Democracia y Constitución

Por qué sería antidemocrático permitir el referéndum en Cataluña (o cualquier otra región de España)

Fachada del Tribunal Supremo, Madrid.

Últimamente se escucha por todas partes — siempre desde los grupos que se han llamado a sí mismos defensores de la libertad, y siempre que esa libertad se ajuste a su concepción de lo que es la libertad— que no permitir el “derecho a decidir” en Cataluña es un “acto fascista”, que “volvemos a los tiempos de Franco”(nunca se fueron, dicen), y tantas otras cosas. Parece que la única postura moralmente correcta y democrática es la separatista, o al menos la de que algunos grupos puedan elegir, y que todo lo demás es totalitario e injusto.

Nada más lejos de la realidad, como se puede demostrar fácilmente. El problema es una deformación de la idea de democracia, que se transforma en: cualquiera puede hacer lo que le de la gana, y si la ley dice que no es que la ley está mal (es injusta) y debe incumplirse. Claro que resulta que lo que puede hacerse contra la ley solo admite una dirección, que la única postura legítima es la de quienes van contra la ley. Cabe preguntarse: ¿quién decide qué leyes son o no injustas? ¿Por qué esa persona o grupos deben decidir eso?

Lo interesante del asunto, en esta época de mentiras donde lo blanco y lo negro se confunden, es que precisamente la postura antidemocrática es la de TODO aquel que considere que debería permitirse el referéndum.
Veamos por qué:

Es necesario comprender cómo funciona una democracia y un Estado de Derecho para entender cómo funciona cualquier sistema democrático actual y las garantías de libertad que tienen los ciudadanos. Es decir: ¿de dónde salen los derechos y en qué están fundados?

1- La Soberanía

En primer lugar por lo tanto hay que hablar de la soberanía, que es la autoridad en la que reside el poder político, en el caso que estamos tratando: el gobierno de un pueblo o nación sobre sí mismo.
Hoy en día consideramos la soberanía un derecho (los derechos dependen en última instancia de la soberanía desde una perspectiva legal, luego esta va antes que los derechos), pero es necesario entender dónde está fundamentada la soberanía, y solamente existe una respuesta a esto: el poder. El poder además puede darse de dos formas:

a)-Reconocimiento: esta es importante, pero no imprescindible; para tener soberanía sobre algo, ya sea una moneda o un país, necesitas la aprobación de otras personas o entidades que reconozcan tu autoridad y que la acepten, ya sean estas entidades independientes (extranjeros) o dependientes de esa soberanía (ciudadanos, súbditos, etc.). De lo contrario podrían negar la validez de tus acciones o decisiones sobre esa propiedad, o incluso impedirlas, lo que nos lleva a lo siguiente.

b)-Fuerza: en Occidente vivimos en una burbuja, formada por el Estado de Bienestar, y creemos haber superado las formas del pasado, o que el hecho de entender la civilización de una forma anula las bases que la sostienen o vuelven obsoletas ciertas herramientas como los ejércitos. 
No obstante, aunque pueda impactar a algunos incluso hoy día, en última instancia, la soberanía depende única y exclusivamente de la fuerza para poder aplicarla. Es improbable que esto cambie nunca, ya que el origen de esto lo vemos en la propia naturaleza y sin fuerza para sostenerla cualquier otro grupo podría imponerse sobre el anterior.
Así, aunque no te reconozcan con autoridad sobre algo, si tienes fuerza suficiente como para hacer lo que quieras aunque traten de impedírtelo, podrás hacerlo. Este es el motivo, por ejemplo, de que Kim Jong-un se empeñe en desarrollar un programa nuclear.
Esto significa, que aunque la soberanía se distribuya en distintos grupos y capas, y aunque en nuestro caso se origina en el pueblo, no tiene ninguna validez real, ningún sentido, más allá de una idea bonita, si no se puede defender de facto. Por ello el ejército es en última instancia lo que garantiza la soberanía de una nación, porque es su fuerza principal a la hora de defender la libertad de gobernarse de esa nación (tenga el sistema que tenga), o en menor escala las fuerzas de seguridad entre los propios ciudadanos.

