Pseudotransparencia semitransparente.
Han pasado más de cuatro meses desde el inicio de la pandemia y la comunicación de datos desde las instituciones públicas es cada semana más caótica. Este artículo pretende repasar las múltiples imprecisiones y cambios metodológicos inexplicables que ha cometido el Ministerio de Sanidad y denunciar así su falta de compromiso con una sociedad a la que se informa mal y tarde. En este escenario de incertidumbre es más importante que nunca el acceso universal a una información veraz, honesta e inteligible.
El 27 de febrero de 2020, el doctor en física teórica y divulgador científico Alberto Sicilia consultaba, a través de Twitter, el grado de preocupación de sus lectores respecto al nuevo coronavirus detectado en China en diciembre de 2019. Tan solo un 9,3% de los 12.310 usuarios que respondieron a la encuesta declaraba sentirse realmente preocupado por un asunto que comenzaba a monopolizar tertulias e informativos y que amenazaba con convertirse en un desafío nunca antes enfrentado por la sociedad moderna, al menos a escala global. Lo cierto es que aquel 27 de febrero Italia había detectado ya más de 500 casos y varios eventos multitudinarios habían sido aplazados o suspendidos. Paradójicamente, ante la falta de información clara y el desconocimiento casi total de una enfermedad con potencial pandémico, la respuesta social fue una sensación generalizada de inmunidad en un contexto dominado por el noesparatantismo.
Cinco meses después, echar la vista atrás lleva inevitablemente a buscar las razones de una reacción que será estudiada con asombro (y burla, esperemos) en décadas futuras. Quizás la culpa fue del cuento del pastor mentiroso, representado en las experiencias previas con otros virus que causaron gran alarma y se resolvieron como meras anécdotas. Quizás fue la resignación a pensar que en pleno 2020 se pudieran reunir los ingredientes necesarios para llevar a la práctica una historia de ciencia ficción. Quizás fue una forma de expresar el desprecio que producen las personas, medios de comunicación e instituciones que mercadean con el miedo, manipulan y exageran para satisfacer intereses propios. Esta vez, desgraciadamente, las exageraciones no fueron tales, y si lo fueron poco importa, pues sus consecuencias palidecen ante las generadas por el infame noesparantantismo.
En pocos días saltó la sorpresa. El nuevo coronavirus da la campanada y se impone al sarcasmo y a la barrera mágica que habitaba en el consciente colectivo y por la cual lo sucedido en China, Corea del Sur, Irán e Italia no podría repetirse de ninguna manera en España. Entonces el escepticismo se transforma en pánico, la inacción en caos, la burla en crítica, el “ya verás” en “te lo dije” y la vida en muerte. ¿En cuántas muertes? Aquí llega el problema. El otro problema.
Las cifras de infectados y fallecidos escalan con rapidez y a finales de marzo, en el punto más alto de la famosa curva, España ya suma alrededor de 8.000 contagios diarios y cerca de 1000 fallecidos. En los momentos más duros de la pandemia el protocolo de comunicación es claro. Al mediodía el Instituto de Salud Carlos III, organismo dependiente del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades publica un informe diario con las últimas actualizaciones disponibles y, horas después, comparece Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias y, a partir de ahora, flamante icono de la cultura pop patria. A veces lo hace acompañado de Salvador Illa, ministro de Sanidad y otras veces de generales de la Guardia Civil y de las Fuerzas Armadas, aunque nadie comprende exactamente el cometido de estos últimos más allá de dotar de solemnidad e innecesaria pomposidad al acto.
En estos primeros días parece que el Gobierno central se limita a recoger los datos trasladados por las CC. AA. y combinarlos en un documento común, con periodicidad y con unos criterios determinados y universales. Los primeros problemas surgen a raíz de los retrasos de ciertas regiones como Murcia, Cataluña o Canarias a la hora de comunicar los datos, pues haciéndolo a última hora de la tarde complican la validez y actualidad de los registros diarios. Por otro lado, existe cierto consenso en que las cifras oficiales de fallecidos por COVID-19 son sensiblemente inferiores a la realidad ( casi 28.500 fallecidos a 22 de julio, mientras que el Sistema de Monitorización de la Mortalidad refleja más de 43.000), aunque es lógico pensar que este desfase evidente se debe a la falta de previsión, tiempo y recursos que ha provocado que un inmenso número de personas fallecieran sin una prueba que confirmara la presencia de este virus en su organismo. Se trata, por tanto, de una situación muy comprometida y difícil de justificar, pero que en ningún caso puede ser responsabilidad de los individuos encargados de gestionar los datos y la comunicación de los mismos.
