La metida de manos en la justicia lleva 4 décadas, pero la correísta fue la peor
ESTE ES UN REPASO A UN VIEJO PROBLEMA DEL PAÍS: LOS POLÍTICOS NO SACAN SUS PEZUÑAS DE LA JUSTICIA, COMO DIJO EL EX PRESIDENTE DE LA CORTE SUPREMA, HÉCTOR ROMERO PARDUCCI. HA OCURRIDO CON MAYOR O MENOR INTENSIDAD, CON PERSECUCIONES A OPOSITORES E IMPUNIDAD PARA LOS AFINES. PERO LA DÉCADA CORREÍSTA PULVERIZÓ TODOS LOS ANTECEDENTES: FUE LA CAPTACIÓN PERFECTA DE LAS CORTES, COBIJADOS EN UNA CONSTITUYENTE Y LA CREACIÓN DE UN QUINTO PODER, ARMADO A SU MEDIDA. FILTRACIONES HAN REVELADO QUE LOS DENOMINADOS CONCURSOS TAMBIÉN ERAN SOLO PANTALLA. EL PODER DECIDÍA QUIEN PODÍA O NO OCUPAR LOS CARGOS DE ADMINISTRADORES DE LA JUSTICIA.
En 1997, el presidente de la Corte Suprema de Justicia Héctor Romero Parducci declaró para la revista Vistazo una frase que era una gran verdad y un secreto a voces en el Ecuador, desde hace décadas: “Los políticos tienen metidas sus pezuñas en la justicia”.
La propia Corte que presidió Romero Parducci, no estuvo inmune a este problema.
No era un problema menor ni reciente para el país. Aquello se venía aceptando como normal desde poco tiempo después de la restauración de la democracia, ocurrida en 1978. En ese momento, pese al arrollador triunfo de Jaime Roldós, fue su mentor y líder del CFP, Assad Bucaram, quien lideró las negociaciones y reparto de jueces desde el Congreso con el líder Conservador y su viejo enemigo Rafael Armijos. Después, Roldós tuvo una fuerte pugna con Bucaram y quedó sin fuerza política, rodeado de contradictores en las otras funciones del Estado. Ese era el panorama político hasta el 24 de mayo de 1981, día del fatal accidente de aviación en el que murieron el presidente y su esposa, así como su comitiva que viajaban a Loja.
Los conflictos por el reparto político de la Justicia se agudizaron en el gobierno de León Febres Cordero, quien tenía minoría en el Congreso, dominado por una mayoría de la Izquierda Democrática. Esta mayoría designó una nueva Corte, presidida por un afiliado a la ID, Gustavo Medina. Aquello no fue aceptado por el temperamental presidente que no dudó en enviar tanques de guerra y rodear el palacio de Justicia para evitar la posesión de los jueces designados por sus enemigos políticos. El conflicto duró dos meses.
Para 1988, la Izquierda Democrática llegó al poder con su líder Rodrigo Borja. Y con todos las funciones del Estado a su favor. La Corte se integró sin mayores conflictos y amplio dominio del partido gobernante, que tenía una cómoda mayoría en el Congreso. Pero entonces fueron los socialcristianos los que denunciaron persecución política, especialmente contra su líder, el ex presidente Febres Cordero, enjuiciado penalmente durante este gobierno, acusado de peculado por mal uso de fondos reservados para pagar USD 150.000 al experto israelí contra el terrorismo Ran Gazit. Finalmente, Febres Cordero fue absuelto después de un largo padecimiento en los tribunales.
La inestabilidad política que ocurrió después estuvo acompañada del dominio de los puestos claves en la Función Judicial: las salas de lo Penal de la Corte Suprema.
Vinieron juicios penales contra altas autoridades: el ex vicepresidente Alberto Dahik, el ex presidente Abdalá Bucaram, el ex presidente Jamil Mahuad, el ex presidente Gustavo Noboa…aunque las denuncias de corrupción estremecieron al país desde 1995 hasta 2002, lo que dio una idea de hacer justicia con estos procesados, en la sombra siempre se habló del poder oculto del entonces alcalde de Guayaquil, León Febres Cordero, considerado por entonces “el dueño del país”.
