Es tiempo de regular el derecho a la intimidad en Internet

Hace unas semanas, en el marco de una charla que versaba sobre la educación inclusiva, escuche una frase que me dejó pensando durante un rato largo: La experiencia es aquello que te cambia la forma de ver la vida. Hoy, sirviéndome de esta frase y luego de dialogar con diferentes exponentes de la libertad de expresión y del derecho a la intimidad acerca del Proyecto de Ley de Derecho al Olvido, me permito decir, a modo de introducción y conclusión al mismo tiempo, que el uso masivo de internet para quienes ya éramos “adultos” cuando llegó a nuestras vidas es una experiencia en sí misma.

Internet, entre otras tantas cuestiones relevantes que aporta a nuestra cotidianidad, nos obliga a redefinir el concepto de privacidad y el de libertad de expresión.

Desde el punto de vista de la libertad de expresión, nos proporciona innumerables vías para transmitir nuestros pensamientos, opiniones, etc.

Desde el punto de vista de la privacidad nos enfrenta a una mayor exposición que para cada particular es muy difícil de registrar y de controlar.

La relevancia de estos dos derechos y las nuevas vías que facilitan la posibilidad de lesionarlos o hacerlos valer, nos instan a poner en agenda un marco que regule el uso de esta herramienta.

Ahora bien, uno de los grandes peligros de regular sobre esta cuestión es la censura y es por eso que todos los defensores de este derecho fundamental son especialmente cautelosos cuando se aborda el tema.

Efectivamente, la tensión entre el derecho a la intimidad y la libertad de expresión es antigua pero lo cierto es que siendo dos derechos fundamentales del hombre y esenciales para una sociedad democrática, jamás perdió notoriedad.

En nuestro país la concepción de la libertad de expresión radica fundamentalmente en la libre formación de un debate de contenido político, sin el cual la democracia no existe. En este sentido, podría decirse que las expresiones merecen especial protección en tanto contribuyan al debate político. Una información que no contribuya al debate, si se ha inmiscuido en esferas íntimas, podría catalogarse como arbitraria.

Asimismo, la intimidad, tal como la entendía Nino, es “una esfera de la persona que está exenta del conocimiento generalizado por parte de los demás”. Hoy con el uso masivo de Internet el debate acerca del conflicto entre estos derechos recobró especial interés. Esto se debe a que el uso de esta herramienta trae una nueva práctica informativa. Abre las puertas a un universo enorme en donde poder expresar desde opiniones hasta compartir fotografías, videos y hablar de estados de ánimo. En este sentido, el uso de Internet transformó cuestiones de la esfera íntima en cuestiones públicas (accesibles para todos los usuarios) atenuando las fronteras entre estos espacios.

En este contexto, son frecuentes los conflictos que se generan entre aquellos que desean proteger su propia imagen, honra e intimidad y los que publican o comparten contenidos multimedia susceptibles de lesionar estos derechos.

Ante esto es importante redefinir el alcance del derecho a la intimidad e instalar un nuevo debate que de forma deliberativa construya una auténtica definición de la esfera de lo íntimo y, a partir de eso, pueda establecerse el alcance de este derecho. De esta manera, encontrar los puntos de tensión que puede tener con la libertad de expresión. Este desafío que hoy nos proponemos, no dista de aquel que se viene dando en la práctica de nuestro país a partir de la jurisprudencia de nuestra Corte. Ni tampoco del que se ha ido planteando en diversos documentos de la OEA, de la UE y en varios Estados tales como España y EE. UU.

La iniciativa que hemos presentado busca proteger la intimidad de las personas estableciendo un límite que guarda directa relación con la concepción plasmada sobre la libertad de expresión: la intimidad será protegida en tanto su divulgación no implique una contribución al debate público. Cabe resaltar que de ningún modo se está buscando limitar la libertad de expresión, sino dar una herramienta a todos los ciudadanos que lo requieran, para permitirles mantener su intimidad fuera del conocimiento de los demás.

¿Quién está facultado a ejercer este derecho?

Está legitimado, en carácter de sujeto activo, todo aquel que sufra un perjuicio en forma directa e indubitable de manera irreparable e inminente, debido a una publicación actual, cargada a Internet tanto por sí mismo como por terceros. Por “daño o perjuicio irreparable” se entiende el daño que no puede ser reparado adecuadamente mediante una indemnización por daños y perjuicios. Hemos considerado que, para que se concrete un perjuicio irreparable deberán darse los siguientes presupuestos: a) un daño cierto e inminente a los derechos de la personalidad, esto es, que no se deba a conjeturas o especulaciones; b) que sea (i) grave y/o (ii) de urgente atención, en el sentido de que sea necesario e inaplazable prevenirlo o mitigarlo, evitando que se consume una lesión antijurídica e irreparable; y/o (iii) se trate de información falsa, inexacta, desactualizada o sea un dato sensible según el artículo 2 de la ley 25.326.

¿Qué acciones están previstas para proteger el derecho a la intimidad en Internet?

Las acciones tuteladas van desde la restricción hasta el bloqueo de la URL con contenido, que afecte a quien ejercita su derecho. Estas acciones tienen como responsables a los ISP (Internet Service Provider, empresa dedicada a conectar a Internet a los usuarios o las distintas redes que tengan, y dar el mantenimiento necesario para que el acceso funcione correctamente). Otra de las acciones previstas es la desindexación de los links con resultados de búsqueda que arrojen la URL denunciada cuyo contenido afecte al sujeto activo. Serán soportadas por los motores de búsqueda conocidos como buscadores.

Un punto interesante a remarcar es el establecimiento de la OBLIGACIÓN DE GUARDADO DE TRÁFICO DE INTERNET por parte de los ISP: Deberán llevar a cabo la identificación y guardado de tráfico de sus clientes debiendo conservarlo y almacenarlo por un plazo de 12 meses, en forma encriptada, bajo estrictas normas de seguridad que resguarden la confidencialidad y deberá estar disponible en forma inmediata a requerimiento únicamente del Poder Judicial.

A pedido del juez los ISP remitirán el número de Dirección IP asignada a cada cliente y las interconexiones con otras IP. De esta manera, se genera una prueba válida a la hora de investigar los contenidos que pudieron menoscabar el derecho de intimidad en cuestión.

¿Cuál es el procedimiento a seguir frente a la lesión del derecho de intimidad?

En primer lugar, no es necesario patrocinio letrado alguno. Así, el afectado deberá, previa acreditación de su identidad, redactar un escrito solicitando que sean retirados los datos a los que refiera. Vemos de esta manera que rige el principio de informalidad. Frente a la negativa de dar de baja los contenidos que afectan al sujeto activo, en el plazo de 15 días hábiles, se podrá accionar a través de un procedimiento sumarísimo iniciándose la vía judicial.

Afrontamos nuevos desafíos. Vivimos en una aldea global donde lo privado se ha tornado en público. Pese a ello, resulta fundamental regular el ejercicio de un derecho que se ve menoscabado ante la publicación de datos sensibles en Internet.

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