Cómo Grecia se ha convertido en el escudo de Europa contra los refugiados
Cinco años después de que Alexis Tsipras proclamara la solidaridad de su gobierno con los migrantes, se ha unido a los líderes de la Unión Europea para pedir a Grecia que “cierre las fronteras”. La narración de la “invasión” de los inmigrantes ha incorporado ideas de la extrema derecha, convirtiendo la retórica nacionalista en ataques violentos a los refugiados
Rosa Vasilaki / Jacobin, 10 de marzo de 2020 — Grecia está de nuevo en el epicentro de una crisis de refugiados. Pero si en 2015 y 2016 el país mediterráneo asumió un papel protagonista en la acogida de las víctimas de la guerra, la situación actual es todo lo contrario. Ahora estamos viendo un brote de xenofobia violenta contra los refugiados, que han permanecido varados en territorio griego durante los últimos cuatro años y aquellos otros que intentan cruzar la frontera desde Turquía. Dado el reciente historial de solidaridad del país con los migrantes, esta grave intolerancia cultural puede parecer sorprendente. Sin embargo, es sólo el síntoma de una transformación más profunda de la sociedad griega, en la que la xenofobia corre el riesgo de convertirse en el principio organizador de la política nacional.
La semana pasada se produjeron varios acontecimientos preocupantes a este respecto. Se trata, en particular, de las protestas en las islas de Lesbos y Quíos, donde el grueso de los refugiados se han asentado “provisionalmente” durante los últimos cuatro años. Desbordado por la afluencia de refugiados y refugiadas, el gobierno de Nueva Democracia, elegido en julio de 2019, ha tratado de descongestionar las islas trasladando a la población de refugiados a campamentos en la Grecia continental. Sin embargo, las autoridades locales del continente se han resistido ferozmente a ello con manifestaciones y ocasionales bloqueos de carreteras. Temiendo la pérdida de su base electoral, el gobierno decidió controlar los daños y ubicar nuevos centros de detención en Lesbos y Quíos en lugar de en la Grecia continental.
La crisis se aceleró el 25 de febrero, cuando la policía antidisturbios enviada desde Atenas para vigilar los lugares de estos futuros campos de detención fue atacada por los isleños. Al día siguiente, una turba furiosa irrumpió en un hotel utilizado por la policía antidisturbios, golpeando a los oficiales y tirando sus pertenencias. Esta muestra de resistencia hizo que los manifestantes se ganaran muchos simpatizantes entre la ciudadanía griega, sobre todo después de que se informara que la policía había insultado a los lugareños y que aparecieran imágenes de policías que destrozaban propiedades locales. Sin embargo, no se trataba solo de la resistencia de una comunidad local contra la autoridad del estado: su protesta no estaba dirigida contra la detención de los refugiados sino contra la presencia de los refugiados. Consideraron que los planes del gobierno suponían una mayor consolidación de la presencia de los refugiados en su tierra, y estaban decididos a impedir que ocurriera eso.
Frontera abierta
Esta tensión pronto se vio agravada por un acontecimiento repentino, pero no totalmente inesperado: el 28 de febrero Turquía declaró que abriría su frontera terrestre con grecia. Con ello se puso fin al acuerdo de externalización que Ankara había firmado con la Unión Europea en 2016, en el que se acordaba que intensificaría los esfuerzos para detener el flujo de refugiados hacia Grecia y Bulgaria a cambio de financiación europea. La apertura de la frontera ha impulsado una nueva ola de migración: según las estimaciones de la ONU del 3 de marzo, al menos 15.000 personas se han reunido en la frontera greco-turca de Evros con la esperanza de entrar en la UE.
Esto ha tenido un efecto de bola de nieve con probables impactos duraderos en las actitudes europeas y mundiales hacia los refugiados. En reacción a la medida de Ankara, Grecia cerró sus propias fronteras; no sólo desplegó el ejército a lo largo de la frontera, sino que envió mensajes de texto advirtiendo a los inmigrantes que no cruzaran y, además, anunció deportaciones sumarias. También suspendió el registro de las solicitudes de asilo de las personas que entraban en el país de forma irregular, a pesar de la declaración de ACNUR según la cual “ni la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 ni la legislación de la UE sobre los/as refugiados/as proporcionan ningún fundamento jurídico para la suspensión de la recepción de las solicitudes de asilo”.
El primer ministro de Nueva Democracia, Kyriakos Mitsotakis, adoptó una línea dura, insistiendo en que Grecia se estaba protegiendo de una invasión de inmigrantes. Declaró que “esto ya no es un problema de migración o de refugiados, sino una amenaza asimétrica en las fronteras orientales de Grecia, que es también, por cierto, la frontera oriental de Europa”. Con ese lenguaje se pretendía justificar un estado de excepción y una suspensión de los derechos de asilo sin precedentes en los últimos años. Sin embargo, ni siquiera esto preocupó a las autoridades europeas, sino que apoyaron la decisión del gobierno griego.
