Entendiendo la censura silenciosa de Internet en Perú
Una nueva forma de bloquear sitios web sin orden judicial se populariza
Twitter: @hiperderecho
See English version
Perú no es un país en el que uno piensa a la hora de hablar de regímenes autoritarios o con un ambiente hostil para la libertad de expresión en línea en Latinoamérica. No obstante, debido a la explotación desproporcionada de un vacío legal en nuestra legislación, la Internet libre y abierta que teníamos hasta ahora se encuentra bajo ataque.
Como otros países en la región, en Perú solo el 60% de los casi 30 millones de ciudadanos están conectados a Internet. El acceso a servicios básicos e infraestructura es muy limitado en entornos rurales. Es también un país donde el tráfico de drogas, el secuestro, la extorsión y el crimen organizado siguen creciendo, muchas veces enervados por la pobre capacidad de respuesta de las instituciones del Estado.
En respuesta a estos desafíos, Perú ha echado mano de distintos esfuerzos para corregir el mal uso de las tecnologías, bajo el pretexto de incrementar la seguridad ciudadana. Por citar ejemplos, nuestro país cuenta con algunas de las leyes más invasivas sobre identificación biométrica, registro de SIM card, retención de datos, acceso a geolocalización sin orden judicial, recolección de datos de fuentes abiertas, entre otras.
En noviembre pasado, un nuevo y controversial mecanismo de control fue implementado en el país. Con el propósito de responder a la existencia de servicios de transporte no autorizados en Lima habilitados a través de plataformas tecnológicas, el Gobierno emitió un Decreto Supremo que ordenaba el bloqueo a nivel nacional de cualquier sitio web o aplicación móvil que habilite el ofrecimiento de dichos servicios.
De acuerdo a esta nueva regulación firmada por el Presidente el 19 de noviembre de 2019, se le otorgó al Ministerio de Transportes y Comunicaciones el rol de identificar a los proveedores de estos servicios no autorizados y conformar una lista, con el propósito de enviar órdenes de bloqueo a todos los proveedores de servicios de telecomunicaciones del Perú. Al recibir estas órdenes, las compañías de telecomunicación tienen menos de 24 horas para ejecutar los bloqueos o se arriesgan a enfrentar sanciones. A través de este mecanismo, que no cuenta con una instancia de revisión independiente, notificación previa a las partes afectadas o siquiera alguna medida de rendición de cuentas, el Gobierno Peruano actualmente puede bloquear cualquier contenido en Internet que crea que está en contra de lo dispuesto por el Decreto, evitando además el escrutinio público por sus acciones.
En algunos países, regulaciones de este tipo podrían entenderse como contrarias a la Neutralidad de la Red, que generalmente prohíbe intervenciones arbitrarias al libre flujo de la información a través de Internet. En el caso de Perú, contamos con normas de Neutralidad de la Red desde 2007. Sobre el caso específico, nuestras normas dicen que “cualquier medida de bloqueo solo puede ser ordenada por un juez para ser considerada válida”. Sin embargo, también menciona que los proveedores de acceso a Internet tienen permitido el bloqueo cuando así lo ordene una “norma específica”. Al no contar con una interpretación clara u oficial del alcance o los requisitos para accionar esta disposición, el Gobierno la ha utilizado para justificar los bloqueos de sitios web y aplicaciones en el presente caso.
En Hiperderecho, la única organización peruana de derechos digitales desde 2012, estamos muy alarmados por el gran alcance de esta norma. Pese a que anteriormente hubo iniciativas similares para contrarrestar las apuestas en línea y los servicios de trasporte compartidos, ninguna de ellas fue aprobada y ni siquiera estas mostraban tanto desdén por las garantías del debido proceso como las del Decreto en cuestión.
A partir de una solicitud de Acceso a la Información Pública enviada por nuestros abogados, descubrimos que durante los primeros días de iniciada la nueva regulación, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones ya había solicitado el bloqueo de 18 sitios, incluyendo aplicaciones móviles, sitios web e incluso páginas de Facebook. Algunos de estos bloqueos incluían a la aplicación colombiana de transporte en moto Picap y también grupos de Facebook donde los conductores de motocicletas ofertaban sus servicios. Debido a la naturaleza de este mecanismo, no existe una lista pública y actualizada de los sitios bloqueados, siendo el único método de consulta el hacer solicitudes de Acceso de forma periódica. Aunque desde 2016 las empresas proveedoras de acceso a Internet están legalmente obligadas por la norma de Neutralidad de la Red a publicar una lista de estos sitios, hay muy poco control sobre su nivel de cumplimiento.
Menos de un mes después de la publicación del Decreto, Hiperderecho presentó una acción de inconstitucionalidad contra esta norma. En nuestra demanda, solicitamos al Juez que declare dicha práctica como ilegal. De forma paralela, estamos solicitando a la entidad reguladora de las telecomunicaciones que intervenga y determine si las empresas de telecomunicaciones cumplen con las normas de Neutralidad de la Red cuando obedecen órdenes como las dictadas por el Decreto.
Pese a todo, todavía hay mucho trabajo por hacer. Nuestro mayor enemigo no es esta norma o quienes la proponen, sino la idea que está detrás: Que el gobierno debería tener la potestad de bloquear cualquier contenido en Internet que consideren inapropiado, una idea que sorprendentemente ha sido bien recibida por la opinión pública. Esta reacción es comprensible, en la medida que la Internet puede parecer un desfile interminable de odio, violencia y agresión para muchos peruanos, especialmente para las mujeres y disidencias. Sin embargo, la necesidad de prevenir y mitigar de forma más efectiva la violencia en línea no puede llevarnos a decidirnos por soluciones autoritarias y de corto plazo.
Este año, además de nuestras acciones de litigio e incidencia sobre este tema, estamos construyendo una base de datos de sitios web bloqueados en Perú. Gracias al generoso aporte de Internews y la Global Network Initiative a través del GNI-Internews Fellowship, construiremos un sitio informativo sobre la ola actual de bloqueos de páginas y aplicaciones. Creemos que la existencia de información clara y accesible puede ayudarnos a llevar este tema de discusión a la agenda pública. Quizás una lista pública de contenidos bloqueados permita a los peruanos entender el impacto de ciertas regulaciones y en definitiva todos se encontrarán en una mejor posición para formarse una opinión sobre estos temas.
