Punteo sobre el “Pacto de Olivos tucumano”

Por Juan Pablo Ruiz Nicolini /// @TuQmano
Editor de #ElÁgora — Politólogo (UTDT)

Fernando Stanich, en mi opinión uno de los más lúcidos analistas de la política provincial, escribió en su último Panorama Tucumano sobre la(s) reforma(s) electoral(es). El plural (entre paréntesis) se debe a la vinculación entre el proceso iniciado en el plano local con el Tucumán Dialoga y el dirigido, a nivel nacional, por Rogelio Frigerio y Adrián Pérez. “Aplacado el debate luego del inocuo compendio de propuestas diseñado por el Gobierno, el futuro del sistema electoral provincial encontró un envión inesperado de la mano del presidente, Mauricio Macri”, nos dice. Y coincido, al menos en parte.

Tucumán Dialoga fue un paso necesario. Y, creo, con grandes aportes. Entre ellos la destacada presencia de reconocidos politólogos como María Esperanza Casullo, Marecelo Leiras y Germán Lodola. Pero los aportes, consolidados en una publicación — que reunió sus ponencias, dictámenes técnicos y legales, junto a propuestas de muchas organizaciones (incluida la de AsPIT)-, “pasaron a cuarto intermedio”. La reforma en la provincia quedó condicionada al proceso de reforma que se da a nivel nacional, según adelantó el vicegobernador.

Más allá de esto, quisiera acá revisar algunos de los conceptos planteados en “¿Un Pacto de Olivos a la tucumana?”. Un primer elemento que creo útil destacar es la vinculación entre los dos procesos de reforma. Acuerdo. Aunque en términos concretos los tres ejes que se plantearon originalmente para la reforma de la normativa nacional (sistema de votación, calendario y autoridad electoral) poco tienen que ver con la realidad del sistema político provincial y con sus notorios problemas, siendo los acoples el corazón de ello. Se trata, eventualmente, de una negociación política entre actores de distintos niveles de gobierno con matrices de preferencias no siempre coincidentes. En parte allí reside la complejidad de los cálculos y previsiones al respecto.

¿La reforma de la Constitución?

El nudo de la discusión, plantea Stanich, está en la plausibilidad de una nueva reforma a la Constitución de 2006. La justificación estaría en que el sistema de acoples — que se pretende elminar- fue incorporado a la Carta Magna con la última modificación en reemplazo del sistema de Lemas. Modificar el sistema, dado el rango constitucional del msimo, se torna difícil sin una reforma. Stanich describe bien que hay distintas opiniones (ligadas a intereses, seguramente) al respecto. La mía es que este es un fuerte obstáculo para limitar el peor aspecto del sistema político. Se ha argumentado, por otro lado, que los limites podrían llegar vía regulación de la Ley de partidos políticos; restringir la creación de partidos creados ad hoc y depurar la nómina de sellos en función de criterios más exigentes de representatividad. También creo que se puede avanzar por esa sendero. Pero sería un “premio consuelo”;el mayor sería una reforma sustantiva para “normalizar” el sistema de partidos provincial.

En un posteo previo sostenía que “la introducción de los acoples produjo una fragmentación del sistema político tucumano; se multiplicó la cantidad de partidos y candidatos que se presentaron a elecciones desde 2006. Una oferta electoral de estas características hace más difícil la tarea de los electores que necesitan procesar mayor información para decidir; la creación de estas nuevas etiquetas personaliza las elecciones, debilita las estructuras partidaria y hace más compleja la fiscalización del proceso electoral”.

Pero tampoco es este el nudo del argumento de Stanich. En sus palabras: “Sin embargo, el debate central no gira en torno a ese punto, sino alrededor de las intenciones de aquellos dirigentes que esperan agazapados estas oportunidades (…) En rigor, legisladores, concejales e intendentes crearon minifundios electorales en sus terruños bajo el amparo de los acoples. ¿Por qué habrían de ceder hoy esa conquista? No habrá altruismo, sino una negociación que ya ha dado sus primeros pasos”.

Mi observación central se concentra allí. Su argumento pareciera cargar negativamente un potencial proceso de negociación política que tenga como objetivo (i) avanzar con una reforma de la Constitución provincial (ii) que elimine el sistema de acoples.

¿Qué ganarían unos y otros? ¿Cuáles serían los cálculos de “oficialistas” y “opositores” (aunque cada una de estas partes pueda dividirse en varias facciones)? Una posibilidad cierta es la que expone el autor: legisladores oficialistas bajarían el (desprestigiado socialmente) sistema de acoples a cambio de borrar límites a mandatos legislativos, en línea con lo que sucede en el Congreso de la Nación. Y esto puede analizarse desde la perspectiva de cada sector político.

