La Autoridad Palestina condenada por Israel a indemnizar a unos palestinos por haberlos encarcelado con acusaciones falsas

La policía de la Autoridad Palestina interviene violentamente contra una protesta en Ramala, Cisjordania, el 12 de marzo de 2017. (Foto: Isam Rimawi / Anadolu)
La policía de la Autoridad Palestina interviene violentamente contra una protesta en Ramala, Cisjordania, el 12 de marzo de 2017. (Foto: Isam Rimawi / Anadolu)

MEMO, 8 de noviembre de 2018 — En un fallo histórico, la Corte Suprema de Israel ordenó ayer a la Autoridad Palestina (AP) pagar 14 millones de shekels (3,34 millones de euros) a 51 palestinos que había encarcelado con falsas acusaciones.

El fallo confirmó los veredictos anteriores de los tribunales inferiores de Israel y forma parte de una causa judicial en curso contra la Autoridad Palestina en la que se le acusa de encarcelar falsamente a 51 palestinos acusados de cooperación con Israel y posteriormente de torturarlos.

En junio de 2017, el Tribunal de Distrito de Jerusalén dictó una sentencia de aproximadamente 13,1 millones de shekels (3,13 millones de euros) contra la Autoridad Palestina por detención ilegal. Un mes más tarde, un tribunal israelí dictaminó que los 51 palestinos que fueron torturados por la Autoridad Palestina podían demandar a la AP por daños y perjuicios. Según el Jerusalem Post, el caso se basó en el testimonio de decenas de testigos reunidos a lo largo de varios años y representó un ejemplo “extraño” por el que la AP fue efectivamente juzgada en un tribunal israelí por acusadores palestinos.

En diciembre de 2017, el Tribunal de Distrito de Jerusalén dictó otra sentencia de 900.000 shekels (214.800 dólares) en concepto de honorarios de abogados para los demandantes que presentaron la demanda.

Posteriormente, la AP apeló al Tribunal Supremo de Israel para que revocara estas sentencias, alegando que el pago de la indemnización presentaría “desastrosos desafíos económicos” que podrían provocar el colapso de la Autoridad. Sin embargo, la sentencia de ayer confirmó todas las decisiones judiciales anteriores, lo que significa que la AP está obligada, en virtud de la legislación israelí, a pagar los 14 millones de shekels de daños y perjuicios a los 51 palestinos en cuestión.

A pesar del fallo de la Corte Suprema, todavía no está claro cómo los palestinos cobrarán el dinero que se les debe, agregó el Jerusalem Post. Además, la cifra de 14 millones de shekels podría representar sólo una fracción de la suma total que la AP podría tener que pagar, ya que esto sólo se refiere a las denuncias de encarcelamiento falso. Si los 51 palestinos deciden demandar a la AP por someterlos a torturas — tal y como lo permite la sentencia del Tribunal de Distrito de julio — , la AP podría verse obligada a pagar millones de euros más en concepto de daños y perjuicios.

En el fallo de julio, el Tribunal de Distrito dijo que las autoridades de la AP habían torturado a los palestinos “golpeándolos en todas las partes del cuerpo, golpeándolos con tubos de plomo, apagando cigarrillos en sus cuerpos, colgándolos en posiciones de tortura durante horas y matándolos de hambre”. Otros fueron “expuestos a calor y frío extremos, o se les arrojó agua extremadamente caliente o fría”.

Esta no es la primera vez que se acusa a las autoridades de la AP de torturar a presos palestinos. En octubre, el Observatorio de Derechos Humanos (HRW) publicó un informe en el que acusaba tanto a la AP como a Hamás de crear “estados policiales paralelos” en los que de forma rutinaria se arresta y tortura a opositores y críticos. El informe de 149 páginas encontró que “las fuerzas palestinas a menudo amenazaban, golpeaban y forzaban a los detenidos a permanecer en posiciones dolorosas durante períodos prolongados, incluyendo el uso de cables o cuerdas para atarles los brazos por la espalda”.

HRW subrayó que el uso de la tortura por parte de la AP es sistemático y “parece que tiene como objetivo castigar a los disidentes y disuadirles a ellos y a otros de seguir adelante con su activismo”. Esto podría constituir “un crimen de lesa humanidad perseguible por la Corte Penal Internacional (CPI)”, añade el informe.


Este artículo fue publicado originalmente en inglés en Middle East Monitor y ha sido traducido por Javier Villate.