Riflessioni sulla Comisión de la Verdad y Reconciliación
“Todos los peruanos somos responsables” Salomón Lerner
CREAZIONE DELLA COMMISSIONE
Il 4 giugno 2001 il Governo Transitorio presieduto dal Dott. Valentín Paniagua crea la Comisión de la Verdad, con il Decreto Supremo N.065–2001-PCM, il cui fine è investigare la violenza e le violazioni dei diritti umani perpetrati in Perù tra il maggio del 1980 e il novembre del 2000.
La commissione è composta da dieci membri, eletti dal Presidente della Repubblica e approvati dal Consiglio dei Ministri, ed è presieduta dal Dott. Salomón Lerner.
Questa si costituisce come un organo non giudiziario i cui obiettivi sono:
a. Analizzare il contesto, le condizioni politiche, sociali e culturali e i comportamenti che, da parte dello Stato quanto da parte della società, contribuirono alla situazione di violenza.
b. Contribuire con gli organismi giurisdizionali competenti a fare chiarezza sui crimini e sulle violazioni dei diritti umani commessi tanto dalle organizzazioni terroristiche quanto dagli agenti dello Stato.
c. Cercare di determinare luogo, identificazione e circostanze delle vittime e, se possibile, determinare le responsabilità corrispondenti.
d. Formulare proposte di riparazione morale e materiale per le vittime o per i familiari.
e. Raccomandare riforme che ritiene necessarie come mezzi di prevenzione affinché non si ripetano esperienze simili, così come mezzi necessari al compimento di tali raccomandazioni.
Il 4 settembre 2001 il nuovo Presidente Alejandro Toledo ratifica la nomina della Commissione e ne modifica il nome in Comisión de la Verdad y Reconciliación, in accordo con gli obiettivi del lavoro. Ai membri originari affianca il Generale Luis Arias Grazziani e due esponenti della Chiesa cattolica: José Antúnez de Mayolo e Luis Bambarén Gastelumendi, quest’ultimo come osservatore.
L’aumentato peso della Chiesa cattolica e l’introduzione di un esponente di spicco delle Forze Armate genera aspre critiche da parte della società civile e delle associazioni dei familiari delle vittime che chiedevano con egual diritto di essere rappresentare all’interno della Commissione. Inascoltati sono stati i consigli della Comisión Andina de Juristas — una delle organizzazioni più attive nell’esercitare pressioni sul Governo e nella sensibilizzazione dell’opinione pubblica circa l’importanza di istituire una commissione per la ricerca della verità — che raccomandava di includere almeno un membro straniero con precedente esperienza in un organismo simile e che ci fossero esponenti delle comunità indigene e contadine.
Prima dell’inizio dei lavori tutti i membri della CVR hanno sottoscritto un Compromiso Ético: è importante ricordare che la Commissione non ha alcuna funzione giurisdizionale e che i suoi membri sono stati scelti per la loro competenza e autorità morale.
I membri della Commissione:
Dott. Salomón Lerner Febres
Filosofo e Rettore della Pontificia Universidad Católica del Perú
Dott.ssa Beatriz Alva Hart
Avvocata, ex membro del Congresso della Repubblica
Dott. Rolando Ames Cobián
Sociologo, ricercatore politico e analista
Dott. Enrique Bernales Ballesteros
Dottore in Legge, Costituzionalista, Direttore esecutivo della Comisión Andina de Juristas
Dr. Carlos Iván Degregori Caso
Antropologo, Professore presso la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, membro dell’IEP
Padre Gastón Garatea Yori
Sacerdote de Sagrados Corazones e
Presidente della Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza
Ministro Humberto Lay Sun
Architetto, leader della Assembleas de Dios, denominazione evangelica del Concilio Nacional Evangélico CONEP
Sofía Macher Batanero
Sociologa, ex segretaria esecutiva della Coordinadora Nacional de Derechos Humano
Ing. Alberto Morote Sánchez
Ex Presidente della Universidad San Cristóbal de Huamanga
Ing. Carlos Tapia García
Ricercatore politico e analista
Monsignor José Antúnez de Mayolo
Prete salesiano, ex amministatore apostolico dell’Arcidiocesi di Ayacucho
Tenente Generale FAP Luis Arias Grazziani
Esperto in temi di sicurezza nazionale
Monsignor Luis Bambarén Gastelumendi
Vescovo di Chimbote e Presidente della Conferencia Episcopal Peruana
PRESENTAZIONE LAVORO CVR
L’Informe Final della Commissione è presentato al pubblico il 28 agosto del 2003 dal presidente Salomón Lerner. Il prodotto è costituito da migliaia di pagine di analisi e testimonianze, per un totale di 10 imponenti volumi.
