Pablo Dávalos: en deuda, las responsabilidades de Correa recién comienzan

PABLO DÁVALOS INTEGRA LA VEEDURÍA DE EXPERTOS CONVOCADOS POR EL CONTRALOR PABLO CELI PARA AYUDAR EN LA AUDITORÍA DE LA DEUDA ADQUIRIDA DURANTE EL CORREÍSMO. Y PESE AL SECRETO QUE AÚN SE MANTIENE SOBRE MUCHOS CONTRATOS DE DEUDA, YA HAY RESULTADOS, COMO EL PRIMER INDICIO DE RESPONSABILIDAD PENAL QUE CAE SOBRE EL EX PRESIDENTE POR HABER ALTERADO LA FORMA DE CONTABILIZAR LAS OBLIGACIONES DEL ESTADO. DE ESTE Y OTROS HALLAZGOS, HABLA DÁVALOS, UN ECONOMISTA QUE RECHAZA EL MAQUILLAJE A LAS CIFRAS.

Contraloría emitió su primer informe sobre el manejo de la deuda externa durante el régimen anterior y estableció indicios de responsabilidad penal contra el expresidente Rafael Correa. Usted fue uno de los veedores de este proceso de auditoría. ¿Qué le parece este primer resultado? ¿Qué faltó?

Faltaron muchas cosas. Pero hay que resaltar, en primer lugar, la predisposición del Contralor Pablo Celi para trabajar con la Comisión veedora. Nos dio todas las garantías, las facilidades, el apoyo, para realizar este trabajo, puso a todo su equipo de auditores a trabajar con nosotros a tiempo completo. Segundo, la veeduría se integra desde varias dinámicas. Estábamos trabajando con auditores que tienen experticias predeterminadas y no tienen una visión macroeconómica ni tampoco tienen elementos jurídicos e institucionales. Entonces en el momento que se incorporan Marcelo Merlo y Alfredo Corral, León Roldós, economistas como Eduardo Valencia, Magdalena Barreiro y Dávalos, y las Cámaras por otro lado, se van tejiendo interpretaciones sobre los procesos. El auditor visualiza una parte específica del proceso, nosotros contribuimos a iluminar zonas oscuras, que generalmente el auditor no ve, por los mecanismos que tiene. Y gracias a esa iluminación de zonas oscuras, comenzamos a ver varios procesos que, de otra forma, no habría sido posible sacar a la luz.

Es la primera vez que se hace un ejercicio de esta naturaleza, auditar la deuda con participación de ciudadanos que manejan el tema.

Es la primera vez. Esta Comisión no tiene fuerza vinculante, apoya y sirve de sustento para el trabajo de Contraloría. Y una de las cosas que se descubre es la declaración de secreta y reservada a gran parte de la deuda. Ramiro Crespo está incorporado a la Comisión y sabe de las emisiones de deuda, entonces él sabe que cuando se hacen emisiones en los mercados, la emisión es secreta para evitar que los especuladores se aprovechen de la información. Pero una vez que ya se emite la deuda y las condiciones están establecidas, se transparenta el proceso. El ministerio de Economía utiliza de forma abusiva esa resolución y dice que el carácter de secreto y reservado no es solo para la emisión, sino para toda la operación, entonces no se puede controlar, ni auditar la emisión de papeles, porque se debe esperar la madurez del papel que puede ser hasta 10, 15 años.

Es decir, se mantiene el secreto de la deuda hasta que se cancela la obligación.

Exactamente. Pero cuando se cancele la obligación, la auditoría de la Contraloría será extemporánea, porque solo tiene vigencia hasta siete años antes, según la ley. Significa que ya no se puede auditar el proceso. ¿Qué es secreto? Por ejemplo, si se contrata un bufete de abogados para hacer la emisión de papeles, no se sabe cuánto costó eso, en qué condiciones se contrató, porqué se pactó esa tasa de interés, etc. Eso no se puede auditar. Y se vence el tiempo y no se podrá auditar jamás.

“¿Qué es secreto? Por ejemplo, si se contrata un bufete de abogados para hacer la emisión de papeles, no se sabe cuánto costó eso, en qué condiciones se contrató, porqué se pactó esa tasa de interés, etc. Eso no se puede auditar. Y se vence el tiempo y no se podrá auditar jamás”.

