Venezuela: Receta para el conflicto

Las últimas decisiones del gobierno de Maduro significan el abandono de la democracia representativa y su sustitución por un régimen “comunal”

Phil Gunson

Una propuesta antidemocrática para una nueva constitución, y la retirada de la OEA de una Venezuela cada vez más aislada, son dos elementos que acentúan un conflicto que se agudiza cada día que pasa.

En medio del tumulto en las calles de Venezuela, que ha costado decenas de vidas en las últimas seis semanas, dos hechos crucialmente importantes y relacionados amenazan con provocar aun mayor violencia y eclipsar toda posibilidad de compromiso internacional dirigido a remediar la difícil situación del país.

El primero fue el anuncio de la ministra de Relaciones Exteriores Delcy Rodríguez el 23 de abril sobre el retiro del país de la Organización de Estados Americanos (OEA) en respuesta a lo que el gobierno de Nicolás Maduro ve como “interferencia” en los asuntos internos de Venezuela. La otra medida, que indignó inmediatamente a los manifestantes y generó repudio internacional generalizado, fue el decreto presidencial del 1 de mayo convocando a una asamblea para modificar la constitución nacional.

De acuerdo al plan de Maduro, la mitad de los miembros de la asamblea deben ser elegidos por organizaciones tales como sindicatos y grupos campesinos, que probablemente serán afines al gobernante Partido Socialista Unidos de Venezuela (PSUV). La otra mitad sería elegida a nivel municipal, bajo un sistema (aun por ser completamente explicado, e incluso decidido) que parece diseñado para sobrerrepresentar las fuerzas progubernamentales. Los partidos políticos serán excluidos, aunque el diseño preciso del sistema electoral para la asamblea está en manos del Consejo Nacional Electoral (CNE) que es controlado por el gobierno. Cabe señalar que la combinación de representantes de sectores sociales y municipales es idéntico al de la Asamblea Nacional de Cuba.

En conjunto, estas dos decisiones marcan la transgresión de un umbral en Venezuela, y el abandono formal por parte del régimen “revolucionario” de Caracas de la democracia representativa. Estas acciones llegaron en respuesta a las presiones, externas y domésticas, al gobierno de Maduro para llevar a cabo elecciones, restaurar la separación de poderes, liberar a los presos políticos, y abrir un “canal humanitario” para aliviar la grave escasez de alimentos, medicinas y otros productos básicos en el país. En vez de acceder a las demandas de una verdadera negociación con la opositora alianza Mesa de Unidad Democrática (MUD) — que controla una legislatura despojada de poder por parte del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) — , el gobierno ha cumplido su amenaza de “profundizar la revolución” a través de la creación de un llamado “estado comunal”. Lo que se propone es similar a la reforma constitucional que Hugo Chávez, el predecesor y mentor de Maduro, propuso en un referendo en 2007 y que fue rechazada por el electorado, la única derrota electoral nacional de Chávez en sus 14 años en el poder.

Mientras tanto, en respuesta a las manifestaciones casi diarias de la MUD, las fuerzas de seguridad han recibido órdenes claras de intensificar la represión. Al 10 de mayo, seis semanas de violencia habían costado la vida de 39 personas, según la organización de derechos humanos PROVEA. Al menos dos manifestantes han sido asesinados y muchos más heridos por escuadrones antidisturbios que disparan granadas de gases lacrimógenos directamente a las multitudes. La policía las utiliza para dispersar grandes grupos inmóviles de manifestantes generalmente disparando delante y detrás de los asistentes, atrapándolos. Los que se retiran son perseguidos con descargas de gases lacrimógenos, que ahora son incluso lanzados contra establecimientos comerciales y residencias y han alcanzado a escolares y pacientes de hospitales.

Comúnmente también se disparan municiones de plástico casi a quemarropa, y los manifestantes que se encuentran solos pueden esperar ser brutalmente golpeados. Más de setecientos heridos han sido reportados, y ha habido 2.000 arrestos según el grupo de apoyo legal Foro Penal. Nuevamente, se han desplegado grupo parapoliciales de civiles armados para intimidar a los manifestantes, algunos de los cuales han muerto de heridas de bala, generalmente en la cabeza.

En varios lugares del país, incluida la capital, al caer la noche se producen episodios de saqueos, los cuales en una noche especialmente violenta en Caracas llevaron a la muerte de al menos una docena de personas. En la tercera ciudad de Venezuela, Valencia, los saqueos también se han realizado a plena luz del día, con cerca de 100 almacenes, tiendas y supermercados saqueados sistemáticamente mientras la policía y las tropas de la guardia nacional miraban.