Tras visitar la frontera turca con otros líderes europeos, la jefa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, agradeció a Grecia por ser “nuestro escudo europeo” y prometió 700 millones de euros en ayuda a las autoridades griegas. La agencia de fronteras de la UE, Frontex, está preparando un equipo de intervención rápida para ayudar a Grecia a patrullar sus fronteras. En el último giro de los acontecimientos, el líder de Syriza Alexis Tsipras, ahora en la oposición, declaró que “el gobierno tenía razón al cerrar las fronteras” y que Grecia está “enfrentando una amenaza geopolítica por parte de Turquía”.
Ataques violentos
Todas estas reacciones políticas oficiales apuntan en la misma dirección, renegando del enfoque de los derechos de asilo — y de las condiciones de los propios refugiados — y sustituyéndolo por advertencias alarmistas sobre supuestas “amenazas” externas, “invasión” y la necesidad de “protección de la frontera”. No es de extrañar que esto se haya unido a una serie de incidentes xenófobos sobre el terreno. Grupos locales de vigilantes armados comenzaron a patrullar la frontera, atacando a los que llegaron a Grecia. Y por si esto fuera poco, el partido alemán de izquierda Die Linke informó de que organizaciones neonazis de su propio país están tratando de llegar a la frontera griega en Evros con fines similares.
Estos discursos anti-inmigración han conducido a una violencia total. En Lesbos, se impidió que los barcos de migrantes y refugiados llegaran a la costa, mientras que una mujer embarazada en un barco fue insultada por la población local. Un centro de recepción temporal — que funcionó bajo los auspicios de ACNUR hasta el 31 de enero — fue incendiado para evitar que se utilizara para acoger a los recién llegados. Un almacén de Quíos utilizado por las ONG para almacenar materiales destinados a ayudar a los refugiados también fue incendiado. No sólo los miembros de las ONG que trabajan con los refugiados han sido objeto de ataques y amenazas verbales por parte de la población local, lo que les ha llevado a abandonar Lesbos, sino que incluso los periodistas han visto cómo sus equipos han sido destruidos. De manera preocupante, también han aparecido vídeos que muestran a los guardacostas griegos disparando cerca de embarcaciones repletas de refugiados y empujándolos cuando trataban de ponerse a salvo.
Sería ingenuo considerar esto como una serie de incidentes aislados. De hecho, la radicalización de extrema derecha se ha extendido en Grecia desde el estallido de la crisis financiera en 2010. El colapso del partido neonazi Amanecer Dorado en las elecciones de julio de 2019 puede haber dado cierta esperanza de que esta ola estaba llegando a su fin. Sin embargo, ante el auge de estas patrullas de vigilancia, parece que el mayor éxito de la extrema derecha radica menos en los resultados electorales de un partido neonazi que en la normalización de sus ideas, en particular la xenofobia y la utilización de migrantes y refugiados como chivos expiatorios.
Ese cambio puede explicarse en parte por la creciente frustración de la población local. Los campamentos de refugiados se han concentrado principalmente en las islas de Samos, Lesbos, Quíos, Kos y Leros, los cinco principales puntos de entrada a Turquía, y las instalaciones de recepción están sometidas a presión debido a la constante corriente de refugiados hacia las costas de las islas. No obstante, se estima que el número total de refugiados no supera los cincuenta mil, y muchos migrantes han salido de Grecia desde la crisis económica. Sin embargo, cuando se trata de propaganda de extrema derecha, la realidad y la percepción son dos cosas diferentes. Las graves advertencias sobre la migración han demostrado ser el instrumento retórico más eficaz de la política europea en los últimos años, ya que el nacionalismo étnico ha vuelto con más fuerza desde la posguerra. Y Grecia no ha sido una excepción.
Crece la xenofobia
De hecho, esta propagación de ideas xenófobas no ha caído del cielo. Una de las razones de esta respuesta es la reticencia histórica de los gobiernos griegos a integrar a los migrantes: desde la primera ola de migración a Grecia en los años noventa, no se aplicó ninguna política sistemática de integración, presumiéndose en gran medida que los migrantes no estaban aquí para quedarse.
