FocusEcuador
Apr 26, 2018 · 11 min read

EDUARDO VALENCIA TAMBIÉN INTEGRA EL EQUIPO DE VEEDORES EXPERTOS QUE AYUDA EN LA AUDITORÍA QUE REALIZA LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO RESPECTO A LA DEUDA CONTRAÍDA EN EL GOBIERNO DE CORREA. EL MONTO YA ESTÁ DEFINIDO Y FUE PRESENTADO POR EL CONTRALOR PABLO CELI. FALTA SABER EL DESTINO DE ESA CANTIDAD MULTIMILLONARIA, DICE VALENCIA. ESTA INVESTIGACIÓN CONTINÚA E INCLUIRÁ LOS ENTRAMADOS DE LOS SOBREPRECIOS Y LA CORRUPCIÓN SISTEMATIZADA QUE OPERÓ DURANTE EL CORREÍSMO.

El primer informe que trabajaron ustedes, junto a la Contraloría, fue entregado. Y quedó establecido que en el correísmo se pasaron el límite legal de endeudamiento.

El artículo 124 del Código de Planificación de las Finanzas Públicas, aprobado por ellos mismos, establece el 40% como tope del total de deuda de todas las instituciones públicas, y lo dice con claridad meridiana. No hay lugar a interpretación. Correa hace un decreto, el 1218, modificando la forma de cálculo y eliminando a las demás instituciones públicas, dejando solo las deudas del gobierno central.

Correa se amparó en que solo cumplía las normas recomendadas por el Fondo Monetario Internacional.

El Fondo Monetario Internacional ya sacó un documento en donde dice que esa forma de cálculo no se ajusta a las normas convencionales, a ninguna norma técnica de aplicación universal.

Es decir, ¿el FMI ha desmentido a Correa?

Lo desmiente, categórica y radicalmente. Y dice expresamente, que el cálculo de la deuda pública de Ecuador debería incluir toda la deuda del IESS, toda la deuda del Banco Central, toda la deuda flotante -que son los atrasos-, y todo lo demás.

Se le vino abajo el argumento a Correa…

Así es. Lo segundo es que aún estamos trabajando con la Contraloría en otro tema, adicional a la manipulación de la cifra del total de deuda, que tiene que ver con el destino de esa deuda. Todavía se está obteniendo esa información, que merece otro examen especial. Quedaron siete temas de la deuda para realizar exámenes especiales individuales. Le adelanto que en la Constitución se establece que la deuda solo servirá para programas y proyectos de inversión para infraestructura. Eso significa estructuras de casas, de hospitales, de puentes, hidroeléctricas, carreteras, agua potable, todo lo que son proyectos de ingeniería. Correa hace el decreto 489 y modifica la Constitución, lo que es ilegal. El decreto 1218 modifica el Código de las Finanzas Públicas. Y los decretos no pueden cambiar la ley, peor la Constitución.

¿En qué cambió la Constitución el decreto 489 firmado por Correa?

En ese decreto pone que el concepto de infraestructura será tan amplio que incluirá todos los elementos y servicios para el funcionamiento de un proyecto. Es decir, si mañana construyo un estadio, la infraestructura es el estadio, no la organización de un partido de fútbol. Ese es el servicio. La infraestructura sirve para dotar un servicio, que ya son gastos corrientes.

¿Ese decreto fue firmado para ir preparando el terreno de un futuro endeudamiento?

Fue firmado en 2010, con ese objetivo. De ese decreto, todavía no se ha develado todo el perjuicio ocasionado. Con ese cambio, pudieron meter consultores, metieron trabajadores, como querían inflar la burocracia y ya no daba el presupuesto, los metieron en los proyectos como que fuera gasto de inversión en infraestructura. La Constitución prohibe financiar con endeudamiento los gastos corrientes.

El decreto 489 fue firmado por Correa en 2010 para inflar la burocracia, para meter consultores, y los metieron en los proyectos como que fuera gasto de inversión en infraestructura, cuando en realidad era gasto corriente.

¿Qué responsabilidad existe con la firma de este decreto?