Ahora bien, decimos que la soberanía de un país democrático se origina en el pueblo, en sus ciudadanos. Esto significa que ellos deciden en última instancia sobre el propio Gobierno de su país, con sus votos. Pero de nuevo esto solo tiene validez si el pueblo tiene fuerza suficiente para imponer esa soberanía en un territorio, o dicho de otra forma si el grupo de fuerza, en este caso el ejército o las fuerzas del orden, reconocen, como hemos indicado antes, esa soberanía y se ponen al servicio del pueblo. Incluso el propio pueblo puede generar esas fuerzas directamente para ser capaces de mantener la soberanía: en algunos casos podemos ver como esa fuerza se pacta, se “presta” o “alquila” desde potencias más fuertes — que a su vez reconocen otra soberanía o al menos el pago recibido — cuando no se puede disponer de una propia.
Una vez establecido este reconocimiento, las fuerzas del orden pasan a ser herramientas que deben garantizar esa soberanía, que deben asegurar que se cumple la voluntad del pueblo. 
Fijémonos que si el reconocimiento de soberanía no lo tiene el pueblo sino una persona, podemos hablar de una dictadura por ejemplo o, según los grupos que posean el poder, de distintos sistemas de gobierno.

2-Pero, ¿cuál es la voluntad del pueblo?

Cartel propagandístico de la URSS

Todos sabemos que en cuanto se juntan dos personas estar de acuerdo en todo es imposible: en cualquier grupo humano, por muy afines que sean sus miembros, surgen discusiones, como se puede ver en el interior del grupo social más básico, la familia. Por ello, cuando se pretende hablar de “la voluntad del pueblo” aplicada a un grupo en el que se busque cierta igualdad entre sus miembros, tenemos que hablar de acuerdo entre esos miembros. Esto no implica que los miembros no tengan diferencias, sino que dado que es imposible eliminar todas esas diferencias sin atacar la libertad de nadie, se trata de establecer un marco común, una serie de normas que se acerquen lo más posible a todas las posturas, o al menos a las mayoritarias.

Como hemos comentado, el pueblo, por la propia naturaleza humana, comparte intereses diversos, a veces comunes y otras no, por ello el primer interés común debe ser la forma de gobierno: el primer acuerdo de todos en este caso es el sistema en sí: la democracia. Solo después se pueden establecer otros acuerdos, porque este primero es el que regulará todos los demás.
Por supuesto no todos los individuos tienen por qué compartir esto, pero si no tienen fuerza para oponerse al sistema democrático, nada pueden hacer, con lo que vemos de nuevo la importancia que tiene esta característica, y lo difícil que es enfrentarse a la mayoría generalmente.

3-La democracia

Voto democrática en Francia

El término es mucho más complejo de lo que pueda parecer, y no siempre ha significado lo mismo, pero actualmente se entiende la democracia como el “gobierno del pueblo” , o más concretamente como la soberanía del pueblo y su derecho a elegir y controlar a sus gobernantes. Como hemos dicho el pueblo no es un ente abstracto, ni un organismo individual, sino que está formado por muchos más individuos o grupos de individuos, por eso en el caso de la democracia hablamos del “gobierno de la mayoría”, pues en definitiva esta impone su voluntad común de emplear este sistema para regular y negociar las distintas voluntades de cada grupo o individuos.

Esto significa — siempre en teoría— que las opiniones de la mayoría serán habitualmente las que se impondrán frente a otras, lo cual puede definirse también como el interés común, o aplicar lo que la mayoría entiende como bien común: lo más adecuado para todos según su perspectiva. Incluso cuando opiniones minoritarias parezcan prevalecer, será siempre en última instancia porque directa o indirectamente estarán sostenidas por la opinión mayoritaria, quede regulado por una ley o no.

Una vez establecido el sistema mediante el que se llegara a acuerdos concretos, queda ver qué acuerdos se hacen, lo que nos lleva a la Constitución.

4-La Constitución

Primera página de la constitución española. Más adelante comento su origen y el águila franquista visible arriba, pues es relevante.