El gobierno de Syriza tuvo sus propias responsabilidades a este respecto. El gobierno elegido en 2015, creó un Ministerio de Política Migratoria que se comprometió aparentemente a ayudar a los inmigrantes. De hecho, tomó la gestión inmediata de la crisis de los refugiados de 2015–16 como uno de sus principales objetivos. Por lo tanto, fue la administración de Alexis Tsipras la que creó los campamentos tanto en las islas como en el continente, inicialmente como alojamiento temporal para hacer frente a la urgente situación de crisis, pero también respondiendo a la imposición de restricciones fronterizas tras el acuerdo UE-Turquía de marzo de 2016. La mayoría de esos campamentos han seguido utilizándose, a pesar de que se sabe que no son adecuados como alojamiento a largo plazo.
Además, la imposición de “restricciones geográficas” a los inmigrantes en virtud del acuerdo entre la Unión Europea y Turquía dio lugar a un importante hacinamiento en estas instalaciones de acogida, en particular en las islas de Grecia. Incluso cuando la atención de los medios de comunicación y del público hacia la crisis disminuyó, las corrientes de refugiados hacia las islas se redujeron sin detenerse nunca. No se hizo ningún esfuerzo significativo para descongestionar las islas y permitir el movimiento de refugiados hacia la Grecia continental, ni se canalizaron fondos o recursos para mejorar o ampliar las instalaciones existentes.
Toda noción de solidaridad con los inmigrantes y refugiados/as fue víctima de un cambio más amplio en Syriza durante su mandato. Como parte de su transformación de una fuerza de “izquierda radical” a un partido de “centro-izquierda” después de que aceptara la austeridad en curso en 2015, sus dirigentes decidieron que necesitaban deshacerse de otros elementos supuestamente “extremos” del partido, incluido el apoyo a los inmigrantes.
Esta falta de solidaridad es visible en la sociedad en general. En los últimos años, los griegos y griegas han adoptado opiniones muy negativas hacia la migración y la ampliación de los derechos de ciudadanía. Los esfuerzos por integrar a los niños refugiados en el sistema escolar griego provocaron a veces reacciones violentas por parte de los padres, que en ciertos casos ocuparon las escuelas y se negaron a dejar entrar a los niños y niñas refugiados/as.
En pocas palabras, las actitudes que estamos presenciando hoy en día no surgieron de la nada: la sociedad griega ha estado experimentando un proceso de radicalización de extrema derecha desde hace años. El surgimiento de un partido neonazi fue sólo la expresión más flagrante de este desarrollo. Sin embargo, los peores efectos estaban aún por venir, y es ahora cuando los estamos sufriendo: a saber, la incorporación de la retórica del odio y la visión de los refugiados y los inmigrantes como enemigos.
Defendiendo a Europa de los “invasores”
Estas consideraciones sobre los acontecimientos políticos griegos no deberían hacernos perder de vista el panorama general: las condiciones de hacinamiento y horror en los campos forman parte de una política más amplia respaldada por la UE, destinada a disuadir a los recién llegados y a mantener la puerta cerrada a los refugiados y a las nuevas olas migratorias.
Los cambios retóricos que se han producido en los últimos días son síntomas inquietantes de los efectos erosivos de la normalización de las ideologías de extrema derecha en todo el continente: los refugiados y los inmigrantes han sido descritos sistemáticamente como “invasores”, como una amenaza a las fronteras de Grecia y Europa, como gorrones que viven de los generosos beneficios públicos a expensas de los locales y como agentes de un supuesto complot de islamización. El último cambio en esa retórica — o respaldado incidentalmente por la UE — es la proyección de Grecia como una víctima que necesita ayuda para hacer frente a la amenaza en sus fronteras.
Se pasa por alto aquí la total vulnerabilidad de los refugiados y refugiadas varados en Grecia en un momento en que la xenofobia va en aumento, así como la indefensión de las personas atrapadas en medio de los ejércitos griego y turco. Las ideologías xenófobas se están volviendo hegemónicas, las inhibiciones que pudieran haber prevalecido hasta ahora están desapareciendo, y lo que una vez fue una retórica agresiva se está convirtiendo en los incidentes violentos que hemos visto en los últimos días.
La convergencia entre la izquierda y la derecha sobre la inmigración es, en última instancia, un proceso que deshumaniza a los vulnerables. Estamos viendo una confluencia de la militarización de las fronteras, el colapso del consenso europeo de la posguerra y la desaparición de lo que una vez parecieron convenciones universales, como el derecho de asilo. La nueva crisis de los refugiados en Grecia parece un presagio de tiempos oscuros para los derechos humanos en Europa.
Rosa Vasilaki es socióloga e historiadora y reside en Atenas. Tiene un doctorado en historia de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París y un doctorado en sociología de la Universidad de Bristol.
Este artículo fue publicado en la revista Jacobin y ha sido traducido por Javier Villate.
