Festín petrolero de empresas amigas de Lenin Moreno y Jorge Glas

UNO DE LOS SECRETOS MEJOR GUARDADOS EN EL GOBIERNO DE ALIANZA PAIS, ES REVELADO POR FOCUS: LA CORRUPCIÓN EN LOS CONTRATOS DE SERVICIOS PETROLEROS EN LOS CAMPOS SHUSHUFINDI Y LIBERTADOR. EL AÑO 2012 RAFAEL CORREA ANUNCIÓ INVERSIONES PRIVADAS POR USD 1685 MILLONES E INGRESOS AL PAÍS POR USD 3.500 MILLONES. CINCO AÑOS DESPUÉS, LA REALIDAD ES DESASTROSA Y AMENAZA CONVERTIRSE EN UNA CATÁSTROFE DURANTE LOS 15 AÑOS DE VIGENCIA. ESTOS CONTRATOS PROVOCARÁN PÉRDIDAS AL PAÍS POR USD 216 MILLONES, MIENTRAS LOS CONSORCIOS LIDERADOS POR SERTECPET Y SCHLUMBERGER TENDRÁN INGRESOS POR USD 7000 MILLONES.

Fernando Villavicencio / Redacción Focus

En una de las sabatinas de agosto de 2015, el presidente Rafael Correa Delgado, aseguró que producir un barril de petróleo le costaba al país 39 dólares, mientras el precio en el mercado no pasaba de 30. Parecía una tomadura de pelo del Mandatario, pero esa vez él decía la verdad. En buen romance, el pueblo estaba subsidiando 9 dólares de su bolsillo. Aunque muchos hablaron de un delirante error, Correa decía la verdad, una verdad que la bonanza de los altos precios del crudo (2006–2014) había impedido ver y sentir incluso a los críticos del régimen. Hasta que llegó el castigo: la caída del precio del petróleo que dejaba ver los harapos de la política petrolera del correísmo, envuelta en un nacionalismo bastante extraño.

El problema entonces no radicaba solamente en la caída en picada de los precios, sino principalmente en que el gobierno había triplicado los costos de producción y las tarifas, en los contratos de prestación de servicios firmados en 2011 con las compañías extranjeras, y en los novedosos contratos de servicios específicos con financiamiento, suscritos a partir de 2012, los cuales incorporaban tarifas de 39 dólares por barril. Así las cosas, con un precio de 140 dólares el barril, ni los economistas más acuciosos se preocupaban de tarifas de 39 dólares. Como dicen en el barrio cuando hay mucha plata, la pillería ni se nota.

El objetivo de la presente investigación es revelar el resultado de la ejecución de los contratos de servicios específicos con financiamiento suscritos en febrero del año 2012, durante el gobierno de Rafael Vicente Correa Delgado y Lenin Boltaire Moreno Garcés, para los campos petroleros Shushufindi/Aguarico y Libertador/Atacapi, con los consorcios (Shushufindi y Pardaliservices) liderados por las compañías Schlumberger y Sertecpet.

LOS PRIVILEGIOS DE SERTECPET Y EL HERMANO DE LENIN MORENO

La firma ecuatoriana Sertecpet, de propiedad de Eduardo López, exministro de Hidrocarburos de Lucio Gutiérrez, era una empresa con incidencia marginal en la industria hidrocarburífera. Es con el gobierno de Alianza Pais cuando alcanza un súbito despunte, en particular con la firma del contrato del campo Libertador. No pocos acusan a la empresa de alcanzar esos privilegios gracias a la relación familiar de uno de sus gerentes, Edwin Moreno Garcés, hermano de Lenin Moreno Garcés, Vicepresidente de la República, a la fecha de la firma del referido contrato, y actual coordinador de campaña del binomio presidencial del correísmo, según refiere el diario gubernamental El Telégrafo.

El rápido crecimiento de Sertecpet se advierte en las cifras del Servicio de Rentas Internas (SRI). Entre los años 2009 y 2015, la empresa tuvo una tasa de crecimiento acumulada del 325%, que se refleja en el pago de su impuesto a la renta: de declarar USD 260 mil el 2006, antes de la Revolución Ciudadana, pasó a pagar USD 5.9 millones en 2014 y USD 3.7 millones el 2015. Mientras por impuesto a la salida de capitales (5%) pagó USD 2.2 millones, lo que significa que sacó del país aproximadamente USD 43 millones.

