La ocupación sionista de Palestina agrava la crisis del coronavirus
Robert Andrews / MEMO, 23 de marzo de 2020 — Cada mañana, decenas de miles de palestinos hacen cola en alguno de los más de 140 puestos de control fijos israelíes repartidos por Cisjordania. Estos puestos de control separan entre sí ciudades, pueblos y aldeas palestinas, así como a las familias, y limitan gravemente la movilidad de los palestinos en su propio país.
Los puestos de control son ahora un elemento omnipresente de la vida palestina y en los últimos seis años su número ha aumentado en un 41 por ciento. El tiempo de espera anual en los puestos de control equivale a 60 millones de horas, con un costo estimado de 274 millones de dólares anuales y 81 millones de litros de combustible (con un costo de 135 millones de dólares). Además, los palestinos están tomando conciencia de su vulnerabilidad ante el coronavirus Covid-19 en los puestos de control, mientras sus derechos humanos fundamentales siguen siendo violados diariamente.
En lugares como el puesto de control 300 de Belén, decenas de palestinos se agolpan regularmente y es frecuente que se desmayen debido a la falta de una ventilación adecuada. Si a ello se suman los cacheos corporales arbitrarios y la insuficiencia de personal de seguridad (sólo 64 de los 140 puestos de control fijos tienen una dotación de personal permanente), tenemos las condiciones propicias para la propagación de enfermedades respiratorias como el coronavirus. El sector sanitario, ya de por sí nefasto, en la Palestina ocupada [en 1967] está probablemente a punto de verse sometido a una presión aún mayor.
Sin embargo, las espantosas condiciones de los puestos de control militares de Israel en Cisjordania representa solo uno de los diversos riesgos para la salud a los que se enfrentan los palestinos como resultado directo de la ocupación sionista. Según el grupo de derechos de los presos palestinos Addameer, actualmente hay 5.000 palestinos (entre ellos 43 mujeres y 180 niños) encerrados en las instalaciones del Servicio de Prisiones de Israel (SPI). Languideciendo en condiciones igualmente terribles, desde 1967 un total de 67 palestinos han muerto bajo custodia israelí debido a la práctica de las negligencias médicas. Alrededor de 700 presos requieren atención médica inmediata; alrededor del 60 por ciento de los presos palestinos detenidos por Israel padecen enfermedades crónicas. Hace sólo unos meses, Basem al Sayeh y Sami Abu Diak murieron debido a negligencias médicas en las instalaciones del SPI. Fueron sólo dos de los cinco presos palestinos que murieron bajo custodia israelí el año pasado.
La escandalosa situación de los palestinos detenidos por Israel vuelven creíbles los rumores, difundidos la semana pasada, de que cuatro presos de la prisión de Megido habían contraído Covid-19 tras entrar en contacto con un interrogador israelí. Si bien las autoridades israelíes y la Autoridad Palestina han desmentido estos rumores, no se debe subestimar el temor a un brote dentro de las instalaciones del SPI. Un centenar de presos de la cárcel de Al Moscobiyeh en Jerusalén y otros 19 de la prisión de Ascalón ya han sido obligados a permanecer en aislamiento tras entrar en contacto con personas que podrían haber contraído la enfermedad. Se ha informado de que los presos de Ascalón están en régimen de aislamiento después de que uno de ellos estuviera en contacto con un médico israelí que había dado positivo en la prueba del virus cinco días antes. Es preocupante que los informes también señalen que los guardias de la prisión han registrado las celdas de forma rutinaria sin usar guantes protectores ni máscaras faciales.
Tras la noticia del mes pasado de que el SPI había decidido reducir las raciones de comida, incluyendo el pan y el agua, que se dan a los presos, esta semana las autoridades israelíes han decidido impedir que los reclusos palestinos tengan acceso a más de 140 productos, incluyendo productos de higiene y saneamiento, muchos de los cuales son vitales para los esfuerzos por detener la propagación del virus dentro del sistema penitenciario.
En enero del año pasado, el ministro de Seguridad Pública de Israel, Guilad Erdan, anunció planes para “empeorar” las condiciones de los presos y establecer “claros límites” al consumo de agua y a las duchas, por lo que estas nuevas medidas tan agresivas no deberían sorprender. Marcan un nuevo mínimo incluso para los estándares de Israel y muestran un claro desprecio por los palestinos — incluso por los detenidos sin cargos ni juicios — , que los israelíes creen que no son dignos de los derechos humanos más básicos ante una pandemia mortal.
