Exclusivo: contrato Campo Auca, lotería para Schlumberger, migajas para Ecuador
AGOBIADO POR LAS DEUDAS Y TENTADO POR UNA EXTRAÑA DESESPERACIÓN DE PAGAR LOS BONOS GLOBAL 2015, EL PRESIDENTE RAFAEL CORREA “MOVIÓ CIELO Y TIERRA“ CON EL FIN DE CONSEGUIR USD 1000 MILLONES. PARA ELLO FIRMÓ UN DECRETO QUE MODIFICA LA NORMATIVA TRIBUTARIA E INCORPORÓ LA CREATIVA FIGURA DE “DERECHO INTANGIBLE” EN EL CONTRATO DEL CAMPO AUCA SUSCRITO CON SCHLUMBERGER. ASÍ, LA MULTINACIONAL SE SACÓ LA LOTERíA: POR USD 1000 MILLONES DE ADELANTO, OBTENDRÁ INGRESOS NETOS DE USD 6.235 MILLONES, MIENTRAS EL PAÍS, APENAS RECIBIRÍA USD 1.559 MILLONES, SI EL PRECIO DEL PETRÓLEO SE RECUPERA EN EL MERCADO. FOCUS LOGRÓ VULNERAR LAS SIETE LLAVES QUE PROTEGÍAN ESTE CONTRATO Y LO PONE A CONSIDERACIÓN DE LA CIUDADANÍA.
El 11 de diciembre de 2015 (11D) fue un día milagroso. Ese día, el presidente Rafael Correa Delgado, reformó el Reglamento a la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno (RLORTI), para viabilizar la firma del contrato del bloque 61 (campo Auca) con la multinacional Schlumberger, encubierta en la empresa Shaya Ecuador S.A; pero, con esa “movida jurídica“ no solo se habría alterado el Reglamento sino la propia Ley. La creativa reforma le permitió al Gobierno recibir los codiciados USD 1.000 millones de adelanto, utilizando para ello una novísima figura del glosario petrolero ecuatoriano, la de “Derecho Contractual Intangible“.
Los USD 1000 millones solo quedaron registrados en los libros de cuentas de Petroamazonas, pues de ese monto, USD 650 millones, fueron desviados al pago de deuda externa (bonos Global 2015). Resta investigar quienes fueron los tenedores de esos bonos.
PREFERENCIAS POR DECRETO
El contrato de “Servicios Específicos Integrados con Financiamiento para el bloque 61“, determina que el Derecho Contractual Intangible será registrado por la contratista como “activo intangible en sus registros contables“, para ser amortizado dentro del plazo de vigencia de este contrato, como se establece en la referida reforma tributaria introducida por Correa.
Efectivamente, el Decreto Ejecutivo 844 publicado en el Registro Oficial 647, le permite a Shaya Ecuador (Schlumberger) amortizar el adelanto entregado al Gobierno en calidad de “intangible“, durante la vigencia del contrato (20 años), a través de una tarifa de 26 dólares el barril (US/BL), aunque esos recursos no hayan sido invertidos en el desarrollo del bloque petrolero. Los USD 1000 millones solo quedaron registrados en los libros de cuentas de Petroamazonas, pues de ese monto, USD 650 millones, fueron desviados al pago de deuda externa (bonos Global 2015). Resta investigar quienes fueron los tenedores de esos bonos.
¿SE COMETIÓ PECULADO?
Además, por obra y gracia presidencial, se liberó a la compañía del pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA), luego de contar con un criterio favorable de Ximena Amoroso, del Servicio de Rentas Internas (SRI). Sin la reforma tributaria la contratista tenía que pagar impuestos adicionales sobre un monto de aproximadamente USD 800 millones, que corresponde al ingreso por tarifa. De acuerdo con el contrato, Petroamazonas emitió una factura por el valor total de Derecho Contractual, es decir por los USD 1000 millones.
De acuerdo con varios juristas consultados, queda al descubierto que la reforma a la normativa tributaria, realizada por Rafael Correa, estuvo dirigida a maquillar un crédito externo de USD 1000 millones entregados por Schlumberger -o alguien a su nombre- con la rimbombante figura de “derecho intangible“. Precisan que una reforma de orden fiscal a favor de una persona o empresa particular es un abuso del sistema y un posible delito de peculado.
