Trump planea facilitar asesinatos de civiles con drones

A medida que la guerra contra el terrorismo entra en su decimoséptimo año, los abusos de poder por parte de un gobierno conduce a abusos por parte del siguiente

Maha Hilal

Foto: Debra Sweet / Flickr
Foto: Debra Sweet / Flickr

Apenas un mes después de que el presidente Donald Trump anunciara sus planes para profundizar y extender la guerra estadounidense de Afganistán, que ya dura 16 años, han surgido informaciones sobre supuestos planes para expandir otra política de la era Obama: la guerra de los drones.

En concreto, THE NEW YORK TIMES informó a finales de septiembre que el gobierno está relajando las restricciones de la administración Obama sobre quién puede ser el objetivo de ataques con drones y eliminando el requisito de que exista una investigación de alto nivel antes de que se lleven a cabo. Según el documento, las nuevas reglas “facilitarían el camino para expandir tales actos de guerra esporádica en la zona gris” a nuevos países, ampliando el ámbito de los mismos.

Todas las administraciones han aumentado de forma exponencial el uso de aviones teledirigidos en el curso de la guerra contra el terrorismo. Incluso antes del cambio de reglas, Micah Zenko, del Consejo de Relaciones Exteriores, estimó que el ritmo de los ataques con drones y las incursiones de las fuerzas especiales habían aumentado desde uno cada 5,4 días con el presidente Obama a uno cada 1,25 días con el presidente Trump.

Además de intensificar el ritmo de estas operaciones, la administración Trump también ha relajado las directrices diseñadas para proteger a los civiles en zonas como Yemen y Somalia, y ha supervisado un notable incremento de las víctimas civiles en zonas de guerra como Irak y Siria.

En este entorno, la anulación de las ya laxas restricciones impuestas por la administración Obama a los ataques con drones — junto con el descarado y expreso desprecio de Trump por los derechos humanos y el estado de derecho — es claramente motivo de preocupación. Pero eso no debería suponer una exoneración del gobierno de Obama por su uso de este tipo de aviones.

Necesitamos entender los excesos de la guerra contra el terrorismo como una trayectoria: el abuso de poder de un gobierno conduce al abuso de poder del siguiente. Puede que Trump lo esté manejando más imprudentemente, pero está operando una maquinaria construida por el gobierno de Obama.

Licencia para matar

La controversia sobre los aviones teledirigidos durante la administración Obama alcanzó un punto álgido en 2011, cuando un piloto de drones asesinó a un ciudadano estadounidense en Yemen, Anwar al Awlaki. Dos semanas después, asesinaron a su hijo de 16 años en Estados Unidos.

Pasaron otros dos años antes de que el Departamento de Justicia de Obama publicara un libro blanco que detallaba el argumentario legal del asesinato de Al Awlaki. Como explicó Jameel Jaffer, de la ACLU (Unión de Libertades Civiles), el documento decía que el gobierno solo atacaría amenazas “inminentes” y únicamente cuando “la captura fuera inviable”. Pero en la práctica, señaló Jaffer, el gobierno utilizó una definición extremadamente vaga de “inminente” que “priva al término de su significado ordinario”.

“Sin decirlo explícitamente”, añadió Jaffer, el gobierno estaba estableciendo “su autoridad para matar en secreto a estadounidenses sospechosos de terrorismo” prácticamente en cualquier parte del mundo.

Ese mismo año, en respuesta a las crecientes críticas, el propio Obama pronunció un discurso que trataba de aclarar los límites de esta táctica. “Las acciones de EEUU son legales”, dijo el presidente en referencia a los ataques con drones, y añadió que esa guerra estaba siendo “librada de forma proporcionada, como último recurso y en defensa propia”.

Así que era perfectamente legal, en opinión de la administración Obama, lanzar diez veces más ataques que la administración Bush, según la Oficina de Periodismo de Investigación, en una extensa área que iba desde Libia a Filipinas.

Normas imprecisas

Pero si la guerra contra el terrorismo nos ha enseñado algo es que la legalidad es maleable y nunca transparente. Nos ha enseñado que la rendición de cuentas es imposible cuando las leyes oscurecen el crimen.

En su discurso de 2013, por ejemplo, Obama se refirió a un conjunto de directrices de política presidencial sobre ataques con drones. Pero estas directrices no fueron hechas públicas hasta agosto de 2016, más de tres años después del intento de “transparencia” de Obama. Dos de estas directivas decían que debía haber “casi certidumbre” de que un objetivo era legal antes de que se aprobara el ataque, así como una “casi certeza de que los no combatientes no resultarán heridos o muertos”.

Sin embargo, nunca estuvo claro qué significaba esto. Estados Unidos “nunca ha descrito qué normas, protocolos y mecanismos posteriores a los ataques existían para verificar de forma sistemática el cumplimiento de esta norma”, señaló Amnistía Internacional en un crítico informe de 2013.

