Paulina Araujo: ¿Los ecuatorianos tenemos la certeza que se va a administrar justicia?

PAULINA ARAUJO, CATEDRÁTICA DE DERECHO, HACE UN ANÁLISIS DEL DESARROLLO DE LAS INVESTIGACIONES PENALES SOBRE PETROECUADOR Y ODEBRECHT. DETECTA DILACIONES. CRITICA INTERPRETACIONES NORMATIVAS ANTOJADIZAS. Y, SOBRE TODO, ALERTA DE LA AMENAZA PERMANENTE DE LA INJERENCIA POLÍTICA EN LOS RESULTADOS. UN VIEJO MAL DEL ECUADOR QUE LO MANTIENE ESTANCADO EN SU DESARROLLO.

Tenemos un ex Contralor prófugo, un ex Fiscal General que fue retenido, tenemos un Vicepresidente sin funciones, tenemos toda una institucionalidad golpeada por la corrupción. Y los funcionarios que terminan involucrados se declaran víctimas. Don Galo Chiriboga se quejó amargamente por su retención.

Si usted busca la figura de retención en nuestras normas, no la va a encontrar. Pero el propio ex fiscal General tiene que hacer notar también al país que, sí, lamentablemente, por las razones que fueren, hay personas que han huido de la justicia y creo, que más allá de lo que determine el Código Orgánico Integral Penal, sin que esto quiera decir que lo vamos a irrespetar, la ciudadanía está cansada de que se creen normas que al parecer no les llegan a todos. Hay quienes tienen un blindaje, prebendas o prerrogativas para mantenerse al margen de la ley y así burlarse de todo un país, lo que no está bien.

Galo Chiriboga ha dicho que él no es Carlos Pólit para huir, que no es Capaya. Pero el hecho es que todos ellos resultan personajes claves de la época correísta, considerada ya como la más corrupta.

Vea, si nos vamos a ciertas resoluciones que tomó el ex fiscal Chiriboga, nos podemos dar cuenta que no fueron acertadas, sino más bien, ya en los hechos, nos han llevado a la impunidad y a que esta gente esté prófuga de la justicia. Muchas de las denuncias que hicieron los miembros de la Comisión Nacional Anticorrupción fueron presentadas en el periodo del ex fiscal. ¿Qué fin tuvieron esas denuncias? El archivo. Y hasta declarada alguna como maliciosa y temeraria. ¿Cuál es un patrón de comportamiento en Ecuador? Que los funcionarios públicos, cuando se les pide que rindan cuentas, se ofenden, se consideran los perseguidos, las víctimas. Cuando deberían entender que lo normal es que rindan cuentas, que esa es parte de su obligación, no es un favor que hacen a los ciudadanos.

Hablemos del actual fiscal Carlos Baca Mancheno. No quedó muy bien parado cuando fue el último en enterarse del regreso de Carlos Pareja Yannuzzelli, Capaya, acompañado del presidente de la Asamblea José Serrano.

Lo que vimos fue la entrega voluntaria de un prófugo de la justicia. El cómo se realizó, con quien se contactó, los medios que le facilitaron para que llegue a Ecuador, es lo de menos, incluso pudo haberlo hecho solo. Ahora, más allá de que la Fiscalía haya dicho que no estaba al tanto de esta entrega, lo que parece es que vamos a tener un convenio de cooperación eficaz. Y la cooperación ya fue pedida por la defensa de Pareja Yanuzzelli, pero quien tiene la batuta de ponderar la información que va a aportar el supuesto cooperador, para determinar si efectivamente aporta elementos nuevos, es precisamente el Fiscal General del Estado.

“Los funcionarios públicos, cuando se les pide que rindan cuentas, se ofenden, se consideran los perseguidos, las víctimas. Cuando deberían entender que lo normal es que rindan cuentas”

¿Qué tanto puede pesar en la consecución de este acuerdo de cooperación con la Fiscalía, el hecho de la intervención del gobierno al haber conseguido convencer a Capaya que regrese al país? Se dice que Capaya pudo haber negociado algo con anterioridad, antes de decidir venir.

Eso lo vamos a evidenciar los ecuatorianos en el transcurso de los días. Vamos a ver si, efectivamente, la información que trae el señor Carlos Pareja es trascendental para descubrir lo que todos los ecuatorianos lo tenemos bastante claro, o mas bien, podríamos estar frente a una persona que, primero evadió la justicia poniéndose a buen recaudo en Miami y, adicionalmente, podría haber la posibilidad que se trate de una persona que intenta beneficiarse de su propio dolo. Esperemos que no venga a repetir información que ya se tiene, porque de ser así su entrega no tendría porqué ser cobijada por ningún tipo de rebaja de pena, que es lo propio de la cooperación eficaz.