La Corte Suprema que en ese momento impartía justicia nació con el apoyo político de una consulta popular convocada por Fabián Alarcón, en 1996. Y aunque designada, una vez más en el Congreso, la diferencia con las otras fue que esta, para los diputados, sería la última Corte que armarían con sus decisiones. A partir de ahora, se dijo se aplicará el sistema de cooptación, es decir, la propia Corte nombraría las vacantes que se vayan generando con el tiempo, tomando en cuenta que los designados no tenían tiempo de caducidad de sus nombramientos. Eran vitalicios. Todo se sacramentó con la Asamblea Constituyente de 1998, nacida también bajo la voluntad de la misma Consulta Popular de Alarcón.
Llegó Mahuad y el país no entendía que estaba a las puertas de una de las peores crisis de su historia. La cooptación adoptada en la justicia generó comentarios positivos y funcionó por un tiempo: cinco nuevos magistrados fueron designados bajo este sistema de 1998 a 2003.
La crisis y el feriado bancario de 1999 hizo pensar que el país debía dar un giro de timón. Por eso ganó el improvisado Lucio Gutiérrez.
Fue Gutiérrez quien recurrió al Congreso para tumbar la Corte Suprema vigente y conseguir nuevos aliados políticos. En diciembre de 2004, Lucio convocó a sesión extraordinaria al Congreso, que ya tenía repartidas las cuotas de los nuevos magistrados. Así nació la PichiCorte, que anuló los juicios de Bucaram, Noboa y Dahik y encendió las calles. Ya para entonces comenzó a sonar con fuerza el grito “Que se vayan todos”, producto del hastío ciudadano. El primero que salió a la fuerza fue Gutiérrez. La propia Pichicorte tuvo los días contados y el país se quedó sin Corte Suprema. Alfredo Palacio solo fue una etapa de transición y la mesa quedó servida para quien siga los deseos de las calles. Eso lo entendió Rafael Correa y AP, que venían con un plan oculto: captar todos los poderes del Estado.
Los miembros de la desaparecida Corte de la cooptación, reemplazada por la “Pichicorte” acudieron a instancias internacionales para reclamar por el torpe procedimiento para su salida. La Corte Interamericana de los Derechos Humanos les dio la razón, condenando al Estado ecuatoriano a un pago millonario para los ex jueces.
Los miembros de la desaparecida Corte de la cooptación, reemplazada por la “Pichicorte” acudieron a instancias internacionales para reclamar por el torpe procedimiento para su salida. La Corte Interamericana de los Derechos Humanos les dio la razón, condenando al Estado ecuatoriano a un pago millonario para los ex jueces. Los montos individuales que recibirán aún se están negociando.
EL CORREÍSMO, LA ETAPA DE PROFUNDIZACIÓN O EL TOTALITARISMO EN SU MEJOR EXPRESIÓN
De León Febres Cordero, que tuvo como asesor a Alexis Mera, nunca se dijo que controlaba toda la Justicia, sí ciertas Salas, sí algunos jueces. Mera fue el secretario jurídico de la presidencia de Correa en sus 10 años y perfeccionaron la tarea inacabada de Febres Cordero: se debía controlar a todos.
La herramienta inicial fue la Asamblea Constituyente de Montecristi, que inclusive ayudó con los llamados Mandatos a que ningún juez obstaculice las decisiones políticas adoptadas por Correa. Ese es el caso del Mandato 13, que ordenaba que ningún juez del país acepte algún tipo de recurso que se presente por la incautación de empresas y medios de comunicación realizada por el gobierno a los hermanos Isaías. Era un buen momento para comenzar a tener medios oficiales: la aceptación de Correa había tenido un descenso en las encuestas y la decisión de armar un Estado de propaganda estaba tomada.
Pero en Montecristi no se perfeccionó todo el plan, pese a la creación del denominado Quinto Poder o Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, CPCCS, del que dependería nombramientos tan claves como el Fiscal General del Estado. Algo no terminaba de cuadrar a Correa, especialmente después del 30S, cuando algunos jueces no mandaban a la cárcel a quien él creía que eran culpables de la rebelión policial y su sangriento desenlace.
En 2011, Correa decidió convocar a Consulta Popular y “meter las manos en la justicia”, como él mismo justificó.
¿Cómo fue el proceso de renovación de las Cortes en el correísmo?