El Gerente de Petroamazonas, con un Manual de Procedimientos, modificó el alcance de una normativa superior y transformó un contrato de “Obras, Bienes y Servicios Específicos“, en un contrato de exploración y explotación de petróleo, incorporando la figura de “derecho intangible“.
EL INVENTO DEL SIGLO XXI: “DERECHO INTANGIBLE”
No solo la mano del Presidente intervino en la modificación del ordenamiento legal, sino también la del Gerente de Petroamazonas. En el contrato se establece que su “naturaleza jurídica“, se sustenta en el numeral 6,12 del “Procedimiento para Contrataciones de Petroamazonas“, una norma inferior salida del puño de la autoridad petrolera, que le otorga así mismo amplias potestades para modelar el contrato de prestación de servicios específicos a la medida de las necesidades.
El numeral 2,15 de los “Procedimientos“ aprobados por el Gerente, establece: “ …PETROAMAZONAS EP podrá, además celebrar contratos que propendan a obtener beneficios económicos de intangibles que surjan de derechos legales o contractuales.” De esta forma, el Gerente de Petroamazonas, con un manual de “Procedimientos“, modificó el alcance de una normativa superior y transformó un oneroso contrato de “Obras, Bienes y Servicios Específicos“, enun contrato de exploración y explotación de petróleo, incorporando la “creativa“ figura de “derecho intangible“.
Esta modificación de la normativa hidrocarburífera, para facilitar la utilización de USD 1000 millones en actividades distintas a las de la empresa pública, contradice lo establecido en el artículo 315 de la Constitución, la cual garantiza la autonomía de Petroamazonas, y dispone que solo los excedentes no invertidos o reinvertidos podrán pasar al Presupuesto del Estado.
De mantenerse los precios bajos del petróleo, el país recibiría ingresos por USD 1559 millones, sin embargo la contratista tendrá utilidades netas por USD 6.235 millones, durante el período contractual.
USD 7.774 MILLONES PARA LA EMPRESA, USD 1.559 MILLONES PARA EL ECUADOR
Con este contrato el gobierno puso en manos de Shaya (Schlumberger), un recurso estratégico nacional de 299 millones de barriles de reservas probadas de petróleo, que con una tarifa de 26 dólares por barril, representará un ingreso bruto para la compañía de USD 7.774 millones, durante los 20 años del contrato. El resultado económico del negocio, considerando la realidad actual del mercado de los hidrocarburos y proyecciones sustentadas en estudios internacionales, deja un saldo peligrosamente negativo para el Estado, mientras las cifras para la contratista resultan una verdadera lotería. Como se verá más adelante, el país recibiría ingresos por USD 1559 millones, sin embargo la contratista tendrá utilidades netas por USD 6.235 millones, durante el período contractual.
PRODUCIR UN BARRIL EN AUCA CUESTA 35 DÓLARES
El campo Auca es una de las Joyas de la Corona, tiene reservas probadas de 300 millones de barriles, una producción diaria de 63 mil barriles, se encuentra localizado en la provincia de Orellana.[/caption]
El objeto del contrato es la “provisión de servicios específicos integrados con financiamiento de la contratista“, en los campos del bloque 61 (Campo Auca) el cual incluye Servicios Principales y Servicios Extraordinarios. Solo los Servicios Principales se pagan con las tarifas establecidas, las cuales son aplicadas a la producción total del área del bloque 61, y definidas en los Planes Trienales (programas de tres años) donde se especifican las Actividades Comprometidas.
1 MILLÓN Y MEDIO POR DÍA
Considerando una producción fiscalizada del campo Auca, de 62 mil barriles diarios, a febrero de 2016, por la tarifa promedio de 26 US/BL, la compañía recibe 1 millón 500 mil dólares diarios, por Servicios Principales. El primer año la compañía tendrá una utilidad neta de USD 510 millones. En los seis primeros años Shaya tendrá ingresos netos superiores a USD 3.000 millones, es decir en ese lapso ya amortizó el 100% de sus inversiones.