Lo que mucha gente no concibe es que si se concreta esta cooperación eficaz, hay la posibilidad escrita en la ley, de una rebaja de pena de hasta el 90%. Se cuestiona qué tipo de justicia sería esa.

Carlos Pareja Yannuzzelli tiene varios delitos que le han sido imputados: lavado de activos, delincuencia organizada, cohecho, asociación ilícita…aquí la Fiscalía deberá determinar si procede aplicar el artículo 20 del Código Orgánico Integral Penal que habla de la concurrencia real de delitos. Es decir, que en toda esta trama ha habido varios delitos autónomos, porque así la pena puede ser sumada, uno con otro, hasta un máximo de 40 años. Ese es el primer punto. Una vez que ya se individualice la pena completa de todos estos ilícitos, que se supone se van a demostrar que cometió el señor Pareja, ahí es lo que procedería aplicar el 10% del mínimo de la pena. Es decir, podríamos tener un 90% de reducción. Esta figura la crearon los asambleístas en el nuevo COIP, la cooperación eficaz no existía en el Ecuador, rige desde agosto de 2014.

En otros países ya existía esta figura, como en Brasil, en donde el propio Marcelo Odebrecht se vio beneficiado.

Exacto, allá se llama delación premiada. Otros países también han acogido esta figura llamándola Derecho Penal Premial, que se lo hace con el objetivo de desarticular estas redes, ya que este tipo de delincuentes no operan solos, entonces se requiere de alguien que haya estado inmerso en las actividades delictivas y pueda descubrirlas. Como esa ayuda será trascendental, la justicia le premia con una reducción de pena.

¿Qué pasa con el resarcimiento del perjuicio económico ocasionado por el cooperante?

Hay quienes sostienen que si se aplica la cooperación eficaz en el caso de Pareja Yannuzzelli, él no tendría el deber de indemnizar al Estado ecuatoriano por el abuso de fondos públicos. Yo me permito disentir, porque el COIP determina que todo delito tiene una pena, todo delito tiene multa y en todo delito se debe establecer la reparación integral. Así que en el supuesto de que la colaboración de Pareja sea eficaz y se le vaya a reducir la pena, el señor tiene que reparar el dinero público del cual abusó.

“No existe norma en el COIP que diga “solo se podrán pedir por la Fiscalía dictar medidas cautelares una vez que se haya iniciado el proceso penal”. Eso no existe en ninguna parte del Código”

He escuchado a legisladores hablar de proponer reformas que permitan recuperar el dinero mal habido por parte de estos funcionarios. Pero si ya está establecida la reparación, no haría falta.

Yo he sido muy crítica con el COIP, pero para uno ser crítico al menos estudia lo que va a criticar. En el COIP hay un capítulo entero que habla de la reparación integral. Todo delito genera reparación integral. Pareja Yannuzzelli tiene que reparar y quizá eso es lo que se está buscando, porque no ganamos mucho con personas tras las rejas, si a fin de cuentas saldrán y disfrutarán del dinero mal habido que es de todos los ecuatorianos.

Si en algún momento se da un acuerdo de cooperación eficaz entre Pareja y la Fiscalía, será secreto. Nadie podrá enterarse de los términos de ese acuerdo.

Exactamente, se mantiene en reserva porque se entiende que el cooperador va a entregar información bastante sensible, información que podría alertar a los que se saben involucrados y, como es usual, se pondrán a buen recaudo poniendo esa traba a la administración de justicia para seguir avanzando.

Pasemos al tema de Odebrecht. Y comencemos por la exigencia que hacen varios sectores respecto a que ya es momento que Fiscalía pida medidas cautelares para el vicepresidente sin funciones Jorge Glas. Pero el fiscal Baca Mancheno insistió que no puede solicitar medidas cautelares en contra de personas que no están siendo procesadas.