Si se espera evitar una escalada de violencia, el gobierno deberá abandonar su interesado plan de reescribir la constitución y el excesivo uso de la fuerza contra manifestantes pacíficos. A su vez, las fuerzas de la oposición, junto a los vecinos regionales de Venezuela, deben idear un plan para incentivar a los elementos más pragmáticos del régimen a negociar un retorno a la democracia, ofreciendo una potencial estrategia de salida para aquellos en el poder que no puedan tener un papel político en el futuro y teman de ser encarcelados — o peor — si son expulsados.

Una nueva constitución “comunal”

La demanda central de la oposición es que se lleve a cabo una elección libre que permita a los venezolanos determinar la forma de salir del conflicto. Pero el gobierno, cuyo apoyo en la encuestas ronda el 20–25 por ciento, teme que someterse a las urnas sea un suicidio político. La asamblea constituyente propuesta es una forma de evadir la responsabilidad democrática. Tendría poderes supraconstitucionales que le permitirían disolver la asamblea nacional, reestructurar el estado e incluso gobernar el país indefinidamente, si así lo decide, sin necesidad de convocar nuevas elecciones. El secretario general de la OEA Luis Almagro llamó a esta maniobra un “nuevo golpe de estado” dirigido a “consolidar el régimen autoritario”.

Algunos países latinoamericanos han reescrito sus constituciones en años recientes, con resultados diversos. La constitución de Colombia de 1991, que surgió de un movimiento ciudadano que buscaba mayor participación, es generalmente mencionada como un éxito. Más recientemente, en Bolivia y Ecuador, el proceso se inició a raíz de las victorias electorales de las nuevas fuerzas políticas — sobre todo el movimiento de los pueblos indígenas dirigido por Evo Morales — pero fue extremadamente polémico, con fuerzas de oposición aplastadas o excluidas en puntos cruciales. En ambos países, la mayoría de los votantes aprobó las nuevas constituciones en las urnas.

La asamblea constituyente de Venezuela de 1999 estaba compuesta en un 95 por ciento por partidarios del presidente Chávez, a pesar de haber ganado solamente por poco más de la mitad de los votos. Pero luego del fallido intento de reforma de 2007 y la creciente violación por parte del gobierno de sus artículos claves, la constitución de 1999 empezó a ser vista como un elemento potencialmente unificador entre la oposición y los chavistas moderados. La mayoría de los constitucionalistas concuerdan en que una nueva constitución solo puede ser escrita de forma exitosa en tiempos de amplio consenso nacional; la alternativa es un documento que exalta la victoria de un lado sobre el otro. La actual constitución brinda una “hoja de ruta” con un amplio apoyo que sería peligroso abandonar en este momento de extrema polarización.

Manifestantes de la oposición cubiertos con escudos ante los ataques con bombas lacrimógenas de la Guardia Nacional venezolana. 18 de mayo de 2017. Caracas, Venezuela. Adrian Manzol/Zuma Press/PA Images. Todos los derechos reservados.

Maduro está apostando que una nueva constitución “comunal” consolidaría la revolución. Pero mantener la constitución de 1999 podría convertirse en una consigna de lucha para los partidarios del gobierno hasta ahora leales que veneran a Chávez, pero repudian a su sucesor. La fiscal general Luisa Ortega Díaz, que recientemente se distanció del régimen diciendo que el “hilo constitucional” se había roto después de un fallo de la Corte Suprema para despojar al parlamento de sus poderes, ya ha sentado su posición. En una entrevista el 3 de mayo con The Wall Street Journal, Ortega dijo que la constitución de 1999 no podría ser mejorada. Sus palabras fueron respaldadas por un legislador pro-gobierno. Pero, aparte de estos y otros casos, hasta ahora no hay indicios claros de una deserción masiva del régimen, ni tampoco ha quedado impune esta disidencia. Ahora que el ministerio público, dirigido por Ortega, no es considerado por el régimen como digno de confianza, muchos de los manifestantes detenidos son llevados ante tribunales militares. Docenas han sido imputados y enviados a cárceles lejos de su lugar de residencia.

Saliendo de la OEA

El abandono explícito de Maduro al gobierno democrático, sin embargo, ha aclarado las opiniones sobre Venezuela en el exterior. Es cada vez más difícil, incluso para los aliados regionales — todos los cuales, a excepción de Cuba, adhieren a las normas democráticas — defender esta postura, y el grupo de naciones presionando por la restauración de la democracia continúa creciendo. Al mismo tiempo, el gobierno venezolano parece estar preparado para estar cada vez más aislado en la región.