Los boletines autonómicos y estatales se suceden y se realizan correcciones de manera esporádica, achacadas al colapso de los registros, de los hospitales e incluso de las morgues. Con abril llega la fase descendente de la curva, la esperada luz al final del túnel, la cuenta atrás para comenzar una nueva normalidad. Sin embargo, la paradoja decide entrar de nuevo en escena, y es que es en esta fase aparentemente amable donde las personas que han invertido su tiempo en mantenerse al corriente de las actualizaciones diarias comienzan a arrepentirse de no haber dedicado la primera mitad de 2020 a hobbies más sencillos como poner en órbita un satélite o contar los ladrillos de la Gran Muralla China.
Unos días antes, a finales de marzo, España se convierte momentáneamente en el país con más infectados recuperados, una gran noticia si se diera la circunstancia de ser cierta. La realidad es que Sanidad, el Instituto de Salud Carlos III o quien quiera ser el responsable de organizar los protocolos de la gestión de datos decide clasificar como recuperados a todas las personas que han recibido el alta hospitalaria, incluso si aún no han superado la enfermedad y siguen siendo potenciales transmisores del virus. Es decir, incluso si aún no están recuperados. Este criterio, sin embargo, es compartido por la gran mayoría de países de Europa, con notables excepciones como Francia o Bélgica, que optan por ser más rigurosos.
Por si trabajar con un criterio inexacto no fuese suficiente penitencia, el 19 de mayo España pasa a una lista mucho más exclusiva, la de los países que no actualizan la cifra de recuperados y, por tanto, tampoco la de casos activos. Comparte este honor con Reino Unido, Suecia y Países Bajos, que aún dos meses después son los únicos países en todo el mundo que no hacen públicos estos datos. De esta forma, España decide arbitrariamente romper una serie histórica de gran valor informativo, aunque no sería la única a lo largo de la desescalada.
En un nuevo cambio repentino, Sanidad deja de comunicar la cifra de hospitalizados actuales, tanto en planta como en UCI. En su lugar, comienza a publicar una tabla con la cifra de hospitalizados totales desde el inicio de la pandemia y los ingresos realizados durante la última semana. El primero de estos datos es irrelevante, ya que ofrece un acumulado que no permite identificar el estado actual de la pandemia, mientras que el segundo es bastante más útil, aunque tampoco permite establecer una tendencia de manera intuitiva ni conocer el grado de ocupación de los hospitales o de las Unidades de Cuidados Intensivos.
Si actualmente en España es imposible conocer el número de casos activos y el número de hospitalizados, la situación no destaca precisamente por su transparencia en lo que respecta a la cifra de fallecidos. El 3 de junio el Presidente del Gobierno presume (sí, ese es el verbo) en el Congreso de los Diputados de que España ha sumado su primer día con cero fallecidos desde el inicio de la pandemia. Otra magnífica noticia si se diera la circunstancia de ser cierta. La realidad, de nuevo implacable, es que el CCAES presenta el 27 de mayo un nuevo sistema para registrar los fallecimientos, que consiste en comunicar tan solo aquellos que han sido fechados en el día anterior a la publicación del informe. Esto es, para que el fallecimiento de una persona con PCR positiva sea incluido en la actualización diaria de Sanidad, este debe haberse producido el día previo y haber sido registrado por la CCAA correspondiente y comunicado al Ministerio ese mismo día. Con honestidad, de lo único que debería haber presumido Pedro Sánchez el 3 de junio es de que la burocracia sigue igual de vigente que antes de la pandemia.
La prueba de que este sistema es completamente absurdo está, como siempre, en los datos. Los días anteriores a la puesta en marcha este despropósito, España notifica entre 100 y 200 defunciones diarias causadas por la COVID-19, cifra similar a la de Italia, Alemania y Francia. Tiene sentido que la gran mayoría de países europeos mantengan tendencias similares, ya que las medidas de distanciamiento social y restricción de la movilidad fueron impuestas prácticamente al mismo tiempo. A partir del 27 de mayo y hasta la actualidad, España comienza a notificar entre 0 y 10 fallecimientos diarios, mientras que el resto de países cercanos continúan en una línea descendente (pero gradual) mucho más creíble. Además, por si era necesario descartar que la caída fulminante de la cifra de fallecidos en España pudiera deberse a una intervención divina en forma de milagro, el 19 de junio Sanidad añade 1.200 fallecidos al total acumulado, tras llevar a cabo “una revisión” que consiste simplemente en incorporar al registro todos los fallecidos que durante tres semanas habían quedado en el limbo. Este sistema bochornoso no solo deja en evidencia a España en el escenario internacional, sino que es una falta de respeto a todas las víctimas de la pandemia y a todos los profesionales que tienen que lidiar con sus consecuencias.
