Mientras Gaza sufre un genocidio físico, Cisjordania se enfrenta a un genocidio económico
Farid Tamalah / Middle East Monitor, 10 de junio de 2024 — Mientras el mundo está preocupado por el espantoso genocidio en la asediada Franja de Gaza, Israel sigue matando a centenares de palestinos, sigue apoderándose de más tierras y sigue estrangulando económicamente a la ocupada Cisjordania.
El 22 de mayo, tras las decisiones de la Corte Internacional de Justicia contra Israel y el reconocimiento de Palestina por tres países europeos, el ministro de Finanzas israelí de extrema derecha, Bezalel Smotrich, adoptó «duras medidas punitivas» contra la Autoridad Palestina (AP). Entre ellas, el bloqueo de la transferencia de los ingresos fiscales recaudados por Israel en nombre de la AP, lo que podría provocar el colapso de ese organismo.
Desde su creación en virtud de los Acuerdos de Oslo de 1993, la AP se ha visto limitada por acuerdos políticos, económicos y de seguridad impuestos por Israel y sus aliados. Uno de los más importantes es el Acuerdo Económico de París de 1994, que debía tener una duración de cinco años. Este acuerdo estableció la dependencia de la economía palestina de la economía israelí y dio al estado sionista las herramientas para convertir en permanente un acuerdo que debía ser temporal. Esencialmente, el acuerdo integraba la economía palestina en la israelí a través de una unión aduanera, con Israel teniendo el control de todas las fronteras, tanto las propias como las de la Autoridad Palestina. Esto significa que Palestina sigue sin tener puertas independientes a la economía mundial. Según el acuerdo, el gobierno israelí se encarga de recaudar los impuestos sobre los bienes importados a Cisjordania y la Franja de Gaza, que luego son transferidos al tesoro de la AP a cambio de una comisión del tres por ciento.
Se supone que este dinero se entrega sin problemas a la AP a una media de 190 a 220 millones de dólares estadounidenses al mes. La AP depende de estos fondos para pagar los salarios de sus empleados y cumplir sus obligaciones con los gastos de funcionamiento de sus instituciones.
La decisión de Smotrich no es la primera que el gobierno israelí toma contra la AP y la economía palestina en general. Es una ampliación de una serie de medidas declaradas y no declaradas para socavar la autoridad. Esto se debe a que la AP representa un gobierno potencial de un futuro estado palestino al que siempre se han opuesto los sucesivos gobiernos israelíes, ya sean de derechas o de izquierdas.
Las transferencias se han bloqueado en muchas ocasiones con distintos pretextos, entre ellos castigar a la AP por ciertas decisiones políticas, como unirse a la Corte Penal Internacional en 2015, por ejemplo. De hecho, el estado israelí ha estado robando parte de los fondos sistemáticamente desde 2019, con el pretexto de que la AP paga estipendios a las familias de los presos y mártires palestinos, lo que Israel califica de “apoyo al terrorismo”.
Desde el 7 de octubre, el gobierno de ocupación israelí también ha deducido de los ingresos fiscales la cantidad que la AP paga normalmente a sus instituciones en la Franja de Gaza, que asciende a unos 75 millones de dólares al mes, lo que ha provocado una grave crisis económica. Está claro que Israel quiere separar completamente Cisjordania de Gaza, aunque ambos son territorios palestinos ocupados y forman parte del previsto estado independiente de Palestina.
En septiembre del año pasado, el ministro palestino de Finanzas, Shukri Bishara, anunció que Israel había retenido 800 millones de dólares que debía transferir a la AP. Según datos del ministerio de Finanzas en Ramala el mes pasado, el importe total de los pagos de ingresos fiscales retenidos por Israel ascendía a 1.600 millones de dólares, lo que equivale al 25–30% del presupuesto anual total de la Autoridad Palestina.
