Falsa justicia: Los jueces israelíes son responsables de la demolición de hogares palestinos
A principios de septiembre de 2018, después de años de procedimientos legales, los jueces del Tribunal Superior de Justicia de Israel (TSJ) determinaron que no había ningún obstáculo legal para demoler la comunidad de Jan al Ahmar, ubicada a unos dos kilómetros al sur del asentamiento de Kfar Adumim, ya que la construcción en la misma era “ilegal”.
La determinación del fallo de que la destrucción de la comunidad no es más que un problema de “aplicación de la ley” refleja con precisión cómo Israel ha enmarcado su política con respecto a la construcción palestina en Cisjordania durante años. A nivel declarativo, las autoridades israelíes consideran que la demolición de viviendas palestinas en Cisjordania no es más que una cuestión de construcción ilegal, como si Israel no tuviera objetivos a largo plazo en Cisjordania y como si el asunto careciera del gran alcance que tiene para los derechos humanos de cientos de miles de personas, incluida su capacidad para subsistir, ganarse la vida y administrar su propia vida diaria.
El Tribunal Supremo ha abrazado plenamente este punto de vista. En cientos de fallos y decisiones dictadas a lo largo de los años sobre la demolición de viviendas palestinas en Cisjordania, los jueces consideraron la política de planificación israelí como legal y legítima, casi siempre centrándose solo en la cuestión técnica de si los demandantes tenían permisos de construcción. Una y otra vez, los jueces han ignorado la intención subyacente a la política israelí y el hecho de que, en la práctica, esta política impone una prohibición prácticamente total de la construcción palestina. También han ignorado las consecuencias de esta política para los palestinos: condiciones de vida realmente crudas — a veces, francamente espantosas — , el hecho de verse obligados a construir viviendas sin permisos y una incertidumbre absoluta sobre el futuro.
Política de planificación en Cisjordania
El aparato de planificación que el estado sionista ha instituido en Cisjordania sirve a su política de promover y expandir la captura de tierras palestinas por parte de Israel. Cuando planifica para los palestinos, la Administración Civil israelí se esfuerza por obstaculizar el desarrollo de las comunidades, minimizar su tamaño y aumentar la densidad de la construcción, con miras a mantener la mayor cantidad posible de reservas de tierras para los objetivos israelíes, en primer lugar para la expansión de los asentamientos. Sin embargo, cuando se planifica para los asentamientos, cuyo establecimiento es ilegal según el derecho internacional, las acciones de la Administración Civil son exactamente las contrarias: la planificación refleja las necesidades presentes y futuras de los asentamientos, tratando de incluir en ellos tantas tierras y recursos [palestinos] como sea posible. Tal planificación conduce a un desarrollo despilfarrador de infraestructuras, pérdidas de paisajes naturales y una renuncia a áreas abiertas.
Israel logra esto por varios medios. Primero, prohíbe la construcción palestina en aproximadamente el 60 por ciento del Área C, equivalente a aproximadamente el 36 por ciento de toda Cisjordania. Lo hace aplicando una variedad de definiciones legales a vastas áreas, con clasificaciones que ocasionalmente se superponen: “tierras estatales” (aproximadamente el 35 por ciento del Área C), “zonas de entrenamiento militar” (aproximadamente el 30 por ciento del Área C), o jurisdicciones de asentamiento (aproximadamente el 16 por ciento del Área C). Estas clasificaciones se utilizan para reducir significativamente el área disponible para el desarrollo palestino.
Segundo, Israel ha cambiado la Ley de Planificación de Jordania, que se aplica en Cisjordania, reemplazando muchas de sus disposiciones con las de una orden militar que transfirió toda la autoridad de planificación en Cisjordania al Consejo Supremo de Planificación de la Administración Civil y eliminó la representación palestina en los comités de planificación. En consecuencia, la Administración Civil se convirtió en la única y exclusiva autoridad para la planificación y el desarrollo en Cisjordania, tanto para las comunidades palestinas como para los asentamientos.