Durante la primera fase se determina una inversión de la contratista de USD 1.100 millones, los cuales serán amortizados con una tarifa de 24 US/BL. Para la segunda fase se establece un monto de USD 500 millones, y una tarifa de 25,80 US/BL. En la tercera fase la inversión es de USD 500 millones, con una tarifa de 27,60 US/BL. En total, el contrato establece una inversión de USD 2.100 millones, para los 20 años de operación.
En el contrato se establecen tres fases “trienales“, cada una con montos de inversión y tarifas distintas. Durante la primera fase se determina una inversión de la contratista de USD 1.100 millones, por “Servicios Principales“, los cuales serán amortizados a través de una tarifa de 24 US/BL. Para la segunda fase se establece un monto de USD 500 millones, y una tarifa de 25,80 US/BL. Finalmente en la tercera fase la inversión estimada es de USD 500 millones, con una tarifa de 27,60 US/BL. En total, el contrato establece una inversión por parte de la contratista de USD 2.100 millones, para los 20 años de operación.
A partir del primero de enero de 2017, la contratista deberá contar directamente con sus propios equipos de perforación, workover y demás materiales. Lo cual significa una nueva ventaja a favor de la compañía.
Adicionalmente a estas inversiones, se debe considerar el Derecho Contractual Intangible, por USD 1.000 millones, el cual fue desembolsado en dos partes durante el mes de diciembre del año 2015. En total los aportes de Shaya (Schlumberger), según el contrato asciende a USD 3.100 millones, incluyendo el pago por el “derecho intangible“, el cual, a decir de varios analistas, no debería ser considerado como inversión y por lo tanto no debe ser amortizable con el petróleo del bloque 61. Además, resulta forzado hablar de USD 2.100 millones de inversión, cuando la contratista recibe 1 millón 500 mil dólares diarios, con una tarifa inflada por el total de la producción. Entonces, del mismo cuero salen las correas, subrayan.
El anexo K del contrato obliga a Petroamazonas a entregar a Shaya, desde la firma del contrato (diciembre 2015) hasta el 31 de diciembre de 2016, los equipos y materiales para el cumplimiento del plan de actividades del primer año.
El contrato no lo firma la transnacional Schlumberger, sino una empresa relacionada, Shaya Ecuador, creada 1 mes antes.
Las autoridades del sector hablaron de una inversión de USD 4900 millones, de los cuales USD 2.100 millones estarán destinados a incrementar la producción del bloque, durante los primeros nueve años, para subir la producción en 20 mil barriles diarios adicionales.
Con la firma del contrato, las inversiones petroleras que debían provenir del presupuesto del Estado, ahora serán asumidas por la contratista, liberando al Gobierno del financiamiento.
LOTERÍA PARA SCHLUMBERGER MIGAJAS PARA ECUADOR
PAGAMOS GASTOS OPERATIVOS… DEL CONTRATISTA
Según el contrato, las actividades de Petroamazonas en el bloque 61 incluyen entre otras, la evacuación del petróleo producido en el área de actividades hasta los centros de fiscalización, el suministro de toda la energía eléctrica, del transporte de la misma y la provisión de los combustibles necesarios para la ejecución de las tareas de operación y mantenimiento.
De acuerdo con la cláusula 31.2.1, Petroamazonas debe contar con el personal que fuere necesario para la ejecución de las tareas de operación. Esto significa que la empresa pública incurre en gastos operativos, adicionales a la tarifa reconocida a la contratista, lo que incide en la estructura general de costos y gastos de la operación del bloque. Según las cifras oficiales del año 2015, el costo operativo promedio en los campos maduros es de aproximadamente 9 dólares por barril. Es decir, producir un barril de petróleo en el campo Auca, con el nuevo contrato de servicios específicos, le representa al país 35 dólares, mientras el crudo oriente en febrero de 2016 se cotizaba en 22 dólares promedio.