Il lavoro si divide in quattro sezioni principali:
PRIMERA PARTE: EL PROCESO, LOS HECHOS, LAS VÍCTIMAS
SEGUNDA PARTE: LOS FACTORES QUE HICIERON POSIBLE LA VIOLENCIA
TERCERA PARTE: LAS SECUELAS DE LA VIOLENCIA
CUARTA PARTE: RECOMENDACIONES DE LA CVR, HACIA UN COMPROMISO NACIONAL POR LA RECONCILIACIÓN
Di seguito alcune delle conclusioni più significative dell’IF:
VITTIME:
2. La CVR estima que la cifra más probable de víctimas fatales de la violencia es de 69,280 personas. Estas cifras superan el número de pérdidas humanas sufridas por el Perú en todas las guerras externas y guerras civiles ocurridas en sus 182 años de vida independiente.
4. La CVR ha constatado que existió una notoria relación entre situación de pobreza y exclusión social, y probabilidad de ser víctima de la violencia. En el departamento andino de Ayacucho se concentra más del 40 por ciento de muertos y desaparecidos reportados a la CVR. Al sumar a ello las víctimas consignadas por la CVR en los departamentos de Junín, Huánuco, Huancavelica, Apurímac y San Martín se llega al 85 por ciento de las víctimas registradas por la CVR.
5. La CVR ha constatado que la población campesina fue la principal víctima de la violencia. De la totalidad de víctimas reportadas, el 79 por ciento vivía en zonas rurales y el 56 por ciento se ocupaba en actividades agropecuarias. Estas cifras contrastan con las del censo de 1993 según el cual el 29 por ciento de personas vivían en zonas rurales y el 28 por ciento de la PEA nacional estaba ocupada en el sector agropecuario.
6. La CVR ha podido apreciar que, conjuntamente con las brechas socioeconómicas, el proceso de violencia puso de manifiesto la gravedad de las desigualdades de índole étnico-cultural que aún prevalecen en el país. Del análisis de los testimonios recibidos resulta que el 75 por ciento de las víctimas fatales del conflicto armado interno tenían el quechua u otras lenguas nativas como idioma materno. Este dato contrasta de manera elocuente con el hecho de que la población que comparte esa característica constituye solamente el 16 por ciento de la población peruana de acuerdo con el censo nacional de 1993.
7. La CVR ha comprobado que, en términos relativos, los muertos y desaparecidos tenían grados de instrucción muy inferiores al promedio nacional. Mientras el censo nacional de 1993 indica que solamente el 40 por ciento de la población nacional tiene un nivel educativo inferior a la educación secundaria, la CVR ha encontrado que el 68 por ciento de las víctimas se encontraba por debajo de ese nivel.
8. La CVR concluye que la violencia impactó desigualmente en distintos ámbitos geográficos y en diferentes estratos sociales del país. Si la tasa de víctimas reportadas a la CVR respecto de la población de Ayacucho hubiera sido similar en todo el país, la violencia hubiera ocasionado 1 millón 200 mil muertos y desaparecidos. De esa cantidad, 340 mil hubieran ocurrido en la ciudad de Lima.
9. La CVR ha constatado que la tragedia que sufrieron las poblaciones del Perú rural, andino y selvático, quechua y asháninka, campesino, pobre y poco educado, no fue sentida ni asumida como propia por el resto del país; ello delata, a juicio de la CVR, el velado racismo y las actitudes de desprecio subsistentes en la sociedad peruana a casi dos siglos de nacida la República.
RESPONSABILI:
12. La CVR considera que la causa inmediata y fundamental del desencadenamiento del conflicto armado interno fue la decisión del PCP-SL de iniciar la lucha armada contra el Estado Peruano, a contracorriente de la abrumadora mayoría de peruanos y peruanas, y en momentos en que se restauraba la democracia a través de elecciones libres.
13. Para la CVR, el PCP-SL fue el principal perpetrador de crímenes y violaciones de los derechos humanos tomando como medida de ello la cantidad de personas muertas y desaparecidas. Fue responsable del 54 por ciento de las víctimas fatales reportadas a la CVR. Esta cuota tan alta de responsabilidad del PCP-SL es un caso excepcional entre los grupos subversivos de América Latina y una de las singularidades más notorias del proceso que le ha tocado analizar a la CVR.