Tercero, Israel aprovecha su control exclusivo del sistema de planificación para impedir prácticamente todo desarrollo palestino y para aumentar la densidad de la construcción, incluso en el 40 por ciento restante del territorio donde no prohíbe a priori la construcción palestina. En octubre de 2018, en una sesión del parlamento israelí, el jefe de la Administración Civil dijo que, de acuerdo con las instrucciones del gobierno, actualmente no hay planificación para los palestinos.
Sin embargo, para defender la apariencia de un sistema de planificación que funciona correctamente, el estado argumenta que los planes para las comunidades palestinas deben adherirse a los planes generales que las autoridades del Mandato británico redactaron en la década de 1940 — que definían la zonificación del uso de la tierra para toda Cisjordania — , aunque esos planes no reflejan ni por lo más remoto las necesidades actuales de la población palestina. Es cierto que la Administración Civil ha redactado cientos de Planes Especiales para las comunidades palestinas. Sin embargo, si bien el objetivo declarado era reemplazar los planes de la era del Mandato, los nuevos planes se diseñaron para frenar la construcción. No son más que planes de demarcación que se limitan a trazar una línea alrededor del perímetro del área edificada del pueblo sobre la base de fotografías aéreas.
Los números ilustran claramente los resultados de esta política:
- Solicitudes de permisos de construcción: según datos de la Administración Civil israelí, desde enero de 2000 hasta mediados de 2016, los palestinos presentaron 5.475 solicitudes de permisos de construcción. Sólo 226 (alrededor del 4%) fueron otorgados.
- Órdenes de demolición: a lo largo de los años, la Administración Civil israelí ha emitido miles de órdenes de demolición de estructuras palestinas. Según datos de la Administración Civil, de 1988 a 2017 se emitieron 16.796 órdenes de demolición; se efectuaron 3.483 (alrededor del 20%) y 3.081 (alrededor del 18%) están en proceso legal. Hasta 1995, la Administración Civil emitió menos de 100 órdenes de demolición al año. Sin embargo, desde 1995, el año en que se firmó el Acuerdo Interino, los números aumentaron constantemente. De 2009 a 2016, la Administración Civil emitió anualmente un promedio de 1.000 órdenes de demolición.
- Demoliciones: según las cifras de B’Tselem, desde 2006 (el año en que B’Tselem comenzó a registrar demoliciones de casas) hasta 2018, Israel demolió al menos 1.401 viviendas palestinas en Cisjordania (sin incluir Jerusalén Este), lo que supuso que al menos 6.207 personas — entre ellas al menos 3.134 menores de edad — perdieran sus hogares. En comunidades palestinas no reconocidas por el estado sionista, muchas de las cuales se enfrentan a la amenaza de expulsión, Israel demuele repetidamente hogares reconstruidos por sus moradores. Desde 2006 hasta 2018, Israel demolió más de una vez las casas de al menos 1.014 personas que viven en estas comunidades.
La planificación de los asentamientos israelíes es la imagen inversa de la situación en las comunidades palestinas. Con la única excepción de los asentamientos en la ciudad de Hebrón, todos los asentamientos israelíes se han establecido en áreas abiertas. Además, se han elaborado planes generales muy detallados y generosos para casi todos los asentamientos, en sustitución de los planes obsoletos de la era del Mandato británico vigentes en esas áreas. Los nuevos planes incluyen una nueva zonificación que sea consistente con las necesidades de las comunidades modernas. Incluyen terrenos para uso público, espacios verdes y terrenos para expansión y desarrollo, mucho más allá de lo que es necesario en función de la tasa de crecimiento normal de la población.
Fallos del TSJ: Validación completa del sistema de planificación
A lo largo de los años, los palestinos han presentado cientos de peticiones ante el TSJ, buscando anular las órdenes de demolición de la Administración Civil. En la mayoría de los casos, el TSJ ha emitido mandamientos judiciales provisionales que prohíben al estado demoler las estructuras a la espera de una decisión. Sin embargo, hay un alto precio que pagar por esta espera. El Tribunal a menudo emite órdenes que no solo prohíben la demolición por parte de Israel, sino que tampoco permiten que los residentes palestinos construyan casas o edificios públicos, se conecten a las infraestructuras o realicen reparaciones, por muy esenciales que sean, en los edificios bajo amenaza de demolición, condenándolos a un limbo prolongado y a la incertidumbre sobre su futuro.