Creo que en este caso es especialmente interesante ver las definiciones que nos ofrece el diccionario, pero aquí partiré de la primera:

Constitución es la acción de constituir o fundar algo, luego en este caso hablamos de unas leyes que se fundan, que son fundamento de todas las demás: serán el acuerdo básico al que llega un pueblo democrático de lo que puede y no hacerse, y de los derechos que se tienen.

Estas leyes delimitan además el funcionamiento del sistema de gobierno y la libertad que se permite para cada conducta y, sobre todo, establece los límites de la libertad de los individuos o grupos, no como sistema de opresión, sino como sistema de garantías: para combinar lo mejor posible (en la teoría) las libertades de todos de forma que no se vean afectadas entre ellas, o si lo hacen al menos sea en la menor medida posible.

En este caso hablamos de que estas leyes sirven de fundamento para un sistema democrático (todo sistema democrático establece en su origen una u otra base, constitucional o no, sobre la que fundamentarse y legislar). Para todo ello hay una garantía absoluta, que es lo que nos sirve para evaluar hasta qué punto el sistema es democrático, y esta es la posibilidad de cambiar el sistema entero, incluso para eliminar la democracia, si el pueblo quiere — si se obtienen votos suficientes para cambiar la constitución para posteriormente establecer otro sistema.
Por ello tenemos la garantía de que no hablamos de un sistema totalitario, pues existen mecanismos que permiten alterar el sistema en sí, y no lo establecen como inamovible. Esto es muy importante, pues la ley debe entenderse como una mera herramienta al servicio de los ciudadanos, para facilitar la convivencia y defender los derechos establecidos — que no tienen por qué coincidir con sistemas de derechos morales — , y no como un valor absoluto. Dicho de otra forma, la ley tiene que estar abierta a cambiarse desde el propio sistema o de lo contrario es totalitaria.
En el caso de España esos mecanismos existen, afortunadamente.

Como vemos la Constitución tiene un valor fundamental como garantía de la democracia, y establece tan solo las leyes más básicas de las que deben emanar todas las demás, o que al menos no deben contradecir estas— siempre en teoría: es cierto que ante la imposibilidad de una redacción absolutamente objetiva ayudaría mucho que su redacción fuese mucho más concreta y de interpretación más clara.
Precisamente por la importancia que tiene, y porque en un Estado de Derecho todas las libertades y derechos se originan en la Constitución, cambiarla no es una tarea fácil, porque absolutamente todo el sistema, todo el Estado, todo el pueblo dependen de ella, del acuerdo primero de todos entre todos. Si fuera de otra forma legislar podría resultar casi imposible ante muchas variaciones de gobierno, las leyes y derechos fundamentales dejarían de tener validez en periodos muy cortos, y podría generarse una inestabilidad política enorme. Imaginemos que cualquier partido con mayoría simple pudiera por ejemplo decidir de un día para otro que matar ya no debería estar prohibido porque se deja de considerar la vida un derecho de las personas.
Aunque no nos resulte tan impactante, con los territorios sucede algo parecido, ya que tanto a nivel económico como administrativo tiene un coste altísimo el unir o separar territorios de cierto tamaño, que solamente puede amortiguar una economía cada varias décadas. También genera cientos de conflictos sobre los derechos de los ciudadanos, pues por un lado se considera que tiene unos derechos heredados sobre su país de origen, que sin embargo según las leyes debería perder con respecto a este (por ejemplo derechos a una pensión pública o a acceder al sistema sanitario).
Por todo ello se requiere un consenso muy elevado antes de alterar la Constitución: porque es la expresión de la voluntad del pueblo reconociéndola por encima de cualquier otro poder, reflejada en un acuerdo superior al de una simples elecciones generales, y porque las consecuencias de cambiarla no son precisamente pequeñas.
No se trata por tanto de hacer imposible cambiarla, sino de asegurarse primero de que realmente quiere cambiarse y permitir que ese cambio sea evaluado lo más fríamente posible.

