El impacto de la moratoria de desalojos en Nueva York
“Si no encontramos una manera de mantener a las personas en sus hogares, se desencadenará la peor crisis de vivienda que esta generación haya visto”, dijo una experta.
Por Pablo Álvarez
¿Cómo llegamos hasta aquí?
La pandemia de coronavirus provocó una crisis de salud a nivel mundial, pero también desencadenó una crisis económica. El cierre de negocios, escuelas y oficinas fue inminente. Como consecuencia directa, y acorde al más reciente informe de La Organización Internacional del Trabajo, se estima que millones de personas perdieron sus trabajos o vieron una reducción significativa en sus ingresos económicos. A finales de 2020, según datos del censo, más de 8 millones de propiedades en todo el país tenían atrasos en los pagos de la renta; un promedio de $5,600 por unidad. El 18 de diciembre de 2020, el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, firmó la ley que se conoce como “La moratoria de desalojos e hipotecas”. Esta ley previene los desalojos residenciales, los procedimientos de ejecución hipotecaria, y los informes crediticios negativos relacionados con la pandemia. La moratoria de desalojos, que inicialmente caducó el 31 de marzo, tuvo 3 extensiones en los últimos 3 meses : la primera, hasta el 30 de abril; la segunda, hasta el 30 de junio; y la más reciente, da una prórroga hasta el 31 de agosto. Aunque todavía esta fecha no es definitiva, el descubrimiento y la rápida distribución de las vacunas aseguran que la moratoria será levantada este verano.
Los defensores de la vivienda predicen una ola de desalojos y, por consiguiente, un aumento significativo de personas sin hogar. “Si no encontramos una manera de mantener a las personas en sus hogares, se desatará la peor crisis de la vivienda que haya visto esta generación”, dice Erin Kelly, cofundadora y directora de RxHome, una organización que busca resolver el problema de las personas sin hogar en la ciudad de Nueva York. “Definitivamente, no hay suficientes refugios para todas las personas en peligro de perder sus hogares”, agregó.
En la actualidad, casi el 70% de los usuarios de albergues para desamparados de la ciudad de Nueva York son familias con niños y la gran mayoría de ellos están encabezados por madres solteras, según el Departamento de Servicios para Personas sin Hogar.
Los (d)efectos de la moratoria:
Si bien la moratoria de desalojos fue necesaria y proporcionó los beneficios ya mencionados, también presentó los típicos efectos secundarios de algunas medicinas; y en algunos casos, el remedio fue peor que la enfermedad.
La primera dificultad que presentó esta medida fue la tensión que provocó entre los inquilinos y sus arrendadores. A pesar de que existen fondos federales destinados para saldar las rentas atrasadas, se necesita que tanto inquilinos como propietarios llenen formularios y presenten documentos para hacer uso de estos fondos. Según Lovett Branch, de Inquilinos Unidos de Albany (UTA, por sus siglas en inglés), entre las numerosas quejas que reciben diariamente, hay un gran número de casos que presentan el mismo dilema: “los inquilinos no quieren llenar los formularios hasta que los caseros hagan las reparaciones necesarias, y los caseros argumentan que no pueden hacer reparaciones hasta que reciban los fondos del gobierno”, dice Branch.
Otra de las dificultades es el impacto desproporcionado en las comunidades indocumentadas y la desinformación respecto a la ayuda disponible. El nuevo programa estatal de alivio de alquileres de $2.4 mil millones se pondrá en funcionamiento. Pero los defensores de inquilinos y legisladores especulan que un porcentaje de personas indocumentadas no harán uso de esta ayuda por falta de información. Según la “regla de carga pública”, los inmigrantes que han recibido ciertas formas de asistencia gubernamental, o que pudieran recibir esos beneficios en el futuro, pueden considerarse una “carga pública” y se les prohíbe obtener una tarjeta verde. Sin embargo, el 9 de marzo de 2021, el Séptimo Circuito levantó su suspensión y entró en vigencia la orden del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos que anula la Regla Final de Carga Pública.
Dos tercios de los adultos de familias inmigrantes conocían la regla de carga pública y creían comprenderla. Sin embargo, solo el 22,7 por ciento sabía que no se aplica a las solicitudes de ciudadanía, y solo el 19,1 por ciento estaba al tanto de que la inscripción en Medicaid no se considera una carga pública.
El organizador de comunidad de UTA, Adrian Hill, dice que a veces los propietarios prefieren desalojar a los inquilinos en vez de saldar la deuda después de meses de tensión y discusiones. La ley no protege al inquilino en una situación como esta.
La moratoria produjo una deuda que en muchos casos es imposible de pagar, y al mismo tiempo erosiona la relación entre los inquilinos y sus caseros.
Hill agregó que, “algunos propietarios han llegado al extremo de llamar al servicio de ingresos interno (IRS, por sus siglas en inglés) para preguntar si sus inquilinos han recibido cheques de estímulo, lo que es claramente ilegal”.
La batalla despareja en las cortes de la vivienda:
Los abogados que proporciona el estado se llaman defensores públicos y son los que, en la mayoría de los casos (además de a los villanos de Law and Order), defienden a los inquilinos en las cortes de la vivienda. Se puede deducir que, si los inquilinos están siendo llevados a la corte por no pagar la renta, probablemente tampoco puedan costearse un abogado privado.