Por un lado, ¿por qué el oficialismo arriesgaría eliminando una herramienta que le rinde frutos (desde 2006, no desde 2003 como se sostiene en la nota)? Quizás la pregunta correcta sería, ¿le sigue rindiendo frutos? Una respuesta posible, a partir de una mirada básica de los datos electorales, puede ser “ya no tanto”. Si bien, como señala Stanich, el sistema ayudó a consolidar mayorías espectaculares para los últimos dos mandatos de José Alperovich, el mismo fue utilizado en el último turno electoral donde esa diferencia fue mucho “más normal”. La distancia porcentual entre el primer candidato a gobernador y el segundo es elocuente, como muestra el siguente gráfico. No solo de mecánica electoral vive el sistema de partidos. Compitiendo con las mismas reglas se llega a resultados muy distintos. Otras cosas están pasando.

Por el otro, ¿es la eliminación de los acoples condición sine qua non para que llegar a la gobernación deje de ser una utopía para Cano (el radicalismo), tal como allí se expone? Nuevamente, si miramos los datos de las elecciones podemos pensar que existe evidencia contraria. No parece una conclusión que se pueda derivar de los datos.

En 2015 los tucumanos fueron 3 veces a las urnas. Dos de las cuales fueron para cargos nacionales, que se organizan con normativa propia (sin acoples). Una comparación de las performances del Frente para la Victoria y el tandem Cambiemos — Acuerdo para el Bicentenario en las distintas contiendas dan cuenta que el nivel de apoyo (al menos para la categoría de Gobernador) se mantuvo independiente de las reglas electorales. O, al menos, que iba en la misma dirección:

• En los comicios provinciales (con acoples) el FPV obtuvo el 51,6% de los votos vs 39,9% del Acuerdo del Bicentnario.
• En las generales nacionales (del mes de octubre) el FPV obtuvo 47,1% vs 26% de Cambiemos.

Vale aclarar que, por un lado, para los cargos nacionales la facción peronista liderada por Amaya no participaba de la alianza opositora. Por el otro, entiendo que los conflictos de la elección provincial de agosto tuvieron algún efecto en contra del FPV en los resultados de los comicios nacionales de posteriores, tal como senalé acá a modo de balance de #TucumánElige2015.

En segundo lugar, la última elección fue la chance más cercana del radicalismo de ocupar el sillón de Lucas Córdoba desde 1987. Si bien en aquella oportunidad la UCR fue la primera minoría en el Colegio Electoral, el año pasado salió segundo pero con mayor porcentaje de votos. Cierto es, muchos de ellos peronistas. Stanich lo dice: “ni aún así pudo ganar”. Esto se podría refrasear: estuvo más cerca que nunca. Creo, no obstante, que esto se debe más a la estrategia de alianzas y cambios en preferencias del electorado (consolidación de núcleos opositores como sucedió en la Capital, Yerba Buena o Concepción ).

La mayoría peronista

“Nadie puede desconocer que el peronismo, que tiene en sus manos el Gobierno provincial, la mayoría de las intendencias y los votos necesarios en la Legislatura, no avanzará un paso en detrimento del acople. Salvo, claro está, que la recompensa sea buena”.

Creo que son varios los argumentos de los que puede valerse el peronismo tucumano para avanzar en una estrategia de reforma que, entre otras cosas, elimine los acoples. “Entre otras cosas” porque un pacto de reforma podría resolver muchos de los conflictos generados por el proceso de 2006 y ganar legitimidad. En el mismo sentido que el lanzamiento temprano de una propuesta de reforma política buscó ganarla luego del conflictivo ciclo electoral del año 2015.

Por otro lado, este sistema no solo logra victorias. La multiplicación de sellos partidarios, desde 2006 en adelante, ha sido un instrumento promovido con el fin de sacar ventajas de la constitucionalidad de las listas colectoras. Pero el faccionalismo también costó caro al oficialismo. Un ejemplo de ello es Yerba Buena. Si bien, como recién argumenté, en ese distrito se ha ido consolidando un núcleo opositor (fue el único junto a la Capital donde Cambiemos le ganó al FPV en las elecciones nacionales), en los comicios para la autoridad local la división de listas para Intendente que iban como acople de la candidatura de Manzur para la gobernación proveyó de un escenario inmejorable para que Mariano Campero resultara electo.

“No habrá altruismo, sino una negociación que ya ha dado sus primeros pasos”, señalaba Stanich. Creo que un primer paso correcto (y necesario) es tomar esta sentencia como un dato de la realidad. Se trata de sectores organizados, con intereses diversos y muchas veces contrapuestos. La negociación política es una de las claves para generar un mejor sistema, con reglas más claras, más representativo y más democrático. La negociación no lo asegura; pero hacerlo es fundamental para su éxito. Negarlo o repudiarlo, a la espera de acciones altruistas (¿qué promuevan reglas neutrales? ¿existe tal cosa?) no parece el mejor camino para ello.

(Gráficos y datos de esta nota disponibles en el Atlas Electoral Tucumán)

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