Las demoliciones de Israel en Jerusalén marcan un cambio en su lógica estratégica

Con el apoyo abierto de Estados Unidos y la complicidad silenciosa de la comunidad internacional, Israel se dispone a avanzar a tumba abierta hacia la realización del gran proyecto sionista de convertir a Palestina en un estado judío excluyente

Javier Villate
Disenso Noticias Palestina
6 min readJul 31, 2019

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Hasán Imran / Quds News, 30 de julio de 2019 — Israel está aprovechando la falta de oposición para imponer cualquier tipo de medidas de apartheid que desea.

“Las escenas fueron escandalosas y desgarradoras… este es un acto flagrante de limpieza étnica y traslado forzado, equivalente a un crimen de guerra, y debe ser condenado y perseguido como tal”, ha dicho Riyad Mansur, embajador de Palestina en la ONU, en una reunión del Consejo de Seguridad de la organización en la ciudad de Nueva York hace tan sólo unos días.

Las recientes demoliciones en las afueras de Jerusalén son las mayores desde la ocupación de Cisjordania en 1967. El plan contempla la demolición de 100 viviendas palestinas y la expulsión de sus residentes.

Algunos analistas afirman que esto es simplemente una medida más de una persistente política israelí que persigue hacer la vida imposible a los palestinos en el área. Pero, en realidad, estamos ante algo diferente y mucho más siniestro.

El movimiento actual nace de un contexto más amplio y llega en un momento crítico en el que se habla de ir más allá de la solución de los dos estados.

¿Qué es diferente esta vez?

Tras el fracaso de la primera ola de la Primavera Árabe, la oposición regional a las políticas israelíes es casi inexistente. Israel, al darse cuenta de que este tipo de comportamientos no está teniendo coste alguno, ha intensificado la expansión de sus asentamientos y ha empezado a pensar en nuevas opciones.

El Plan Liberman para la transferencia de población y el intercambio de tierras, sin reconocer ningún estado palestino, se inscribe en esta nueva estrategia.

La llegada del presidente Donald Trump a la ecuación fue un regalo muy esperado por los dirigentes israelíes, y en particular por el primer ministro Benjamín Netanyahu. Con Trump a sus espaldas, Netanyahu ni siquiera siente la necesidad de usar el término “dos estados” y, en su lugar, habla abiertamente de algo que siempre tuvo que callar: la anexión de los asentamientos en Cisjordania a la soberanía israelí.

Antes de las últimas elecciones, Netanyahu se había comprometido a anexionar partes de Cisjordania a Israel, en particular los asentamientos, que pasarían a formar parte oficialmente del llamado Eretz Israel, término sionista utilizado para nombrar a la Palestina histórica convertida en estado judío, que incluye tanto las fronteras internacionalmente reconocidas de Israel como los territorios palestinos ocupados.

Las casas recién demolidas en Jerusalén se encuentran en el Área C, donde se ubican la mayoría de los asentamientos, pero algunas de las demoliciones previstas se encuentran en las Áreas A y B. La primera está supuestamente bajo el control pleno de la Autoridad Palestina (AP), mientras que la segunda se administra, también supuestamente, de forma conjunta por la AP y el ejército israelí, de acuerdo con los Acuerdos de Oslo.

De esta manera, las acciones del gobierno israelí advierten clara y crudamente que la solución de los dos estados es cosa del pasado.

“Las nuevas realidades requieren una nueva lógica”: este es el mensaje que se está enviando.

¿Qué viene después?

Francia, Alemania, España y Reino Unido han condenado enérgicamente las últimas demoliciones, pero eso es todo; como siempre, condena sin sanciones. Si fuera cualquier otro país, esto habría significado algo más. Por otra parte, Israel ha desarrollado un alto nivel de inmunidad a las críticas internacionales, incluso de sus aliados.

Numerosas resoluciones de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad de la ONU ya han condenado las políticas israelíes o han pedido al gobierno israelí que cese inmediatamente y desista de sus acciones. Todas fueron recibidas con la misma respuesta preparada: “no es asunto suyo”.

Eso no quiere decir que nada haya cambiado. Israel siempre se ha visto obligado a actuar con cierta cautela; ahora es esto lo que está cambiando.

Los sionistas siempre han anhelado apropiarse de toda Palestina, pero sin la presencia de los palestinos en ella. Los sucesivos gobiernos israelíes se tuvieron que enfrentar a esta problema, pero nunca fueron capaces de “resolverlo”.

Los más altos niveles de liderazgo estratégico de Israel, están considerando que el problema del “pueblo palestino” puede resolverse en el presente de una manera que nunca antes había sido posible.