5- Los derechos

La constitución sin embargo no solo establece leyes básicas, sino que también hace lo propio con los derechos más básicos que reconoce un estado, delimitados precisamente por la ley que sostiene. Es decir: los derechos, desde un punto de vista social y legal, dentro de un sistema democrático — independientemente de disquisiciones morales — , se originan en la Constitución. Dicho de otra forma: los elige el pueblo. Pero esto no significa que los derechos tengan que ser lo que a uno le parece que son, o lo que es razonable, sino que los derechos son estrictamente aquellos que la mayoría quiere que sean, ni más ni menos. Cualquier cosa que no establezca el propio sistema no es por lo tanto un derecho desde una perspectiva jurídica, y cualquier derecho debe ser establecido para poder ser tenido en cuenta, aceptado por la mayoría e implantado por los representantes de esta.

Por eso para cada ciudadano los derechos derivan o le son concedidos (o reconocidos) ante todo y en primer lugar por su Estado, y se originan en la Constitución — o equivalente — que este posea. Los derechos nacen de la Constitución, sin la cual no se sostienen en el marco del Estado. Estos derechos se aplican sobre los propios ciudadanos, pero también sobre los extranjeros allá donde alcanza el Estado a aplicarlos. Dicho de otra forma y reiterando lo anterior: solamente allí donde puede en última instancia forzarse la aplicación o la defensa de estos derechos, están garantizados. Insisto en esta idea que parece obvia porque la considero especialmente relevante: en la práctica esto significa que los derechos se aplican esencialmente no ya sobre las personas, sino sobre el territorio en el cual tiene poder un estado. Por eso las leyes y los derechos están tan ligados a los territorios, porque es solo en los terrenos propios donde uno puede asegurar que tengan validez y, en la medida de su poder militar o político, en otras regiones marginalmente.

Pese a lo anterior, no es raro escuchar alusiones a los Derechos Humanos, supuestamente vulnerados al no permitir la votación del referéndum. Sin embargo los Derechos Humanos no son más que unos principios que una serie de estados han acordado reconocer como derechos, en función de diversas realidades sociales — y quizá universales, pero ese es otro tema — . Como tales los Derechos Humanos, al igual que cualquier otro derecho, solo se sostienen porque existe ese reconocimiento de ellos, y porque quienes los reconocen pueden defenderlos de una u otra forma. Es decir: se ha decidido que deberían tener prioridad incluso contra la soberanía de las regiones del mundo, pero si tienen algún valor es sólo porque pueden defenderse, en última instancia, mediante la fuerza, como explicábamos inicialmente. Por si mismos además no son nada, ya que desde una perspectiva correctamente laica no pueden considerarse absolutos ni independientes al hombre, sino una creación suya para facilitar la convivencia.
En el caso catalán, nos detenemos en el “derecho de libre determinación de los pueblos”, reclamado por los independentistas. Un rápido vistazo— o lento si se quiere — nos basta para descubrir que este derecho jamás se ha vulnerado durante la democracia, en primer lugar porque, en efecto, los catalanes, poseedores de los mismos derechos que el resto de los españoles — institucionalmente de más, dadas algunas concesiones autonómicas, y en la práctica de menos, aquellos que no son independentistas — han votado repetidamente en todas las elecciones generales y autonómicas, así como la propia constitución, sin que en ni uno solo de estos casos estuvieran obligados ni a votar en sí, ni a votar a un candidato concreto. En todos los casos además votó la gran mayoría de la población catalana, aceptando por lo tanto el sistema democrático y reconociéndolo.
En segundo lugar porque los catalanes no son un pueblo distinto al Español, sino parte de él, desde el origen mismo de España al unirse Castilla y Aragón, como puede apreciarse tanto en su historia, como visitando Cataluña y otras regiones españolas, o simplemente viendo los apellidos de la población catalana o la procedencia de sus padres y abuelos. Tampoco ha existido nunca una diferenciación institucional que apartara a los catalanes ni los considerara una entidad diferente, más allá de las diferencias que uno puede percibir entre dos pueblos o ciudades distintos, por ejemplo.

