Israel intensifica los castigos colectivos contra los palestinos
Nada Awad / Al Shabaka, 21 de febrero de 2019 — Las autoridades israelíes expulsaron por la fuerza de Jerusalén a la palestina Nadia Abu Yamal en 2017, tras la demolición de su casa familiar en 2015. El Instituto Nacional de Seguros de Israel también revocó los derechos de asistencia sanitaria y otros derechos de seguridad social de los tres hijos de Abu Yamal, dos de los cuales padecen enfermedades crónicas. Estas medidas punitivas se produjeron después de que su esposo, Gasán, fuera asesinado cuando, presuntamente, llevó a cabo un ataque. Esta es una muestra más de la expansión de los castigos colectivos impuestos por Israel a los palestinos por delitos que no cometieron.
Israel ha utilizado el castigo colectivo contra los palestinos desde que comenzó la ocupación militar en 1967 mediante la demolición de viviendas y la guerra psicológica y económica contra las familias de presuntos agresores, lo que constituye una violación del derecho internacional. Si bien esta política se aplica en todo el territorio palestino ocupado, las autoridades israelíes han intensificado las medidas contra las familias y los allegados de los presuntos agresores, en particular en Jerusalén Este, y especialmente desde 2015.
Por ejemplo, los parlamentarios israelíes han propuesto en los últimos años una ley que legalizaría acciones como las adoptadas contra Abu Yamal al permitir oficialmente al estado revocar la residencia permanente de los familiares de los presuntos agresores. En diciembre de 2018, el parlamento israelí aprobó la lectura preliminar de un proyecto de ley que permitiría el traslado forzoso de las familias de los presuntos atacantes palestinos de sus pueblos natales a otras zonas de Cisjordania. Netanyahu expresó su apoyo al proyecto de ley, con estas palabras: «La expulsión de terroristas es una herramienta eficaz. Para mí, el beneficio excede al daño. Los juristas dicen que va en contra de la ley, dada su definición, y seguramente será legalmente controvertida, pero no tengo duda de su efectividad».
Este comentario refleja el aumento de los castigos colectivos israelíes contra las familias de los presuntos agresores a través de actos como el traslado forzoso, las demoliciones de viviendas y la guerra económica, y ofrece algunas pistas para contrarrestar los esfuerzos de Israel dirigidos a inscribir estos métodos en la ley y utilizarlos para intensificar el desplazamiento de los palestinos de Jerusalén.
La expansión de las transferencias forzosas
La transferencia forzosa ha estado en el centro de la política israelí para lograr y mantener una mayoría judía en Jerusalén desde la anexión de facto de Israel en 1967.(1) Para alcanzar este objetivo demográfico, Israel pone en práctica una planificación urbana discriminatoria con el fin de limitar el crecimiento de la población palestina, mientras que la legislación israelí dificulta que los palestinos permanezcan en la ciudad o se trasladen a ella.
A los palestinos que viven en Jerusalén después de 1967 el estado de Israel les ha atribuido el estatus legal de “residentes permanentes”. Pero la Ley de Entrada en Israel facilita al estado la revocación de este estatus de residente permanente al proporcionar al ministro del Interior la prerrogativa de rescindir dicho estatus a los palestinos sobre la base de los siguientes criterios: vivir en el extranjero durante más de siete años, obtener la nacionalidad extranjera o la residencia permanente en el extranjero, no demostrar que su “centro de la vida” está en Israel y, desde 2018, “violar la lealtad” al estado de Israel.
Esa revocación de los derechos de residencia es un medio directo de desplazamiento forzoso, ya que a los palestinos en esta situación se les niega incluso el derecho a estar físicamente presentes en Jerusalén. Estas leyes de residencia en Jerusalén también restringen la unificación familiar de los residentes palestinos de Jerusalén con familiares que no tienen la residencia en Jerusalén o la ciudadanía israelí. Para los residentes palestinos de Jerusalén que deciden reunirse con sus familias en Cisjordania, la Franja de Gaza o la diáspora, el resultado es la revocación de sus derechos de residencia en Jerusalén, lo que conduce a su traslado forzoso de la ciudad.
Desde la adopción de la orden temporal de 2003 de la Ley de Ciudadanía y Entrada en Israel, los solicitantes de unificación familiar no pueden obtener el estatus de residentes permanentes. En otras palabras, un palestino no jerosolimitano que se case con un palestino de Jerusalén no puede recibir la residencia permanente, sino que se le conceden permisos periódicos si el Ministerio del Interior israelí acepta la solicitud de unificación familiar. Esta política pone a los palestinos de Jerusalén en peligro de ser separados de sus familias y a menudo les fuerza a irse de Jerusalén para vivir con sus cónyuges, a los que no se les conceden los permisos. Una vez que toman esa decisión, es cuestión de tiempo que pierdan permanentemente su derecho a vivir en Jerusalén. Desde 1967 se han revocado 14.500 residencias palestinas, de las cuales 11.500 han sido ejecutadas después de 1995.