Lenin Moreno y Los Hermanos López de Sertecpec

En su campaña publicitaria Sertecpet asegura trabajar con más de 40 compañías a nivel mundial, localizadas en 14 países, pero la realidad refleja que el 88,89% de sus ingresos provienen de la venta de servicios y equipos a los campos petroleros controlados directa e indirectamente por Petroecuador, actual Petroamazonas. Apenas el 11,10% corresponde a clientes privados nacionales y fuera del país.

Los ingresos ordinarios de Sertecpet crecieron de USD 85,82 millones el año 2012 a USD 141,30 millones el 2014. Entre tanto sus activos se ubicaron el 2015 en USD 120,73 millones.

CONTRATOS DE SERVICIOS, UNA PRIVATIZACIÓN ENCUBIERTA

Estos contratos fueron negociados bajo la tutela del entonces ministro de Sectores Estratégicos Jorge Glas Espinel, del ministro de Hidrocarburos Wilson Pastor Morris y del viceministro de Sectores Estratégicos Rafael Poveda Bonilla. La firma de los mismos le correspondió al entonces presidente de Petroecuador, Marco Calvopiña, actualmente encarcelado bajo acusación de corrupción.

Las comisiones designadas por el Directorio de Petroecuador estuvieron integradas por Wilson Pastor, Patricio Machado, Dalton Muñoz, Andrés Donoso, Mario Shauri, Rafael Burbano y Diego Regalado. Dos funcionarios de alto nivel que negociaron los contratos en representación del Estado: Patricio Machado y Andrés Donoso, luego pasaron a trabajar con Schlumberger, e integraron el equipo de negociación de la multinacional en 2015 para la firma del polémico contrato del campo Auca.

Una vez aprobadas las actas de negociación, el Directorio adjudicó los contratos a dos consorcios creados al calor de los acuerdos: Pardaliservices S.A., compuesto por las empresas: Tecpetrol, Schlumberger, Canacol, Sertecpet; y, al Consorcio Shushufindi S.A., integrado por: Schlumberger, Tecpetrol y KKR. Días después, los contratos fueron firmados por Calvopiña en la Presidencia de la República, teniendo como testigo de honor a Rafael Correa.

Los contratos fueron firmados por Wilson Pástor, hoy embajador en Viena, y Marco Calvopiña, preso por la corrupción en Petroecuador.

El día de la firma de los contratos, Rafael Correa, no ahorró términos para destacar las bondades: habló de una inversión de USD 1685 millones, de incrementar la producción hasta 60.000 barriles diarios en Shushufindi y 16.400 en Libertador, de recuperar cerca de 80 millones de barriles adicionales, y lo más importante, de generar ingresos para el Estado de USD 3500 millones. La participación del Ecuador sería del 95% y la del contratista menor al 5%, señaló. Incluso destacó que los gobiernos locales de Shushufindi y Lago Agrio recibirían USD 360 millones y USD 45 millones, respectivamente. El gobierno reconocía en los contratos tarifas de 30,62 U$/BL y 38,75 U$/BL por la producción incremental. En la misma alocución, Correa fue enfático en señalar que la negociación se realizó considerando un precio de venta de 90 dólares el barril. Sin embargo a esa fecha la talante del prestigioso economista no advirtió que el precio de un comodity (petróleo) sujeto a variables del mercado, podía caer incluso por debajo de los costos de producción, como en efecto ocurrió.

La oferta incluía la perforación de 2 pozos exploratorios a nivel del precretácico a riesgo total de las empresas. En caso de ser exitosa, Rafael Correa manifestó que esto cambiaría diametralmente el horizonte petrolero del país. En Shushufindi, el Mandatario aseguró que Schlumberger aplicaría técnicas de recuperación mejorada, con una inversión de riesgo de USD 1200 millones.

Correa terminó su discurso agradeciendo a los gestores del proyecto: Tengan la seguridad que los ministros que han dirigido esta negociación (el ministro Wilson Pastor, el ministro Jorge Glas) tienen ese amor de Patria, tienen esa honestidad y tienen esa inteligencia por la Patria”. Luego de los aplausos llegó el brindis.