Otro de los asuntos que ha despertado especial interés mediático, sobre todo durante el inicio de la pandemia, es el de los test diseñados para detectar a los infectados por el SARS-CoV-2. ¿Qué sabemos hoy sobre los test? En primer lugar, sabemos que, curiosamente, el plural de ‘test’ es también ‘test’, que no es baladí para las aguas en las que navegamos. En segundo lugar, también sabemos que los informes diarios del CCAES no aportan cifras sobre los test diarios realizados en España. Esta información la comunica el Ministerio de Sanidad a través de notas de prensa semanales, aunque con un desfase temporal considerable. A 23 de julio, la última nota de prensa a este respecto data del 14 de julio y contiene las cifras actualizadas hasta el 9 de julio, lo cual supone un total de 11 dias de oscuridad informativa.
Pese a que Sanidad hace especial hincapié en los llamados test PCR, la herramienta más utilizada y más fiable para detectar este virus, también reporta actualizaciones sobre el total de test rápidos realizados. Estos últimos, introducidos en la ecuación a mediados de abril, han constituido, como no puede ser de otra manera, una fuente de confusiones y discrepancias permanentes en lo relativo a la gestión y comunicación de datos. La más notoria, entre el Ministerio de Sanidad y el Servei Català de la Salut. Catalunya, la región más golpeada por los rebrotes, incluye en el total de casos diarios a todas aquellas personas que hayan dado positivo en cualquier tipo de test, incluso en test serológicos con detección de anticuerpos que indican muy probablemente una infección ya superada. Sanidad, por el contrario, solo ‘acepta’ la infección si existe una PCR positiva o si un test serológico arroja unos resultados concretos que no corresponde explicar en este artículo.
En lo que respecta a estos test serológicos, diseñados para detectar no la presencia del virus sino los anticuerpos que genera el organismo humano para enfrentarlo, una de cal y otra de arena para España. Por un lado, se han utilizado para desarrollar un estudio nacional de seroprevalencia que ha recibido reconocimiento internacional, ha aportado datos muy valiosos sobre el impacto de la pandemia en nuestro país y ha demostrado que aplicar la estrategia de la “inmunidad de grupo” es, simplemente, una actitud kamikaze. Pero como no todo puede ser bueno, la incorporación de estos test a la serie histórica ha sido caótica y ha dado lugar a una duplicidad intolerable en el número de casos reportados. Lo explica bien el economista y exministro de Industria Miguel Sebastián en un artículo publicado en El Español:
“A partir del 19 de abril se dejan de reportar los casos detectados a partir de los análisis serológicos, y los datos sólo se refieren a los test PCR. Eso hace que empiecen a circular dos series distintas: la de las fuentes estadísticas internacionales, que buscan la comparación homogénea entre países, y la serie de “consumo interno”, con un nivel de casos inferior y un ritmo de crecimiento más pausado. (…) Las discrepancias entre una y otra serie no son menores: en la serie internacional alcanzamos el viernes los 307.000 casos, y en las cifras domésticas los 260.000. No conozco ningún otro país en el que haya dos series diferentes de casos totales.”- Miguel Sebastián.
Y, entre manipulaciones inexplicables, pseudotransparencia semitransparente y modificaciones constantes de criterios y presentaciones de datos que hacen imposible mantener en pie cualquier serie histórica, llega el periodo estival en todo su esplendor. El sábado 20 de junio, para celebrar el solsticio de verano, termina el estado de alarma en España y se da la bienvenida a una ‘nueva normalidad’, que en algunas ocasiones no parece nueva y en otras, las más, no parece normal. Con la entrada de julio, las comparecencias diarias del director del CCAES, Fernando Simón, se han convertido en semanales (los jueves) y los informes diarios publicados por Sanidad ya no se actualizan durante los fines de semana. Lo más escandaloso de esta extraña decisión es que, los lunes, se hace público el total de casos acumulados en los últimos tres días, sin concretar cuáles corresponden a cada uno de los días en los que no se ha producido actualización alguna. Es decir, para realizar una serie de casos diarios en España (la más simple que puede existir en este contexto), el autor debe dividir entre tres la cifra oficial, correspondiente a los días viernes, sábado y domingo; y trabajar con el resultado de esta operación, aun siendo consciente de que es inexacto y no obedece a la evolución real de la pandemia.