Con estas variables es posible proyectar los ingresos netos de la contratista, los mismos que se pueden apreciar en el gráfico. Según estas proyecciones la compañía Shaya en los 20 años de operación, únicamente por Servicios Principales, alcanzaría una utilidad neta de aproximadamente USD 6.235 millones, considerando un potencial de reservas remanentes de 299 millones de barriles y una tarifa promedio de 26 dólares el barril.
En esta negociación el Estado ecuatoriano alcanzaría en los 20 años una utilidad de apenas USD 1.559 millones. La cifra se calcula con precios del barril proyectados por las principales financieras y bancos internacionales como Goldman Sachs.
EN TIEMPOS DE CEPE Y TEXACO…
En 1972, el gobierno militar de Guillermo Rodríguez Lara, creó la Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana CEPE, e impulsó un proceso de modificación y mejora para el país de la participación en el contrato con la multinacional Texaco, y sentó las bases para lo que sería años después, la reversión de los grandes campos, llamados Joyas de la Corona: Sacha, Auca, Shushufindi, Cononaco, Lago Agrio.
El subsuelo de estos campos ubicados en las provincias de Sucumbíos y Orellana, ha provisto de los principales recursos económicos al país por más de 40 años. Desde su reversión a Cepe-Petroecuador en 1989, diversos gobiernos han intentado, sin éxito, transferir al capital extranjero, la operación de estas áreas.
“He tomado la decisión de que los cinco campos (Joyas de la Corona) se contraten con la mayor urgencia por el sistema de obras y servicios específicos”, informó en 2003, el entonces Presidente Lucio Gutiérrez.
TRAIDOR, AQUEL QUE ENTREGA LAS “JOYAS DE LA CORONA”…
En junio del año 2003, cuando el joven economista Rafael Correa, aún no soñaba con Carondelet, el presidente Lucio Gutiérrez, intentó entregar las Joyas de la Corona al capital extranjero: “He tomado la decisión de que los cinco campos (Joyas de la Corona) se contraten con la mayor urgencia por el sistema de obras y servicios específicos”, dijo, el hoy opositor de Correa. El coronel Gutiérrez no alcanzó a cumplir su sueño, la rebelión de los forajidos se adelantó y lo sacó del poder.
El año 2006, cuando Rafael Correa pintaba como precandidato de las izquierdas, denunció que la sola idea de entregar las “Joyas de la Corona” al capital extranjero, hubiese sido motivo suficiente para “mandar a su casa al coronel Lucio Gutiérrez”.
En la desaparecida radio La Luna, el economista Correa, sentenció que pretender entregar esos campos, era “una traición a la Patria (…) ¿Somos idiotas? No nos vean la cara de imbéciles por dios”, exclamó.
Ya en el poder (octubre de 2007), Correa anunció la entrega del campo Sacha a la empresa mixta Río Napo (Petroecuador 70% y Pdvsa 30%), y las demás joyas: Auca, Shushufindi, Libertador, a las empresas Sinopec de China y Pertamina de Indonesia. Hasta entonces, la orientación de la política petrolera era de ruptura con el norte (EE.UU.), privilegiando a susaliados ideológicos: Venezuela, China y otros de los BRIC (Brasil, Rusia, India, China). De esta disposición solo se ejecutó la entrega de Sacha a Río Napo.
“Tienen un plazo de seis meses para que arranque la operación de todos los campos maduros, de incumplirse esto le agradeceré señor Presidente de EP Petroecuador pedirle a todo su equipo que presente la renuncia”. Rafael Correa, septiembre 2010.
“ME ESTOY VOLVIENDO PRIVATIZADOR“
Ante el retraso en la firma de los contratos, el 19 de mayo del 2008, en una reunión del Directorio de Petroecuador, el primer mandatario montó en cólera y alertó que la negligencia burocrática lo estaba “volviendo privatizador”. Las advertencias no sirvieron de mucho, dos años después (septiembre 2010) Correa volvió a presionar a los mandos petroleros, incluso amenazó con cortar cabezas, esta vez lo hizo por escrito: “Han pasado casi cuatro años y hasta ahora el único campo que está siendo optimizado es Sacha, dicho sea de paso, fruto de un extenuante seguimiento personal.”, señaló. Además, puso un ultimátum: “tienen un plazo de seis meses para que arranque la operación de todos los campos maduros, de incumplirse esto le agradeceré señor Presidente de EP Petroecuador pedirle a todo su equipo que presente la renuncia”, advirtió.