Cinco años después de vigencia de los contratos, los resultados económicos son escalofriantes: Desde el año 2015, los campos generan pérdidas para el Estado y la proyección con los nuevos precios del petróleo durante los próximos 15 años advierte un panorama desolador. Estos contratos dejarían ingresos únicamente para las empresas contratistas por más de USD 7000 millones y una pérdida acumulada para el Ecuador de alrededor de USD 216 millones.

El objetivo de los contratos fue incrementar la producción a través de la prestación de Servicios Principales y Suplementarios. Los denominados Servicios Principales, consisten en actividades para incrementar el factor de recobro primario, que incluye sísmica de desarrollo, perforación y finalización de pozos de desarrollo, pozos de relleno, pozos verticales, pozos horizontales y reacondicionamientos. Otras son las actividades de recuperación mejorada, actividades técnicas tendientes a aumentar la producción por encima del factor de recobro primario, adicionando energía o alterando las fuerzas naturales del yacimiento, entre otras.

Mientras tanto los Servicios Suplementarios, consisten en la ejecución de obras y provisión de bienes asociados adicionales a los servicios principales, vinculados a las tareas de operación y mantenimiento del área de actividades a cargo de Petroamazonas.

UNA PRIVATIZACIÓN CON SELLO SOCIALISTA

La producción incremental por la cual las contratistas cobran una tarifa de 38,75 U$/BL en el campo Libertador y de 30,62 U$/BL en el campo Shushufindi, es aquella producción estimada futura que se obtiene de los pozos activos existentes en el área de actividades, la cual se encuentra sobre la producción base de Petroamazonas, entre la Curva Base (línea azul) y la Curva de Optimización de la Producción (línea roja). La delimitación de esta Curva Base fue la piedra angular que definió el margen futuro de beneficio de la contratista. A menor Curva Base mayor producción incremental, es decir, mayores ingresos a favor de la contratista.

A más de los millonarios ingresos por la producción incremental, los contratos aseguran a las compañías la provisión exclusiva de todos los servicios y equipos para la operación integral de los dos grandes campos. Pese a que se transfiere a la contratista el monopolio de la provisión de servicios y equipos, Petroamazonas figura como titular y operador. Consecuentemente, la empresa pública seguirá teniendo a su cargo y costo la operación del área de actividades, y como tal mantendrá sus derechos y obligaciones derivadas de la ejecución de la operación. En la práctica, todas las actividades en los campos Shushufindi y Libertador, desde la alimentación hasta la perforación de pozos está privatizada, lo único público es el membrete de Petroamazonas.

A más de los millonarios ingresos por la producción incremental, los contratos aseguran a las compañías la provisión exclusiva de todos los servicios y equipos para la operación integral de los dos grandes campos.

Solo durante los años 2015 y 2016, las pérdidas para el país fueron de USD 783.9 millones, mientras que por servicios principales las contratistas facturaron cerca de USD 1756 millones. La suscripción de los contratos de servicios específicos con financiamiento, provocaron la sobre explotación de los yacimientos y dispararon los costos de producción de 10 dólares el año 2011 hasta 29 dólares el barril el año 2014.

LA CEREZA DEL PASTEL EN BANDEJA DE ORO

Si proyectamos la producción real del campo Libertador a todo el período contractual, se alcanzaría un volumen de 63.7 millones de barriles, del cual corresponde a la Curva Base 34.8 millones y por producción incremental 28.9 millones de barriles. Por esta producción incremental, considerando la tarifa de 38.75 U$/BL, el Ecuador deberá pagarle a la contratista USD 1120 millones.

La fórmula obliga a que a más de la tarifa de 38,75 U$/BL por optimización de la producción, se debe sumar el costo de producción de Petroamazonas, más los costos de transporte por el oleoducto y el aporte por barril a la ley del fondo amazónico. Si consideramos que el precio del petróleo para los próximos 15 años oscilará entre 50 dólares, Ecuador registraría una pérdida acumulada de USD 254 millones por ingresos de la producción incremental.

Esta impactante realidad se debe a que los negociadores, increíblemente, se olvidaron de incluir la variable precio en las fórmulas de los mismos, por esta razón a mayor producción incremental y menores precios del barril de petróleo, el Estado solo obtiene pérdidas.

Los negociadores, increíblemente, se olvidaron de incluir la variable precio en las fórmulas de los mismos, por esta razón a mayor producción incremental y menores precios del barril de petróleo, el Estado solo obtiene pérdidas.

