La violencia del coltán: La compra de un silencio global
La República Democrática del Congo sigue siendo testigo de una violencia política devastadora, pero el mundo se niega a actuar

Ishiaba Kasonga y Serge Egola Angbakodolo
En febrero de 2017, un vídeo grabado en el pueblo de Mwanza Lomba se volvió viral. Mostraba a civiles desarmados, mujeres y niños, que estaban siendo masacrados por soldados del ejército estatal, y rápidamente se trasladó de las redes sociales a los canales de televisión de todo el mundo. Pero luego desapareció sin haber provocado ningún debate sobre lo que significaba y revelaba.
En abril, se descubrieron más de 40 fosas comunes en la misma región, Kasai, donde desde el estallido de la insurrección de Kamwina Nsapu el pasado mes de agosto, millones de civiles han sido desplazados por las fuerzas armadas y las milicias del régimen de Kabila. Pero, por alguna razón, esta penosa situación no está siendo denunciada prácticamente por nadie.
Según el Proyecto de Previsión de Atrocidades de la Universidad de Sydney, en sus pronósticos para los años 2011–2015 la República Democrática del Congo (en adelante, RD Congo) ocupaba el segundo lugar y Siria el 11º entre los países con mayores riesgos de genocidio o politicidio.
Sin embargo, a pesar de que las atrocidades masivas se siguen produciendo en la RD Congo, el pronóstico de esa organización para 2016–2020 no incluyó a este país en su estudio, mientras que Siria, ahora firmemente en el centro de la atención internacional, subió al sexto puesto.
El genocidio, definido por el activista de derechos humanos John Prenderghast como “la eliminación de un grupo de personas debido a su identidad”, sigue siendo una realidad cotidiana en RD Congo que implica directamente al presidente del gobierno.
Así, mientras en Siria, los recientes ataques con armas químicas contra civiles, capturados también en vídeo, han provocado una intervención militar de EEUU y llamamientos por todo el mundo para la salida inmediata de Bashar al Asad del gobierno, Joseph Kabila parece disfrutar de licencia para mantenerse y actuar con impunidad.
Almacén mundial de minerales
La RD Congo es conocida no solo por ser un vasto cementerio de holocaustos olvidados y genocidios ocultos, sino también por ser una enorme fosa común donde han sido enterrados millones de personas víctimas de las grandes guerras de África en beneficio de una cultura global consumista.
Este es un legado que data de 1885, cuando el monarca belga Leopoldo II sacrificó a decenas de millones de congoleños cortándoles manos, pies y dedos. La muerte y el desplazamiento eran el precio requerido para satisfacer la insaciable sed de caucho de una emergente industria del automóvil.
Durante la Segunda Guerra Mundial, EEUU utilizó el uranio altamente tóxico de Shinkolombwe para el secreto proyecto Manhattan, la fabricación de la primera bomba atómica del mundo, unas de cuyas secuelas fueron arrojadas en Hiroshima y Nagasaki.
Una vez más, fue sangre congoleña la que pagó por el enriquecimiento de Occidente.