Es más grave que lo presentado con el decreto 1218 y esto no lo ha denunciado nadie todavía. La Cepal ratificó que los proyectos de infraestructura son los proyectos de ingeniería: transporte, almacenamiento, agua potable, alcantarillado, hidroeléctricas. Estrictamente eso. Violaron la Constitución y con eso financiaron gastos corrientes.

Significa que el primer informe sobre la deuda presentado por el Contralor subrogante Pablo se quedó corto…

Se ha quedado corto, porque todavía faltan siete capítulos adicionales, uno de los fundamentales el destino de la deuda.

¿Pueden surgir más responsabilidades penales en los próximos informes?

Claro. Este decreto, por ejemplo. Un acto administrativo no puede modificar la Constitución.

Existen abogados, como Ramiro Aguilar, por ejemplo, que han cuestionado la responsabilidad penal que le endosa la Contraloría a Correa por el manejo de la deuda.

¿Cómo así? En la veeduría que conformamos hay varios abogados de fuste. Está Ana Abril, ex magistrada de la Suprema, dos ex Contralores, Alfredo Corral y Marcelo Merlo, el jurista León Roldós, y todos coinciden en que tiene responsabilidad penal. Para que sea penal es necesario que haya existido la intención de causar daños a terceros, el dolo. Y aquí, evidentemente, todo fue preparándose para evadir la ley, para ocultar las operaciones, porque sabían lo que estaban haciendo. Por eso fue declarado secreto el endeudamiento hasta el fin de su pago, para evadir los controles de la Contraloría. Y lo hicieron a sabiendas de que estaban contratando en condiciones inconvenientes para el país, a costos más altos, onerosos, que si los hubieran contratado con otros organismos. Irrogaban al país un costo elevadísimo y lo sabían. No les importó causar más perjuicio al país, siguieron contratando deuda más costosa. Por USD 14.760 millones que contrataron en el periodo que hemos aauditado, todos tenían tasas de interés del 8 al 10% anual, cuando en el mercado estaban a 3,8%. Se terminará pagando USD 11.423 millones, cuando se pudo haber pagado USD 4782 millones, contratando en otras condiciones. La pérdida para el país fue de USD 6641 millones. Por mal manejo de la deuda.

¿No fueron las condiciones del país las que obligaron al gobierno de Correa a contratar deuda con esas tasas altas de interés?

¿Y quién provocó esas condiciones? Eso pasó porque provocaron un default, al comenzar el gobierno de Correa. Hay que recordar que por dejar de pagar una parte de la deuda, se ahorraron USD 2000 millones, pero el mercado internacional se cerró para Ecuador por seis años. Nadie le quería prestar al Ecuador, fuimos un paria en el contexto internacional. Y Correa siempre quiso endeudarse, comenzó con Toachi- Pilatón, desde el principio de su gobierno, no fue por los bajos precios del petróleo. Al Perú le daban crédito a tasas bajas, a Colombia, a Chile, a tasas promedio de 3,8%. Si no hacían el default, no tendríamos ese perjuicio de USD 6641 millones. Y claro, los chinos se aprovecharon, no se portaron muy socialistas ni humanistas. Los chinos nos sacaron la madre, con tasas del 10,75% durante dos años, 9,75%, 8,40%, mientras los vecinos pagaban 3,8% de promedio. Y la decisión del default fue de la ministra actual, María Elsa Viteri, y del presidente Correa. Y encima de esas tasas de usura que nos cobra China, nos pidieron de garantía el petróleo, cosa que pretendieron hacer algo similar en el gobierno de Febres Cordero, con las facilidades petroleras, y toda la izquierda se opuso. Ahora un gobierno de izquierda aceptó entregar en garantía el petróleo. Y los depósitos de las ventas se hacían en bancos chinos, afectando a nuestra reserva monetaria internacional. La pregunta de hoy es: ¿y la deuda de ahora no es ilegítima? En mi opinión, es ilegítima, porque nunca debimos haber adquirido ni un dólar de deuda. El artículo 290 de la Constitución establece que los proyectos de inversión solo se financiarán con deuda cuando no haya recursos internos suficientes. Y todos sabemos que nunca en la historia hubo tantos recursos provenientes del petróleo y de los impuestos. Había recursos suficientes, por eso esa deuda es ilegítima.

