillones de dólares en poder adquisitivo, una cantidad nada despreciable, pero a pesar de ello sigue siendo un mercado completamente olvidado por el sector privado cuando se trata de construir viviendas sociales. Atender la alta demanda de vivienda de los pobres generada por la urbanización es visto como un tema de carácter público y, como tal, es algo que solo los gobiernos pueden y deben hacerse cargo. El problema, sin embargo, es que la vivienda construída con fondos públicos tiene serias limitaciones presupuestarias y, por lo tanto, está basada en dar soluciones rápidas y masivas, lo que se traduce en pequeños departamentos dentro de grandes complejos habitacionales. Más aún, el alto precio de los terrenos hace que estos complejos generalmente estén ubicados en lugares alejados, allá donde la comunicación con el resto de la ciudad es de muy mala calidad.

La respuesta de los pobres a esta oferta tan poco atractiva es que pasan por completo tanto del sector público como del privado, y encuentran sus propias formas de solucionar el problema. El resultado son las favelas en Brasil, las villas miseria en Argentina, los pueblos jóvenes en Perú, y tantos otros nombres más en diferentes países alrededor del mundo. Se trata de vecindarios muy vulnerables, auto construidos con cualquier material que sus pobladores tengan al alcance de sus manos, sin ninguna planificación o prestación de servicios formales.

No debería sorprendernos entonces que una investigación realizada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en 2012 reveló que hasta 2 millones de los 3 millones de hogares que surgen anualmente en ciudades latinoamericanas, se ven obligados a establecerse en viviendas informales o barrios marginales. Los datos muestran además que en Nicaragua, Bolivia, Guatemala y Perú más de dos tercios de los hogares están conformados por viviendas de muy baja calidad.

De estos países, Perú representa de lejos la mayor oportunidad para el mercado de la vivienda social. Con una población de alrededor de 32 millones de habitantes, en los últimos 30 años el país ha ganado la estabilidad de su democracia y un crecimiento económico sin igual en América Latina. Esto ha generado una nueva clase media, principalmente en áreas urbanas, ansiosa por nuevos productos y servicios.

El gobierno peruano, sin embargo, ha sido incapaz de mantener el mismo ritmo de su economía en cuanto al desarrollo social. El mercado de la vivienda es un claro indicador de esto. Según el Banco Mundial, Perú tiene el tercer déficit habitacional más alto de Latinoamérica. Los cálculos del BM apuntan a que se necesitan 1.3 millones de casas nuevas para cerrar la brecha de vivienda en el país. A pesar de esto, poco o nada se ha hecho para incentivar la construcción de viviendas sociales. Mientras tanto, las ciudades siguen creciendo a un ritmo acelerado y la vivienda informal ha copado más del 70% del mercado en Lima, la ciudad capital, una cifra que puede llegar a casi el 90% para el resto del país.

La gran demanda de vivienda social en el Perú representa un desafío para las políticas públicas del gobierno, pero habría que ser ciego para no darse cuenta que también representa una oportunidad comercial sin precedentes para el sector privado. Más aún, la inversión y el aumento de la oferta de viviendas sociales por parte del sector privado puede transformar el tejido social del país y, de esa manera, compañías y multinacionales pueden convertirse en un agente activo de cambio para el bien común, algo más que necesario para una élite empresarial que siempre se ha caracterizado por estar desconectada de las realidades que afectan a gran parte de la población.

La pregunta entonces es, ¿cuántas compañías estarían dispuestas a formar parte de ese cambio?