La decisión del Consejo Permanente de la OEA el 23 de abril de convocar una reunión consultiva de los ministros de relaciones exteriores para discutir el conflicto venezolano, impulsó al gobierno de Maduro a salir de la organización, aunque el proceso de renuncia, bajo las reglas de la OEA, toma dos años. En una muestra clara del creciente distanciamiento del régimen, su intento para lograr que el tema fuese debatido por los ministros de relaciones exteriores de la Comunidad de Estados Americanos y del Caribe (CELAC) — un organismo que incluye al aliado de Venezuela, Cuba, pero excluye a Estados Unidos y Canadá — fracasó. Solo cuatro de los 33 cancilleres de la CELAC asistieron a la reunión el 2 de mayo y concluyeron sin resolución. Siete países boicotearon la reunión, y el 4 de mayo Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México y Paraguay emitieron una dura declaración para “condenar el uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades venezolanas” contra los manifestantes en las calles.

La fecha y lugar para la reunión de cancilleres de la OEA, acordada por el Consejo Permanente de la OEA el 26 de abril, tundra lugar el próximo 30 de Mayo, y Venezuela ha anunciado que no asistirá. La inminencia de la Asamblea General ordinaria de la organización — en México a fines de junio — significa que el tema de Venezuela seguramente deberá ser tratado ahí, aunque la gravedad de la situación amerita una mayor urgencia.

Un camino hacia adelante

La decisión de Maduro de cerrar el limitado espacio democrático que aún existe — en las calles, y potencialmente, en las urnas — garantiza que habrá más disturbios violentos. La oposición está convencida que abandonar la protesta callejera en este punto equivaldría a permitir la consolidación de una dictadura; siente que ya no hay nada más que perder. No desistirá de su movilización hasta que, por lo menos, haya un compromiso vinculante del gobierno a realizar elecciones libres y justas.

Tal vez el mayor daño potencial lo supone una fragmentación caótica del régimen. En caso que las fuerzas armadas se dividan en partes relativamente iguales, Venezuela se enfrentaría a una guerra civil. Como mínimo, podría haber un periodo de violenta anarquía en las calles, con grupos progubernamentales armados y grupos criminales generando el caos. La población, que ya enfrenta el hambre y el colapso de la infraestructura básica del país, sufriría mayores dificultades, y la tarea de reconstruir Venezuela sería aún más penosa. Por el contrario, una decisión de la mayoría de las fuerzas armadas de no obedecer órdenes gubernamentales de utilizar la violencia contra los manifestantes — y actuar contra civiles armados desempeñándose como grupos de parapolicía — podría impulsar a ambas partes a buscar una solución pacífica y negociada. Ya ha habido señales de disidencia interna, con docenas de oficiales, incluidos dos generales, supuestamente bajo investigación por parte de la inteligencia militar (DGCIM).

La presión internacional es crucial, pero debe ser calibrada cuidadosamente, con zanahorias y palos, para ofrecer una salida a aquellos miembros del régimen que puedan estar inclinados a negociar un retorno a la democracia. En este sentido, la Asamblea Nacional debería considerar leyes que ofrezcan una amnistía parcial y condicional a miembros militares y civiles del régimen, señalando así su intención de buscar la reconciliación y evitar una cacería de brujas en el caso de una transición. Aunque la Corte Suprema casi seguramente vetaría esto, la ley enviaría un mensaje que podría aislar a los relativamente pocos seguidores del régimen que no se podrían beneficiar de una amnistía, debido a su participación en actividades como el tráfico de drogas o graves violaciones a los derechos humanos. Sanciones individuales, como las que ya han sido impuestas por los Estados Unidos contra ciertos líderes del régimen, podrían ampliarse para apuntar a individuos asociados a flagrantes violaciones a los derechos humanos, como propone una propuesta bipartidista presentada en el Senado estadounidense la semana pasada.

Genuinas negociaciones — a diferencia de los interminables “diálogos” que prefiere el gobierno — son esenciales, e idealmente deberían llevar a elecciones y un gobierno interino de unidad nacional en el cual algunos funcionarios actuales (tal vez incluida la Fiscal General Ortega) puedan hacer parte. Un resultado de este tipo, debería incluir en el corto plazo el reconocimiento de la actual Asamblea Nacional, y el respeto por sus poderes. Ya no hay más futuro para el esfuerzo de mediación liderado por el ex presidente español José Luis Rodríguez Zapatero, aunque algunos de sus elementos pueden ser incorporados en una estructura de negociación más estricta y efectiva. Esto debería ser un enfoque primordial de la iniciativa de la OEA, que requerirá la creación de un “grupo de amigos”, incluyendo al menos un país simpatizante del gobierno de Maduro.