Al calcular la producción total del campo Libertador (producción base e incremental) a precios internacionales y deducir la tarifa, los costos de Petroamazonas, el transporte y los pagos por la ley del Fondo Amazónico, el Estado tendría ingresos netos de alrededor USD 1054 millones. Pero, si hacemos un ejercicio, y calculamos únicamente la producción de la curva base por el precio del barril de petróleo durante los 15 años, se obtiene ingresos de USD 1309 millones, superior en USD 254 millones a lo obtenido con la firma del cuestionado contrato.

Al final de cuentas, estos contratos que incluyen una descomunal tarifa por producción incremental, sirvieron para beneficiar exclusivamente a la contratista. No solo perdimos dinero, también nos quedamos sin las reservas de petróleo.

El contrato del campo Shushufindi es similar al de Libertador. El volumen de producción del campo durante el período ascendería a 248.7 millones de barriles, del cual la producción base corresponde a 122.6 millones y la incremental a 126.1 millones de barriles.

Esta producción incremental, multiplicada por la tarifa de 30.62 U$/BL, dejaría ingresos brutos a las contratista por USD 3861 millones, mientras que al Estado le dejaría una insignificante participación de USD 37.8 millones durante el período contractual, equivalente a USD 2.5 millones anuales. Una cifra que alcanzaría con las justas para pagar la campaña 1800 DELITO.

Los ingresos netos para el país alcanzarían los USD 4326 millones, pero si hacemos la relación únicamente con la producción de la curva base, tendremos una diferencia de USD 37.8 millones.

Concluiríamos entonces que como resultado de la ejecución de los dos contratos, se generarían ingresos a las contratistas solo por producción incremental (Servicios Principales) de USD 4982 millones, mientras la empresa pública cargaría con una pérdida de USD 216 millones.

Al calcular los rubros por Servicios Suplementarios (venta de servicios y equipos), monopolizados por las contratistas durante 15 años, se asegurarían ingresos aproximados de USD 1500 millones. Si consideramos además que manejarán la provisión exlcusiva de tubería y conexiones, obtendrían otros ingresos por USD 500 millones. Al final del negocio los dos consorcios habrán obtenido ingresos del orden de USD 7.000 millones. Una vez más se habrá cumplido la memorable expresión acusada a las derechas: Socializar las pérdidas y privatizar las ganancias, solo que ahora a cargo de un gobierno adorador del Ché Guevara.

Al final del negocio los dos consorcios habrán obtenido ingresos del orden de USD 7.000 millones. Una vez más se habrá cumplido la memorable expresión acusada a las derechas: Socializar las pérdidas y privatizar las ganancia

LABERINTO SOCIETARIO EN PARAÍSOS FISCALES

El consorcio Pardaliservices, fue creado el 2 de diciembre de 2011 por Jorge Marcelo Tinti y Santiago Ojea, ciudadanos argentinos, con un capital de 10 mil dólares. En calidad de secretario y patrocinador figura Bruno Pineda Cordero, hermano de Michael Pineda Cordero, asesor del Secretario Jurídico de la Presidencia, Alexis Mera Giler. El domicilio de la empresa está en Quito y es el mismo del grupo Techint (Tenaris, Tecpecuador-Tecpetrol).

Tenaris está constituida en el Gran Ducado de Luxemburgo (paraíso fiscal) controlada por San Faustín NV, constituida en las Antillas Holandesas (paraíso fiscal) que a su vez está controlada por Rocca & Partners SA, una sociedad domiciliada en las islas Vírgenes (paraíso fiscal). Tenaris Global Services (Ecuador), fue constituida en Panamá. Tenaris es la principal proveedora de tubería a Petroamazonas y representa uno de los rubros más altos de la empresa.

Tres días después de firmado el contrato, el 3 de febrero de 2012, se registró en la Superintendencia de Compañías, como nuevo accionista de Pardaliservices a Servicios Libertador (España) y Tecpetrol (Argentina). Entonces, el contrato firmado el 31 de enero de 2012, se realizó con Pardaliservices (Ecuador) una empresa que a esa fecha no tenía vinculación alguna con Schlumberger, Tecpetrol, Canacol y Sertecpet. Además, a esa fecha aún no se contaban con las garantías, las cuales fueron firmadas recién en marzo de 2012. Lo propio ocurrió con el consorcio Shushufindi.