“La vida de los palestinos en las cárceles de Israel corre un peligro extremo a la luz de la proliferación de la pandemia de coronavirus dentro de Israel y la simultánea falta de protección y atención a los reclusos”, explicó el periodista palestino-británico Zaher Birawi. “Un análisis de las prácticas de los administradores de las prisiones muestra que existe una política tácita de fomento de la propagación del virus. Esto es inaceptable y las instituciones internacionales y los organismos regionales, como la ONU, deben tomar medidas tangibles para intervenir urgentemente con el fin de salvaguardar las vidas de estos prisioneros antes de que la situación se vuelva intratable”.
Los palestinos que viven en la llamada Área C de Cisjordania no tienen acceso a un centro de salud permanente. El Área C, que constituye el 61 por ciento de Cisjordania, está bajo el pleno control civil y de seguridad de Israel, de conformidad con la división administrativa del territorio acordada en Oslo II. En el Área C viven unos 300.000 palestinos y allí se encuentra la mayor parte de los recursos naturales y las tierras cultivables de Cisjordania.
A principios de este año, los datos a los que tuvo acceso la ONG israelí Bimkom revelaron que desde 2000 sólo se aprobó el 3,75 por ciento de las solicitudes de permisos de construcción presentadas por palestinos en el Área C. Esto significa que no disponen de servicios de salud básicos y de urgencias. Sin embargo, los colonos israelíes que viven en las 125 colonias y los 100 asentamientos salvajes, unas y otros ilegales según el derecho internacional, establecidos en el Área C disfrutan de servicios de atención de la salud e infraestructura médica de última generación. Estos asentamientos no sólo son completamente ilegales, sino que su presencia también obliga a los palestinos a tomar desvíos y rodeos alrededor de los puestos de control y carreteras bloqueadas cuando tratan de llegar a clínicas más alejadas. Además, los asentamientos imponen límites al acceso de los palestinos a los recursos hídricos y a menudo perpetúan directamente la crisis sanitaria mediante ataques aleatorios de los colonos judíos contra los palestinos y sus propiedades.
Según una información de Haaretz a principios de este año, “Israel ha confiscado el único vehículo disponible para un equipo médico que presta asistencia a 1.500 palestinos que viven dentro de una zona de fuego militar israelí en Cisjordania”. Este incidente y otros, como ha señalado la Organización Mundial de la Salud (OMS), son indicativos de la inaccesibilidad general de la atención médica en el Área C y son una de tantas consecuencias del “restrictivo régimen de planificación israelí, que impide la construcción de instalaciones necesarias, así como de las restricciones de acceso y circulación imperantes, que impiden el acceso a los principales centros de servicios”. Así pues, la capacidad del sistema sanitario palestino para responder a algo como la pandemia de coronavirus es prácticamente inexistente.
La ocupación ilegal de Israel agrava la probabilidad de que el coronavirus — y otras enfermedades — se afiance en la Cisjordania ocupada. Al gobierno israelí simplemente no le importa, a pesar de sus obligaciones como potencia ocupante, en virtud del derecho internacional, de hacer accesible la atención sanitaria a los palestinos que viven bajo su ocupación. Proporcionar a los palestinos de Cisjordania 400 kits de pruebas de coronavirus, mientras que se dice que el organismo de espionaje del gobierno israelí ha “asegurado” 100.000 kits, es simplemente inaceptable, como lo es el hecho de que no se hayan publicado consejos sobre coronavirus en árabe durante semanas y la detención de numerosos palestinos por repartir folletos de concienciación o por ofrecerse como voluntarios para limpiar a fondo partes de Jerusalén. El hecho de que UNICEF haya hecho un llamamiento general a favor de los voluntarios es simplemente rechazado por las autoridades israelíes.
La pandemia de coronavirus demuestra una vez más el racismo institucional de Israel, así como sus políticas y prácticas injustas que tienen un claro efecto en las vidas de los palestinos. Se espera que los palestinos encuentren la firmeza y la fortaleza para hacer frente a esta crisis a pesar de los obstáculos que la brutal ocupación de Israel les coloca. Su peligrosa situación en tales circunstancias debería ser, en efecto, una cuestión de interés mundial.
Este artículo fue publicado en Middle East Monitor y ha sido traducido por Javier Villate.