El mismo gobierno recientemente invitó a República Dominicana, El Salvador, Nicaragua, San Vicente y Uruguay a “acompañar” el diálogo propuesto. El rol del grupo de amigos — que podría ampliarse bajo el amparo del Secretario General de las Naciones Unidas — podría incluir la elaboración de un plan de asilo viable para los miembros de alto rango del régimen que tengan motivos para temer futuros enjuiciamientos y convencerlos de aceptarlo. Otra prioridad del grupo sería adoptar medidas inmediatas para hacer frente a la crisis humanitaria y de seguridad.

Si no se limita a la OEA, la iniciativa podría eventualmente beneficiarse de la asistencia — formal o no — de otros gobiernos con influencia sobre Caracas. Este es particularmente el caso de Cuba, que no es un miembro pleno de la OEA y que tiene una relación conflictiva con la organización, y China. Estos dos países quisieran ver sus intereses salvaguardados en el caso de un cambio de gobierno.

En última instancia, desde luego, son los venezolanos quienes decidirán como debe ser manejado su país. Pero con un presidente que parece determinado a negarles este derecho, necesitan ayuda externa para llegar a una solución negociada y revertir la catástrofe.

Este artículo fue publicado originalmente en la página del International Crisis Group


Post-script

(26 de mayo de 2017)

Después de dos meses de protestas callejeras, el número de víctimas mortales asciende a 58, y a miles de heridos. De acuerdo con el grupo de apoyo legal Foro Penal, se han producido más de 2.800 detenciones hasta finales de mayo; casi 1.200 personas permanecieron detenidas, de las cuales 338 fueron juzgadas por un tribunal militar. En el estado de Barinas, donde creció Hugo Chávez, el asesinato de un joven manifestante provocó varios días de disturbios, que provocaron media docena más de muertes, una oleada de saqueos y el incendio de varios edificios gubernamentales.

En una conferencia de prensa celebrada el 24 de mayo, la fiscal general Luisa Ortega confirmó la responsabilidad de las fuerzas de seguridad en gran parte de la violencia. De manera aún más sorprendentemente, Ortega refutó la versión gubernamental de la muerte de Juan Pernalete el 26 de abril, diciendo que había muerto después de ser golpeado en el pecho por una bomba de gas lacrimógeno, disparada a corta distancia por la Guardia Nacional (GNB). Ministros del gobierno habían afirmado que había sido disparado por otro manifestante, usando una pistola de perno.

La determinación de Ortega para aplicar la ley es una novedad que se convierte en un problema importante para el gobierno, ya que su oficina tiene el monopolio de los procesos penales. La transferencia de muchos casos al sistema de justicia militar (contraviniendo la constitución venezolana y los tratados internacionales) es una respuesta a esa determinación. El presidente Maduro también ha trasladado los casos de violencia política a una “Comisión de la Verdad” creada por el gobierno, y hay fiscales en varias partes del país que han informado que están siendo coaccionados o sobornados para pronunciarse en contra de Ortega.

El 23 de mayo, el presidente Maduro presentó al Consejo Nacional Eelectoral el sistema de votación diseñado por el gobierno para la elección de su propuesta de asamblea constituyente. De los 545 miembros, 364 serán elegidos “territorialmente” (uno por municipio, dos por cada capital estatal y siete por Caracas), dando amplia preponderancia a las zonas rurales escasamente pobladas, donde el partido gobernante es más fuerte. Por ejemplo, el estado andino de Mérida (población: 730.000) tendrá un total de 24 representantes, mientras que Miranda (población: 2,3 millones) tendrá 22. Los restantes miembros serán elegidos “sectorialmente”, habiendo sido los “sectores” (trabajadores, pescadores, indígenas, mujeres, etc.) determinados por el gobierno. La elección se llevará a cabo en julio, con elecciones para gobernador estatal (previstas en la Constitución para diciembre del año pasado) fijadas para diciembre de 2017. Sin embargo, la asamblea constituyente tendrá el poder de suspender estos últimos, o incluso abolir gobernadores estatales, si así lo decidiera.

En el frente internacional, el Consejo de Seguridad de la ONU, a petición de los Estados Unidos, celebró una sesión a puerta cerrada el 17 de mayo para tratar sobre Venezuela. Después de la sesión, el presidente de la UNSC (actualmente correspondiente a Uruguay) dijo que no había necesidad de nuevas acciones. Aún así, a nivel regional, los ministros de Relaciones Exteriores de la OEA se reunirán el 31 de mayo para tratar la crisis venezolana.


Phil Gunson es Analista Senior para la región andina del International Crisis Group. Con base en Caracas, Phil investiga y produce materiales para el diseño de política y para la defensa de cuestiones políticas en la región andina, centrándose en la situación política venezolana.

Publicado originalmente en: Venezuela: receta para el conflicto, openDemocracy, 27/05/2017

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