Caso Ferrostaal: hora de actuar en Colombia
Con el castigo de 200 millones de euros a Ferrostaal, los fiscales federales de Alemania dan por sentado que la multinacional sobornó a funcionarios de gobiernos extranjeros, entre ellos de Colombia, para adjudicarse lucrativos proyectos.
- Publicado el 3 de noviembre de 2010 en el portal Semana.com
- Por Camilo Jiménez Santofimio
Ha terminado el verano en Alemania. Y con el otoño le ha llegado la hora de la verdad a la multinacional Ferrostaal. Como en años anteriores, la Fiscalía de Múnich ha elegido el cambio de estación para anunciar qué castigo recibirá otro más de los grandes de la industria alemana por sus pecados en el exterior. En otoño del 2007 y el 2008, Siemens debió pagar 600 millones de euros por mantener un inmenso sistema de pago de coimas alrededor del mundo. Para la misma época, el año pasado el fabricante de máquinas MAN tuvo que girar 150 millones de euros a la Fiscalía de Múnich por razones similares. Ahora el turno es para Ferrostaal. Según información publicada el fin de semana por el diario Süddeutsche Zeitung, los fiscales de la Sección XII de la fiscalía muniquesa exigen a la empresa el pago de 200 millones de euros por haber supuestamente sobornado a funcionarios de varios gobiernos, incluido el de Colombia, con el fin de obtener lucrativos negocios en el sector de la marina.
Según el Süddeutsche Zeitung, delegados de la empresa acordaron la semana pasada tras largas negociaciones con los fiscales de Múnich el pago de 200 millones de euros. Este monto, explica el rotativo, resulta del total de las utilidades producidas por el pago de coimas en otros países (aproximadamente 180 millones de euros), sumado a una multa. Los investigadores fiscales habrían llegado a la conclusión de que Ferrostaal incurrió en actos de corrupción para venderles submarinos a los gobiernos de Grecia y Portugal, así como buques patrulleros a gobiernos en Africa y América del Sur.
El pasado mes de marzo, la revista alemana Der Spiegel y el mismo Süddeutsche Zeitung habían encendido el escándalo en torno a los supuestos negocios calientes de Ferrostaal con la publicación de vastos informes sobre las investigaciones que la Fiscalía de Múnich conducía desde el 2009. En el caso concreto de Colombia, un testigo proveniente de la misma empresa había declarado ante los fiscales que Ferrostaal había pagado más de 800.000 euros en coimas a funcionarios de la Armada Nacional y del Ministerio de Defensa para adjudicarse la construcción de dos buques patrulleros. En su declaratoria, cuyos detalles fueron revelados por la revista SEMANA (ver artículo), el testigo de la Fiscalía de Múnich afirmó que las coimas habían pasado por las manos de un “consultor externo” de Ferrostaal antes de arribar a los bolsillos de altos funcionarios del gobierno colombiano.
Desde hace décadas, Ferrostaal se dedica a la tramitación de licitaciones millonarias para algunas de las firmas más prestigiosas de la industria marina y armamentística alemana. En Colombia, la empresa existe desde 1955. Y por lo menos desde los años 80 se ha visto una y otra vez envuelta en dudosos negocios con la Armada Nacional, siempre en torno a la venta de corbetas y submarinos. En 1982, un sonado escándalo causado por la venta de embarcaciones averiadas a la Armada hizo aparecer por primera vez el nombre de Ferrostaal en los titulares de los medios. Un ex comandante de corbeta, cuyo caso El Espectador revivió hace algunos meses, lleva lanzando duras acusaciones a la empresa desde comienzos de la década de los 90.
El castigo impuesto ahora por los fiscales de Múnich a Ferrostaal tiene un enorme poder simbólico.
La justicia de Alemania no parece estar dispuesta a tolerar más actos de corrupción en nombre de su industria. Si bien la multa que Siemens tuvo que pagar en años anteriores fue tres veces mayor que la exigida hoy a Ferrostaal, ésta última es una empresa mil veces más pequeña que aquélla. Ferrostaal emplea tan sólo 400 personas en el mundo entero y produce 1,600 millones de euros al año. Los 200 millones que ahora deberá pagar serán un duro golpe financiero.
De por sí, las acusaciones que han recaído sobre Ferrostaal en varios países del mundo durante los últimos meses ya han significado una inmensa pérdida de imagen y de confianza por parte de sus clientes. La empresa se ha visto obligada a renovar casi todo su equipo de dirección y a pagar un millonario plan de saneamiento para garantizar, de ahora en adelante, transparencia en sus negocios. Además, el escándalo le costó el puesto al presidente de Ferrostaal Matthias Mitscherlich, a quien junto con una docena de ejecutivos de la empresa la Fiscalía investiga en la actualidad.
Con los 200 millones de euros que Ferrostaal debe cancelar por supuestamente corromper gobiernos en el exterior, la suma de las multas que la industria alemana ha debido pagar a razón de sus aventuras con la corrupción ya alcanza los 1,5 mil millones de euros. El de Ferrostaal, pues, es un castigo de peso en un país cuya economía depende en gran parte del poder de sus empresas.
Varios de los gobiernos que han sido víctimas de los sobornos han venido actuando con rapidez desde el estallido del escándalo en marzo. En Grecia, la justicia tiene una imagen cada vez más clara de cómo intermadiarios alemanes corrompieron a políticos de ese país para obtener proyectos. En Portugal se inició un proceso formal en contra de varios empleados de Ferrostaal. Y en Argentina, investigaciones judiciales y periodísticas han estremecido la cúpula de la Marina.
Pero en Colombia, pasado el show mediático que en abril siguió a las revelaciones de los medios alemanes, aún no sucede nada. A la Fiscalía, la Procuraduría y otros organismos de control, si no quieren sumirse en la vergüenza, les llegó la hora de actuar.