El mayor problema, según un estudio publicado en el New York Times, es el bajo número de defensores públicos en relación a la cantidad de demandas, lo que provoca que no cuenten con un tiempo adecuado de preparación. Un estudio empírico acerca de la eficacia de los defensores públicos realizado por Morris Hoffman, concluyó que es más probable perder un caso siendo representado por un defensor público.
Andy Aujla es el director de defensa y asuntos externos de Communities Resist, una organización sin fines de lucro que ofrece apoyo legal a inquilinos. Él afirma que es importante informar a los inquilinos acerca de sus derechos, pero que la ayuda dentro de la sala del tribunal es aún más necesaria debido a la disparidad que existe entre los defensores públicos y los abogados privados.
Las audiencias virtuales representan un nuevo obstáculo en las cortes de la vivienda. En un intento de limitar la propagación del coronavirus en las audiencias de desalojo, los procedimientos se llevan a cabo por medio de Zoom, Webex o incluso por teléfono.
Según un reporte de CNBC, los desalojos remotos, que ocurren a través de plataformas de video como Zoom o WebEx, a menudo privan a los inquilinos de sus derechos legales, dicen los defensores de la vivienda. Los participantes se silencian con frecuencia. Los problemas de conexión a Internet son comunes. Aparecen varios inquilinos en la pantalla a la vez.
La poca disponibilidad de intérpretes es otro factor que dificulta la igualdad de oportunidades en las cortes virtuales. En las audiencias en persona los intérpretes están garantizados, pero en las audiencias virtuales solo se proporcionan si hay uno disponible y la parte interesada lo solicita con dos días de anticipación. Cabe destacar que las solicitudes de intérpretes se hacen a través del sitio web de la Corte, lo cual se dificulta cuando los demandados no tienen acceso a una computadora o no saben cómo navegar la página, que en su mayoría está diseñada en inglés.
La situación en los albergues para desamparados:
Kadisha David, de 32 años, vive en un apartamento en Greenpoint, Brooklyn con su hija. Pero en 2017, vivió una situación difícil con su casera que pasó de discusiones cotidianas a un tribunal de vivienda para ser desalojada. Incluso después de ganar su caso, la relación se volvió aún más hostil hasta el punto de volverse un lugar inseguro para vivir con su hija. No tuvo otra opción que ir a buscar refugio a un albergue para desamparados.
“La gente piensa que quienes viven en refugios son vagos y quieren vivir del gobierno”, dijo David. “Pero la verdad es que cualquiera puede experimentar una situación en la que la única salida es dormir en un albergue”.
Según un informe de National Low Income Housing Coalition, es probable que un gran número de familias, a finales de 2021, se encuentre en la misma situación debido al fin de la moratoria de desalojos. Vale remarcar la situación especialmente precaria de los grupos minoritarios. Un estudio de diciembre de 2020, publicado en Sociological Science, mostró que los propietarios presentan demandas de desalojo contra los inquilinos negros y latinos, especialmente mujeres con sus hijos, con más frecuencia que contra hombres solteros.
El DOE informó que 14,549 estudiantes de pre-kínder y jardín de infantes no tenían hogar en la ciudad de Nueva York en algún momento del año escolar 2020.
Cabe destacar que, según la Asociación Estadounidense de Psicología, la falta de vivienda es traumática para todos, pero especialmente para los niños porque “enfrentan serias amenazas a su capacidad para triunfar y su bienestar futuro. De particular preocupación son los problemas de salud, el hambre, la mala nutrición, los retrasos en el desarrollo, la ansiedad, la depresión, los problemas de conducta y el bajo rendimiento educativo”, lo que crea un círculo vicioso que se transmite a las generaciones futuras.
“La crisis de las familias sin hogar se ha ido intensificando durante años; y la pandemia y la recesión económica están llevando a más familias al borde del abismo”, dijo Raysa Rodríguez, directora ejecutiva asociada del Comité de Ciudadanos por la Infancia, una organización que forma parte de la coalición para personas sin hogar.
En realidad, el problema de fondo va más allá de la precaria situación en los albergues. Acorde a un reporte del Gothamist, en noviembre pasado, solo 500 de las 1.900 familias que solicitaron estadía en un albergue para desamparados, se consideraron elegibles. Las familias sin hogar han podido permanecer en refugios durante la pandemia incluso cuando fueron rechazadas debido a una regla especial instituida por la ciudad. Sin embargo, los defensores de inquilinos dicen que las familias que han sido rechazadas permanecen en el limbo, sin saber cuánto tiempo podrán quedarse y sin poder calificar para los subsidios que normalmente se ofrecen a las familias sin hogar.
Un ejemplo que puede ilustrar esta situación con claridad es que existen solo tres refugios destinados para mujeres y niños en Albany, la ciudad capital del estado de Nueva York. Estos refugios ya están al máximo de su capacidad. Tracy, la operadora de la línea directa en uno de estos refugios dice que la situación es especialmente alarmante porque no solo los albergues están al máximo de su capacidad, sino también los hoteles que se utilizan para recibir familias en busca de refugio. “Hasta el día de hoy, no sabemos qué vamos a hacer para ayudar a todas las familias que pudieran necesitar un techo este verano”, dijo Tracy.