6-Los gobernantes y el Estado

Hasta ahora hemos hablado continuamente de la voluntad del pueblo, y de la libertad de elegir, pero algún lector escéptico podría quejarse de que en realidad el pueblo aquí no pinta nada. La gente nada puede decidir, y al final se hace lo que quieren los gobernantes, la clase política.
Olvidan quizá de que el presidente de una nación, y todos los cargos políticos de esta, en última instancia han sido elegidos directa o indirectamente por el pueblo, y son admitidos por los ciudadanos en la medida en la que alcanzan sus posiciones públicas legalmente siguiendo la normativa constitucional.
Luego estas personas son representantes del pueblo legitimados por este, y reciben su poder prestado del pueblo, para actuar en su nombre durante un periodo concreto.
Su labor por lo tanto es siempre la de gobernar para todos, pues incluso quienes no han votado a los candidatos o partidos ganadores están representados por ellos, les guste o no, desde el momento en que aceptan participar del sistema, haciéndolo válido.

Si nos vamos a la Generalidad de Cataluña, es importante entender que esta hereda su poder no del pueblo catalán, sino del pueblo Español, que mediante la constitución y las posteriores leyes permite que los miembros de cada región seleccionen a sus administradores, cuya autoridad es únicamente una extensión del Gobierno Central, del Estado.
Por ello no son libres de hacer cualquier cosa, pues responden ante todos y su labor es servirnos a todos según las normas que todos hemos elegido, y que elegimos continuamente al votar, incluso cuando votamos contra ellas.

El Estado además no es una entidad abstracta, ni un ser superior de azarosos designios con voluntad de controlarlo todo y a todos. El Estado es la culminación de todos los elementos mencionados a lo largo de este texto, la estructura resultante de establecer este sistema y gestionarlo, y por lo tanto la máxima representación del pueblo como entidad, formada por una comunidad de ciudadanos cuyos derechos debe salvaguardar mediante la ley, que defienden las fuerzas del orden, y las autoridades judiciales deben interpretar de acuerdo a la Constitución, buscando siempre su aplicación.
Ante las posibles quejas de una justicia selectiva — cuando hablamos de rapidez de aplicación de la ley frente a determinados casos—, tampoco podemos ignorar que hay problemas mayores que otros y que requieren priorizar. Lógicamente es el Gobierno quien establece esas prioridades, pues es su trabajo hacerlo.
Por lo tanto el hecho de que otros asuntos se resuelvan más lentamente o incluso sean ignorados por motivos erróneos e incluso malvados, no es argumento para justificar que no deba aplicarse la ley, o que se permita su incumplimiento en un caso concreto por razonable que nos parezca: las autoridades competentes, legitimas, en representación de todos y en defensa de nuestros derechos deben aplicarla continuamente, pues lo contrario es renunciar a nuestra libertad, que ejercimos mediante el voto.

El gobierno por lo tanto es administrador y representante de nuestra soberanía, pues es elegido en esencia para gestionar el desarrollo del Estado y legislarlo de acuerdo a la Constitución. Por eso también es importante entender que aunque nuestros gobernantes representan al pueblo, solo lo hacen — o deberían hacerlo— desde y en torno a la Constitución, pues esta es la máxima expresión de la voluntad del pueblo, ya fuera votada en su momento o aceptada en cada legislatura.

7-Legitimidad, justicia y moral

Este tema, que bien podría ser el primero, pues quizá sea anterior en importancia a todo lo anterior y permita justificarlo, he preferido comentarlo tras los puntos anteriores ya que es el único que realmente admite discrepancias razonables según la perspectiva con que se aproxime.

La legitimidad, la justicia y la moral son tres asuntos estrechamente relacionados, pero a la vez muy dispares. El mayor problema que plantean es que hacen referencia a elementos externos a la realidad material, incluso cuando se considera que únicamente existe la realidad material. Los problemas filosóficos que entrañan nos permitiría escribir libros enteros, pero no es aquí mi intención ahondar tanto en el asunto.