SERTECPEC, Y OTRAS TRANSNACIONALES
Desde el año 2012, Petroecuador y Petroamazonas, suscribieron varios contratos de servicios específicos con financiamiento para la recuperación de la producción de los campos maduros operados históricamente por el Estado.
Los primeros contratos se firmaron el 2012 con las compañías transnacionales Schlumberger, Tecpetrol, Canacol y la ecuatoriana Sertecpet, agrupadas en los Consorcios Pardaliservices y Shushufindi, para los campos Libertador y Shushufindi.
Posteriormente, en 2014, Petroamazonas firmó 17 contratos adicionales con 9 empresas petroleras privadas, agrupadas en seis consorcios, bajo la modalidad de “Prestación de Servicios Específicos Integrados con Financiamiento“. Según las autoridades “el riesgo de las inversiones a realizarse, era exclusivo de las empresas contratistas”.
El primer consorcio integrado por Schlumberger y Tecpetrol, fue encargado de los campos Edén Yuturi, Pañacocha y Tumali.
En el segundo y cuarto grupo: Halliburton Latin América, a cargo de los campos: Lago Agrio, Palo Azul, Pata, Pucuna, Charapa, Víctor Hugo Ruales, Tipishca Huaico, Arazá y Chanague.
El grupo tres conformado por: Sinopec International y Sinopec Services, manejaba Limoncocha, Indillana y Yanaquinchia.
El quinto grupo conformado por: Sertecpet, Montecz y Edinpetrol a cargo de Pacoa, en la provincia de Santa Elena.
Mientras el grupo seis integrado por la empresa YPF (Argentina) a cargo del campo Yuralpa, en la provincia de Napo.
RESULTADOS CATASTRÓFICOS
Para la ejecución de estos contratos las empresas invertirían USD 2.120 millones en cinco años, con el objetivo de incrementar las reservas en 171 millones de barriles. Según el vicepresidente de la República, Jorge Glas, en este tipo de contratos el 95% de la renta era para el pueblo. Se ofreció subir la producción a través de nuevas tecnologías de recuperación mejorada. Los referidos contratos fueron suscritos en octubre del año 2014, con una tarifa promedio de 35 dólares el barril por producción incremental, cuando el mercado mundial de hidrocarburos ya empezó a experimentar una caída de los precios del crudo.
Los contratos de servicios específicos suscritos el 2014, fracasaron. Los resultados reales, según cifras oficiales, fueron catastróficos: el costo de desarrollo y operativo el año 2013 fue de 105.9 dólares por barril incremental; el año 2014 bajó a 84.4, y el 2015 fue de 65.7 dólares por barril.
Entre 2013 y 2015 las compañías invirtieron USD 3.290 millones, para alcanzar una producción incremental acumulada de apenas 57 millones de barriles. Aunque el costo contractual de la producción incremental estaba en el orden de 35 dólares por barril, los resultados reales fueron catastróficos: el costo de desarrollo y operativo el año 2013 fue de 105.9 dólares por barril incremental; el año 2014 bajó a 84.4, y el 2015 fue de 65.7 dólares por barril.
Con los costos por las nubes y los precios por el piso, la decisión de Petroamazonas fue notificar a las compañías con la suspensión unilateral de esos contratos: “Solicito la suspensión de las actividades que su representada se encuentre ejecutando, las cuales deberán reanudarse una vez que se hubiere concluido el proceso de negociación…“, dice el texto suscrito por el entonces Gerente, Osvaldo Madrid.
Durante 8 años de la llamada “Revolución Ciudadana” (2007–2015) las inversiones en exploración y explotación de petróleo realizadas por las empresas públicas Petroecuador y Petroamazonas, llegaron a U$ 15.272,01 millones, una de las más altas de la historia petrolera, pero los resultados, principalmente el descubrimiento e incorporación de nuevas reservas probadas, fueron negativos. No deja de sorprender que después de haber registrado semejante gasto durante la época de bonanza, ahora el país se vea obligado a transferir al capital extranjero su principal negocio por un desembolso de USD 1.000 millones.