La periodista venezolana Patricia Poleo presentó, en agosto pasado, en su programa digital Factores de Poder, un capítulo dedicado a la metida de manos en la de Correa en la justicia de Ecuador. Allí se dieron algunas revelaciones, información proveniente de la filtración de correos que se cruzaron Correa, Alexis Mera, Johanna Pesántez, Gustavo Jalkh, Carmen Simone, Diego Cazar.
La periodista venezolana Patricia Poleo presentó, en agosto pasado, en su programa digital Factores de Poder, un capítulo dedicado a la metida de manos en la de Correa en la justicia de Ecuador. Allí se dieron algunas revelaciones, información proveniente de la filtración de correos que se cruzaron Correa, Alexis Mera, Johanna Pesántez, Gustavo Jalkh, Carmen Simone, Diego Cazar.
Y lo que se revela, impresiona: en el momento decisivo de la selección de jueces de la nueva Corte Nacional de Justicia, octubre 2011, desde el gobierno se envió una lista de aspirantes aprobados y desaprobados. Entre los aprobados, destacados con color verde, están el actual presidente de la Corte Nacional Carlos Ramírez, al que lo destacan como “afín” y de “buen actuar”. Otra aprobada fue Carmen Salgado, la madre del entonces ministro y hoy presidente de la Asamblea, José Serrano, así como Ximena Vintimilla, ex asesora de Rosana Alvarado, a quien califican de “Afín” y fue la que condenó a 10 años de prisión al entonces legislador de oposición Galo Lara, uno de los más fuertes acusadores de actos de corrupción del correísmo en esos momentos. Con el tiempo, más voces consideran que Lara es un preso político.
Entre los vetados, Raúl Ilaquiche, por ser esposo de la ex asambleísta Lourdes Tibán, integrante del movimiento Pachakutik y una permanente opositora a Correa.
Una vez armadas las Cortes, fue el momento de lo que muchos han denunciado como una persecución política implacable contra los opositores, utilizando la Justicia.
La criminalización de la protesta terminó con más de 700 enjuiciados. Los jueces y fiscales siempre tuvieron una guía para actuar: las sabatinas. El presidente no tenía empacho en referirse y presionar sobre quienes él consideraba que habían cometido un delito.
Pero si las sabatinas se quedaban cortas, según lo denunciado por Patricia Poleo, venían las presiones por otras vías, como comunicaciones directas a los involucrados. Habría ocurrido en el caso Cumbaratza, la muerte de Bosco Wisuma, juicios a Fernando Villavicencio y Cléver Jiménez, Mery Zamora, entre otros.
Eso era lo oculto. Públicamente, Mera repetía que “hay que respetar siempre la independencia de la Función Judicial”. El mismo Mera que ha sido mencionado por varios ex jueces destituidos como el directo responsable de haber hecho contacto con ellos para hacerles pedidos específicos, como lo sostiene la ex jueza penal de Guayas Djalma Blum.
A Mera no le preocupaba demasiado no dejar huellas de la injerencia política en la Justicia. Por eso no dudaba en poner su firma en documentos membretados de la Presidencia dirigidos a las altas autoridades de la Justicia, a los que en tono firme hacía pedidos concretos de no aceptar demandas contra el Estado debido a que según él no cabían siquiera ser recibidas. Y la segunda causa, debido a que el Estado no tenía el dinero para satisfacer los reclamos. Parecían órdenes. Y ningún juez o autoridad Judicial tuvo la dignidad de darle la respuesta que merecía al Secretario Jurídico. Al parecer, al estilo sumiso de la Asamblea de ese tiempo, las cabezas de la Justicia se limitaban a acatar el pedido, dejando sin juzgar reclamos de maestros jubilados que exigían reliquidaciones de sus pagos.
Ocurrió en 2014, este es el caso:
Imagen de la Carta que envió Alexis Mera a los jueces del Tribunal Contencioso Administrativo.
Otro ex juez, David Ayala, también acusa a Mera de injerencia directa. Y tiene la prueba, una llamada que grabó del ex funcionario en el que le llama a advertir respecto a un fallo contra el Estado, demandado por una “empresa mafiosa socialcristiana”.
“Le ruego que nos ayude en la medida de lo posible, sino ya veremos lo que hacemos”.
