De como unas islas paradisiacas se convirtieron en cárceles
Existen dos instantes clave en las últimas dos décadas que ayudaron a cimentar la actual situación de los refugiados y solicitantes de asilo en Australia. Uno en 1992, cuando el gobierno laborista de Keating introdujo la detención obligatoria. El segundo, en 2001, cuando entró en funcionamiento la medida más polémica durante la legislatura del liberal, Howard: la solución del Pacífico.
Detención obligatoria
Hasta 1992, había existido un tipo de detención administrativa para todas aquellas personas llegadas a Australia sin un visado válido hasta que su estatus de inmigración fuera resuelto. Los centros de detención eran denominados ‘Hostels’ y contrastan mucho con los que conocemos hoy en día. Estaban situados cerca de las capitales de los estados, como Darwin, Sydney, Melbourne o Adelaide y en ellos las personas gozaban de ciertas comodidades durante su estancia.
Sin embargo entre 1989 y 1994, el número de solicitantes de asilo llegados por mar de manera irregular aumentó significativamente. La mayoría de ellos venían de China (después de la masacre en la plaza de Tiananmén), Camboya o Vietnam (países en que aún se sufrían las secuelas del fin de la guerra de Vietnam).
El gobierno australiano, sin aparente capacidad por agilizar los trámites de asilo, se vio desbordado y decidió abrir un nuevo y polémico centro de internamiento en una zona remota del oeste de Australia, en Port Hedland. Éste tenía un aspecto más parecido al de una cárcel, sobre todo por sus medidas de seguridad, y estaba completamente aislado: a más de 1.600 km de Perth y a 2.400 de Darwin.
Sin embargo esta apertura no fue suficiente para el gobierno laborista de Keating y, en 1992 introdujo la detención obligatoria. En teoría se trataba de una medida excepcional y provisional, pensada para dar respuesta a la emergencia migratoria mencionada anteriormente. Pero la detención obligatoria acabó extendiéndose a los demás inmigrantes y demandantes de asilo en situación irregular. Migrantes, incluidos niños nacidos en Australia, que hubieran llegado después del 19 de Noviembre de 1989 serían detenidos hasta que se solucionara su situación administrativa. El gobierno cerraba así la posibilidad para estas personas de obtener un visado transitorio, un derecho que sí tenían y siguen teniendo los migrantes en situación irregular que con anterioridad han estado en situación regular (es decir, aquellos a los que se les ha caducado el visado y no han salido del país).
Se estableció un tiempo de estancia de 273 días en los centros, que podía prolongarse si el procedimiento legal se alargaba por cualquier motivo.
Después de su visita a los centros de detención australianos en 2002, el enviado especial de Naciones Unidas, P.N. Bhagwati, afirmó en su informe que la política de detención obligatoria infringía el derecho internacional. Entre otras convenciones, la de de los derechos del niño que prohíbe explícitamente la detención de los niños.
Desde entonces, la detención obligatoria no ha variado sustancialmente en Australia. Se ha mantenido a lo largo de los sucesivos gobiernos, de todos los colores, como medida “para garantizar el control efectivo y la administración de las fronteras australianas”, según el Departamento de Inmigración y Protección de Fronteras de Australia.
Externalización del problema, la ‘Solución del Pacífico’
Entre 1999 y 2001 llegaron más de 9.500 solicitantes de asilo por mar, una cifra que triplicaba la del periodo de entre 1976 y 1994. Predominantemente se trataba de personas del Próximo Oriente, se empezaba a notar así el auge de los talibanes en Afganistán y el inicio de la guerra de Irak.
Esto empezó a poner nervioso al gobierno liberal de Howard pero el detonante para poner en marcha la medida migratoria más polémica de Australia fue el siguiente:
En agosto de 2001, un barco a la deriva con 433 solicitantes de asilo a bordo con destino a Australia fue rescatado por un carguero noruego, el Tampa.
Australia le denegó la entrada a aguas australianas, alegando que debía proteger su soberanía nacional, que sus centros de detención estaban llenos y que entre las personas a bordo del carguero podían encontrarse terroristas. Los solicitantes de asilo permanecieron en una cubierta del barco durante más de una semana, incluidas tres mujeres embarazadas y 46 niños. Como cabe pensar, las condiciones de salubridad fueron deteriorándose día tras día, y la situación sanitaria también. Finalmente, el 3 de septiembre los solicitantes de asilo fueron transferidos a un barco de la marina y llevados a la isla pacífica de Nauru. Era el inicio de la controvertida Solución del Pacífico.
Bajo la nueva ley de protección de fronteras, las personas llegadas por mar de manera irregular serían transferidas a centros de detención en ultramar (Offshore Processing Centres), hasta que sus demandas de asilo fueran tramitadas. Estos nuevos centros estarían ubicados en la República de Nauru y Manus Island (Papúa Nueva Guinea). A cambio de financiación, estos países cedían a ser el patio trasero donde Australia alojase a sus refugiados. Los centros serían gestionados por la empresa concesionaria Broadspectrum (en ese momento aún denominada Transfield Services).
La nueva ley de protección de fronteras representó un giro de 180 grados a la política de asilo llevada a cabo hasta entonces y anulaba leyes previas, entre ellas la Convención sobre el Estatuto del Refugiado del que Australia había sido país firmante.
La ONU, grupos de defensa pro derechos humanos y organizaciones internacionales no tardaron en denunciarlo, mencionando también el alto precio de su implementación y del daño psicológico que podía provocar en los detenidos el hecho de estar aislados y, en la práctica, encarcelados durante un tiempo determinado de sus vidas.
Durante un periodo de cuatro años iniciado en 2008, los centros de detención offshore fueron cerrados a causa de la repercusión internacional. No obstante los volvieron a abrir en 2012.
Reasentamiento en terceros países: Papúa Nueva Guinea
Durante la corta legislatura de Kevin Rudd en 2013, el primer ministro añadió retoques todavía más restrictivos a las políticas de asilo. A ninguno de los solicitantes de asilo llegados después del 19 de julio de 2013 de manera ilegal por mar les sería permitido el reasentamiento en Australia, aún confirmándose su estatus de refugiado.
Sería Papúa Nueva Guinea el país encargado de reasentarlos. Un país en el que, según la ACNUR, no existen las garantías de protección necesarias y donde hay un déficit de experiencia en tramitación, así como mecanismos de detención arbitrarios.
A día de hoy, Papúa Nueva Guinea todavía no ha reasentado a ninguna de las personas que se encuentran en sus centros.
2016: 14 años de violaciones a los derechos humanos.
Según cifras de febrero del departamento de inmigración australiano 909 personas se encuentran actualmente en Manus Island y 470 en Nauru. En ésta última incluidas 55 mujeres y 50 niños. La media de estancia es de 402 días, por lo tanto hay personas que se pasan más de dos años en ellos.
Gran parte de la información ha sido extraída de las siguientes fuentes:
http://www.aph.gov.au/binaries/library/pubs/bn/sp/asylumfacts.pdf
http://www.refugeecouncil.org.au/fact-sheets/australias-refugee-and-humanitarian-program/timeline/