¿De dónde venía esta orden de hacer secretas las emisiones de papeles?

Del ministerio de Economía, año 2010. Pero la orden de secreta era para la emisión de bonos. No era aplicable a la deuda bilateral, tampoco para la deuda multilateral, porque en ambas no hay emisión. Sin embargo, utilizaron esto para encubrir todos estos procesos. Resulta que no solo la emisión fue secreta, sino para el conjunto de todo el proceso de endeudamiento, las preventas petroleras, etc. Por eso cuando Contraloría les pide información sobre estos contratos, se niegan y se amparan en esta resolución.

Si es así, por resolución de ministro, el ministro del actual gobierno puede emitir otra y dejar sin secreto la información, hacerla pública.

Esa es la recomendación que hace en su informe la Contraloría.

¿Por qué no se lo ha hecho hasta ahora? Vamos diez meses de otro gobierno.

No sabemos realmente porqué no lo hacen.

La ministra de Finanzas actual puede hacerlo.

No es que puede, debe hacerlo. La recomendación que establece la Contraloría es justamente eso: la eliminación del carácter de secreto y reservado a todos los procesos de deuda.

Las recomendaciones de la Contraloría son de cumplimiento obligatorio. Una orden.

Exactamente. Tiene que cumplirlas. Si la ministra no cumple las recomendaciones, está comprándose un problema jurídico muy fuerte.

Con este obstáculo que se toparon, ¿qué porcentaje de la información de la deuda no tuvieron ustedes acceso?

A contratos de endeudamiento no se tuvo nada de acceso. No quisieron entregarlos. Y esto nos contestaron: “La subsecretaría de Finanzas Públicas no mantiene el archivo completo de la documentación que respalda las diferentes operaciones de financiamiento”. No hay.

¿Dónde está esa información entonces?

No sabemos. El país no dispone este momento de un sistema coherente, completo y consistente de sus operaciones de deuda, a todo nivel. Desde la deuda bilateral, multilateral, emisión de bonos, preventas, etc. Es un manejo absolutamente discrecional con respecto a la deuda.

“El país no dispone este momento de un sistema coherente, completo y consistente de sus operaciones de deuda, a todo nivel. Desde la deuda bilateral, multilateral, emisión de bonos, preventas, etc. Es un manejo absolutamente discrecional con respecto a la deuda”.

¿Depende de la decisión política del actual gobierno para que se transparente todo? Esa información debe estar en algún lado.

El gobierno lo primero que tiene que hacer con este informe es derogar las resoluciones 001,002,003, del año 2010, que imponen el secreto. Y una reforma al Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas para normar el techo de la deuda.

Con el secreto impuesto, ¿cómo lograron tener una visión global del peso de la deuda adquirida en el anterior gobierno?

Ahí nos fuimos a la contabilidad de la deuda. Pedimos los contratos a los bufetes de abogados, a los emisores, se cruzó toda la información, para tener lo más completo posible el panorama de endeudamiento. Eso fue lo primero. Lo segundo que hicimos fue ver la estructura jurídica del endeudamiento. Es decir, cuánto estamos debiendo. Del año 2012 a 2017, establecer cuál es el volumen del endeudamiento. Ahí nos encontramos con otro escollo, que es el decreto presidencial 1218 de octubre de 2016, que cambia de manera abrupta la contabilidad de la deuda.

