¿Liberando reos?
Ahora vienen por vos…
Hide yo kids, hide yo wife, amirite?! No, en realidad no pero algo así se está haciendo ver.
Es curioso que este año haya (relativamente) coincidido la liberación de reos de baja peligrosidad en Costa Rica, con un proceso similar en Estados Unidos (claro, la magnitud no es la misma, mientras allá están desplazando más de 6000, acá son 541). Lo que no es curioso, es la reacción de las personas, que básicamente, ha sido la misma.
Revisemos algunos antecedentes
Este proceso no es nada nuevo, de hecho, según el Ministerio de Justicia y Paz, es una práctica que inició desde 1970 y que, según La Nación, sólo entre el 2009 y 2013 procesó unas 8000 personas, razón por la cuál me asombra un poco que se esté haciendo tanto escándalo en algunos medios.
Según datos del mismo Ministerio, en este momento hay 21669 personas que cumplen su condena fuera de las cárceles, de esas, 4500 deben pasar algunas noches en un centro penal. Finalmente, del grupo, sólo 1% comete un delito mientras está bajo este régimen de confianza.
Para nosotros, ciudadanos de este país, este proceso de traslado tiene una ganancia muy evidente: los impuestos que pagamos dejan de ser utilizados en el mantenimiento de una persona que, mientras esté encerrada, no es productiva para la sociedad. Como comparación, se proyectó en el 2014 que el uso de brazaletes electrónicos implicaría el ahorro anual de 6 millones de colones por reo.
Aunado a estos números, varias voces expertas señalan que este tipo de medidas son positivas y reducen el riesgo de reincidencia.
De lo anterior, podemos decir que este no es un proceso libre de riesgos pero la evidencia dice que son muy bajos y que los beneficios los superan.
¿Dónde está el problema?
Una realidad que mucha gente ignora (o ha decidido ignorar) es que uno de los requisitos para calificar a esta modalidad, es que la sentencia debe estar próxima a ser cumplida. O sea, aún sin el traslado, la liberación de estos individuos es inminente, lo que suscita la pregunta ¿porqué el alboroto?
Viendo nuevamente la información provista por el gobierno, 7 de cada 10 personas reubicadas, cumplirían su condena en el 2018… ¿todavía hay razón para escandalizarse?
Pensá en esto, si este plan no existiera, en alrededor de 3 años, las mismas personas que están saliendo ahorita saldrían en ese entonces. Así, pregunto: ¿cuál es la diferencia?, ¿pasa algo extraordinario en esos 3 años que haga el periodo relevante? y ¿qué tiene de peculiar esta vez para que de súbito se convierta, a algo recurrente, en el centro de la atención noticiosa?
En realidad, sí hay por qué preocuparse
Pero probablemente no es la razón que tal vez estás pensando. Que este tema particular sea uno bastante inocuo, no significa que la cuestión carcelaria también lo sea.
Tener 13430 personas en prisión más 21669 bajo régimen de confianza es alarmante. No sólo eso, la escalada de violencia que hemos experimentado en los últimos tiempos, los altos niveles de pobreza, la deserción estudiantil del sistema educativo y el problema del desempleo, apuntan a que esos números están muy lejos de reducirse, como lo revelan las últimas estadísticas.
Inclusive, recientemente se sacaron a concurso dos contratos para la construcción de dos nuevas cárceles para atender la sobrepoblación existente en los planteles actuales.
Dados los gravísimos problemas de narcotráfico en América Latina, nuestra realidad dista muchísimo de ser alentadora y todo parece indicar que la población carcelaria seguirá creciendo sostenidamente durante el futuro previsible.
¿Y entonces, qué hacemos?
Existe un fallo importante en nuestro sistema social que los gobiernos no han sabido atender y urge una solución. Si estos últimos cuarenta años de políticas fallidas han dejado una enseñanza, es que no podemos esperar que quien se siente en la silla presidencial o en una curul en Cuesta de Moras, nos venga a resolver los problemas.
La solución somos vos, yo y los cambios que juntos impulsemos en nuestro país, en nuestro sistema político y en nuestro marco judicial.