En octubre de 2015, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu declaró que el gobierno estaba examinando la «abolición de la unificación familiar» y la «revocación de la residencia y la ciudadanía de las familias de los agresores». Tal fue el caso de Nadia Abu Yamal, que procedía de una aldea de Cisjordania. Después de casarse con Gasán y tras un largo procedimiento de unificación familiar, obtuvo permisos de residencia temporales para vivir en Jerusalén que renovaba anualmente. Tras el presunto ataque de su marido, el Ministerio del Interior ordenó a Nadia que abandonara la ciudad y que se rechazara la expedición de cualquier permiso que pudiera solicitar. En enero de 2017, la policía arrestó a Nadia en casa de sus suegros, donde se había quedado desde la demolición punitiva de su propia casa, y la trasladó por la fuerza fuera de Jerusalén.
El patrón del caso de Abu Yamal se ha repetido desde entonces, y a mayor escala. El Ministerio del Interior israelí declaró lo siguiente después de un presunto ataque en enero de 2017: «De ahora en adelante todo el que conspire, planee o considere llevar a cabo un ataque sabrá que su familia pagará un alto precio por su acto». Hablando en nombre del ministerio, Aryeh Deri advirtió que «las consecuencias serán duras y de largo alcance».
Las consecuencias “de largo alcance” fueron evidentes en el caso de Fadi Qunbar, acusado de haber cometido un atentado con un coche en julio de 2017. Deri revocó el estatus de residencia permanente de la madre de Qunbar, de 61 años de edad, y canceló los once permisos de unificación familiar que tenía su familia amplia. Entre las once personas que perdieron su derecho a vivir en Jerusalén estaba el marido de la hija de la hermanastra de Qunbar. El amplio alcance de la aplicación de la ley por parte de Deri marcó una clara ampliación en el alcance de la revocación de la residencia punitiva. Todos los miembros de la familia Qunbar están esperando una decisión sobre su probable expulsión por la fuerza de sus hogares.
El caso Qunbar es solo un ejemplo de cómo Israel ha intensificado las medidas de castigo colectivo en algunos casos, sentando un precedente que allana el camino para que las leyes permitan que esas prácticas se utilicen de manera generalizada. En 2016 y 2017, los legisladores israelíes presentaron al menos cuatro proyectos de ley que proporcionarían una base jurídica para la revocación de los permisos de residencia tanto de las personas que presuntamente cometen un ataque como de sus familias ampliadas. Tres de los cuatro proyectos de ley eran enmiendas al artículo 11 de la Ley sobre la Entrada en Israel.
El primero, el P/20/2463, permitiría al Ministerio del Interior revocar la residencia permanente de los presuntos agresores y sus familiares, además de los derechos relacionados con la Ley de Seguridad Social y otras leyes. «Es ilógico otorgar igualdad de derechos a los residentes que actúan en contra del estado y darles la posibilidad de disfrutar de los beneficios sociales que conlleva ser residente permanente en el estado de Israel», dice el proyecto de ley. Por su parte, el proyecto de ley P/20/2808 estipula que el Ministerio del Interior podría cancelar el visado o la residencia permanente de «familiares de una persona que cometa un acto terrorista o que haya contribuido a cometerlo mediante el conocimiento, la ayuda, el estímulo y el apoyo antes, durante o después de cometer el acto terrorista». El proyecto de ley P/20/3994 «otorga al ministro del Interior el derecho pertinente a ejercer su discrecionalidad con respecto a la comisión de actos terroristas». Y, como se mencionó anteriormente, en diciembre de 2018, el proyecto de ley P/20/3458, que permitiría la «expulsión de las familias de terroristas por motivos nacionalistas», pasó el trámite de la lectura preliminar en el parlamento israelí. El proyecto de ley otorgaría al ejército israelí la autoridad para «expulsar a las familias de los agresores que perpetren o intenten perpetrar un atentado terrorista» en un plazo de siete días. Propone, además, el traslado forzoso de las familias de los presuntos atacantes palestinos a cualquier zona de Cisjordania.
En marzo de 2018, el parlamento israelí adoptó una enmienda a la Ley de Entrada en Israel que permite la revocación punitiva del estatus de residencia de los palestinos por «violación de la lealtad». Esa revocación está prohibida en virtud del artículo 45 del Reglamento de La Haya del Cuarto Convenio de Ginebra, que prohíbe explícitamente a la potencia ocupante exigir la lealtad de la población ocupada. Utilizando un criterio tan vago como la lealtad, Israel puede revocar el estatus de residencia de cualquier palestino en Jerusalén.