52. La CVR señala que, por decisión del gobierno constitucional mediante decreto supremo expedido el 29 de diciembre de 1982, las fuerzas armadas tenían el deber de enfrentar a los grupos subversivos que desafiaban el orden constitucional de la República y vulneraban los derechos fundamentales de los ciudadanos.
53. La CVR reconoce la esforzada y sacrificada labor que los miembros de las fuerzas armadas realizaron durante los años de violencia y rinde su más sentido homenaje a los más de un millar de valerosos agentes militares que perdieron la vida o quedaron discapacitados en cumplimiento de su deber.
54. La CVR ha encontrado que las fuerzas armadas aplicaron una estrategia que en un primer período fue de represión indiscriminada contra la población considerada sospechosa de pertenecer al PCP-SL. En un segundo período, esa estrategia se hizo más selectiva, aunque continuó posibilitando numerosas violaciones de los derechos humanos.
55. La CVR afirma que en ciertos lugares y momentos del conflicto la actuación de miembros de las fuerzas armadas no sólo involucró algunos excesos individuales de oficiales o personal de tropa, sino también prácticas generalizadas y/o sistemáticas de violaciones de los derechos humanos, que constituyen crímenes de lesa humanidad así como transgresiones de normas del Derecho Internacional Humanitario.
56. La CVR concluye que, en este marco, los comandos político-militares (CPM), erigidos en autoridad estatal máxima de las zonas de emergencia, pueden tener la responsabilidad primaria por estos crímenes. El Poder Judicial debe establecer el grado exacto de responsabilidad penal de quienes ejercieron los CPM, ya sea por haber ordenado, incitado, facilitado o encubierto estos hechos, o bien por haber omitido el deber fundamental de ponerles coto.
57. La CVR ha constatado que las violaciones más graves de los derechos humanos por parte de agentes militares fueron: ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada de personas, torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes. La CVR condena particularmente la práctica extendida de violencia sexual contra la mujer. Todos estos actos constituyen una deshonra para quienes fueron sus perpetradores directos y para quienes, en su condición de superiores jerárquicos, los instigaron, permitieron o encubrieron con mecanismos de impunidad.
I quattro punti principali e più problematici delle conclusioni dell’IF sono:
1. Il numero delle vittime: con l’uso del metodo denominato “multiple system estimation”, usato dall’American Association for the Advancement of Science (AAAS), incrociando dati della CVR, Defensorìa del Pueblo e ONG, la cifra raddoppia da 35000 a circa 69000 vittime con un’affidabilità del 95%.
2. La popolazione campesina è stata la più colpita dal conflitto: il 79% delle vittime viveva in zone rurali e il 75% aveva il quechua o altra lingua nativa come idioma materno.
3. Sendero Luminoso è ritenuto responsabile del 54% delle vittime.
4. Sono riconosciute alle forze armate pratiche generalizzate e/o sistematiche di violazione dei diritti umani.
L’attenzione dedicata alle vittime è mancata, nel lavoro della CVR, ai desaparecidos: di 7713 denunce solo 2144 sono state verificate; di queste la responsabilità è ricaduta per il 43,65% sulle FFAA, il 33,97% ai gruppi sovversivi e il 22,38% non è stato determinato. Rodrigo Montoya Rojas prova a stabilire il numero dei desaparecidos applicando lo stesso ragionamento utilizzato dalla CVR per le sue proiezioni statistiche sulle vittime: applicando il tasso di crescita di 2,8 il numero di desaparecidos salirebbe a 21596 persone, di cui andrebbe segnalato che la responsabilità principale ricadrebbe sullo Stato e sulle FFAA.
CRITICHE CVR
Quando il presidente della Commissione Salomon Lerner ha letto le conclusioni il 28 agosto 2003 ha affermato: “Todos los peruanos somos responsables”. Le migliaia di pagine di cui è composto l’IF non erano ancora state pubblicate quando si sono scatenate le dure reazioni di protesta e rifiuto nei confronti della commissione e del suo lavoro. Le forze armate, i partiti APRA e Acción Popular e la Chiesa cattolica hanno respinto le conclusioni della CVR e nessuno ha riconosciuto le proprie responsabilità negli anni del conflitto.
Le critiche principali mosse alla CVR:
- Numero stimato delle vittime esagerato e criticata la metodologia utilizzata.
