Injusticia a la orden
Un cajero y una cocinera del bar Paititi han sido los únicos detenidos en el último operativo realizado en la Pampa para combatir la trata de personas y la explotación sexual.
El 4 de enero la Fiscalía Especializada en Delitos de Trata de Personas de la región y la Policía Nacional realizó un operativo en los bares de la comunidad de Sarayacu, una zona cercana a la Pampa, Madre de Dios. De los tres bares intervenidos, se rescataron a cuatro menores de edad víctimas de explotación sexual. Este operativo “exitoso”, según la versión de quienes lo dirigieron, resultó en la captura del cajero y la cocinera del bar Paititi. Luego de enfrentar un pedido de prisión preventiva, ambos se encuentran hoy con comparecencia restringida. Con una audiencia sin imputación y sin que se haya presentado ningún agraviado, ambos tienen que acercarse a firmar cada mes las reglas de conducta.
La mañana de viernes 4 de enero personal de la División de investigación criminal (Divincri) de la región policial de Madre de Dios junto a la Fiscalía Especializada en Delitos de Trata de Personas intervino tres bares ubicados en en el kilómetro 115 de la Carretera Interoceánica.
Como resultado de esta operación, cuatro jóvenes menores de edad y cinco mujeres fueron rescatadas de las mafias de tratantes de personas. Los dos únicos imputados por el delito de trata de personas, hasta el momento, son Carmela Bedoya Ovalle y Jairo Luis Naula Huaman, ambos trabajadores del bar Paititi.
“Este fue un operativo exitoso, donde ha participado la Policía Nacional como parte operativa en apoyo al Ministerio Público. Lo más importante es que se ha logrado rescatar a cuatro menores de edad. Posteriormente seguirán las diligencias a efectos de ver las autorías y la diligencia que corresponde al delito de trata de personas”, dijo el comandante PNP Manuel Murillo Cribilleros a la prensa.
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Pero, ¿quiénes han sido los únicos dos arrestados en la lucha contra las mafias de la trata de personas?
Uno de ellos, Jairo Naula, se desempeñaba como cajero en el bar Paititi. Según los papeles que ha mostrado su defensa, Jairo adeudaba tres meses de pensión en su centro de estudios en Cusco, donde cursaba la carrera de gastronomía. Por esta razón es que, luego de encontrar el anuncio de trabajo, una señora lo lleva hasta el kilómetro 115 de la Carretera Interocénica.
“Ella me dijo que le tenía que entregar la plata a un señor que iba a venir. Después de eso me dejaron ahí. Yo fui hasta allá porque no me alcanzaba la plata y necesitaba pagar mis estudios, debo cuatro cuotas”
La otra detenida, Carmela Bedoya, era la encargada de cocinar y realizar las labores de limpieza dentro del bar. También proveniente del Cusco, terminó migrando para poder darle un mejor futuro a sus hijas, quienes se habían quedado con su mamá en su tierra natal.
“El dueño del bar es un señor que viene a veces a cobrar. No conozco quien es, he escuchado que Jock le dicen. Pero por ser mayor de edad me han detenido a pesar de que no han encontrado a ninguna menor de edad dentro del bar”, señaló Carmela.
Para la abogada de los detenidos, Lizi Fernández, la situación en la que ocurre el arresto no es clara, debido a que en el bar Paititi no se encontró a ninguna menor agraviada, a diferencia de los otros dos bares, “Los Ángeles” y “Búnker”. Según su versión, la policía se dirige al Paititi por el testimonio de una menor de edad del Búnker que señaló que su amiga trabajaba allí. Sin embargo, no se logró encontrar a ninguna menor al interior del Paititi.
Aún así, Carmela Bedoya y Jairo Naula fueron llevados hasta la Divincri.
“Recién el domingo, dos días después de la intervención, se recibe la declaración de la menor encontrada en el Búnker. La menor no indica quien es el dueño del local, no indica cómo es que llega al lugar o cómo es que la obligan a trabajar. A pesar de eso los arrestan”, indicó Fernández.
Hasta el momento, ambos siguen siendo investigados por las autoridades. Se presentan cada mes para firmar las reglas de conducta. Mientras, la abogada que defiende su caso, Lizi Fernández, ha conseguido presentar el cronograma de pagos de Jairo, que adeudaba tres meses de su pensión universitaria, y en el caso de Carmela, se ha acreditado su situación vulnerable y de necesidad.