Frente al fracaso de los contratos de servicios específicos suscritos en 2012 y 2014, y ante la crisis económica de Petroamazonas, el gobierno de forma desesperada optó por transferir las inversiones y costos de la operación de los grandes campos, al capital extranjero, sumando en los contratos, una prima (adelanto) para refrescar la caja fiscal. El primer contrato suscrito fue el del campo Auca, se preparan nuevas adjudicaciones, como Sacha, Cuyabeno, ITT, entre los principales. La diferencia entre el contrato del bloque 61 con los anteriores de servicios específicos con financiamiento, es que en el actual se paga una tarifa por toda producción del área, mientras en los anteriores solo por la producción nueva, incremental.
Después de haber gastado USD 15 mil millones en Petroamazonas, las cuentas petroleras están vacías y con déficit. Al Presidente solo le queda encomendarse al todopoderoso, o como se dice ahora en Ecuador, por dinero hasta vendería el Panecillo.[/caption]
LA METIDA DE MANO EN EL CONTRATO
A raíz del sacudón provocado por la caída de los precios del crudo y el substancial incremento de los costos de producción, que ha llevado a Petroamazonas a una condición de iliquidez, el Gobierno empezó una romería internacional en busca de recursos financieros para sostener la operación petrolera. En ese orden se formalizaron propuestas a varias compañías extranjeras bajo la modalidad de servicios específicos con financiamiento. El régimen no solo buscaba inversión para sus campos, sino dinero a la vena fiscal, un adelanto. La idea entusiasmó a Schlumberger y a otras compañías.
Ante la invitación oficial, el 22 de julio de 2015, Petroamazonas y Schlumberger, suscribieron un acuerdo de confidencialidad, a fin de identificar las oportunidades para el desarrollo de proyectos integrados con financiamiento en los bloques 60 (Sacha) y 61 (Auca). En esa dirección, el ministro Coordinador se Sectores Estratégicos, Rafael Poveda, en septiembre de 2015, suscribió un memorando de entendimiento y un “Term Sheet“ con Schlumberger, para el bloque 61 (campo Auca), facilitándole a la compañía toda la información histórica del referido bloque.
Luego de analizar la información, principalmente el potencial de reservas que supera los 300 millones de barriles de crudo liviano, el 5 de noviembre de 2015, Schlumberger formalizó la propuesta denominada: “Apoyo a la operación de los campos del bloque 61“, documento que fue conocido el día siguiente por la Comisión de Contratos.
De izquierda a derecha: Osvaldo Madrid, Rafael Poveda, Jorge Glas y Pedro Merizalde. De acuerdo con nuestras fuentes, el entonces ministro de Hidrocarburos, Pedro Merizalde y el gerente de Petroamazonas, Osvaldo Madrid, no compartían plenamente los términos contractuales formulados por Schlumberger, eso habría provocado la salida de sus cargos.[/caption]
SHAYA UNA EMPRESA DE 1000 DÓLARES CON UN ADELANTO DE 1000 MILLONES
El 13 de noviembre de 2015 fue posesionado Carlos Pareja Yannuzzelli como titular de Hidrocarburos, y el 25 del mismo mes, su amigo José Icaza Romero, asumió la Gerencia de Petroamazonas. Las nuevas autoridades traían mucha voluntad y la agenda marcada desde el más alto mando del Gobierno. El camino estaba expedito para la firma del contrato, solo hacía falta desbrozar algunos escollos legales.
Javier Robalino Orellana, representante de Schlumberger BV, pertenece al estudio jurídico Ferrere.
Con la confianza que traían las nuevas autoridades, la compañía Schlumberger dio un paso más. El 20 de noviembre de 2015 creó Shaya Ecuador S.A., la empresa que suscribiría semanas después el multimillonario contrato.
