Por: Liliana Alvarado (@lilialvaradob) y el Equipo de Desarrollo Social y Económico

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Recientemente se conmemoró el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas en memoria de todos aquellos que han desaparecido a causa de la represión ejercida por ciertos gobiernos en situaciones de inestabilidad política, económica o social.

En México, las víctimas de desaparición forzada forman parte de un problema mayor relacionado con las Personas No Localizadas, que son aquellas personas de las que se desconoce su paradero y cuya situación es del conocimiento de la autoridad a través de una denuncia formal.

Las causas más comunes que explican la desaparición de una persona son:

● La ausencia voluntaria

● La ausencia por problemas domésticos

● La privación ilegal de la libertad

● La migración dentro del territorio nacional o internacional

● La reclusión en algún centro penitenciario

● El fallecimiento o por ser víctima de algún otro delito

La administración del Presidente Enrique Peña Nieto recibió, por parte de la administración pasada, registros por un total de 26,121 personas no localizadas. Tras haber sido actualizada dicha base de datos, se alcanzó una cifra total de 29,707 casos.

Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

En la presente administración se han puesto en marcha diversas acciones para la implementación de una política integral en la materia tales como:

  1. La homologación de criterios entre entidades federativas y la Federación para revisar, actualizar y depurar los registros.
  2. Establecimiento de contacto con los familiares (llamadas telefónicas y visitas domiciliarias) para actualizar la situación de la persona no localizada.
  3. Cruce de información con bases de datos de otras dependencias e instituciones (Servicio Médico Forense (SEMEFOS), asilos, albergues y centros de rehabilitación).
  4. Fortalecimiento de las capacidades periciales de los servicios médicos forenses de todo el país. Destaca el despliegue de 95 laboratorios móviles de la PGR que sirven de apoyo a las fiscalías y procuradurías locales.
  5. Solicitud a compañías telefónicas sobre llamadas emitidas desde los teléfonos de las personas no localizadas y a instituciones financieras de información en caso de que haya movimientos en sus tarjetas de crédito y cuentas bancarias.
  6. Fortalecimiento de mecanismos de búsqueda ya existentes como el programa de Alerta Ámber para la localización de niñas, niños y adolescentes.

En lo que respecta a las víctimas de desaparición forzada, cabe resaltar que al inicio de la administración de Vicente Fox se creó una fiscalía especial para investigar dichos casos, no obstante, no hubo ningún resultado tangible.

Posteriormente, de acuerdo con el informe país de Human Rights Watch (HRW) 2014, durante el gobierno del ex presidente Calderón se llevaron a cabo numerosas desapariciones forzadas producto de la denominada “guerra contra el narcotráfico”.

En junio de 2013, la CNDH indicó que se encontraba investigando 2,443 desapariciones, en las cuales, se encontró posible participación de agentes del Estado. Asimismo, de acuerdo con la organización, dichas desapariciones continúan durante la presente administración. Algunas de estas desapariciones se asocian con periodistas que tratan temas vinculados con la delincuencia organizada o critican a funcionarios públicos. De acuerdo con datos de la CNDH, entre 2005 y 2013 se reporta la desaparición de 20 periodistas.

Conclusiones y recomendaciones

A pesar de ciertos avances, como la promulgación de la Ley General de Víctimas, aún existe una agenda pendiente asociada con las recomendaciones hechas por organizaciones como HRW y el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de Naciones Unidas, entre las cuales destacan:

● Las cifras oficiales no hacen la distinción de las desapariciones forzadas y de las desapariciones atribuidas a la delincuencia organizada.

La inclusión del delito de desaparición forzada en los Códigos Penales de todas las entidades federativas y la creación de una Ley General sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias de acuerdo a estándares internacionales.

Crear un procedimiento específico de búsqueda de la persona desaparecida con la participación de los familiares.

La homologación y actualización de los registros de detención donde se indiquen los motivos de la detención, la hora exacta de la llegada de la persona detenida al lugar de custodia, la duración de la privación de la libertad, la identidad de la autoridad que ordenó la detención de la persona, entre otra información.

Garantizar el derecho a la reparación integral de las víctimas de desaparición forzada. El marco legal debe establecer que la reparación sea proporcional a la gravedad de la violación y al sufrimiento de la víctima y su familia.


Liliana es Directora del Área de Desarrollo Económico y Social en Ethos Laboratorio de Políticas Públicas.

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