La ciudad de la violencia
En la actualidad existe un cierto consenso al llamado a condenar la violencia como un gesto necesario para abordar la encrucijada constitucional que atraviesa el país. El problema de la violencia se tomó la inexistente agenda el gobierno, y a partir del discurso oficialista, medios de comunicación masivos y mucha desinformación han alimentado gradualmente la tendencia en los sectores más conservadores de la sociedad a relacionar directamente la violencia con la protesta, derivando paulatinamente en su criminalización.
Esta idea de condenar la violencia está centrada en la violencia más directa que tiene lugar en las calles de nuestras principales ciudades. Se reduce la protesta al vandalismo, a un inusitado arrojo nihilista por la destrucción en sí misma, e igualmente induce la idea de que antes el 18 de octubre Chile aún montaba el jaguar económico que nuestros gobernantes y empresarios nos venden de vez en cuando. La espiral de violencia despertada por la indignación social nos estaría conduciendo, según esta narrativa, paradójicamente al colapso. Sin embargo, la energía con la que se levanta el discurso de condenar la violencia más visible no aborda las causas subyacentes que la provoca, las cuales son siempre complejas, profundas, opacas y más incómodas de transformar, precisamente por las ataduras constitucionales que hoy están en jaque mate.
En este ámbito, es precisamente una forma de violencia que las instituciones sociales no logren satisfacer las necesidades de las personas. En Chile éstas se cristalizan en las principales consignas del estallido; educación, salud, pensiones, transporte, medio ambiente y también ciudad y vivienda. La violencia es gradual y no visible porque constantemente los gobiernos de turno celebran avanzar en las políticas que involucran estas materias, siempre dejándole la responsabilidad al sector privado que se enriquece al cubrir funciones del Estado, pero los resultados sociales no acompañan. Por ejemplo, en ámbitos urbanos y habitacionales la realidad ha demostrado el ejercicio de formas de violencia sistémica que ayudan a explicar la violencia más directa y visible que tiene lugar en las calles, y a la vez ofrece luces sobre dónde hay que intervenir para generar transformaciones sociales más profundas.
Una forma de observar esta violencia sistémica en nuestras ciudades es analizando algunos datos que ofrece el modelo de producción de vivienda chileno durante los últimos años. Según datos del Observatorio Urbano del MINVU, el déficit habitacional cuantitativo al 2017 es de aproximadamente 500.000 de viviendas a nivel país, y de acuerdo con el último catastro de campamentos a nivel nacional entregado recientemente por el mismo organismo, se estimó que entre 2011 y 2019 Chile pasó de tener 27.387 a 47.050 viviendas en esta situación, es decir, un aumento de un 58%. Este aumento de campamentos significa que familias son expulsadas hacia campamentos en las periferias desprovistas de equipamientos y servicios, en parte importante porque no existen mecanismos de acceso a la vivienda en zonas urbanas bien consolidadas. En síntesis, el modelo público de vivienda ha aumentado el déficit habitacional y la marginalidad urbana.
Por otro lado, a parte importante de las familias chilenas les queda recurrir al mercado privado de vivienda, de hecho, la tasa de créditos hipotecarios alcanzó un mínimo histórico pre-18 de octubre que favoreció el acceso a la compra, y en términos de oferta, como muestra el gráfico adjunto, la curva de construcción de casas y en especial la de departamentos es bastante dinámica. Según el Observatorio Urbano el MINVU durante 2011 y 2018 el mercado inmobiliario tuvo un importante crecimiento que derivó en la construcción de 1.124.404 unidades habitacionales en el país, de las cuales 426.640 solo se construyeron en la Región Metropolitana, lo que provocó un explosivo crecimiento de departamentos que hoy adornan -en algunos lados alcanzan la ilegalidad y la saturación- los sectores más conectados de Santiago. Mientras se complejiza el problema de la vivienda pública el sector privado se mantiene robusto (aunque siempre atado a las fluctuaciones macroeconómicas).
El contexto en el que se genera esta realidad dual es un encarecimiento generalizado y sostenido de la vivienda en Chile. Si se observa el comportamiento de Santiago, según estimaciones de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), en los sectores más céntricos de la ciudad los precios de venta han aumentado hasta un 150% entre 2008 y 2019, y dado que los ingresos claramente no aumentan en tal magnitud, en el país es “severamente inalcanzable” — palabras de la CChC- para una persona común acceder a la vivienda, constituyendo un caso excepcional de encarecimiento a escala mundial.
Estas cifras por sí solas muestran que ni la política de vivienda y ni el mercado pueden satisfacer las necesidades (que no es lo mismo que demanda) de muchas familias que no pueden acceder a un derecho básico como la vivienda y una ciudad digna. Estas necesidades insatisfechas constituyen una pequeña parte de la violencia sistémica a la que oportunamente no se refieren aquellos que llaman a condenar la violencia callejera y exaltan la represión, y que son a su vez causas de la frustración social y deslegitimación de las autoridades que motiva la protesta y revuelta cotidiana. La violencia no es justificable, sino se analiza y comprende para abordarla integralmente.
Hoy podemos entender que finalmente los sectores políticos más tradicionales son insensibles a esta realidad de necesidades no satisfechas y expectativas sociales frustradas, la forma tan particular en la cual se ha desenvuelto nuestra historia social hace que las mismas ciudades sean escenarios de realidades opuestas. Si se sube el cerro San Cristóbal en Santiago puedes mirar la poca distancia que separa a comunas con estándares de Finlandia y otras como Sierra Leona. Seguramente este verdadero abismo social se traduce en que los sectores más conservadores de nuestro país tiendan a la criminalización de la protesta, así como en el asegurar la inutilidad de acabar con la constitución actual.
El falso discurso a condenar la violencia solo centrada en la callejera va de la mano con el aprovechamiento por parte del Estado para instrumentalizarlo afín a fortalecer y darle impunidad al poder policial, el que claramente se encuentra en crisis y seriamente cuestionado. Así lo demuestra el despacho de expresas leyes anti disturbios y la compra de equipos actualizados para fuerzas especiales (para enfrentar a la “primera línea” constituida en parte importante por estudiantes y menores de edad), en un contexto donde se destapa el escándalo sobre el multimillonario desfalco de carabineros que involucra de Generales en Jefe hacia abajo (hasta el “General del Pueblo” Bernales), en tanto con asombro observamos cómo la institución cierra filas para mantener hasta el día de hoy y ante la indolencia del Estado, el anonimato de los carabineros involucrados en los delitos de Fabiola Campillay y Gustavo Gatica.
Contradictoriamente, el discurso a condenar la violencia, el posicionamiento gradual de la idea que los medios para hacerlo no importan, y que la espiral de violencia pueda poner en riesgo la integridad nacional, está despertando una verdadera y extremadamente peligrosa agresividad escoltada por el poder policial en el sector oriente de la capital, cuyas consecuencias insospechadas hemos de esperar con preocupación. Mientras tanto, con estupefacción tendremos que soportar y contrargumentar la crudeza del falso discurso de la violencia, la retórica del caos anárquico, y que el fin justifica los medios para aplacarlo (fuente de este tipo de ideas son las columnas de opinión provenientes de “Nueva Mente” o “Fundación para el Progreso”), acomodándose con cada vez menos pudor la nostalgia por la mano dura y el ambiente militar. Nunca hemos de olvidar, en esta discusión, la distinción entre libertad de expresión y negacionismo, y que quienes buscan la opresión jamás podrán ser libres.
