Facebook y Twitter ayudan a gobiernos represivos a censurar contenidos y perseguir a activistas
Las empresas digitales deben evitar ubicar sedes y oficinas regionales en países que violen las normas de derechos humanos.
Ramy Abdu / Middle East Eye, 15 de octubre de 2019 — La semana pasada, varios activistas y periodistas lanzaron una campaña en Twitter pidiendo a la plataforma que trasladara su oficina regional en Oriente Medio, actualmente en Dubai, a otro país.
Usando el hashtag #Change_Office_Twitter_Dubai, muchos activistas dijeron que Twitter “manipuló” sus tuits y eliminó los hashtags que criticaban a sus gobiernos. La campaña se inició tras la eliminación y suspensión de cientos de cuentas de opositores y activistas políticos.
Recientemente, Facebook rescindió una política que prohibía las afirmaciones falsas en la publicidad política. La decisión sorprendió a algunos. Pero los actos cuestionables de Facebook no son nuevos: su censura de contenidos palestinos, supuestamente a través de un algoritmo que apunta a términos como “resistencia”, “mártir” y “Hamas” — cualquiera que sea el contexto — , se ha traducido en la eliminación o el bloqueo de mensajes, la clausura o bloqueo de cuentas de usuarios y, en el peor de los casos, el arresto de estos.
En consecuencia, varios activistas han lanzado una campaña con el hashtag #FBblocksPalestine.
Una realidad digital
En la realidad digital actual, la libertad de expresión está cada vez más determinada por las grandes compañías de redes sociales encargadas de gestionar el precario equilibrio entre la comunicación abierta y la censura de las expresiones de odio. Sin embargo, sin un código de conducta que garantice la protección de los derechos humanos, estas empresas privadas ceden con demasiada frecuencia a las presiones de los gobiernos y permiten que sus canales sean utilizados como instrumentos de represión.
Esto es particularmente cierto cuando los gigantes digitales abren sedes u oficinas regionales en países culpables de aplastar la libertad de expresión.
El análisis realizado por ImpACT International for Human Rights Policies, un grupo de expertos con sede en Londres, muestra que cuando Facebook y Twitter abren oficinas en países como Israel, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí, las empresas pueden ser controladas por los gobiernos para silenciar a los disidentes y a los opositores políticos.
Los ejemplos más recientes y atroces se encuentran en Israel, donde Google, Facebook, Microsoft e Intel se encuentran entre más de 300 multinacionales que han abierto instalaciones de investigación y desarrollo. Facebook, por ejemplo, abrió una oficina regional en Tel Aviv en 2013.
Tres años después, un equipo de esa oficina se reunió con la ministra de justicia israelí Ayelet Shaked y el ministro de seguridad pública Guilad Erdan, que encabezan la lucha contra el movimiento de boicot, desinversión y sanciones (BDS). El objetivo de la reunión, según una declaración hecha pública por la oficina del entonces primer ministro Benjamín Netanyahu, fue mejorar “la cooperación contra la incitación al terror y al asesinato”.
En realidad, el resultado fue un esfuerzo concertado para suprimir la actividad de las redes sociales palestinas en contra de la ocupación israelí de Cisjordania y el bloqueo de la Franja de Gaza.
Asombroso aumento del racismo
En 2017, un informe del ministerio de justicia israelí dijo que su unidad cibernética había documentado 2.241 casos de contenidos en línea “objetables” difundidos por los palestinos y que logró eliminar el 70 por ciento de los mismos.
El año pasado, 7amleh, Centro Árabe para el Avance de los Medios Sociales, informó que las autoridades israelíes habían arrestado a unos 350 palestinos en Cisjordania acusados de “incitación” en las redes sociales, frente a los 300 arrestos realizados en 2017.
En contraste, los críticos señalan que las amenazas violentas y otros tipos de acoso en las redes sociales realizados por judíos israelíes rara vez atraen un escrutinio semejante. 7amleh documentó un “asombroso” aumento de incidentes de racismo y de incitación al odio en las redes sociales proisraelíes, calculando que cada 66 segundos se hace una incitación contra los palestinos.