Decreto firmado por Rafael Correa…

Firmado por Correa y por eso Contraloría establece su responsabilidad penal. Correa se escuda en un manual del Fondo Monetario Internacional para cambiar la forma como se contabilizaba la deuda, manual que sí existe, pero es muy específico: dice que se puede hacer para consolidar las deudas del gobierno central, es decir, deudas de un ministerio con otro ministerio, y no se cuenta porque se trata de una misma deuda. Se aprovechan de esto y asumieron que el IESS forma parte del gobierno central y sacaron de la contabilidad de la deuda al IESS. Dos: asumieron que las emisiones de títulos del Banco Central también forman parte de este proceso y le sacaron de la deuda. Es decir, todo lo que es deuda interna lo sacaron, como gobiernos locales, certificados de tesorería del Banco Central, todo lo sacaron de la contabilidad de la deuda. Solo dejaron la deuda externa, pura y dura, con bilaterales, multilaterales y emisión. Ah, y sacaron también las preventas petroleras. Con todo eso, bajaron el monto de la deuda, por supuesto. En septiembre de 2016, ya estábamos en el 36% de deuda en relación al PIB. Con estas nuevas cuentas, se baja el monto y queda en el 21%. Por eso la Contraloría le pide que le dé el sustento para tal cambio. Existe una normatividad para registrar la deuda y establecer su trayectoria. Si tú cambias el resultado final, hay que cambiar toda la normatividad y eso no se hizo. Solo se cambió la parte final para no cumplir ese techo de 40% impuesto por la ley, pero el resto del proceso no se cumplió. Fue un cambio arbitrario, una manipulación de la ley y es mucho más grave porque irrespeta la autonomía del IESS.

“Se maquilló totalmente la deuda con el decreto de Correa. Y se transgredió la ley. Lo que ha hecho Contraloría es encontrar hallazgos que dan cuenta de las irregularidades de ese proceso, que no son administrativas ni tampoco civiles. Son penales”.

Esta es la acusación fuerte de Contraloría.

Es el argumento fuerte que la Contraloría visualiza para emitir sus indicios de responsabilidad penal contra Correa.

¿Qué tipo de delito se pudo haber cometido? ¿Se dice algo de eso en el informe de Contraloría?

Si la Contraloría emite un criterio sobre el tipo de delito, estaría prevaricando. Quien tiene que tipificar eso es la Fiscalía, con base en este informe. Puede ser peculado, falsedad ideológica…

Popularmente esto se conoce como el maquillaje de la deuda.

Sí, se maquilló totalmente la deuda. Y se transgredió la ley. Lo que ha hecho Contraloría es encontrar hallazgos que dan cuenta de las irregularidades de ese proceso, que no son administrativas ni tampoco civiles. Cuando se transgrede una ley, se la cambia, esa es una irregularidad. Y fuimos nosotros, como Comisión, quienes ayudamos a detectar esas irregularidades. Los auditores de Contraloría no tenían claro hasta qué punto este decreto para contabilizar la deuda, constituía una irregularidad. Nosotros lo dejamos claro, argumentamos y ahí la Contraloría dice sí.

¿La única responsabilidad de Correa es haber firmado este decreto? ¿Y su responsabilidad en tomar los fondos del IESS, del Banco Central?

La Contraloría está iniciando un proceso de auditoría al IESS. Es otra auditoría. Allí va a determinar la cuantía. Porque en el primer informe, no existe una cuantía y por eso no hay glosas ni responsabilidades civiles. Solo hay responsabilidades penales. Pero la Contraloría ya detectó la forma como se manejó el IESS y no sé si se decida hacer una Comisión veedora para el tema del IESS. Habrá un examen especial al IESS.

“La Contraloría va a iniciar otro examen especial para determinar porqué todos los certificados de tesorería que según la ley duran un año, se hizo renovación y duraron más. Dos, para saber porqué triangularon con acciones de la banca pública de Desarrollo o Banco del Estado, para pagar deudas públicas, lo que se llama dación en pago”.

¿Y sobre los fondos del Banco Central?

La Contraloría va a iniciar otro examen especial para determinar porqué todos los certificados de tesorería que según la ley duran un año, se hizo renovación y duraron más. Dos, para saber porqué triangularon con acciones de la banca pública de Desarrollo o Banco del Estado, para pagar deudas públicas, lo que se llama dación en pago. Habrá otro examen especial para eso.

Pagaron deudas con acciones de organismos estatales.

Y se llevaron la liquidez del Banco Central, liquidez que corresponde, por ejemplo, al encaje bancario. Fuimos nosotros como Comisión los que hicimos notar a la Contraloría esto. Ese fue nuestro trabajo, ayudar a iluminar el panorama, como estas daciones en pago. Entiendo que la Contraloría ya empezó este examen.

¿Qué tanto investigaron ustedes respecto a la adquisición de deuda con la venta anticipada de petróleo? El caso Petrochina, Petrotailandia.