Los jueces han rechazado muchas peticiones y los argumentos de principio con respecto a la política de planificación que Israel implementa en Cisjordania. A veces el tribunal ni siquiera ha abordado los argumentos de los demandantes. Estos se han visto obligados a retirar muchas demandas, algunas veces después de que el estado dijera que no planeaba ejecutar las órdenes de demolición en ese momento y se comprometía a avisar con antelación a los demandantes en caso de que cambiara su decisión. Sin embargo, hasta donde B’Tselem tiene conocimiento, no ha habido un solo caso en el que los jueces satisficieran una sola petición de los palestinos presentada contra la demolición de su hogar.
Aceptar el despojo de los palestinos en vastas zonas de Cisjordania
Los jueces no han visto nada malo en que la tierra de Cisjordania sea declarada “tierra estatal” o “zonas de tiro”. A pesar de escuchar los argumentos que cuestionaron la legalidad de estos procedimientos, en todos y cada uno de los casos, los tribunales han aceptado el argumento del estado de que la construcción palestina es ilegal y que las estructuras deben, por tanto, ser demolidas.
El Tribunal Supremo siempre ha aceptado la posición del estado por la cual a los palestinos, a diferencia de los colonos, no se les permite construir en “tierras estatales”. En peticiones en las que el estado alega que la construcción en cuestión se encuentra en tierras declaradas como “zona de entrenamiento militar”, el tribunal ni siquiera aborda la cuestión real de declarar el lugar como un área cerrada al público. Tampoco examina si la designación fue justa o legal, incluso cuando los demandantes plantean explícitamente estos argumentos. En cambio, las audiencias en estos casos se limitan a la cuestión de si los peticionarios son en realidad “residentes permanentes” de la zona de tiro. Según las órdenes militares, solo ese estatus les permitiría estar allí. En todos los casos decididos hasta la fecha, los jueces han aceptado el argumento del estado de que los demandantes no son “residentes permanentes” y han aprobado la demolición de sus hogares.
Reconocer el sistema de planificación como razonable y legal
Los jueces del TSJ han considerado que el cambio realizado por Israel a la Ley de Planificación de Jordania es legal y necesario, a pesar de que el derecho internacional prohíbe a la potencia ocupante efectuar cambios en la legislación local, salvo raras excepciones que no se aplican en este caso. Al tomar esta decisión, ignoraron el hecho de que el cambio iba a permitir a Israel consolidar y hacerse cargo de todo el aparato de planificación, eliminar a los palestinos de todos los comités y evitar que participen en la determinación de su futuro. Este cambio allanó el camino para el establecimiento posterior de dos sistemas de planificación paralelos: uno para los palestinos y otro para los colonos.
Además, los jueces determinaron que el sistema de planificación para los palestinos refleja las necesidades de los residentes. Aceptaron que los planes obsoletos redactados hace más de ochenta años por el Mandato británico se sigan aplicando en los pueblos palestinos, pero no en los asentamientos israelíes. Y decidieron que los planes generales que elaboró la Administración Civil para las comunidades palestinas eran razonables y satisfacían las necesidades de los residentes. A los jueces no les importó que los planes sean todos idénticos, inflexibles, que no tengan espacios públicos y que cualquier desarrollo futuro se lleve a cabo dentro del área ya construida en la localidad. Los jueces también dictaminaron que los comités de planificación de la Administración Civil consideraban las solicitudes de permisos de construcción de los palestinos de manera adecuada y profesional.
Teniendo en cuenta este punto de partida, los jueces examinan las peticiones como si todo el problema consistiera en la aplicación de las leyes de planificación y construcción. Por lo tanto, rechazan las peticiones como si el asunto no fuera más que un problema de la aplicación de las leyes de construcción y urbanización. Exigen que los solicitantes agoten todos los procedimientos inútiles que ofrece el sistema y se horrorizan cuando los solicitantes “se toman la justicia por su cuenta” y, en ausencia de cualquier otra alternativa, construyen sin permisos.
Convalidación implícita de la política israelí
El Tribunal también proporciona un sello legal de aprobación implícito a la política israelí. Lo hace a través de dos métodos principales.