El grupo contó con 474.250 puestos que insultaron o propugnaron la violencia contra los palestinos. En todos los artículos sobre los “árabes”, uno de cada 10 contenía discursos de odio o un llamamiento a la violencia, como la violación y el asesinato.
Imponer el respeto a los derechos humanos
Twitter tampoco es inmune a la influencia de los gobiernos anfitriones represivos. Por ejemplo, un día antes de que Twitter abriera su oficina regional en Emiratos Árabes Unidos, el destacado economista Naser Bin Ghaith fue arrestado por sus tuits críticos con su propio gobierno y con el régimen egipcio, un aliado de Abu Dabi.
Bin Ghaith fue arrestado en Abu Dabi y llevado a un lugar no revelado, donde se le negó el acceso a su familia, abogado y tratamiento médico durante casi ocho meses, hasta que se le concedió su primera audiencia. Fue sentenciado a 10 años y sigue en prisión.
Con el riesgo que supone la ubicación de las compañías de redes sociales, real y creciente, ImpACT está pidiendo a estas empresas que adopten normas que protejan los derechos humanos de los usuarios, incluyendo la libertad de disidencia y expresión.
Tras reconocer el poder de los gobiernos para controlar el comportamiento dentro de sus fronteras, la organización también hace un llamamiento a los poderes públicos para que se comprometan a respetar estas normas, y a los ciudadanos y a los organismos internacionales para que les presionen a que lo hagan y supervisen su cumplimiento.
Sin embargo, las actuaciones de los gobiernos llevará tiempo y probablemente serán desiguales. Por lo tanto, estas compañías deben evitar ubicar sus sedes y oficinas regionales en países que violan los derechos humanos y, en su lugar, trasladarse a aquellos que las respetan, como los países europeos escandinavos.
Algunos tímidos pasos en la dirección correcta
Recientemente, tanto Twitter como Facebook han dado algunos tímidos pasos en la dirección correcta. El día de las elecciones israelíes, Facebook bloqueó un “chatbot” de la cuenta del partido de Netanyahu, el derechista Likud, por violar las reglas electorales, después de que un mensaje difundido por su campaña advirtiera que los políticos árabe-israelíes “quieren aniquilarnos a todos”. No obstante, el chatbot volvió a funcionar muy rápidamente.
Asimismo, Twitter suspendió la cuenta del exasesor de la corte real saudí Saud al Qahtani, aunque lo fue casi un año después de haber sido despedido por su presunto papel en el asesinato del periodista Yamal Jashogui.
Twitter también informó que desactivó 271 cuentas de “propaganda” vinculadas al “aparato mediático estatal” de Arabia Saudí, así como otras en Emiratos Árabes Unidos y Egipto que trabajan para amplificar los mismos mensajes prosaudíes.
Se trata de acciones tempranas y alentadoras, pero — dados los antecedentes de estas empresas — no son suficientes. El mercado mundial ha evolucionado hasta el punto de que las empresas multinacionales deben colocar su interés por los derechos humanos en el mismo nivel que su interés por los beneficios. El odio, la violencia y la supresión de la sana disidencia no deben tolerarse ni permitir que prosperen.
El primer paso es exigir que las compañías globales reconozcan el poder que ejercen los gobiernos y ubiquen sus oficinas fuera del alcance de la represión oficial.
Ramy Abdu es profesor adjunto de Derecho y Finanzas, fundador y presidente del Observatorio Euromediterráneo de Derechos Humanos. Anteriormente, fue coordinador de Proyectos e Inversiones para el Banco Mundial y tiene un máster en administración de empresas en la Universidad de Jordania, así como un doctorado en Derecho y Finanzas de la Universidad Metropolitana de Manchester (Reino Unido).
Este artículo ha sido publicado por Middle East Eye y ha sido traducido por Javier Villate, cuya página de Facebook ha sido bloqueada temporalmente en varias ocasiones sin explicaciones.