Vale recordar que el propio Mera estuvo como asesor del líder de los socialcristianos León Febres Cordero, cuando este fue alcalde de Guayaquil, a inicios del siglo. ¿Qué pasó en el caso del ex juez Ayala? Ayala dice que no le hizo caso a la “llamadita” de Alexis Mera pidiéndole “un favor” y por eso fue perseguido y destituido. Pero Mera no fue el único funcionario correísta que lo llamó, sostiene Ayala. También involucra a José Serrano. “Juez, te estamos persiguiendo, te estoy analizando juez”, dice que fue advertido por el actual presidente de la Asamblea, por un caso de narcotráfico.
Hay otras historias, menos políticas, pero en los que también hay denuncias de influencias desde el poder. Como el caso de un recién nacido que murió en una termocuna, en Milagro, y se acusó a dos médicos cubanos. El ex juez Juan Carlos Vizuete denunció que fue presionado por un funcionario de la Judicatura para que no acuse a los médicos extranjeros, que finalmente fueron sobreseídos y Vizuete, destituido.
Otro ex juez, David Ayala, también acusa a Mera de injerencia directa. Y dice tener la prueba, una llamada que grabó del ex funcionario en el que le llama a advertir respecto a un fallo contra el Estado, demandado por una “empresa mafiosa socialcristiana”.
Casa adentro, también hay ex funcionarios judiciales que desean dar sus testimonios de lo que vieron y consideran fue la peor etapa de sometimiento de la Justicia a las voluntades políticas del poder de turno.
El ex secretario de la Corte Suprema de Justicia, Honorato Jara, habló con nosotros. Por sus manos pasaron los casos más representativos y polémicos, sujetos a presiones de niveles poderosos. Es un testigo de primera línea. Jara tiene claro que la Justicia no se ha librado de las injerencias políticas, que han existido juicios en los que los políticos metieron sus manos y que las presiones se han manifestado de distintas maneras. Y que la peor época de sometimiento de la justicia al poder político, fue la década correísta, según su criterio.
¿QUÉ HA PASADO? ¿QUÉ DEBERÍA PASAR?
Pese a que hemos dicho que la injerencia política en la Justicia es un mal antiguo, los presidentes más nombrados sobre esta atribución que no les corresponde, son León Febres Cordero y Rafael Correa. En ambos casos, asesorados por Alexis Mera. Llegando a comparar los dos casos, Correa fue mucho más allá que Febres Cordero, fue peor. Con Correa, tocamos fondo. Lo dice Honorato Jara.
Según los correos revelados, Mera le daba órdenes a Johanna Pesántez, Ministra de Justicia en el correísmo. Ahora, Pesántez es la que ocupa el puesto de Mera y es la Secretaria Jurídica de la Presidencia.
Mera fue rechazado diplomáticamente por Estados Unidos, cuando Lenin Moreno lo propuso como embajador de Ecuador en Washington. Luego ha tenido que declarar y dar explicaciones en el caso Odebrecht, liberando a Correa de cualquier responsabilidad y diciendo que Glas fue el encargado de llevar a cabo las negociaciones con la empresa pagadora de coimas.
Decenas de ex jueces se unieron y decidieron emprender acciones judiciales por lo que consideran haber sido destituidos por no acatar órdenes políticas.
Una denuncia fue presentada en la Fiscalía del Guayas, con este video, en el que se escucha al presidente de la Corte del Guayas, Pedro Ortega, hablar con los jueces miembros de una Sala, a los que hace un pedido puntual sobre un fallo:
Hasta hoy, Pedro Ortega sigue en su cargo. Y la Fiscalía ordenó el archivo de la denuncia presentada por Ulloa, quien rechazó esta decisión del Ministerio Público.
Gustavo Jalkh sigue al frente del Consejo de Judicatura, como que no ha pasado nada. La oposición intentó iniciarle un juicio político, pero fue bloqueado en el CAL, que tiene mayoría correísta. El presidente Moreno le manifestó públicamente su respaldo.
Del tema, poco se habla, debido a la vorágine política generada en la división interna de AP.
Poner fin a la intromisión política en la justicia es algo complicado, una utopía prácticamente en Ecuador, pero es una meta que se debe conseguir. Hemos sido víctimas de un sainete judicial durante décadas, pero ha llegado el momento de poner un freno y armar Tribunales con gente proba, preparada y con la personalidad suficiente para no dejarse presionar. Jueces de verdad. ¿La Consulta Popular será el primer paso para aquello o será simplemente el inicio de un cambio de dueño de la justicia?
Redacción Focus