Shaya nació con un capital de 1000 dólares, como accionistas figuran Schlumberger Ecuador, con 1 dólar (1%), creada en mayo de 2015 y representada por el ciudadano venezolano, Ronald Ayllón Palacios; y, como accionista mayoritaria consta la compañía Schlumberger BV, creada en el paraíso fiscal de los Países Bajos, con 999 dólares (99%) y representada por el ecuatoriano Javier Robalino Orellana, del bufete Ferrere Abogados. ¿Por qué Schlumberger no suscribió directamente el contrato y tuvo que crear una empresa relacionada?
Varios analistas coinciden en que, cuando se tuerce mucho la ley, hay que curarse en sano.
SCHLUMBERGER NO ARRIESGA SU IMAGEN DE MARCA
Intensas reuniones de trabajo entre las partes se realizaron en lujosos hoteles de la capital, como el Marriot. Altos funcionarios de la Presidencia y Vicepresidencia de la República desfilaban en el hotel, junto a los representantes de Schlumberger: Carlos Sarmiento, Andrés Donoso, Patricio Machado. Vale recordar que, Donoso y Machado, fueron las autoridades de Hidrocarburos que entre 2012 y 2014 negociaron los contratos de servicios específicos con varias compañías, incluida la propia Schlumberger para los campos Libertador y Shushufindi. Ahora el destino los puso al otro lado de la mesa.
Para cumplir con la formalidad, el Comité de Contratos, con fecha 1 de diciembre de 2015, autorizó el inicio de la negociación, ese mismo día, la Comisión designada para el efecto, presentó al Comité, el informe final de la negociación.
Siete días más tarde, el 8 de diciembre de 2015, la compañía Schlumberger, notificó a Petroamazonas que el proyecto sería ejecutado por su empresa relacionada, Shaya Ecuador S.A. Al parecer adivinaba que, tres días después, el 11 de diciembre de 2015 (11D), el Comité de Contratos aprobaría el informe de la Comisión negociadora y recomendaría al Directorio de Petroamazonas, la contratación directa con la flamante compañía.
11 DE DICIEMBRE, DÍA PARA NO OLVIDAR
Como se ha dicho, el 11 de diciembre será un día recordado en Petroamazonas. Fueron horas de intenso trabajo, hasta el estrés, dicen los testigos. Aunque las directrices venían desde el pináculo del poder: Rafael Correa, Jorge Glas, Alexis Mera, Rafael Poveda, en ese orden, abajo había que acomodar. Ese mismo día 11, el Comité de Contratos elaboró los informes técnicos, legales y económicos para la firma del contrato. Eran voluminosos documentos, centenares de páginas, fórmulas de cálculo, mapas, estudios geológicos, geofísicos, registros, leyes, códigos, reglamentos, manuales, leídos, analizados. Todos los documentos habilitantes fueron entregados el mismo día al Directorio de Petroamazonas, que luego de un sesudo y pormenorizado análisis los aprobó y recomendó la contratación directa con Shaya, la recién alumbrada hija de Schlumberger. Todos corrían, estaba de por medio 1000 millones para pagar los Bonos Global.
Y como si esto fuera poco, el mismo 11 de diciembre, el Gerente de Petroamazonas, José Icaza, evocando la Constitución de la República, las Leyes de Hidrocarburos y de Empresas Públicas y el código de ética del gobierno, dispuso la firma del millonario contrato. A partir de esa resolución los abogados se pusieron a la tarea de redactar el documento final: 43 cláusulas, anexos desde la A hasta la S, 264 páginas.
Un día antes de la aprobación, el 10 de diciembre de 2015, la Gerencia de Planificaci6n y Control de Gestión, ya se adelantó a anotar en el registro de la planificación presupuestaria (2016 al 2035), los términos económicos del contrato que se firmaría el 14 de diciembre de 2015.
XIMENA AMOROSO CERRÓ EL CÍRCULO, PERDONÓ EL IVA
El 08 de diciembre de 2015, tres días antes de que el Directorio de Petroamazonas aprobara la oferta de Shaya Ecuador, José lcaza, gerente general Petroamazonas EP, informó al SRI que se aprestaba a celebrar un Contrato de Servicios Específicos Integrados con Financiamiento, en el cual se contemplaba la entrega por adelantado y por una sola vez de un monto de USD 1000 millones por parte de la contratista, como contrapartida de la disponibilidad y aprovechamiento del activo intangible de Petroamazonas.