A) Ocultando las diferencias entre los diferentes sistemas de planificación: en sus sentencias sobre la construcción en las comunidades palestinas, los jueces del Tribunal Supremo han citado decisiones que se referían a la planificación de los asentamientos [israelíes] o dentro del estado de Israel. Lo han hecho también en los casos inversos: en los fallos relacionados con la planificación de los asentamientos o en el estado de Israel, los jueces han citado sentencias que trataban sobre la planificación de poblaciones palestinas. La confianza en los precedentes es característica del sistema de justicia israelí. Sin embargo, los diferentes sistemas de planificación están respaldados por valores diferentes y están diseñados para salvaguardar intereses en conflicto. El sistema cuyo objeto es la planificación para el beneficio de la población, como el que se aplica en los asentamientos y en las comunidades judías en Israel, no se parece en nada al sistema cuyo objeto es iniciar, llevar a cabo y legalizar el despojo sistemático de la población [palestina]. Mezclarlos todos sirve para eliminar las diferencias, haciendo que un sistema claramente ilegítimo parezca ético y válido.
B) Refiriéndose de forma selectiva a las disposiciones del derecho internacional: el TSJ convalida el aparato de planificación al transmitir el mensaje de que la planificación realizada para los palestinos cumple con los requisitos del derecho humanitario internacional (DHI). Esto se logra principalmente citando las disposiciones del DHI de manera selectiva, a fin de crear la impresión de que la política israelí es compatible con el DHI, e ignorando otras disposiciones, como la prohibición de entrenamiento militar o el establecimiento de asentamientos en un área habitada.
Particularmente flagrante es el hecho de que los jueces no tengan en cuenta el hecho de que la implementación de la política de planificación israelí implica violar la prohibición absoluta de la transferencia forzosa, aunque las denuncias relacionadas con esta violación se hayan presentado ante los tribunales. La prohibición se mantiene incluso si las personas abandonan sus hogares en contra de su voluntad, por ejemplo, debido a las condiciones de vida insostenibles que generan las autoridades al desconectarlas del agua y las redes eléctricas, o al convertir el área en la que viven en una zona de entrenamiento militar o mediante la demolición reiterada de sus hogares. La violación de esta prohibición es un crimen de guerra.
Una ilusión de justicia
A pesar de las abrumadoras diferencias entre el aparato de planificación que Israel ha creado para la población palestina en Cisjordania y el establecido para los colonos, el TSJ los ha considerado idénticos. En una de las sesiones del TSJ celebradas en 2018 sobre el tema de las peticiones contra la demolición de Jan al Ahmar, el juez Hanan Melcer llegó a decir, en referencia a la aplicación de las leyes de planificación a los palestinos y a los colonos, que “se aplica la misma ley a todos”.
Sin embargo, la política de construcción y planificación de Israel para los colonos es el absolutamente diferente de la aplicada a los palestinos. A pesar de que los colonos juegan a veces con las víctimas, lobos con pieles de ovejas, basta mirar la realidad sobre el terreno para ver la inmensa brecha que existe entre la planificación para los colonos y la planificación para los palestinos. Desde que ocupó Cisjordania hace más de cincuenta años, Israel ha construido casi 250 nuevos asentamientos, cuyo establecimiento está prohibido por el derecho internacional, y solo una comunidad palestina. Y esa comunidad se construyó para transferir a unos beduinos que viven en tierras que Israel destinó para la expansión de un asentamiento. En otras palabras, incluso el establecimiento de esta comunidad fue diseñado para atender las necesidades de Israel. Al mismo tiempo, Israel ha establecido un aparato que no permite a los palestinos obtener permisos de construcción, y dedica considerables esfuerzos a imponer y hacer cumplir rigurosas restricciones a todo tipo de construcción o desarrollo en las comunidades palestinas.