No existe norma en el COIP que diga “solo se podrán pedir por la Fiscalía dictar medidas cautelares una vez que se haya iniciado el proceso penal”. Eso no existe en ninguna parte del Código. De ahí, interpretaciones extensivas no cabe. La Constitución establece, en el artículo 195, que la función primordial de la Fiscalía es llevar adelante la investigación preprocesal y procesal penal. Y, de encontrar mérito, acusar. Es decir, las funciones de los fiscales se dan en una fase preprocesal y también en el proceso. Luego, si yo llevo la norma constitucional al COIP, concretamente artículo 444, numeral 11, me va a decir que dentro de esas funciones del fiscal, en etapa preprocesal -investigación preliminar- y procesal, puede solicitar al juzgador que dicte medidas cautelares y medidas de protección. No hay norma expresa que diga que solo cuando está iniciado un proceso penal, ahí es cuando el fiscal podría solicitar una medida cautelar o de protección, porque sería absurdo, sería desnaturalizar el ámbito penal. Yo tengo clientes que están en una mera investigación previa y tienen dictadas medidas cautelares, por ejemplo, retención de fondos en las cuentas. Eso para garantizar que de ser procesados y de ser encontrados responsables, van a tener el dinero para reparar. Ahora, aún asumiendo que existieran medidas cautelares, aún asumiendo que ya un alto funcionario estuviera involucrado en un proceso, ¿podemos tener certeza los ecuatorianos de que va a cumplir su pena y que va a reparar? Cuando también tenemos precedentes nefastos como, cuando casi al dejar la presidencia el ex presidente Correa, indultó a gente sentenciada por peculado. Con eso, ¿los ecuatorianos tenemos certeza que se va administrar justicia? Al menos permítannos un margen de duda. Segundo, ¿los responsables van a cumplir su pena y van a reparar los daños? Estamos esperando que así sea. Pero ya nos cansamos de seguir esperando, de excusas, de interpretaciones normativas que destrozan nuestro sistema de enjuiciamiento. Ya es el momento de ponernos un poquito más serios y los funcionarios públicos deben saber que les pagamos su sueldo todos los ecuatorianos y lo menos que se espera es que actúen de manera solvente, pronta, eficaz y que los resultados se vean más allá de los discursos.

¿Podemos tener certeza los ecuatorianos de que los responsables van a cumplir su pena y que van a reparar? Cuando tenemos precedentes nefastos como cuando, casi al dejar la presidencia el ex presidente Correa, indultó a gente sentenciada por peculado”

Entre los cambios que trajo el nuevo COIP, hay algunos que suavizaron las penas para ciertos delitos. Y también suavizaron delitos. Por ejemplo, antes el dar contratos públicos a dedo, era considerado peculado. Ahora solo es tráfico de influencias, que implica una pena menor.

Así es, tiene una pena menor y, adicionalmente, prescribe en cinco años, cosa que el peculado no. Es decir, contratos dados en el 2011 o 2012, me atrevo a decir que ya estarían prescritos porque nuestros asambleístas al crear el COIP, decidieron que una de las formas más claras de abuso de fondos públicos que es dar contratos a dedo vulnerando toda la normativa, como siempre ha sido, ahora sea considerada una conducta menos grave y que en cinco años ya no se la pueda juzgar. Y esta observación se la hizo desde la academia, no cuando ya se aprobó el COIP, sino cuando se debatían sus borradores. Yo acudí a la Comisión de Justicia, cuando era presidida por el ex legislador Mauro Andino. Y se les dijo. ¿Por qué hicieron esto? Nadie lo supo explicar y hasta el día de hoy, salvo la asambleísta Cristina Reyes que ya presentó una propuesta de reforma al COIP para que esto se cambie, del resto nadie se pronuncia. Y esto sí duele, porque si constatamos todo lo que está pasando ahora en Ecuador, viendo como están las cosas, yo me atrevería a decir que haber quitado del peculado el otorgar contratos a dedo, mas bien fue una medida -y espero equivocarme- que solo puede conducirnos al puerto de la impunidad.

¿Usted cree que todo esto fue pensado, planificado?

Llámele como le llame, el resultado es que tenemos una norma que está avalando la impunidad. Está avalando que el paso del tiempo, que es bastante corto cinco años, haga que corruptos que abusaron del dinero de los ecuatorianos queden libres de culpa, no respondan ante el país y simplemente se dediquen a disfrutar lo que ilícitamente consiguieron. Y no hay voluntad de que eso sea reformado.

Otra reforma que ata a la Fiscalía, es que ahora, para iniciar instrucción por peculado, se requiere obligatoriamente del informe previo con indicios de responsabilidad penal establecidos por la Contraloría. ¿Desde cuándo esto es así?

Rige de manera generalmente obligatoria desde el 10 de agosto de 2014 cuando entra en vigencia el COIP, pero años antes la ex Corte Suprema de Justicia ya había sentado un criterio que se tenía que esperar a que haya un pronunciamiento de Contraloría. Algunos fiscales detenían la investigación, esperaban ese informe y luego la retomaban. Otros, actuaban con la Constitución en la mano y decían que el titular de la investigación es Fiscalía. Porque sino sería entregarle la tutela de la investigación a otro órgano que es la Contraloría y hacerlo prerrequisito para que empiece a caminar el poder de sanción del Estado.