“El Derecho Contractual Intangible será amortizado por la contratista de conformidad con la normativa tributaria aplicable“, señala el oficio. Es decir, Icaza Romero, estaba consultando al SRI respecto a una normativa aún inexistente, la cual vio la luz tres días después, el 11 de diciembre, al ser publicada en el Registro Oficial.
La respuesta del SRI llegó el 10 de diciembre de 2015, 1 día antes de la reforma tributaria, Ximena Amoroso, respondió así a la consulta de Icaza, “De existir el pago por un Derecho Contractual Intangible de parte de la contratista, distinto a los derechos de autor, de propiedad industrial y derechos conexos y en contraprestaci6n a la disponibilidad del intangible de Petroamazonas EP (PAM), este no constituye un hecho gravado con IVA“.
EL PROCURADOR NO SE QUEDÓ ATRÁS
Hasta el Procurador del Estado, Diego Carrión, trabajó para el futuro. Un día antes de que el Directorio de Petroamazonas, apruebe los términos de la negociación, remitió un informe autorizando pactar el arbitraje internacional en la UNCITRAL.
Finalmente, el 14 de diciembre de 2015, el gerente de Petroamazonas, José Icaza Romero y el representante legal de Shaya Ecuador, el iraní Hooman Sadrpanah, suscribieron el contrato. Como testigos de honor estuvo el alto mando del gobierno: Rafael Correa, Jorge Glas, Alexis Mera, Rafael Poveda, Carlos Pareja, entre los principales.
Sustentar una contratación de orden estratégico, como la explotación de los principales campos petroleros, en modificaciones a reglamentos, cambios que alteran el espíritu de la Ley; o, en “procedimientos“ dictados al calor de la negociación, deja un paisaje jurídico deleznable y maltrecho que podría ser impugnable.
SERVICIOS INTEGRADOS CON FINANCIAMIENTO, UN ACOMODO INEXISTENTE
Como se puede advertir, la Ley no habla de servicios integrados con financiamiento, sino de servicios específicos, las enmiendas fueron introducidas a través de reglamentos y en el caso de Auca a través de una normativa inferior, como es el Manual de Procedimientos para Contrataciones.
El articulo 2 de la Ley de Hidrocarburos, en su parte pertinente, dispone:
“( … ) Las obras o servicios específicos que PETROECUADOR (Petroamazonas EP) tenga que realizar, podrá hacerlos por sí misma o celebrando contratos de obras o de servicios, dando preferencia, en igualdad de condiciones, a las empresas nacionales (…) “ .
Aunque las autoridades pretendan negar la entrega de la operación, existe una delegación de la explotación del bloque 61 a una compañía extranjera, realizada de forma directa. El articulo 16 del Reglamento a las Reformas a la Ley de Hidrocarburos, señala:
“los Campos en producción, cuya gestión se encuentran actualmente a cargo de las empresas públicas o sus subsidiarias, no serán delegadas a través de las modalidades contractuales previstas en el articulo 2 de la Ley de Hidrocarburosa empresas estatales de la comunidad internacional o a la iniciativa privada; sin perjuicio de que puedan realizarse contratos de servicios específicos de conformidad con el articulo 17 de la Ley de Hidrocarburos”.
Sustentar una contratación de orden estratégico, como es la explotación de los principales campos petroleros, en modificaciones a los reglamentos, cambios que rebasan y alteran el espíritu de la Ley; o, en “procedimientos“ dictados al calor de la negociación contractual, deja un paisaje jurídico deleznable y maltrecho que podría ser impugnable en el orden constitucional.
Haber procedido así, a criterio de varios juristas es exponer a las partes contractuales (La República del Ecuador y la empresa contratista) a una nulidad sustancial del contrato del bloque 61 y por lo tanto, al riesgo impostergable de costosas demandas de daños y perjuicios que, indistintamente de los seguros y garantías que se pudieren otorgar las partes, constituirán un caos comercial y más temprano que tarde, indemnización a favor de la parte más débil.
Fernando Villavicencio Valencia
@fevillavicencio