Prácticamente todos los datos que conocemos sobre la incidencia del nuevo coronavirus en España proceden del boletín cuasidiario elaborado y publicado por el Ministerio de Sanidad (o, si se prefiere, por el CCAES), de manera que constituye la principal fuente de información para medios de comunicación y particulares interesados. Sin embargo, este documento parece más un desafío matemático para un lector no especializado (prácticamente la totalidad de la sociedad española) que un briefing elaborado por profesionales. Las múltiples operaciones de sumas y restas que se deben realizar para identificar tendencias y suplir la falta de referencias se complementan con pruebas de agudeza visual para descifrar gráficos ininteligibles o en los que no se presentan cifras ni porcentajes.
Tres semanas después, en plena desescalada informativa y durante la escritura de este artículo, España se vuelve a convertir en el país de la UE con más casos diarios, doblando a Francia y Reino Unido y a años luz de Alemania e Italia. En las provincias de Lleida y Huesca, los protocolos de detección y control de brotes han demostrado su ineficacia en un tiempo récord y se ha recurrido a una suerte de confinamiento voluntario que también va camino de demostrar su ineficacia. Consideraciones individuales aparte, los 1400 casos comunicados el 17 de julio cuadriplican los 363 registrados el día que terminó el estado de alarma, sin embargo, las comparecencias del director del CCAES siguen siendo semanales y los informes cuasidiarios siguen tomándose libre el fin de semana, una excepción única en el mundo que España, por alguna razón, puede permitirse.
Por si la labor errática e improvisada de las autoridades competentes (quizá incompetentes) no fuese suficiente obstáculo para entender y anticipar la evolución de la pandemia en España, los medios de comunicación (quizá incomunicación) se han esmerado en complicar aún más la tarea. Dejando a un lado las tertulias de personajes exaltados que creen ser omniscientes y centrándonos en la comunicación de los datos oficiales, los errores son numerosos y constantes. Además de retorcer las cifras y el léxico hasta límites inimaginables para construir titulares apocalípticos, la falta de rigor y el desconocimiento de las nociones básicas para interpretar los datos oficiales son una constante desde el inicio de la pandemia.
El ejemplo más flagrante y reciente, tanto que se viene repitiendo durante todo el mes de julio, es la interpretación errónea del aumento diario de casos en España. Con la publicación del informe cuasidiario, el CCAES añade al acumulado todos los nuevos casos que se han registrado desde la publicación del informe anterior, tal y como indica la lógica y como hacen todos los países del mundo. No obstante, por aspectos puramente burocráticos no todos los nuevos casos han sido detectados el mismo día, por lo que el CCAES indica (innecesariamente, ya que solo añade confusión) a qué fecha concreta pertenecen estas infecciones. Por ejemplo, el día 21 de julio España cuenta con un total de 264.836 casos confirmados por PCR y, al día siguiente, con 266.194. El incremento real, siguiendo la regla básica de acumulación, es de 1.358 casos, sin embargo muchos medios de comunicación repiten que “se han registrado 529 contagios”, casi un tercio de la cantidad real. La cifra que reportan los medios de comunicación obedece a los casos que se han anotado en el informe como detectados en el día de ayer, pero a efectos prácticos es irrelevante que una infección haya sido detectada el día 21 de julio, el día 20 o el día 15, siempre y cuando haya sido incluida en el informe una única vez. Además, tomar como referencia esta cifra imposibilita cualquier comparación con los países de nuestro entorno, pues huelga decir que todos siguen a rajatabla la regla de acumulación diaria sin entrar en consideraciones burocráticas que solo crean confusión a espectadores, oyentes y lectores.
Todas estas apreciaciones no son más que la punta de un lastimoso iceberg que se extiende desde la entrada del SARS-Cov-2 a España hasta la actualidad. Me gustaría confiar en que las Instituciones Públicas están cometiendo errores desde la buena fe, pero por momentos parece que persiguen la resignación y la renuncia de las personas expertas e inexpertas a las que deben rendir cuentas. Un despropósito de este calibre sería hasta cómico en un contexto que no incluya casi 50.000 muertos y el futuro económico de 40 millones de personas en el aire. Una sociedad libre, informada y responsable debe tener acceso a datos públicos ciertos, limpios de malas prácticas y manipulaciones interesadas. Por eso, recomiendo encarecidamente al lector interesado en la materia que huya de la prensa tradicional y se beneficie del gran trabajo de interpretación y divulgación que realizan en RRSS profesionales como Alberto Sicilia, Guille Ortiz, Tomás Pueyo, Eva Belmonte o Kiko Llaneras. Lo agradecerá su salud mental.
Galder Peña.
