La necesidad de avanzar en un impuesto a la riqueza en Argentina
La gran crisis sanitaria provocada por el COVID 19 está dejando saldos estremecedores a nivel mundial. En términos económicos, según estiman los organismos internacionales, será más profunda que la crisis financiera del 2008–2009 y semejante a la Gran Depresión de 1929. El FMI estima una caída de la actividad económica global para 2020 del orden del -4,9%. En América Latina y en Argentina el impacto sería mayor: una reducción del PBI del 9,4% para el continente y del 9,9% para nuestro país.
La pandemia ha visibilizado problemáticas estructurales respecto a la desigualdad social y sus consecuencias. La dificultad para acceder a la salud, a la vivienda, a servicios públicos esenciales y a condiciones de vida dignas deja en evidencia que las repercusiones de cualquier crisis siempre se ven agravadas en aquellos sectores más vulnerados. Es necesario debatir sobre el rol del Estado y los recursos con los que cuenta para hacer frente a la crisis económica y sanitaria. Todos los organismos internacionales destacan la importancia de la intervención estatal: mientras la economía está paralizada, los Estados deben desplegar políticas fiscales, monetarias y financieras para garantizar que la gente pueda cubrir sus necesidades y que las empresas puedan reactivarse una vez que se levanten las medidas de contención; a la vez que deben fortalecer los sistemas de salud y su capacidad de respuesta. Las demandas por la emergencia económica y sanitaria, además, requieren de políticas redistributivas. La crisis no afecta a todos los sectores por igual y, sin políticas activas por parte del Estado, aumentarán las brechas sociales y la desigualdad.
Los países desarrollados cuentan con mayores recursos para hacer frente a la crisis y han aplicado paquetes fiscales y monetarios que representan importantes porciones de su PBI. Los países periféricos, en cambio, enfrentan mayores restricciones.
En el caso particular de Argentina, las tempranas medidas de aislamiento dictadas por el gobierno nacional fueron exitosas en la contención del virus, evitando -hasta el momento- un colapso del sistema de salud. Sin embargo, la cuarentena, con el consecuente freno a la actividad económica, y la crisis global tuvieron y tendrán fuertes impactos en una economía que ya presentaba serios problemas. De acuerdo a la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, en abril la producción de las PyMEs Industriales cayó un 53,1% frente a igual mes del año pasado; mientras que en marzo -cuando hubo sólo 10 días de cuarentena- las ventas minoristas cayeron en un cayeron 48,7% anual, medidas a precios constantes. Según el Instituto de Trabajo y Empleo, en abril el consumo se contrajo un -22,4% anual y acumula veintidós meses en baja, mientras que la actividad económica en marzo se contrajo en un 6,4% anual y un 5,7% respecto a febrero.
Antes esto, el Gobierno Nacional implementó una serie de medidas que en conjunto representan casi un 5% del PBI. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, hasta el 18 de mayo las medidas anunciadas para afrontar la crisis implicaban un gasto de $752.374 millones (2,6% del PIB), una disminución de recursos de $80.485 millones (0,3% del PIB) y un monto de facilidades financieras de $571.774 millones (2,0% del PBI). Entre las medidas destinadas al sector informal, se destaca el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), una transferencia monetaria de $10.000 destinada a trabajadores informales, trabajadoras de casas particulares y monotributistas de las primeras categorías. Benefició a 8,7 millones de personas y este mes fue otorgado por segunda vez. Entre las medidas destinadas al sector formal se destaca el Programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP), que consiste en que aquellas empresas golpeadas por la crisis obtengan la postergación o reducción de hasta el 95% del pago de las contribuciones patronales al Sistema Integrado Previsional Argentino y/o una Asignación Compensatoria al Salario. Esto último significa que el Estado se haga cargo de hasta el 50% del salario de las y los trabajadores del sector privado registrado, en las ramas de actividad más afectadas.