La brecha entre esta realidad y la descrita en miles de decisiones del TSJ — en las que los jueces han escrito sobre “manos limpias” y “remedios agotadores”, han aceptado todos y cada uno de los argumentos del estado sobre la planificación para la población palestina y han permitido que el estado demuela las casas de los peticionarios y los condenara a indescriptibles condiciones de vida — es difícil de entender. Aunque el tribunal no escribe las leyes, no hace la política ni la implementa, los magistrados tienen la autoridad y el deber de considerar ilegal la política de Israel y prohibir la demolición de viviendas. En su lugar, una y otra vez, han elegido dar a la política su sello de aprobación y convalidarla pública y legalmente. Y al hacerlo, los magistrados del Tribunal Supremo no sólo no cumplen con sus obligaciones, sino que desempeñan, además, un papel fundamental en la consolidación de la ocupación y en la expansión de los asentamientos, así como en la desposesión de los palestinos de sus tierras.
Es razonable pensar que los jueces estén bien informados, o deberían estarlo, de los fundamentos judiciales que están consolidando en sus fallos, y las consecuencias devastadoras de los mismos, incluida la violación de la prohibición de la transferencia forzosa por el DHI. Por lo tanto, ellos también, junto con el primer ministro, los ministros principales, el jefe del estado mayor y demás mandos militares de alto rango, tienen responsabilidad personal por la comisión de tales delitos.
Para Israel, la principal ventaja de mantener un “aparato de planificación” para la población palestina es que le otorga al sistema una apariencia de ser apropiado y funcional, operando supuestamente de conformidad con las leyes internacionales e israelíes. Esto permite al estado argumentar que los palestinos eligen construir “ilegalmente” y optan por tomarse la justicia por su cuenta, como si no se vieran obligados a ello, justificando así las demoliciones de viviendas y las persistentes restricciones de planificación. Sin embargo, el intento de cubrir el aparato de planificación en el territorio ocupado con una apariencia de justicia no es más que una estratagema de propaganda. Un sistema de planificación debe reflejar los intereses de los residentes y satisfacer sus necesidades. Sin embargo, por definición, el equilibrio de poder bajo un régimen de ocupación es desigual. Los funcionarios del régimen de ocupación no representan a la población ocupada, que no puede participar en los sistemas que regulan y gobiernan su vida, ni en los procedimientos legislativos y de planificación, ni en las órdenes militares, ni en el comité que nombra a los jueces.
A veces parece que el estado mismo se ha esforzado para mantener la fachada. La cartografía, los procedimientos de los comités, la redacción de respuestas a peticiones, etc., requieren un tiempo, esfuerzo y recursos valiosos, a pesar de que Israel tiene a su disposición una gran cantidad de abogados, inmensos recursos financieros y equipos de planificación para hacer cumplir sus órdenes y un sistema legal que voluntariamente colabora en la farsa. Enfrentada a esta potencia combinada hay una población con poca representación y pocos recursos, personas que han vivido durante más de medio siglo bajo un régimen militar en el que la libertad y los medios para ganarse la vida son precarios. Sin embargo, los líderes del estado están insatisfechos con el ritmo y la tasa de despojo, encontrando frustrante tener que esperar meses y años para que los tribunales alcancen el resultado que el estado busca.
Así pues, en los últimos años, Israel ha intensificado sus esfuerzos para eludir — o incluso cancelar — los procedimientos legales relacionados con la demolición de estructuras palestinas. La voluntad de Israel de renunciar a las apariencias demuestra su confianza en que no será llamado a pagar las consecuencias nacionales o internacionales por violar la ley. La legalidad de las nuevas órdenes está siendo debatida por el TSJ en este mismo momento. Esto significa que, paradójicamente, ahora se solicita al Tribunal Supremo que considere la cancelación de la fachada que ha desempeñado un papel tan importante en su generación.
Independientemente de si los jueces del TSJ deciden convalidar la cancelación de la fachada, han construido un edificio sólido para respaldar la convalidación legal del despojo de tierras del pueblo palestino. ¿Cuánto cuidado tendrán en agregar una buena capa de barniz a esta estructura en los próximos días? ¿Insistirán en mantener la fachada? En última instancia, eso es solo una cuestión de imagen menor. No debe desviar la atención de la realidad de robo y despojo que Israel ha creado, y que los jueces continúan habilitando, disculpando y convalidando.
Este artículo fue publicado por B’Tselem y ha sido traducido por Javier Villate