Guerra psicológica y económica
En 2015, el gabinete de seguridad israelí confirmó la demolición de la casa de un presunto agresor como una práctica punitiva legítima y pidió que se prohibiera la construcción de nuevas viviendas en el lugar de la demolición y se confiscara la propiedad misma. Desde noviembre de 2014, el Tribunal Superior de Justicia de Israel anuló once casos en los que familias de Jerusalén apelaron órdenes de demolición, confirmando la decisión del ejército israelí de demoler o sellar casas de manera punitiva. De las cinco casas selladas y confiscadas, tres fueron llenadas con hormigón, lo que hace que su sellado sea irreversible. Esto dejó a las familias de los presuntos agresores sin hogar y condujo a su desplazamiento forzoso.
Estas actuaciones se han producido después de una década de paralización de las demoliciones de viviendas. En 2005, un comité militar israelí concluyó que las demoliciones punitivas de casas tenían resultados contraproducentes, lo que llevó a las autoridades ejecutivas israelíes a suspender la práctica, con algunas excepciones, antes de reanudarla en 2014.
Israel también retiene los cadáveres de los palestinos muertos durante los presuntos ataques como forma de castigo colectivo de las familias. En 2016, el parlamento israelí adoptó una enmienda de la Ley israelí contra el terrorismo de 2016 que otorgó a la policía israelí esta autoridad. Desde octubre de 2015, Israel ha retenido los cadáveres de 194 palestinos, 32 de los cuales aún permanecen en depósitos de cadáveres israelíes.(2) En muchos casos, los cuerpos han sido devueltos con condiciones a la familia para su entierro tras una larga batalla legal. Las condiciones requeridas por las autoridades israelíes para dicha devolución suelen ser la realización de un entierro inmediato, lo que hace imposible practicarles la autopsia, que debe tener lugar por la noche y contar únicamente con la asistencia de un número limitado de personas.
Las nuevas medidas de castigo colectivo también han afectado a los medios de subsistencia de las familias. El Ministerio israelí de Defensa ha emitido órdenes de confiscación de dinero de las familias de supuestos agresores invocando la ley antiterrorista de 2016. El ministro declaró que la confiscación estaba justificada sobre la base de que se trata de una compensación por el ataque. En agosto de 2017, las fuerzas de policía israelíes irrumpieron en varias casas pertenecientes a familias de presuntos agresores y confiscaron grandes sumas de dinero. En un caso, el ministro de Defensa israelí confiscó 4.000 dólares a la familia Manasra después de que el ejército israelí matara a Hasán Manasra, de 15 años, en 2015, durante un presunto incidente de apuñalamiento en un asentamiento de Jerusalén. Esta nueva medida de castigo colectivo tiene por objeto mantener a las familias de los presuntos agresores atemorizadas ante posibles represalias que afectarán a sus recursos económicos básicos.
En otra acción que sienta precedente, el gobierno israelí presentó dos demandas civiles contra la esposa y los cuatro hijos de Fadi Qunbar, así como contra la esposa y los cinco hijos de Misbah Abu Sbeih, que presuntamente cometieron atentados en Jerusalén Este en octubre de 2016. La demanda contra la familia Qunbar exigía el pago de 2,3 millones de dólares, mientras que la demanda contra la familia Abu Sbeih impuso una suma que ascendía a más de un millón de dólares. La fiscalía del distrito de Jerusalén declaró: «Esta demanda, que tiene su origen en un incidente terrorista en el que fueron asesinados soldados, tiene por objeto que las arcas del estado recuperen los gastos incurridos en eventos de este tipo, así como enviar un mensaje claro de que el estado también saldará cuentas a nivel civil con los autores de actos hostiles». La oficina del fiscal también declaró que «a la luz del hecho de que el [terrorista] causó el daño, sus herederos legales deben hacerse cargo de ello e indemnizar al estado».
Las familias de los presuntos agresores a menudo se encuentran aisladas de una sociedad que teme las medidas de represalia. Hoy en día, las víctimas de castigos colectivos son cada vez más reacias a luchar o a denunciar violaciones por temor a nuevas represalias por parte de las autoridades israelíes. Tras meses y a veces años de castigos colectivos, los palestinos a menudo esperan que su silencio los proteja de nuevas medidas punitivas. Este temor a las represalias y la consiguiente erosión de la solidaridad intrapalestina, como resultado de la creciente arbitrariedad del poder de represalia del estado, han profundizado la impunidad de Israel respecto de sus violaciones de las prohibiciones internacionales sobre el castigo colectivo.
El derecho internacional
Las normas internacionales sobre derechos humanos prohíben los castigos colectivos. El artículo 33 del Cuarto Convenio de Ginebra afirma que «ninguna persona protegida podrá ser castigada por un delito que no haya cometido personalmente. Están prohibidas las sanciones colectivas y todas las medidas de intimidación o de terrorismo».
