La política anti-refugiados se tambalea
Papúa Nueva Guinea ha anunciado el cierre del centro de la isla de Manus por considerarlo ilegal. Ferrovial, como futuro nuevo propietario de los centros, ha hecho público su desinterés por mantener su gestión. Y Nauru lleva más de 40 días siendo un campo de batalla en el que en las últimas horas ha muerto un joven después de quemarse a lo bonzo. Con este panorama, Australia queda deslegitimada para continuar con su política offshore.
El Gobierno de Canberra parece enfrentar serios problemas en su política de deslocalización de solicitantes de asilo. En la última semana, una serie de eventos han precipitado la crisis. Los centros de tramitación de solicitantes de asilo en islas de terceros países a los que transfería a todas aquellas personas llegadas por mar de manera irregular han estado en el foco de los medios por distintos motivos:
Por un lado, Papúa Nueva Guinea (PNG) anunciaba el jueves de la semana pasada su intención de cerrar el centro de la isla de Manus. Lo hacía después de que el Tribunal Supremo declarara las detenciones en el centro ilegales.
El Primer Ministro de PNG, Peter O’Neill, pedía poco después al Gobierno australiano que encontrara un “plan alternativo” para los más de 800 solicitantes de asilo que actualmente se encuentran en el centro.
Por otro lado, la empresa española Ferrovial, próxima nueva propietaria de la australiana Broadspectrum — empresa adjudicataria que actualmente gestiona los centros de Nauru y Manus — , ha hecho finalmente pública su posición respecto a sus intenciones con los centros una vez finalice el proceso de OPA por el 100% de la australiana: No tiene previsto seguir gestionándolos puesto que no forman parte de su plan estratégico. De esta manera, el Gobierno de Turnbull tendrá una tarea complicada por delante: buscar otra empresa que quiera estar al cargo de unos centros de detención duramente criticados por organizaciones internacionales y la ONU y a la que, por lo tanto, no le importe lidiar con posibles problemas reputacionales.
Por último, los solicitantes de asilo detenidos en Nauru llevan más de mes y medio con protestas diarias, denunciando los más de tres años que algunos llevan detenidos y las condiciones infrahumanas en que deben vivir — niños incluidos — mientras esperan a que su solicitud de asilo sea tramitada. El viernes pasado moría Omid, un chico iraní de 23 años que, desesperado, había decidido prenderse fuego dos días antes durante una de las protestas. Sin hospitales bien equipados en la isla, Omid fue transferido a un hospital de Brisbane (Australia), a más de 4.500km de distancia, un día entero más tarde, donde los médicos ya no pudieron hacer nada por salvarle la vida. Hoy amanecíamos con otra chica, esta vez somalí de tan solo 21 años, trasladada en estado crítico al hospital de Brisbane tras prenderse, también, fuego a sí misma.
A pesar de estos serios contratiempos, el Gobierno australiano parece no perder la calma de momento, o al menos ese es el claro mensaje que quiere transmitir: El sistema anti-refugiados no se va a desmoronar de un día para otro. El Ministro de Inmigración y Protección de Fronteras, Peter Dutton, se muestra apático y ajeno a una crisis, en las últimas horas solo se ha referido al anuncio del cierre del centro de Manus por parte de PNG, anunciando una posible reubicación de los solicitantes de asilo a la isla de Nauru o a las islas de Christmas. Respecto a las personas que se han quemado a lo bonzo en los centros bajo su responsabilidad, Dutton se ha atrevido a señalar a “defensores de derechos humanos y otros” como culpables de “fomentar estos comportamientos en Nauru”.
La política australiana de detención de demandantes de asilo en islas del Pacífico podría tener los días contados. No obstante, los cambios difícilmente se producirán antes de las elecciones federales de julio de este año.
Aquí encontrarás más información sobre la situación de los refugiados en Australia.
