¿Buen Gasto o Malgasto?
Evaluando el gasto público — Del 15 al 21 de mayo
Autor: Eduardo Sierra (@lalosierra_)
Editor: José Luis Chicoma (@JoseLuisChicoma)
Se está volteando la pirámide
En el primer trimestre de este año, el sector público pagó mil 522 millones de pesos diarios por concepto de pensiones y jubilaciones.
En el trimestre fueron 137 mil 13 millones de pesos. A este ritmo llegaremos este año a cerca de 560 mil millones de pesos erogados. Hace diez años, en 2004, el desembolso del primer trimestre fue de 24 mil 781 millones de pesos. Es decir, el crecimiento nominal en una década fue de 452 por ciento. Si consideramos una inflación acumulada en ese lapso de 50.9 por ciento, tenemos que el crecimiento real fue de 365 por ciento en la década. El gobierno, o mejor dicho, los gobiernos que han administrado nuestro país, no han querido atacar la informalidad de tajo, ya que aún han contado con recursos para pagar este tipo de pensiones y jubilaciones.
Sin embargo, en cuestión de máximo una o dos décadas, no habrá impuestos suficientes o cargas impositivas sobre los contribuyentes formales que alcancen, si no se rediseña la política fiscal en nuestro país, así como los incentivos para que los que se ubican en el mercado formal no sean castigados con mayores impuestos, sino premiados con mejores bienes y servicios públicos para cuando su salud y edad se los demande. La actual reforma fiscal está lejos de cumplir con estos requisitos.
F.B.I. región San Juan del Río
La Procuraduría General de la República (PGR) destina 325 millones de pesos para la construcción del Instituto de Capacitación y Profesionalización en San Juan del Río, Querétaro.
Sus instalaciones están inspiradas en la Academia de Quantico, perteneciente al FBI y ubicada en Virginia, Estados Unidos. La idea de seguir el modelo de la Academia de Quantico radica en dotar a las instalaciones de Querétaro de los mismos laboratorios, reactivos, instrumentos y tecnología de entrenamiento con que cuenta la academia del FBI.
El nuevo instituto contará con 27 aulas isópticas, 35 aulas y salas de juicios orales, un edificio de tres niveles con aulas de laboratorio para 21 especialidades, una biblioteca y habitaciones para 218 varones, 144 mujeres y 50 docentes, además de un comedor con capacidad para 500 personas.
Es claro que el problema de la seguridad en México, así como la asignación del gasto público en otros sectores clave como el educativo, el de salud y pobreza, es un problema de reglas e incentivos y no de edificios modernos y tecnológicos, pero dotar de mayor infraestructura a los altos mandos, así como a diversos agentes clave para garantizar la seguridad de las personas, es un paso necesario para avanzar hacia un México más próspero y menos violento.
Gastar bien es inversión en ciencia y tecnología
El gobierno de la República ejerce a tiempo y con efectividad el gasto en materia de ciencia, tecnología e innovación, que este año alcanza los 881 660 millones de pesos, un 28.6 por ciento más en términos reales que en 2012, destacó el secretario de Hacienda, Luis Videgaray.
Específicamente, indicó, que en el primer trimestre del año, el gasto ejercido en el Conacyt supera los ocho mil 377 millones de pesos, lo que significa 50 por ciento más que en el mismo periodo de 2013.
Es importante hacer notar que no basta gastar en estos sectores, sino hacerlo de manera focalizada para hacer más eficiente el gasto, y de manera transparente para evitar que se subutilicen los recursos o caigan en las manos equivocadas.
Potenciando el sector energético
El gobierno federal, a través de Nacional Financiera (Nafin) y el Banco HSBC, lanzaron el programa “Impulso Energético”.
Se trata de un fondo por 26 mil millones de pesos, y que va dirigida a pequeñas y medianas empresas que decidan participar en ese sector estratégico.
“La experiencia acumulada nos ha demostrado que el éxito en esos programas no depende sólo del financiamiento en sí, sino de la correcta identificación de las áreas de oportunidad que implica la eficiencia energética, la selección de la tecnología más adecuada y, en ese sentido, el diseño de un producto crediticio a la medida”, mencionó el director general de Nafin, Jacques Rogozinski.
Este tipo de medidas, contribuyen a ir cerrando poco a poco la brecha generada por décadas de ineficiencia en la administración del sector energético en nuestro país, principalmente generadas por el monopolio de Pemex en el mercado petrolero y de la administración corrupta y discrecional del sindicato que administra a la paraestatal. Aún falta mucho por avanzar, pero sin duda la reforma energética, al coadyuvar a la liberalización del sector, fomenta una mayor competencia en la que están incluidas las pequeñas y medianas empresas de nuestro país.
Eduardo es Investigador Junior y José Luis es Director General de Ethos Laboratorio de Políticas Públicas.