Desde 1996, en una serie de múltiples y complejas guerras, millones de congoleños han pagado con sangre por la extracción de coltán, conocido también como “oro gris”.
El coltán es un mineral de gran valor para la industria de tecnología punta y ha transformado al Congo oriental en la “capital del mundo de las violaciones”, pues las milicias y el ejército nacional utilizan la violación como medio para desplazar a poblaciones enteras con el fin de controlar las minas de coltán.
La demanda mundial de tántalo, colombio, estaño, oro y tungsteno, todos ellos minerales utilizados en la construcción de chips informáticos y aparatos electrónicos, incluyendo los smartphones, ha resultado ser un obstáculo insuperable para cualquier esfuerzo dirigido a una resolución de los conflictos de la región.
La demanda de cobalto está creciendo ahora con la fabricación de pilas de litio, utilizadas en las recargas de los vehículos eléctricos y en el almacenamiento de energías renovables.
El país que controle el acceso a este “cobalto de sangre” de la RD Congo controlará, también, la energía del futuro.
Ahora, cuando escuchamos nuevos llamamientos para resucitar las industrias fabriles de Occidente, la demanda de minerales congoleños de bajo coste crecerá y, con el fin de satisfacer esa demanda y mantener los costes bajos, se necesita un jefe empresarial despiadado.
Inmunidad absoluta
Las minas a cielo abierto de cobre de elevada pureza en la RD Congo figuran entre las diez más grandes del mundo, pero en cuanto a los derechos humanos, el país se mantiene al final de la lista.
El número de fosas comunes no investigadas es absolutamente increíble: Kimbumba en Kivu del Norte, Makobola, Tingi-Tingi, Mbandaka, Kisangani, Beni, Sumbi, Nienge, Lolo Bene en el Bajo Congo, Rubare en Kivu del Norte, Camp Kibembe, Lubumbashi. Dos años después de su descubrimiento, la fosa común de Maluku sigue siendo un misterio, como tantas otras.
Los documentos filtrados revelan que ya en 2014 las órdenes del ministerio del interior, distribuidas a los altos mandos de la Agencia Nacional de Inteligencia, la fuerza de policía y la Dirección General de Inmigración, justificaban el uso de la tortura cuando se hacía con “discreción” contra opositores políticos y como “método de represión silenciosa e intimidación” para mantener el control del poder.
Una empresa privada
Tal como lo fue en el pasado con el rey belga Leopoldo II, Congo es la empresa privada de Joseph Kabila.
Hay minas que son controladas directamente por el presidente y su familia. Las que no lo son están subcontratadas, en nombre de Joseph Kabila, a milicias, mercenarios y compañías comerciales que hacen negocios en “tierras vacantes” ubicadas más allá del control del estado.
El imperio económico de Kabila comprende, al menos, 70 empresas, todas ellas administradas por — o propiedad mayoritaria de — miembros de su familia. Estas explotaciones cuentan con escuadrones de la muerte que actúan como banderas falsas en todo el país como parte de la estrategia militar general del gobierno.
Oficiales militares y civiles encubiertos reclutan mercenarios por orden del presidente y su familia, los cuales gozan de la protección de los servicios de inteligencia de países como Ruanda, Uganda, Burundi, Zimbabue y Sudán.
Estas bandas armadas, conocidas como “milicias presidenciales”, actúan impunemente en la RD Congo y, además, funcionan como una especie de mafia subregional que facilita lo que es calificado más educadamente como un proceso de “desarrollo económico transfronterizo”.
Saracen Uganda S.A., por ejemplo, una compañía dedicada a formar servicios de seguridad profesionales en África Oriental y a la eliminación de artefactos explosivos, servicios de rastreo de vehículos, perros guardianes y agentes de seguridad, fue criticada en un informe de 2002 del Consejo de Seguridad de la ONU por entrenar a fuerzas paramilitares rebeldes en la RD Congo.
El general Salim Saleh, hermanastro del presidente de Uganda, Yoweri Museveni, es uno de los fundadores de la compañía. Uganda se ha convertido en fábrica y cuna de mercenarios, así como en el centro del comercio de oro, a pesar de las denuncias de ONGs y observadores internacionales.
Las concesiones mineras en la RD Congo han sido adquiridas por grandes compañías mineras internacionales, a veces a precios sospechosamente bajos, a veces por millones de dólares que nunca han llegado a las arcas del estado congoleño.

Comprar el silencio
THE NEW YORK TIMES informó recientemente que Kabila “ha logrado suavizar las críticas de sus aliados occidentales al recordarles que se han beneficiado de la riqueza del Congo. Grandes concesiones mineras han sido entregadas a corporaciones de países que financian las elecciones del Congo y que apoyan al gobierno del Sr. Kabila con ayuda extranjera”.
En 2010, el Partido Demócrata de EEUU promovió la Ley Dodd-Frank cuyo principal objetivo era la prohibición del comercio de minerales obtenidos a través de conflictos. No obstante, esta ley ha tenido el efecto no deseado de favorecer el tráfico ilegal transfronterizo, que se utiliza para ocultar la cadena de suministro.
Según los investigadores de la ONU, el contrabando es facilitado por las fuerzas armadas congoleñas, así como por los ejércitos de Ruanda, Burundi y Uganda. El oro de Ituri es exportado del Congo a Uganda y vendido como ugandés; el coltán de Kivu del Norte es exportado a Ruanda y vendido como ruandés; los diamantes de Mbuji-Mayi son exportados a China y Zimbabue y el oro de Kivu del Sur y de Katanga del Norte es exportado a Burundi y Tanzania.
La responsabilidad de proteger
Las sanciones de EEUU y la Unión Europea contra autoridades congoleñas, pero no contra Joseph Kabila, han sido ineficaces. Siguen siendo príncipes intocables en la RD Congo que viven a todo tren y con total impunidad. Y en cualquier caso, la historia nos enseña que, contra todo pronóstico, muchos regímenes autoritarios han resistido las sanciones internacionales.
Los estados miembros de la ONU comprometidos con la “Responsabilidad de Proteger” (R2P) — un compromiso político concebido para terminar con las peores formas de violencia y persecución — deberían ser consecuentes y aplicar ese principio a la población congoleña.
Ya es hora de que Joseph Kabila responda por sus crímenes.
El status quo sacrifica los derechos básicos a la vida y la dignidad del pueblo de la RD Congo en favor del bienestar de quienes disfrutamos de aparatos electrónicos, coches, aviones, smartphones, drones, etcétera.
¿Cuánto tiempo más vamos a permitir esta injusticia?
Ishiaba Kasonga y Serge Egola Angbakodolo son fundadores de la Orion Congon Studies Network (OCSN).
Publicado originalmente en: The violence of coltan: purchase of a global silence, Red Pepper, 24/06/2017
Traducción: Javier Villate (@bouleusis)