- Definizione di SL come partito e in generale la commissione è stata accusata di avere avuto un atteggiamento indulgente nei suoi confronti, in ragione del fatto che, secondo certa critica, alcuni degli stessi componenti della commissione avrebbero avuto tendenze comuniste e marxiste (in particolare riferiti a Lerner, Degregori, Bernales, Tapia, Macher).
- La necessità stessa di istituire una commissione per la quale si sono spesi 13 milioni di dollari che “mejor habría sido destinado a otras cosas”. Il conflitto non è sicuramente stato avvertito in modo eguale dalla popolazione e molte persone non avevano alcun interesse nel lavoro della CVR. Molti hanno giudicato inutile e dannoso guardare al passato e riaprire una ferita, che alcuni ritenevano, ormai chiusa.
- Le responsabilità attribuite alle forze armate, che lavoravano per compiere il proprio dovere di difesa della democrazia.
Le FF.AA. hanno respinto e sminuito il lavoro della Commissione prima ancora della sua pubblicazione. I mezzi di comunicazione, da parte loro, sono stati parziali e i media si sono concentrati più sulle critiche e le dispute intorno alla CVR, piuttosto che sul contenuto del lavoro.
Proprio una settimana prima della presentazione dell’Informe i media hanno parlato di un sospetto attacco senderista contro un centro minerario ad Ayacucho, suggerendo che le forze armate erano indispensabili per affrontare nuovamente Sendero Luminoso.
Il Generale Arias Grazziani, il giorno prima della presentazione dell’IF ha consegnato un documento in cui esprime il suo disaccordo e distanza con le conclusioni della Commissione, che dunque sottoscrive con riserva.
In seguito alla pubblicazione dell’Informe 43 ex comandanti generali delle FF.AA. hanno dichiarato che le forze armate non attuarono una pratica sistematica e indiscriminata di violenza e che potevano accettare solo il riferimento ad alcuni eventi sporadici attribuibili a singoli individui.
COME è STATO CREATO? e PER CHI è L’INFORME?
Il lavoro della Commissione ha coinvolto circa 500 persone, professionisti e professioniste con competenze e formazione differenti, organizzate in diversi gruppi di lavoro con il compito di raccogliere interviste, dati, ordinare materiali e preparare relazioni provvisorie.
Due sono state le principali novità della CVR peruviana rispetto alle precedenti commissioni in cerca della verità: la riesumazione di alcuni cadaveri con l’aiuto di esperti antropologi forensi e la realizzazione di sessioni pubbliche, trasmesse dai media, in cui le persone avevano l’occasione di raccontare ad un audience mai stato così ampio la loro esperienza durante il conflitto e la loro versione dei fatti. Per invito della Commissione hanno parlato vittime, dirigenti senderisti, emerretisti, indigeni, campesinos, e dirigenti dei partiti politici. L’unico gruppo non rappresentato è stato quello delle forze armate che non hanno partecipato ad alcuna sessione pubblica.
Se le interviste pubbliche sono state svolte per lo più nella lingua materna dell’intervistato/a, lo stesso non è stato, chiaramente anche per limiti materiali della ricerca, per le tantissime interviste raccolte nell’archivio della CVR, svolte principalmente in spagnolo. Davanti a una forte presenza di persone di idioma quechua o di altre lingue native, che per di più rappresentano il settore della popolazione più colpito dalla violenza politica, risulta molto problematico il limite posto dalla lingua nell’intervista e nella relazione di potere tra le due parti in base alla differenza di autorevolezza riconosciuta ai differenti linguaggi.
All’interno di un lavoro svolto per la ricerca della verità e della riconciliazione nazionale il gruppo più rappresentato e ascoltato nelle interviste è quello dei familiari delle vittime morte o scomparse, che si attesta al 61,3% del totale dei testimoni, seguendo il criterio dell’approssimazione alla “verità storica” incentrata sulle vittime e sui loro familiari (utilizzata anche da altre commissioni).
