Okupas: víctimas, activistas y mafias
Por Ruth de la Rosa y Giuliana Ippoliti
Ana trabaja mucho. Es una mujer activa que viaja cada dos por tres porque su profesión lo requiere, y a veces, necesita estar fuera de casa durante semanas. Vive sola en su apartamento de Barcelona, en el barrio de la Barceloneta. Un día, después de haber estado dieciséis días de viaje, volvió del aeropuerto cansada y con muchas ganas de entrar en su piso pero intentó abrir con su llave y no pudo, alguien lo había okupado.
A partir del año 2008, cuando estalló la crisis económica en España, surgió el movimiento Okupa. Las personas que se unen a él, ocupan viviendas deshabitadas para poder vivir en ellas. Antes de la crisis, el perfil del okupa era de jóvenes activistas reclamando el uso social de edificios desocupados. Después de la crisis, las personas que okupan empezaron a ser personas desahuciadas, plataformas sociales y mafias, según un informe de VPS.
“Habían manipulado la luz, cambiado la cerradura y no entraban las llaves. Ahí estaban todas mis cosas pero, ¡no podía entrar en mi propia casa! Allí tenía documentos, fotos de mi infancia, mi ropa... Llamé a la policía y me dijeron que no podían hacer nada. — “No podemos entrar en una casa donde la puerta esté cerrada — ni aunque tenga usted las escrituras en la mano”, me dijeron.
En España, hay entre 85.000 y 90.000 viviendas okupadas, de las cuales más de tres cuartas partes son propiedad del sector financiero y al menos 70.000 pisos que están en manos de entidades, están habitados de forma ilegal.
Finalmente, Ana llamó a un cerrajero que por 600 euros le abrió la puerta, “por suerte, los okupas cometieron el error de no dejar a una persona dentro del piso. Si hubiera habido alguien, encima hubiera ido yo a la cárcel y no ellos”.
Según un documento oficial publicado por diario El Mundo, Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, ha ordenado que una vez acreditada la okupación, los agendes de policía deberán “evitar que la empresa o personas responsables del inmueble realicen cualquier tipo de desalojo, cierre de puertas o cambio de cerraduras”. Pero eso no es todo, sino que el artículo 18.2 de la Constitución Española, señala que cualquier domicilio es inviolable. Esto significa que nadie, tampoco la policía, puede entrar en él sin una orden judicial.
Así que, cuando alguien okupa de forma ilegal un domicilio y constituye su morada en él, también está protegido por el mismo principio. Por eso, aunque la policía reciba una denuncia no puede entrar en el domicilio y echar al okupa por la fuerza. Ha de ser un juez quien ordene que la propiedad debe ser devuelta al propietario legal.
La policía solo puede entrar en un domicilio sin orden judicial únicamente en el supuesto de delito flagrante. Es decir, si la ocupación acaba de producirse y hay testigos dispuestos a declarar que la han presenciado.
El pasado junio de 2018 entró en vigor la ley del desahucio exprés que agiliza el desalojo en este tipo de situaciones como la de Ana, lo que implica que, desde que el juzgado tramita la demanda, los okupas tienen cinco días hábiles para demostrar la titularidad de la vivienda como por ejemplo, con un contrato de alquiler, pero lo malo de estas acciones es que el trámite se puede alargar muchísimo.
“Pasé los meses más angustiosos de mi vida. Puse una alarma en el piso, no podía dormir, estaba asustada y nerviosa. Tuve que pedirle a un amigo que viviera gratis en mi piso mientras yo viajaba y me llegué a gastar más de 10.000 euros en seguridad.”, comenta Ana.
Según el informe de VPS el coste medio directo para un propietario al que le han okupado el piso puede ascender a 25.000 €.
La persona que okupó la casa de Ana, ha estado en la cárcel anteriormente entre otras cosas por robo con intimidación y ella lo considera una persona violenta y de comportamiento machista e irrespetuoso. Además, conoce de sistemas de seguridad, ya que trabajó en Securitas Direct, una empresa del sector muy conocida en España como vigilante.
Después del piso de Ana, esta persona okupó otros dos apartamentos de la comunidad junto a más gente, incluidos niños. Los vecinos del edificio y los dueños han tenido que pagar por sus servicios de agua y luz, además de financiar los gastos de la escalera, como frecuentes cambios de cerradura de la puerta principal, entre otros desperfectos.
“En el caso que hubiera un juicio y una multa, en ese momento, me parecería un buen trato pagar las facturas de agua y luz impagadas.” comenta Cris, estudiante de medicina, residente en El Raval de Barcelona y okupa.
Cris estudia medicina en el Hospital Clínic de Barcelona y comenta que el ritmo de su carrera no le permite trabajar. Además, hace prácticas y da clases a niños cuando puede pero con este horario, afirma que no puede generar ingresos suficientes como para costear un alquiler.
Según datos del informe de Obra Social, el 82% de los pisos okupados son de grandes empresas, entidades financieras o fondos de inversión. En concreto, el 70% pertenecen a bancos. Los ocupantes son en su mayoría familias, la mitad con niños pequeños y en el 75% de los casos la ocupación es por falta de recursos. De hecho, en más de la mitad de los casos las personas que ocupan viviendas, ha solicitado previamente un piso social.
En el Raval hay muchos apartamentos vacíos, así que Cris y su amiga acudieron a entidades vecinales como “El Lokal” hasta que dieron con un piso en la calle d’Espalter número 6, donde los vecinos necesitaban de la ayuda de okupas para no ser desalojados por la inmobiliaria israelí, Ofer Lior que pretende hacer lofts y pisos de lujo en el edificio.
“En este edificio hay una familia que está en el paro y no puede pagar el alquiler, una mujer con discapacidad que no cobra ni 400 euros…todo el mundo está bastante mal. Estos vecinos querían a alguien que okupara para hacerse más fuertes y poder defenderse de los desahucios, hay incluso una vecina que tiene un contrato indefinido desde hace cincuenta años y a la que están haciendo un mobbing espectacular.”
De momento, Cris y sus dos compañeras de piso, han abierto una cuenta de twitter donde denuncian la situación de los vecinos y de momento, ha habido tres deshaucios pero todos han sido parados, o suspendidos.
“Hemos hecho como una simbiosis, nosotras queríamos un lugar donde vivir y sabemos que no pagamos, pero hacemos algo a cambio ayudando a esta gente.”
Preguntamos a Cris qué piensa sobre la situación de personas como Ana, que vuelven de vacaciones o de viajes de trabajo y se encuentran con okupas en su piso y nos hace una diferenciación entre ambas situaciones:
“Todo okupa antes de okupar un piso debería enterarse a quién pertenece, puedes ir al registro de la propiedad y averiguarlo. Yo no defiendo la okupación de pequeños propietarios sino de los grandes, como bancos o fondos de inversión. Está claro que ellos no necesitan demasiado ese piso.”
La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha dicho, en relación a las viviendas vacías que hay en Barcelona que: “lo primero que hay que hacer es distinguir la situación entre pequeños y grandes propietarios, y ver qué hacemos para que no haya miles de viviendas vacías que se estropean y generan problemas en los barrios”.
Por su parte, Ana tiene un mensaje para la alcaldesa: “Ojalá Ada Colau llegue un día a su casa, intente abrir con su llave y se encuentre con que no pueda entrar, le deseo esa angustia”.
