Donde faltan tizas, sobran balas: testimonios de los docentes que resisten la violencia armada en el norte de Paraguay

En zonas rurales del Paraguay existe un 40% de deserción escolar (Foto: Fotociclo)

Más allá de los grupos armados, los sicarios, el narcotráfico, los militares y el avance de un modelo económico que los excluye, un grupo de docentes trabaja para seguir ofreciendo la posibilidad de educar en el norte de Paraguay.

Perla Rodriguez, docente de Yby Yaú

El primer problema para enseñar en el norte de Paraguay es conseguir el título de docente.

Para obtener su título de maestra, por ejemplo, Perla Rodríguez tuvo que viajar en moto, sin casco, todos los días durante cinco años casi 50 kilómetros desde Yby Yaú hasta Horqueta, ciudad aledaña, porque no había dónde estudiar en el pueblo donde nació.

Pero pensó en abandonar la carrera cuando el 14 de agosto de 2013 su amigo Lorenzo Areco fue asesinado por sicarios en plena ruta. Areco es uno de los 115 dirigentes campesinos asesinados o desaparecidos documentados desde 1989, según el informe de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy). «El asesinato de Lorenzo me dio mucho miedo, porque yo llegaba de noche a mi casa. Tuve que cambiar todos mis horarios», cuenta Rodríguez.

Además, docentes deben ocuparse de las deficiencias en infraestructura y apoyo pedagógico y el fuego cruzado entre el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) y la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) y el abandono del Estado, situación de la que se aprovecha el narcotráfico.

Neder Gómez, de Arroyito

«El Ministerio [de Educación] solo piensa en un modo de enseñar, cuya formación quizá sirva para la ciudad, pero no para el campo», dice el vicedirector de la escuela Maricevich de Arroyito, Neder Gómez.

«Acá las escuelas las crean y construyen las comisiones de padres o algunas ONG como la Fundación Fe y Alegría. El Ministerio de Educación solo las certifica. Cuesta que manden materiales didácticos. Los docentes tenemos que comprar. Todo es autogestionado», cuenta Gómez.

Daniel López, de Arroyito

Daniel López es maestro de escuela básica. Él fue amenazado de muerte por el EPP tres veces.

«A mí me molesta que digan que acá todos somos de ese grupo armado; siendo que nosotros somos víctimas de ellos también», dice. En Arroyito, el EPP es simplemente el grupo armado. «A mí me marcaron porque yo estaba en desacuerdo con lo que ellos hacían», relata.

López abandonó Arroyito y se exilió en Asunción. Volvió un año después, pero solo, dejando a su familia en la capital. Vivió casi un año escondido en su casa, con las luces apagadas todo el día y solo saliendo para ir a enseñar. «Yo soy de esta comunidad desde el principio, este es mi lugar. Si me van a matar que sea acá», dice.

Laura Martínez, de Arroyito

También está Laura Martínez. Ella es profesora de teatro. Fue hostigada tanto por del EPP como por el Estado. Todo por una obra escolar: Vestir a niños con disfraces militares hizo que el EPP presumiera que estaba a favor de la lucha armada: «Empezaron a enviarme mensajes a mi celular y a la radio donde trabajaba de locutora, diciéndome que me iban a buscar, que sabían dónde era mi casa. Querían que me uniera a ellos», cuenta.

Desesperada, hizo una denuncia ante la Fiscalía. Pero en vez de protegerla, la trataron de sospechosa. «Empezaron a hacerme preguntas, acusándome directamente de ser parte de ellos (del EPP)».

Arroyito se encuentra en medio del fuego cruzado entre el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) y la presencia de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC). Esta última es la única respuesta del Gobierno a la violencia del grupo criminal armado. Fue establecida por el presidente Horacio Cartes en 2013 con un decreto que militariza y suspende libertades individuales en el norte del país. Está integrada por mandos militares, policiales y antidrogas.

El EPP es en la ciudad como un fantasma lejano, que aparece de vez en cuando en los títulos de diarios y los discursos políticos. En el campo, es un fantasma mucho más real. Las muertes atribuidas al EPP ya suman más de 60, entre los que se encuentran civiles. Cuarenta de ellas sucedieron desde la creación de la Fuerza de Tarea Conjunta. Una por mes.

Las fuerzas del estado no solo no protegen, sino que también son peligro para la población, con numerosas denuncias de violaciones a los derechos humanos. Algunos casos han trascendido: El de Julián Ojeda, campesino de Nueva Fortuna, Concepción, a quien mataron en enero de 2016 cuando fue a cazar al monte.Los militares dijeron haberlo confundido con ser miembro del EPP. Dejó nueve hijos huérfanos. O el caso de Agustín Ledesma, de Arroyito, un joven sordomudo que fue asesinado a balazos por policías al no contestar cuando lo encontraron subido a un árbol. Luego, los agentes intentarían acusarlo de ser parte de la Agrupación Campesina Armada (ACA), otro grupo armado que operaba en la zona, con evidencias falsas y allanando su casa, según denunciaron miembros de la comunidad. En 2014, Gumersindo Toledo, poblador de Arroyito, fue torturado por las fuerzas militares, un hecho encubierto por la Fiscalía, según el informe de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy, pág. 461).

En marzo de 2015, el Subcomité para la Prevención de la Tortura de la ONUenvió una nota al Gobierno paraguayo para expresar su preocupación «por la gravedad de las violaciones a los derechos humanos denunciadas [en el informe del Mecanismo Nacional de Prevención de Tortura y Codehupy sobre actuación de las FTC] (…) y la alta probabilidad de su repetición».

Acosada por el EPP y acusada por el Estado, Laura Martínez dejó de ir a la iglesia, su programa de radio y de hacer obras de teatro, quemando toda la utilería.

Miguel Rolón, de Yby Yaú

«El mayor problema es la violencia que viene de todos lados», dice Miguel Rolón, profesor de arte de Yby Yaú. «La mayoría de mis alumnos son hijos de campesinos», cuenta Rolón. «Acá el único cultivo de renta es la marihuana», dice. Es un hecho que la economía de muchos alumnos depende de este cultivo.

«A medida que las comunidades van desapareciendo, porque venden sus terrenos por miedo o para irse a la ciudad a conseguir mejor vida, las escuelas se quedan sin niños», dice.

Para Rolón, “Cultural es el problema. Cultural la solución»


Algunos nombres son ficticios, para proteger la identidad e integridad de las personas entrevistadas.


Vacas que vuelan, escuelas que caen es una serie periodística sobre la educación en Paraguay, un país que se enorgullece de exportar carne por 1.400 millones de dólares al año, pero cuyas escuelas se caen. Un país marcado por la desigualdad. Podes seguir los capítulos en kurtural.com, Telegram, Twitter, Facebook, Instagram y YouTube y Soundcloud.