I responsabili della violenza sono meno rappresentati nelle interviste, in particolare le FF.AA. Alcuni dei membri di SL e del MRTA, in particolare i detenuti, hanno invece accolto con interesse la possibilità di raccontarsi, e nelle loro testimonianze si evince il tentativo di mettere in crisi e di smontare la versione dei fatti raccontata dalla Commissione: ci troviamo davanti a una contrapposizione per il diritto alla memoria e l’interpretazione delle cause della violenza. In un processo di ricerca della verità, che possa essere la base sulla quale costruire un futuro, risulta importante certo dare giusta rappresentazione alle vittime, ma sicuramente utile approfondire il punto di vista di chi la violenza la ha perpetrata, quali sono state le sue motivazioni e le condizioni che lo hanno reso possibile, per superare fuorvianti visioni dicotomiche che riducono il mondo a vittime e carnefici. Nella CVR è mancata forse un’attenzione in tal senso e le ricerche sul contesto storico, politico e sociale non rendono forse giustizia alle reali congiunture tra sezioni diverse della società che troppo facilmente vengono distinte tra di loro. Lo stesso Rodrigo Montoya Rojas (antropologo, invitato a partecipare alla Commissione da Presidente Toledo, che ha poi ritirato la proposta) suggerisce un superamento della retorica dei “dos Perues” in merito all’assassinio dei giornalisti ad Uchuraccay.
Il lavoro della Commissione è stato presentato in un primo momento in forma di CD, in seguito è uscita la versione abbreviata Hatun Willakuy (in spagnolo nel 2004 e in lingua inglese nel 2010). Il testo completo dell’IF è possibile trovarlo facilmente su internet sul sito della CVR in spagnolo ed in inglese. Anche se alcuni articoli riferiscono di una versione in lingua quechua di Hatun Willakuy su internet non ne ho trovato traccia.
Il materiale d’archivio raccolto nel corso del lavoro è invece liberamente consultabile presso il Centro de información para la memoria colectiva y los derechos humanos di Lima dall’aprile del 2004. Il Centro è creato dalla CVR in collaborazione con la Defensorìa del Pueblo, l’istituzione cui è stato affidato il materiale d’archivio prodotto dalla commissione. Questa istituzione si configura come autonoma dal potere politico e giudiziario, elemento necessario per il contenuto sensibile dell’archivio: le testimonianze sono necessarie per l’esercizio del diritto alla verità ma è importante anche mantenere la privacy circa l’identità degli intervistati e delle intervistate. Alcune persone hanno infatti mantenuto l’anonimato durante le interviste e nei documenti sono registrate sotto codici numerici.
L’archivio contiene:
· 16917 faldoni di documenti relativi alle testimonianze di violenza politica tra il 1980 e il 2000
· 18696 registrazioni audio
· 16917 trascrizioni
· 1109 Vhs che documentano le attività della Commissione, includendo le udienze pubbliche
· 13139 fotografie e 3810 negativi
· 1055 faldoni relativi ai luoghi di sepoltura
· 1150 libri e riviste sulla violenza politica, diritto internazionale, diritti umani, e le relazioni finali delle commissioni che la hanno preceduta
· Altra documentazione proveniente da Ong e associazioni per i diritti umani
L’archivio è completamente aperto alla consultazione, solo l’accesso a documenti particolarmente sensibili è affidato alla discrezionalità del responsabile dell’archivio che valuta caso per caso chi può consultarli.
Carlos Aguirre ha condotto una mappatura interessante sull’utenza dell’archivio dal 2004 al 2007 secondo il quale:
· il 51,6% delle presenze è costituito da studenti universitari e ricercatori
· il 15,4% dalle vittime e/o dai loro familiari
· il 10,3% da semplici cittadini
· l’8,8% da Ong
· il 6,6% da procuratori e magistrati
· il 4,5% da giornalisti
· l’1,7% da esponenti delle forze armate o della polizia
· 0,9% da varie istituzioni pubbliche
Bibliografia:
Citroni G. (2004) L’orrore rivelato. L’esperienza della Commissione della Verità e Riconciliazione in Perù: 1980–2000, Milano, Giuffrè Editore
Degregori, Carlos I. (2004) Desigualidades persistentes y construcción de un pais pluricultural. Reflexiones a partir del trabajo de la CVR.
Montoya Rojas R. (2004) Informe de la Comision de la Verdad y Reconciliación: un doloroso espejo del Perù, Lima
Oelschlegel, A. (2006) El Informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación en el Perú. Un resumen crítico respecto a los avances de sus recomendaciones. Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano XII, 2, 1335–1368.
Sandoval P. (2004) Educacion, ciudadania y violcencia en el Perù: una lectura del informe de la CVR, Lima, IEP Instituto de Estudios Peruanos
Stabili, M. R. (2011) Troppa memoria e poca storia? A proposito degli «archivi sensibili» in America latina. Contemporanea, 14(2), 365–381.
Sitografia