Estas medidas significaron un importante aumento del gasto público, que se conjuga con una fuerte disminución de los recursos tributarios, por la misma caída de la actividad económica. También de acuerdo a la Oficina de Presupuesto del Congreso, en abril los gastos primarios aumentaron un 54,1% en términos reales respecto al mismo mes del año pasado. En el mismo período, la recaudación cayó un 23,2% en términos reales (la recaudación tributaria cayó un 16% y los recursos de la seguridad social un 29,5%).
Con el acceso a los mercados de crédito externo cerrado desde abril de 2018 y con pocas posibilidades de acceder a financiamiento local, Argentina no pudo adoptar la estrategia que tomaron muchos otros países: financiar los gastos del COVID 19 a través de la emisión de deuda. Ante esta situación, el Tesoro Nacional se financió a través de emisión del Banco Central. En lo que va del año 2020, el BCRA transfirió al Tesoro Nacional $600.000 millones de utilidades correspondientes al ejercicio 2019 al Tesoro Nacional, le otorgó $312.000 millones de adelantos transitorios netos y US$3.189 millones de reservas internacionales de libre disponibilidad a cambio de letras intransferibles. Sin perjuicio de que la emisión sea una herramienta válida para el financiamiento del Tesoro, y más aún en esta situación de emergencia económica y social, la misma tiene límites normativos y, además, genera presiones a la suba del tipo de cambio que, de concretarse, redundarían en una aceleración de la inflación y en un mayor empobrecimiento de los sectores populares.
En este sentido, se vuelve necesario buscar fuentes alternativas de generación de recursos y, en particular, analizar la iniciativa de implementar un impuesto a los grandes patrimonios. El propio Fondo Monetario Internacional, en un documento sobre políticas fiscales para responder a la crisis del COVID 19, sugiere considerar aumentar las tasas más altas de los impuestos a los ingresos, a la propiedad o a la riqueza, a través de un “recargo solidario”. Entendemos que la iniciativa de aumentar los impuestos a las grandes riquezas no sólo se justifica desde un punto de vista fiscal, sino también redistributivo. Esto es, no sólo es necesario para financiar (parte de) las medidas tomadas ante la crisis desatada por la pandemia y las medidas de aislamiento, sino para redistribuir los costos de la crisis y evitar que la brecha de desigualdad social se amplíe drásticamente.
El sistema tributario argentino tiene un carácter regresivo. De acuerdo a la información publicada por la Dirección Nacional de Investigaciones y Análisis Fiscal, el impuesto más significativo del sistema tributario es el Impuesto al Valor Agregado. Este impuesto indirecto sobre el consumo, que grava con una única alícuota a todos los contribuyentes sin distinguir entre su capacidad contributiva, en 2019 representó el 30,5% de la recaudación. El impuesto a las ganancias, si bien es progresivo y representa una porción importante de la recaudación (21,8% en 2019), tiene una alícuota máxima del 35%, por debajo de países de la OCDE, donde promedia el 41,2%. El impuesto a los bienes personales en 2019 representó tan solo 0,6% de la recaudación.
La presión tributaria fue del 28,5% en 2019. La investigadora Magdalena Rúa plantea que, si bien se suele decir que la presión fiscal en Argentina es muy elevada, si se la compara con otros países esto parece ser más ficción que una realidad efectiva. Según estadísticas de la OCDE, la presión tributaria en Argentina se encuentra por debajo del promedio de los países de la Unión Europea (37,5%), del promedio de los países miembro de la OCDE (34,2% de PIB), de Japón (30,6% de PIB), de Canadá (32,2% de PIB), e incluso por debajo de la de Uruguay (30,9% de PIB) y Brasil (32,3% de PIB).
Resulta necesario discutir y pensar en un sistema tributario progresivo que de paso a una redistribución de la riqueza hacia los sectores que más lo necesitan, sobre todo, en el marco de la crisis de la pandemia.