Días después de creada Pardaliservices, se domicilió en España, Servicios Libertador, cuyos accionistas son Marble Properties BV, de nacionalidad holandesa, Ice Peak Investment, y Sertecpet E&P, estas dos últimas registradas simultáneamente a finales de 2011 en España, pero Sertecpet E&P fue registrada también en el paraíso fiscal de Panamá.

El 15 de diciembre de 2011 se fundó en Madrid, Tecpetrol Libertador BV, titular indirecta de Marble Propierties BV y Tecpetrol Servicios, empresas controladas por Tecpetrol Internacional SL, que a su vez pertenecen a Tecpetrol Internacional Inc, domiciliada en las Islas Vírgenes. La garantía equivalente al 40% del contrato del campo Libertador, fue emitida en marzo de 2012 por una empresa domiciliada en un paraíso fiscal. Tecpecuador S.A., tiene un contrato de prestación de servicios para el campo Bermejo, en el cual se establece que su matriz es Tecpetrol Internacional, domiciliada en las Islas Vírgenes.

La garantía de Tecpetrol Internacional, solo podrá ser ejecutable con sujeción a la legislación argentina, y únicamente después de obtener fallos definitivos en contra de Pardaliservices y Servicios Libertador SL. Lo propio ocurre en el caso de Canacol y su empresa vinculada Ice Peak Investment, que somete el reclamo a la legislación canadiense; pero, la normativa de garantías de PETROECUADOR señala que ésta será incondicional e irrevocable, y se sujetará a la legislación nacional.

La mayoría de empresas petroleras suscriptoras de contratos con el Estado están domiciliadas en paraísos fiscales, esto pese a que el discurso gubernamental condena los territorios offshore

La transnacional Schlumberger siguió el mismo sinuoso camino. Simultáneamente a la creación de Pardaliservices y consorcio Shushufindi, se conformaron en Holanda las compañías Libertador Holdings BV, y Shushufindi Holdings BV, dedicadas al manejo de títulos, acciones y otras actividades ajenas a las prácticas hidrocarburíferas.

La madre de todas las Schlumberger, fue creada en 1956, en las Antillas Holandesas (paraíso fiscal) se denominó Schlumberger Limited. Comercialmente hablando, la casa matriz figura en Houston-EEUU, pero opera en el mundo a través de una diversidad de nombres y empresas relacionadas. En Ecuador está inscrita en la Superintendencia de Compañías como Schlumberger Surenco, pero su domicilio según certificación de enero de 2012 está en Panamá, paraíso fiscal. Schlumberger Surenco es proveedora de servicios a Petroamazonas y Petroecuador.

La mayoría de empresas petroleras suscriptoras de contratos con el Estado están domiciliadas en paraísos fiscales, esto pese a que el discurso gubernamental condena los territorios offshore, considerados refugios de delincuentes de cuello blanco. En 2012, el entonces legislador Cléver Jiménez, consultó al Secretario Jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, respecto a la licitud o no de la firma de los contratos con empresas domiciliadas en paraísos fiscales y la respuesta del jurista fue que no contravenía la normativa.

Las garantías de Schlumberger para los contratos de los campos Libertador y Shushufindi, las emitió Schlumberger Surenco, y solo podrán ser ejecutadas a través de arbitraje internacional en la Corte de Londres, luego de haber obtenido fallos definitivos en contra de Pardaliservices y LibertadorHoldings BV, (Campo Libertador), y consorcio Shushufindi y Shushufindi Holdings BV (Campo Shushufindi). Como se puede apreciar se ha diseñado todo un laberinto de escudos societarios para dejar al Estado en total indefensión.

PETROAMAZONAS PONE CAMA, DAMA, CHOCOLATE Y MASAJE

Mientras la contratista factura tarifas de 38,75 y 30,62 U$/BL por producción incremental, a la empresa pública se le obligó a ejecutar una serie de costos, gastos, inversiones, riesgos y compromisos, lo cual convierte al contrato en un engendro de sobrecostos, un instrumento maquillado para socializar las pérdidas y privatizar las ganancias.

