El auge de Hood Robin

No cumplir la máxima de reducir el déficit fiscal cuando se bajan subsidios al consumo y regalar recursos a las empresas a cambio de nada: una aproximación a la quintaesencia de la política económica de la Alianza PRO.

Ex CEO de Shell y ministro de Energía, Juan José Aranguren

2016 - 04 - 24

Un gobierno que en sólo cuatro meses induce una recesión y genera una consistente transferencia de ingresos al mejor estilo Hood Robin no puede, según algunos de sus críticos, ser acusado de incompetente. Sus medidas no serían el resultado de errores, incapacidad técnica o descoordinación entre las distintas áreas del Estado, sino causa de una voluntad manifiesta de generar una recesión con distribución regresiva del ingreso. El objetivo sería claramente kaleckiano: disciplinar a los asalariados para sostener en el tiempo las mayores tasas de ganancia. El argumento es atractivo, pero desde este espacio siempre se lo rechazó por dos razones. La primera, porque el análisis económico no puede ocuparse de voluntades inconfesables o simple maldad de los actores. La segunda es que el ajuste sacrificial de los salarios y los beneficios al capital, a “la oferta”, forman parte del credo neoliberal, del corpus mismo de la teoría de los nuevos funcionarios quienes creen que las acciones en curso son una cruzada de “corrección de precios relativos” para eliminar la “inflación reprimida” y, en consecuencia, están convencidos que el hambre de hoy es pan para mañana, dirección en la que también trabaja el aparato de legitimación de la prensa hegemónica.

Sin embargo, en el marco de este debate entre intencionalidad y teoría, algunas de las principales líneas de acción gubernamental comienzan a generar dudas. Los exagerados elogios públicos del buitre Paul Singer a Mauricio Macri, son una fuente de sospecha tan potente como las superganancias obtenidas por los acreedores litigiosos y por los bancos que colocaron la nueva deuda. Pero una vez más, siguiendo la lógica inmanente, los pagos fueron por una sentencia estadounidense, jurisdicción a la que se sometió voluntariamente el Estado local, y los costos de colocación de deuda resultan compatibles con “los de mercado”. No puede haber aquí reproches extrateóricos.

Siempre en sus propios términos, existieron otras acciones más sospechosas. Una de ellas fue la abundancia de funcionarios PRO que se beneficiaron pecuniariamente con la operatoria de dólar futuro, un segundo búmeran para el gobierno después del primero, que fue el descubrimiento de la “Ruta del dinero M” emergente de los Pananá Papers. Ambas acciones, no obstante, pueden asimilarse a corrupción personal, no sistémica. La prueba del carácter netamente sistémico de las transferencias al capital provocadas por la política económica PRO apareció en otra parte. En un lugar, en principio, más teóricamente insospechado: el aumento de tarifas y la quita parcial de subsidios.

Luego de provocar un shock inflacionario por la superposición de la devaluación del 40 por ciento con quita de aranceles sobre exportaciones que son a la vez bienes salario, el gobierno sumó un segundo golpe sobre los precios vía los desmedidos aumentos tarifarios. El argumento de este segundo shock fue la reducción del costo fiscal de los subsidios. El impacto en el presente se justificaría, siempre en términos neoclásicos, en aras de una estabilización futura. El gran problema es que no está ocurriendo.

Distintas consultoras estiman que las correcciones tarifarias anunciadas agregarán inicialmente entre 8 y 11 puntos porcentuales a la inflación anual, mientras que su impacto fiscal será de sólo 1 punto del PIB. Ello se debe a que la devaluación, como ya había sido advertido el año pasado por trabajos como los de FIEL, multiplicó también los costos en pesos de los subsidios energéticos, dado el componente de energía importada. Pero también, como destaca el último informe mensual de Estudio Bein, porque “el manejo de la política energética priorizó las transferencias a las empresas por sobre las transferencias al fisco para acotar la brecha fiscal”. La consultora consideró justificados los mayores precios recibidos por la distribución y el transporte, con ingresos rezagados históricamente y desinversión, pero criticó la transferencia a las productoras. El punto crítico residió en el nuevo precio establecido para el gas en boca de pozo. Las petroleras ya recibían 7,5 dólares el millón de BTU (Unidad Térmica Británica) por el “gas nuevo”, un estímulo para promover la producción y sustituir importaciones. El problema fue el nuevo valor establecido para el “gas viejo”, el que ya se producía, y que fue llevado de 2,6 dólares por millón de BTU — valor ya por encima de la cotización de referencia internacional, el Henry Hub, que hoy ronda los 2 dólares el millón de BTU — a 5 dólares, bastante más que el nuevo valor de importación de Bolivia de 3 dólares y similar al de regasificación. El aumento sumará mayores costos para los consumidores por alrededor de 3.500 millones de dólares anuales. Pero la secuencia no termina aquí. El gas es un insumo de la generación eléctrica, por lo que la suba o bien volverá a impactar en las tarifas eléctricas o bien en los subsidios. Como se observa parece haber primado un criterio de transferencia a las empresas antes que uno netamente fiscal o, en su defecto, productivo. La medida tampoco parece revelar una gran solvencia técnica en la formulación de políticas. Por un lado desperdició la posibilidad ofrecida por una coyuntura de bajos precios de importación de la energía para financiar una transición más gradual. Por otro, no ponderó externalidades negativas, como la potencial destrucción de la petroquímica local, cuya rentabilidad para la exportación desapareció con los nuevos costos del gas y cuyos valores de producción interna superarán a los de importación. Y ni hablar de la situación crítica de muchas empresas energía-dependientes que también vieron multiplicados sus costos. Tocar precios relativos no parece tarea para improvisados en políticas públicas.

El balance provisorio, entonces, es que los mayores costos pagados por familias y empresas no funcionarán, siguiendo el marco teórico, como una transferencia de los consumidores al Estado para reducir déficit fiscal, sino que serán embolsados principalmente por las empresas proveedoras. El resultado macroeconómico es que luego de pagar el alto costo inflacionario y dejar abierta la posibilidad de ajustes de segunda vuelta por los mayores costos de producción, también quedó abierta la opción de ajustes de tercera vuelta sobre el conjunto de las variables, pues el problema del déficit fiscal sigue sin resolución. Dicho en lenguaje macrista, se pagan los costos de lo malo sin conseguir los beneficios de lo bueno. En contrapartida, un grupo acotado de empresas multiplicará sus ganancias.

© Página|12

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