Esto ha provocado un déficit financiero sin precedentes en la tesorería de la AP, que amenaza su capacidad para prestar servicios básicos como sanidad, educación y seguridad, y pagar los sueldos de los empleados públicos que llevan años recibiendo salarios parciales. Debido a estas deducciones, el gobierno palestino básicamente no ha podido pagar la totalidad de los salarios de sus empleados desde noviembre de 2021, y se había comprometido a pagar entre el 80% y el 85% de los mismos hasta el estallido de la guerra contra los palestinos en Gaza. Este porcentaje ha disminuido gradualmente hasta el 50% en los últimos dos meses. Las autoridades palestinas son ahora incapaces de pagar sus obligaciones financieras mensuales con los bancos y las escuelas.
Las instituciones públicas palestinas han reducido las horas de trabajo para ahorrar dinero, lo que ha provocado una reducción de los servicios, sobre todo de la sanidad y la educación en escuelas y universidades. La enseñanza se imparte mayoritariamente por Internet.
Los funcionarios públicos palestinos — entre los que me encuentro — no han recibido un salario completo desde 2021, y el total de los atrasos adeudados equivale a seis meses de salario completo. Colectivamente, esto asciende a unos 750 millones de dólares, además de las deudas contraídas con el sector privado, que ascienden a 800 millones de dólares, lo que ha afectado enormemente a los hospitales privados y a las empresas farmacéuticas. Incapaz de cumplir sus propias obligaciones financieras, y con un poder adquisitivo de bienes y servicios reducido, el sector comercial y de servicios privado se ha paralizado.
Además del gasto público, especialmente los salarios de 147.000 funcionarios, la economía palestina se basa en otros dos pilares que se han visto gravemente dañados desde el 7 de octubre: el mercado laboral israelí y el sector privado. Israel ha impedido a los trabajadores palestinos entrar en el territorio ocupado en 1948, lo que significa que 200.000 de ellos han perdido su única o principal fuente de ingresos y están desempleados.
A su vez, esto ha reducido el poder adquisitivo de las familias palestinas, lo que ha repercutido en las empresas privadas y ha aumentado el desempleo. Se calcula que 500.000 palestinos están desempleados en Cisjordania debido a la pérdida de miles de puestos de trabajo.
La disminución de la ayuda financiera a la AP por parte de los estados árabes ha empeorado aún más las cosas. Además, la autoridad ha alcanzado su límite de endeudamiento con los bancos, lo que ha dificultado aún más el pago de los salarios de los empleados, por lo que el ciclo de gasto sigue cayendo en picado.
Todo ello ha provocado la práctica parálisis de la economía palestina y ejercido una gran presión sobre los ciudadanos de a pie, que ya no pueden encontrar empleo y apenas tienen ahorros para cubrir las necesidades básicas. Esto amenaza con desencadenar graves crisis sociales, políticas y económicas.
A todo esto hay que añadir el hecho de que Israel ha matado a más de 500 palestinos en Cisjordania desde octubre y ha detenido a 9.000, la mayoría sin cargos ni juicio. Los campos de refugiados y las ciudades de todo el territorio ocupado han visto cómo se destruían infraestructuras vitales en crueles actos de castigo colectivo destinados a socavar las legítimas actividades contra la ocupación.
A los palestinos de Cisjordania nos avergüenza hablar de nuestra difícil situación debido al horror del genocidio sin precedentes que se está produciendo ante nuestros ojos en Gaza. Preferimos guardar silencio para no desviar la atención de lo que allí ocurre. Comprendemos que Israel intente separar Gaza de Cisjordania para acabar con cualquier nivel de solidaridad dentro de una sociedad palestina unida. El hecho es que en Cisjordania preferiríamos morir de hambre junto con nuestros hermanos de la Franja de Gaza antes que ver cómo la Autoridad Palestina deja de cumplir sus obligaciones con ellos y con las familias de los mártires y los heridos.
Fuente: While Gaza suffers physical genocide, the West Bank faces economic genocide — Middle East Monitor
Traducción: Javier Villate