Entre las múltiples obligaciones de Petroamazonas constan: ejecutar las actividades de operación y mantenimiento de los pozos; evacuación del petróleo hasta los centros de fiscalización; suministro de toda la energía eléctrica; de los combustibles que fueren necesarios; entrega gratuita de oficinas, dormitorios e instalaciones a los empleados de la contratista; obtener licencias, aprobaciones, declaraciones de utilidad pública y permisos gubernamentales; efectuar el mantenimiento de todas las facilidades del área de actividades, incluyendo sin limitación facilidades de producción, de transporte, obras civiles e instalaciones; soportar todos los costos y gastos que demanden la operación del área de actividades; seguros y siniestros.

El correismo fue más allá, entregó sin costo toda la información geológica, sísmica y técnica del campo

El correismo fue más allá, entregó sin costo toda la información geológica, sísmica y técnica del campo; además, la data operativa, administrativa, tecnológica, ambiental, social, y todo el conocimiento histórico acumulado de esas importantes estructuras petroleras. Así consta en la cláusula 8.4.8, del contrato suscrito por Marco Calvopiña.

MONOPOLIO DE LOS SERVICIOS PETROLEROS

La cláusula décima quinta del contrato, obliga al Estado a contratar la provisión de servicios suplementarios con el “propósito” de contribuir con la optimización integral de las operaciones productivas, controlar la calidad de los bienes y servicios recibidos y tender a la homogenización y estandarización de los bienes y equipos.

Para realizar estas operaciones la contratista proveerá directamente o a través de sus subcontratistas, otros servicios adicionales como: intervención de pozos (pulling) y/o en la provisión de bombas para levantamiento artificial, wireline, slickline y/o químicos y servicios asociados a la provisión de químicos para el tratamiento de petróleo crudo y agua de formación que fueren requeridos para la operación, servicios de mantenimiento de instalaciones hidrocarburíferas, servicios de mantenimiento y operación de instalaciones de generación de energía eléctrica, mantenimiento de facilidades de producción, etc.

Durante quince años, las contratistas se aseguraron la provisión de prácticamente todos los servicios petroleros en el área de actividades, con una producción acumulada de alrededor de 300 millones de barriles, estas compañías estarían facturando no menos de USD 1500 millones, adicionales a los ingresos por tarifas.

Carlos Pareja Yannuzzelli ahora señala que Pedro Merizalde y Jorge Glas son los principales protegidos del gobierno.

Estos contratos han creado un monopolio privado en manos de Schlumberger y Sertecpet, mientras decenas de empresas nacionales y locales están quebrando.

Al leer detenidamente el contrato uno llega a la conclusión de que las cláusulas principales fueron redactadas por la contratista. La cláusula 15.4 es una muestra concluyente de ello: “…la contratista tendrá la primera opción o “first refusal” para proveer todos los tubulares requeridos para las tareas de operación y mantenimiento del área de actividades…”. Esta cláusula fue hecha a la medida e interés de una de las empresas que figura en los dos consorcios: La compañía Tecpetrol asociada a Tenaris, la cual es la mayor proveedora de tubería a Petroecuador y Petroamazonas.

En el caso de Sertecpet ocurre algo similar, esta compañía ecuatoriana, se vende así misma los equipos y servicios que registra como suyos, a los costos que defina la comisión integrada por ella misma.

SI NO SE PAGA CON PETRÓLEO SE PAGA CON DERIVADOS O IMPUESTOS

Para garantizarse el cobro de la tarifa por los servicios principales, en el supuesto de que los ingresos por la venta del crudo no alcanzare, Petroamazonas depositará en el fideicomiso abierto en el Banco Central del Ecuador, recursos provenientes de la venta interna de derivados o de otros ingresos presupuestarios a efectos de realizar el pago de los servicios principales de la contratista. Si no fueren pagados a la misma fecha de vencimiento de la factura que contuviere aquellas sumas, devengará intereses que la contratista tendrá derecho a cobrar, calculados a la Tasa Prime.

Luego de revisar los contratos, no es exagerado pensar que al redactar las principales cláusulas, los negociadores del Estado se quedaron dormidos o fueron dopados. El resultado es que, una vez más, el Estado termina otorgando grandes ganancias a las petroleras, a costa de su propia pérdida, ingresos que bien pudieron servir para cubrir las inmensas deudas que deja tras una década la Revolución Ciudadana.