Eso también es nuevo. En eso contribuimos a darle criterios a la Contraloría para que los califique como procesos de endeudamiento, porque estaban previstos como operaciones mercantiles. Allí también la Contraloría va a hacer exámenes especiales de los contratos. Hasta ahora solo hemos visto la identificación de estos procesos como parte del endeudamiento. Allí hay identificaciones de responsabilidad penal para el ex presidente Correa, porque en el caso de las preventas petroleras, él fue parte del Comité de Deuda, él autoriza ese proceso. Esto recién empieza. Faltan los exámenes específicos para cada uno de estos procesos. Esta primera auditoría determina el marco general, global, primero para saber cuánto debemos.

“La cantidad es fuerte. Son 10.000 millones de dólares que tenemos que pagar por deuda, anuales. Eso sí es bastante”.

¿Y sabemos cuánto debemos?

Tenemos una cifra provisional. A diciembre del año 2016 es de 65.749 millones de dólares. Eso corresponde al 68% del PIB, de ese año. Nos falta incluir todo el 2017 y lo que va del 2018.

Tiempo en el que hubo más endeudamiento.

Sí, pero también hubo pagos. Hay que ver todo eso. Y si se cruzan datos de lo que nos hemos endeudado y hemos pagado, tenemos 15.000 millones más. Fácil.

¿La Contraloría no ha pedido derogar el decreto que firmó Correa, para que se transparente el monto de la deuda?

Ese decreto que cambia el artículo 124, que se llama regla macro fiscal, es la que establece un límite al endeudamiento, hecho por el propio gobierno de la Revolución Ciudadana, en el 2010, para darnos la idea de que se manejan con eficiencia. En 2014 cae el precio del petróleo y comienzan a endeudarse de manera desesperada para sostener el mismo ritmo de gasto que tenían antes. Cae la inversión, sube la deuda y se rompe todo el andamiaje político. El presidente actual tiene que hacer algo con ese decreto. No podemos decirle al presidente cambie una ley, pero lo que podemos decir es que cumpla con la ley. Toda deuda que emita ya está por fuera de ese 40% y cae en lo mismo.

Esa es la teoría de los correístas. Que Moreno se sigue endeudando igual.

Por eso tiene que enviar una propuesta de ley para cambiar esta regla macro fiscal, cambiar el techo. Como analista económico, la recomendación es que cumpla con la ley. Y cambiar el techo no significa subirlo, porque así se ponga el 70%, ya se está por fuera de la ley, poniendo al ministro a que caiga en las mismas causales que ahora denunciamos. Se puede buscar otra forma de medir, por ejemplo, en relación con el déficit fiscal. No subir el techo, sino cambiar el mecanismo.

Teniendo ya una cifra aproximada de la deuda, 70.000 millones, ¿qué tan manejable es esa cantidad para el gobierno?

Las deudas son manejables, no como volumen, sí como capacidad de pago. Se puede deber el 60% del PIB o el 80%, pero sabiendo la capacidad del pago respecto a ese volumen de deuda. A los prestamistas les interesa que pagues los intereses y el capital.

¿Cuál es nuestra capacidad de pago?

La cantidad es fuerte. Son 10.000 millones de dólares que tenemos que pagar por deuda, anuales. Eso sí es bastante.

¿Cuánto tiempo más podemos sostener ese ritmo de pagos fuertes?

El problema que tenemos nosotros como economía se llama dolarización. Necesitamos liquidez para pagar la deuda y para sostener el crecimiento interno. Ese es nuestro problema: ¿tenemos los dólares suficientes? El tamaño de la economía del Ecuador es de 120.000 millones de dólares, de los cuales el presupuesto del Estado es solo una parte, 34.000 millones. El problema es el conjunto de la economía. No solo hay que preocuparse de la liquidez para el gobierno. ¿Y la liquidez de los importadores? ¿Y los depósitos de los bancos? ¿Y la liquidez interna?

¿Qué va a pasar con ustedes, veedores, después de este primer informe de la Contraloría?

El Contralor nos ha dicho que le gustaría que sigamos colaborando, pero esa es una decisión política del Contralor. Creo que la creación de esta veeduría le ha dado un espacio de apoyo a la Contraloría y esperemos que nos siga llamando para eso.

¿Todavía no ha terminado el trabajo de ustedes?

Teóricamente, no.

Marlon Puertas