Eso es lo que ha pasado durante los últimos años.

¿Cuándo nace esa situación? Con el Código Orgánico Integral Penal.

Se trata de otra norma que les conviene a los corruptos.

Y si no les conviene, porque hay otras normas que también son duras, como la acumulación de penas hasta 40 años, ¿qué garantías tenemos? Aún asumiendo que esta ley estuviera bien hecha, que garantías tenemos de como va a ser aplicada por los jueces. Entonces entramos de nuevo al problema. La norma funciona bien cuando tenemos una Función Judicial transparente, independiente, que goce de la credibilidad de los ciudadanos. Hemos tenido lamentables ejemplos de juzgadores que no han dado la talla ni con conocimientos ni con probidad. Lamentablemente aquello se está repitiendo, según lo visto, en las autoridades de control.

Además, la Contraloría tiene un tiempo límite para realizar sus auditorías de control, que es aleatorio, no es a todos los contratos públicos. Si no lo hizo en ese lapso, después ya no lo puede hacer.

Todo este andamiaje jurídico así se dio. Antes, para la contratación pública se requería un informe previo, vinculante, del Procurador General Estado, que haga un tamiz previo para ver si la contratación que se iba a dar, era acertada. ¿Cuándo se deroga esa potestad del Procurador? En la década pasada. Y eso de poner plazos a la Contraloría para que realice sus exámenes, pueda ser que fácticamente no le permita realizarlos, por la gran cantidad de datos a tabular. Y que sea aleatorio y no se investiguen todas las contrataciones, nos duele más. Pero ya que han salido a la luz, y no en Ecuador, información en otros países como el caso Odebrecht, lo menos que se esperaba es que todos los contratos suscritos con la constructora, por lo menos tengamos los nombres de quienes participaron y también de quienes gestaron que se dé una declaratoria de emergencia para que esté al margen de un control más riguroso. Porque ese también es un patrón de comportamiento en estos contratos que han evidenciado la corrupción rampante en el Ecuador.

Acá empezamos tarde las investigaciones. Creo que recién ahora han empezado a desfilar por la Fiscalía los responsables de las contrataciones con Odebrecht.

Es importante tener en cuenta que también se ha desvirtuado la actuación de los órganos públicos. Las comparecencias o versiones se han convertido en un centro de componendas políticas. Y los asambleístas deberían dedicar su tiempo a fiscalizar en serio y a legislar mejor, no como estas normas deficientes, antes que estar defendiendo a un funcionario.

“Si no hay una confianza ciega de todos en la justicia, podrán venir miles de reformas, podrán crearse mil y un partidos nuevos, pero un Estado sin justicia no será un Estado que avizore el desarrollo y días mejores”

El problema es que pasa el tiempo y en otros países vemos otros resultados. Vemos en Perú hasta ex presidentes presos, mientras acá seguimos discutiendo si se investiga o no o si se enjuicia o no.

Duele. Y más porque en Ecuador estamos llenos de excusas, muchas sin sustento normativo, o estamos ante funcionarios públicos que ahora quieren adoptar falsamente el rol de víctimas, lo cual duele doble, porque en vez de transparentar su gestión quieren fungir de ser perseguidos. El hecho de buscar apoyo en mitines, ya dice mucho. Debemos reparar en que, ojalá en el Ecuador, el tema de la corrupción y de los tantos millones de los que se ha abusado, no pase a ser un tema normal. Eso sería la estocada final a la institucionalidad del país. No es aceptable que se siga justificando que, con tal de que hagan obras, que sigan robando.

Lo de fondo es que la política no saca sus pezuñas de la justicia.

Sí, lamentablemente, y al parecer depende de lo que diga el uno o el otro para saber como se va avanzando. Cuando la objetividad debería ser avanzar y responder al Ecuador, no a tal o cual persona, porque a fin de cuentas es un valor supremo lo que está en juego: la justicia. Y si no hay una confianza ciega de todos en la justicia, podrán venir miles de reformas, podrán crearse mil y un partidos nuevos, pero un Estado sin justicia no será un Estado que avizore el desarrollo y días mejores. El problema del Ecuador es mucho más profundo que el cambio normativo o constitucional o legal. Va más allá. Apostamos a que las nuevas generaciones en el Ecuador vengan con gente más limpia, gente más comprometida. Ciudadanos de bien, con valores bien puestos, que comienzan a darse en los hogares. No olvide que la mejor herencia que los padres dan a sus hijos es su ejemplo. Quizá por eso estamos viendo que nos han gobernado personas que, de forma muy penosa, no tuvieron el mejor ejemplo posible.

Marlon Puertas