El razonamiento es el siguiente: “si no podemos deshacernos de los palestinos, concentrémoslos en enclaves cerrados que no representen más del 3–10 por ciento de Cisjordania y anexémosnos el resto”. “¿Qué es lo peor que podría pasar?” se preguntan: “¿ser etiquetado como un estado de apartheid? ¿Y qué?”.

La pregunta que sigue no sería cómo expulsar a los palestinos a Jordania o a cualquier otro lugar, sino cómo vivir como si no existieran. En la actual segregación institucional de Israel y en la prisión de Gaza, encontramos los trágicos ensayos de un amenazante régimen de apartheid “legal” que avanza sin problemas, mientras que los nativos se consumen en guetos superpoblados y aislados.

Apartheid ‘legal’ israelí

Las últimas demoliciones ilegales sólo hacen alarde de las profundas fallas de la “democracia” israelí. En la última perversión de la justicia, estas demoliciones son en realidad “legales” dentro del sistema judicial israelí.

El Tribunal Supremo de Israel se ha pronunciado a favor del ejército y le ha dado su bendición oficial para seguir adelante con las demoliciones.

Sí, esta violación flagrante del derecho internacional es legal en Israel.

Mientras tanto, el parlamento israelí (knesset) aprovecha todas las oportunidades para inyectar más leyes racistas y excluyentes en la Ley Fundamental de Israel, que el Tribunal Supremo debe respetar.

La última, pero obviamente no la menos importante, fue la racista e internacionalmente condenada ley del estado-nación aprobada por el knesset, que repudió al 20 por ciento de la población de Israel que no es judía, considerándola, en el mejor de los casos, como ciudadanos de segunda clase.

El proyecto sionista en Palestina se basa, actualmente, en los siguientes fundamentos básicos hacia los palestinos.

En primer lugar, los árabes que sobrevivieron a la limpieza étnica de 1948 (la Nakba) pueden seguir siendo ciudadanos de segunda clase o algo peor.

En segundo lugar, las personas expulsadas — los refugiados — nunca podrán regresar (negando su derecho al retorno).

En tercer lugar, los palestinos de Cisjordania pueden irse o seguir siendo apátridas y carecer de derechos políticos dentro de los guetos, proporcionando a Israel mano de obra barata.

Cuarto, los que residen en Jerusalén seguirán siendo “residentes temporales” hasta que se encuentre una “solución permanente” para ellos.

¿Y los gazatíes? Ni siquiera entran en la ecuación; es como si no existieran.

Para los planificadores sionistas, los más problemáticos son los de la primera y tercera categoría, dado que los primeros son ciudadanos y tienen documentos de identidad, mientras que los terceros son numerosos y están bajo su autoridad.

Esto dificulta negar o eludir la etiqueta de apartheid, dado los abusos, los malos tratos y el racismo que se aplican en masa a los palestinos de Cisjordania. Esto requería otro enfoque. Si no podemos deshacernos del problema, eliminemos a aquellos que lo ven como un problema.

Deslegitimar a los deslegitimadores

A pesar de que los líderes israelíes ignoran las opiniones de la comunidad internacional, algunos están preocupados por las “vías de abastecimiento” de ciertas potencias a las que les resulta difícil justificar su apoyo a un estado de apartheid ante sus electores.

Para eliminar esto, es necesario que convenzan a la comunidad internacional de que lo están haciendo bien, y marginar a cualquiera que diga lo contrario.

La intelectualidad israelí lo llama “deslegitimar a los deslegitimadores”, una frase elegante que significa suprimir la libertad de expresión de los activistas contra el apartheid y a favor de la paz en todo el mundo.

La llamada “deslegitimación de los deslegitimadores” tiene lugar de diferentes formas. Puede ser a través de la presión personal, como es el cierre de cuentas bancarias y las prohibiciones de viaje. En otros casos, adopta la forma de presiones a nivel gubernamental, como las efectuadas en el Bundestag alemán para que apruebe un proyecto de ley anticonstitucional contra el BDS (boicot, desinversión, sanciones).

Si alguna vez te has preguntado cómo definen a un deslegitimador, este es cualquier persona o campaña que les ocasione dolor de cabeza o inconvenientes.

En resumen, las últimas demoliciones encajan perfectamente en el contexto más amplio de la “limpieza étnica” del Área C (casi el 61 por ciento de Cisjordania) con el fin de allanar el camino a su anexión y quizás, en algún momento, a la anexión de la totalidad de Cisjordania.

Este artículo fue publicado por Quds News Network y ha sido traducido por Javier Villate.

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