Y encima de esas tasas de usura que nos cobra China, nos pidieron de garantía el petróleo, cosa que pretendieron hacer algo similar en el gobierno de Febres Cordero, con las facilidades petroleras, y toda la izquierda se opuso.

Ilegítima, políticamente, porque el que nos prestó va a cobrar.

Por supuesto. Además, es ilegal, porque trastocaron la ley. Y cuando hay ilegalidad, existe el derecho de repetición. El país tiene derecho a que le devuelvan la plata a quienes nos metieron en esto. ¿Sabe quien dijo primero esto? Rafael Correa, en 2009, en un discurso que dio en la Universidad de La Habana, y habló que ejercerá el derecho de repetición y mandará a la cárcel a los responsables de la deuda que inobservaron la ley.

Estamos teniendo, por primera vez, una cuantificación del perjuicio que ocasionaron las decisiones económicas del anterior gobierno.

Absolutamente. De hecho, ahora ya nadie puede dudar cuál es la verdadera cifra de la deuda. En el momento que la Contraloría emitió su informe, con todos los justificativos técnicos, legales y contables, determinó que la deuda a diciembre de 2017 es de USD 65.600 millones, es decir, el 68% del PIB, faltando algunos rubros por contabilizar. Seguramente, a tiempo presente, con la contratación de más deuda, la cifra es mayor. La Contraloría es la unidad entidad competente para determinar una cifra de las finanzas públicas.

Pablo Dávalos, miembro de la veeduría, nos decía que hay que tomar en cuenta que el secreto sobre los contratos de la deuda sigue vigente.

La Contraloría expidió una cifra y pide que deroguen todas esas normas que calificaron de secreta la deuda. Aquí ya no cabe que la ministra diga que la deuda no supera el 40%, no cabe ninguna duda porque ya la Contraloría lo determinó. Los funcionarios del ministerio no querían entregar las cifras pero la Contraloría les presionó y terminaron entregando una parte cada vez mayor de la deuda y por eso se llegó a ese monto. Ni la cifra ni la forma de cálculo ya no admite discusión. Nunca se debió modificar la ley, sino ajustarnos a la ley. Ahora, que el FMI desmiente a Correa y pide que se incorporen todas las cifras de las entidades públicas, le quita toda base supuestamente técnica. Correa se quedó sin defensa, junto a los funcionarios que aprobaron la deuda sabiendo que era inconveniente para el país. El informe de Contraloría es irrebatible, es vinculante y de cumplimiento obligatorio.

¿Qué dice el FMI sobre las ventas anticipadas de petróleo?

Nos da la razón y pide que sean incorporadas al total de la deuda las ventas anticipadas de petróleo. Para el FMI, también es deuda. Correa trató de disfrazar el asunto como una operación comercial, pero ahí no se pide una tasa de interés, que se aplica cuando es un crédito. Le obligaron a Petroecuador a que suscriba un convenio con el Ministerio de Finanzas para que Petroecuador solicite el crédito pero los recursos iban al Presupuesto General del Estado, para financiar déficits fiscales o gasto corriente. Y la ley determina que Petroecuador solamente puede endeudarse cuando necesita invertir en sus propios proyectos.

Correa trató de disfrazar las ventas anticipadas de petróleo como una operación comercial, pero eran deuda, créditos en los que nos cobran interés. Obligaron a Petroecuador a firmar un convenio con el Ministerio de Finanzas para depositar allí los recursos.

¿Cuánto dinero tomó el gobierno anterior de los recursos del Banco Central?