Además, el traslado forzoso de palestinos/as es una violación del derecho internacional, ya que son una población protegida. De hecho, los organismos internacionales han reafirmado repetidamente el estatus de Jerusalén como ciudad ocupada, designando al pueblo palestino como “personas protegidas”. El artículo 49 del Cuarto Convenio de Ginebra prohíbe el traslado forzoso de la población palestina protegida y lo considera un crimen de guerra. Si se utiliza de manera sistemática y generalizada, el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional lo considera un crimen de lesa humanidad. (3) Las medidas de castigo colectivo emprendidas por Israel violan también la prohibición de destruir y apropiarse de los bienes de las personas protegidas.
Además, la Asamblea General de la ONU declaró en 2016 que «además de equivaler a un castigo colectivo, la retención de cadáveres es incompatible con las obligaciones de Israel como potencia ocupante, de conformidad con el Cuarto Convenio de Ginebra (artículos 27 y 30) y viola la prohibición de la tortura y los malos tratos».
También se prohíbe a Israel que intente utilizar el estado de emergencia o las razones de seguridad para justificar la violación de las normas jurídicas establecidas por las normas internacionales de derechos humanos. El Comité de Derechos Humanos de la ONU ha señalado que la prohibición del castigo colectivo es inderogable, incluso en estados de emergencia. Sin embargo, Israel utiliza sistemáticamente los motivos de seguridad para intensificar las políticas punitivas contra la población palestina con el objetivo de realizar transferencias forzosas.
De acuerdo con los principios del derecho internacional consuetudinario, los terceros estados están obligados a prevenir las violaciones continuas del derecho humanitario mediante la investigación, el enjuiciamiento, la retención de la ayuda o el reconocimiento, así como la cooperación para poner fin a graves violaciones, incluso mediante la adopción de medidas de represalia contra los estados que las cometan. Sin embargo, la oposición de la comunidad internacional al uso del castigo colectivo por parte de Israel rara vez ha superado el nivel de la condena verbal. Corresponde a los palestinos y al movimiento de solidaridad con el pueblo palestino presionar a la comunidad internacional y a Israel para que pongan fin a estas violaciones.
Hacer frente al castigo colectivo
1. Es imperativo que los palestinos y sus aliados conciencien a los medios de comunicación y a la sociedad civil sobre el uso que hace Israel del castigo colectivo como medio de transferencia forzosa, y que lo destaquen como un crimen de guerra y un crimen contra la humanidad. Esto puede ayudar a priorizar el tema en la agenda de la ONU.
2. Los palestinos también deberían presionar a la Corte Penal Internacional (CPI) para que añada el castigo colectivo a su lista de crímenes procesables. La investigación preliminar en curso de la Corte Penal Internacional sobre posibles violaciones del derecho internacional en todo el territorio palestino ocupado debe ser supervisada, ya que es un caso de prueba para el derecho internacional en lo que respecta al castigo colectivo. La denuncia del castigo colectivo como un acto criminal por parte de la CPI sería un paso hacia el fin de la impunidad israelí, permitiendo el enjuiciamiento por esta violación de los derechos humanos básicos.
3. Por lo tanto, es imperativo ayudar a las víctimas para que presenten sus casos de castigo colectivo en la sección de la CPI que se dedica a facilitar la participación de las víctimas.
Solo mediante la exigencia de responsabilidades a los criminales de guerra israelíes cesarán las políticas de castigo colectivo contra los palestinos, que conducen a su traslado forzoso fuera de Jerusalén.
NOTAS
- Según el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, por deportación o traslado forzoso de población se entiende «el desplazamiento forzoso de las personas afectadas por la expulsión u otros actos coercitivos desde la zona en la que se encuentran legalmente presentes, sin que existan motivos permitidos por el derecho internacional».
- Datos de la unidad de monitoreo de Al-Haq, 12 de enero de 2018.
- Aunque la imposición del castigo colectivo se consideró un crimen de guerra en el Informe de la Comisión sobre Responsabilidades, establecida después de la Primera Guerra Mundial, y en los Estatutos del Tribunal Penal Internacional para Ruanda y del Tribunal Especial para Sierra Leona, no se incluyó como tal en el Estatuto de Roma.
Nada Awad es palestina y jerosolimitana. Actualmente trabaja como investigadora asistente en el Instituto Muwatin para la Democracia y los Derechos Humanos de la Universidad de Birzeit. Tiene un master en Relaciones Internacionales, Seguridad Internacional de Sciences Po Paris. Anteriormente fue responsable de la unidad de promoción en el Centro de Acción Comunitaria (Universidad Al Quds), donde se centró en la cuestión de los traslados forzosos de palestinos de Jerusalén. También ha trabajado como investigadora de archivos en el Instituto de Estudios Palestinos.
Este artículo fue publicado por Al Shabaka y ha sido traducido por Javier Villate.