De hecho, la administración Obama pareció adoptar una visión expansiva de quién era un “objetivo legal”. Adoptó una práctica de “ataques de firma”,[1] en los que los objetivos eran totalmente desconocidos para quienes los aprobaban. Este tipo de ataques estaba basado en conductas consideradas como indicativas de una actividad terrorista, aunque lo que eso significa exactamente nunca estuvo claro.

De hecho, parece que la Casa Blanca designó a muchas víctimas como “objetivos legales” solo después de haber sido asesinadas. Según el TIMES, son considerados “combatientes todos los varones en edad militar de una zona de guerra, a menos que exista una información de inteligencia explícita póstuma que demuestre que eran inocentes”.

Por esto, las estimaciones gubernamentales de las víctimas civiles han sido rutinariamente más bajas que las de las ONGs. Por ejemplo, el gobierno de EEUU estimó que, entre enero de 2009 y diciembre de 2015, se produjeron entre 64 y 116 muertes de civiles en Pakistán, Yemen, Somalia y Libia. La Oficina de Periodismo de Investigación estimaba que los números eran sustancialmente más altos, entre 380 y 801 víctimas civiles, empleando criterios relativamente conservadores.

Peor todavía, no ha habido rendición de cuentas de las autoridades estadounidenses responsables de las muertes de civiles. “No ha habido reparaciones por los civiles atacados por los drones estadounidenses en Pakistán”, dijo el Centro de Civiles en Conflictos en 2012. Y nadie en Pakistán ni en Yemen ha recibido “disculpas, explicaciones o compensaciones económicas por parte del gobierno de Estados Unidos”.

En otras palabras, no solo el compromiso de la Casa Blanca de evitar las muertes de civiles fue un gesto en gran medida simbólico, sino que de hecho no hubo ninguna iniciativa para hacer justicia. Si la legalidad es una afirmación y si las violaciones de la ley no tienen consecuencias, ¿qué podría hacer que la guerra de los drones fuera ilegal?

Violencia subyacente

Estos son solo algunos de los problemas morales, éticos y legales que rodean al uso de aviones teledirigidos por parte de Obama. Ponen de relieve las inconsistencias, la justicia performativa y la falta de rendición de cuentas generalizada, todo lo cual caracterizó las modestas restricciones que Trump está ahora eliminando de su programa de asesinatos globales.

En todas las administraciones, la lógica que mantiene una línea aparentemente insignificante entre tácticas legales e ilegales en la guerra contra el terrorismo tiene mucho que ver con la islamofobia. Las víctimas son todas musulmanes, o residentes en áreas predominantemente musulmanas, y en su mayoría son rápidamente olvidadas: ojos que no ven, corazón que no siente.

La mayoría de los estadounidenses no ven la violencia y no pueden comprenderla, un hecho que ha facilitado no solo la escalada de ataques con drones, sino también las guerras interminables en Oriente Medio y la erosión de las libertades civiles en EEUU con la excusa de la guerra contra el terrorismo. Y es por eso que las víctimas musulmanas tienen pocas expectativas de una rendición de cuentas.

Es este sistema opresivo el que subyace en última instancia a la guerra de drones, tanto con Bush, como con Obama y Trump. Es lo que permite que la violencia se intensifique cada año a medida que continúa la guerra contra el terrorismo (que el 7 de octubre entró en su decimoséptimo año).

Las salvaguardas de los derechos humanos deben ser absolutas, no relativas. La pertenencia de Obama al Partido Demócrata no hace que su programa de guerra con drones sea menos ilegal que la brutal política republicana de Trump. En realidad, fue el hecho de que Obama se burlara de estas salvaguardas lo que ha permitido que Trump sea todavía más brutal.

Debemos exigir normas para la guerra contra el terrorismo que estén basadas en los derechos humanos y el derecho humanitario internacional. A medida que los abusos de Trump se vuelvan cada vez más claros, tendremos que reimaginar cómo debe ser la protección y la preservación de los derechos humanos y trabajar para asegurar que nuestras normas los respeten, independientemente de quién esté en el poder.


Maha Hilal es becaria de Michael Ratner Middle East en el Instituto de Estudios Políticos de Washington, D.C. Es también miembro del comité directivo de Washington de la Coalición Justicia para los Musulmanes, activista de Testigos contra la Tortura y miembro de la junta directiva del capítulo de Washington de la Asociación Nacional de Abogados.

Publicado originalmente en Thanks, Obama: Trump Plans to Make It Easier to Kill Civilians with Drones, Foreign Policy In Focus, 18 de octubre de 2017

Traducción: Javier Villate (@bouleusis)


  1. Los denominados “ataques de firma” son ataques con drones en los que las personas son atacadas porque se cree que sus actividades encajan en un patrón de conducta determinado, aunque sus identidades personales sean desconocidas. [N. del T.]