Eso será motivo de otro examen. El Banco Central reúne fondos públicos y también privados, de la banca privada, producto del encaje que dispone la ley. No es plata del Estado. Esos recursos los requirió el gobierno y las autoridades accedieron, por eso también están involucrados en las irregularidades. Estamos hablando por sobre los USD 6000 millones. Y el gobierno, en vez de devolver esos recursos en efectivo, le paga con acciones de empresas públicas como la CFN, el Banco de Fomento, acciones que nunca podrán negociarse porque no fueron calificadas y se le pusieron precios arbitrarios. Como lo era todo en el gobierno de Correa. Hubo manejo doloso de todos los mecanismos legales. Y ahora el Banco Central tiene una de las reservas monetarias más bajas de la historia y más bajas del mundo. Está en grave riesgo la estabilidad del Banco Central y del sistema monetario, poniendo en peligro la economía de las personas.

¿Cuanto tomaron prestado del IESS?

Ese es otro asunto que está en investigación. Ni el mismo IESS lo sabe. Lo concreto es que el gobierno dejó de pagar el 40% de las obligaciones que tenía, sacaron fondos de salud y hay cifras que hablan de más de USD 7000 millones. Aparte se sacó plata de los fondos de las Fuerzas Armadas, de los profesores, se endeudó al país, y la verdad es que las inversiones que se hicieron solo representan la quinta parte de los fondos que se recibió.

¿Y el resto de la plata?

Gastos corrientes, que se esfuman. Fondos que el Estado nunca recuperará. Consultorías, movilización, viáticos, pasajes, logística, publicidad, mantenimiento.

Eso estará detallado en la auditoría del destino de la deuda.

Por eso he pedido al Contralor, y él lo ha aceptado, que ese sea el primer examen especial de la deuda, porque hasta ahora no se conoce el destino de la deuda. En el estudio que hice por la Universidad Católica se estableció que el monto de inversión durante los 10 años era aproximadamente 65.0000 millones de dólares, pero encontramos que al menos una quinta parte de eso no eran gastos de inversión sino corrientes, imputados falsamente como tal. Son casi USD 12.000 millones tergiversados.

Todavía no hablamos de aquellos proyectos que terminaron con sobreprecios, muchos costando el doble de lo originalmente proyectado.

Ese es precisamente el objeto del estudio. De esto sé algo, porque formé parte de una Comisión de estudio de la deuda, el año 2006, gobierno de Alfredo Palacio, y me tocó pedir cita con el Contralor de ese entonces, Genaro Peña, para pedirle una historia de los 20 proyectos más grandes del país, para saber el monto original y ver como cada año se iba modificando la cifra. Allí estaba la gran corrupción, como siempre, no es que la inventó Correa. Sin embargo, en las entidades públicas a donde acudimos, no había esa información. No nos dieron. Ahora espero una situación diferente y que la Contraloría encuentre las razones de los sobreprecios, que a priori, ya se sabe que no hubo estudios o se perdieron, a propósito, para no tener ninguna referencia.

¿Un modus operandi?

Sí, todo planeado, para inflar los costos. Y le cuento una pequeña referencia, que encontramos en el contrato con Petrochina. Pusieron presupuesto para una oficina local que debía vigilar el contrato, y la oficina no funcionó nunca, pero se gastó la plata. Nos dijeron que sí se reunían, pero en actos sociales.

Falta el detalle de este tipo de actos, de la corrupción.

En el primer informe no está detectada la corrupción, solo la ineficiencia y el costo para el país de decisiones mal tomadas.

¿Será posible cuantificar el monto de lo perdido por la corrupción?

Claro que se puede. Por eso el informe de la Contraloría sobre el destino de la deuda, será esencial para tener las pistas de la corrupción. Solo cuando tengamos en qué momento, con qué cuantía y quienes lo hicieron, para qué fines, se podrá saber los sobrecostos, que son enormes. Ahí se podrá seguir la pista, ver quienes firmaron los contratos. La gran corrupción estará ahí, no en el escándalo de Odebrecht.

¿Qué pasa con la deuda adquirida durante este gobierno? ¿También será auditada por ustedes?

Que yo sepa, no. No está en el programa de la Contraloría, todavía no se termina el del régimen anterior. Las cifras que se dan son hasta mayo de 2017.

Marlon Puertas

Focus News Ecuador

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