La legitimidad nos habla — aplicada al caso tratado—de la base que nos autoriza, según una moral o derecho previo al propio sistema, a ser soberanos. O dicho de otra forma, de por qué un determinado individuo, grupo o pueblo debería de poder tomar ciertas decisiones, o por qué tiene derecho a ello.
Es un término muy abstracto, en contraposición a todo lo anterior, que no dejaban de ser elementos concretos y definidos de lo que llamamos Estado. El problema entonces de esto es que en sí misma la legitimidad se asume, según una serie de principios más o menos universales (o aceptados universalmente) que los hombres han seguido, con mayores o menores variaciones, y con diversos orígenes atribuidos, desde que se fundaron las sociedades. La interpretación de qué es o no legítimo se transforma en un problema moral, con variedad de lecturas según quién lo interprete.
Si atendemos a la perspectiva occidental, y nos basamos en un análisis histórico, social o político, no podemos decir que los separatistas tengan legitimidad para hacer lo que hacen ni lo que pretenden.
Pero sí podemos aceptar que es legítimo el deseo de independencia, aunque no lo sea el método para obtenerla que se presenta.
Y no es legítimo ese método, independientemente de la inmoralidad de algunos actos, desde el momento en que se es parte del sistema democrático que regula cómo deben encauzarse esas pretensiones: podemos dudar de la legitimidad del sistema, o de las pretensiones, pero de lo que no se puede dudar es de que dentro del marco constitucional la legitimidad pasa a ser un derecho más, y cualquier expresión democrática necesariamente debe estar legitimada por la propia democracia en la que se efectúe.

Del mismo modo, el Gobierno, legitimado por los votos para gobernar de acuerdo a la Constitución, está obligado a impedir que se vulnere la ley; diciendo exactamente lo mismo pero con otras palabras, está obligado a impedir que se vulnere la libertad del pueblo expresada en las leyes. Y eso a su vez legitima sus acciones cuando emplea a las fuerzas del orden, e incluso al ejército si fuera necesario, para evitar que se actue contra estas.

Sin embargo algunos se quejan de que eso último es injusto, que tienen “derecho” — nótese la ironía— a saltarse la ley en detrimento de la libertad de otros. Cabe evaluar dos formas de justicia, la primera de acuerdo al sistema legislativo, y la otra en su dimensión moral. En el primer caso es obvio que no existe ninguna injusticia desde el Gobierno, más bien al contrario: la injusticia la comete, de acuerdo a las leyes, quien las incumple. En el segundo, podríamos discutir largo y tendido sobre lo que es o debería ser la justicia, pero en oposición a “aquellos que se ajusta a mi criterio de justicia” o “aquello que siento que es justo”, veamos la definición:

Justicia:
1.
f. Principio moral que lleva a dar a cada uno lo que le corresponde o pertenece.
2. f. Derecho, razón, equidad.

Incluso al margen de la democracia, única medida legal de la justicia o los derechos, hemos de admitir que es justo que los españoles defiendan lo que es suyo, y que no hay injusticia contra los catalanes, a quienes se gobierna con equidad. De nuevo recordamos los privilegios administrativos de la región, en cuyo caso es cierto que el Gobierno comete una injusticia contra los demás españoles, o la marginación de aquellos catalanes que se oponen al proyecto secesionista, donde la injusticia procede de los separatistas.
También es injusto el modo por el que pretenden lograr sus objetivos, pues va en contra de lo que toda sociedad ha considerado propiedad o derechos del resto de los españoles.

Pero incluso si una ley fuese injusta — que como hemos visto no es el caso— podemos discutir que haya que oponerse a ella. Lo cierto es que al margen de la ley, si asumimos una especie de Ley Natural superior a todo, una serie de normas universales sobre el hombre que deben cumplirse para no ser realmente injustos, que contienen los verdaderos derechos de todos que nadie debería poder oprimir, solo entonces podemos defender que el Gobierno no debería poder hacer cualquier cosa — otro tema es coincidir en cuál es esa ley y de dónde procede o cuál es su fundamento —. Entonces, ante una ley injusta, uno estaría legitimado a negarse o incluso a luchar contra ella, pero aquí hemos de tener en cuenta dos cosas:
la primera que la lucha solo puede ser legítima cuando es empleada como última opción y ante el agotamiento de cualquier otra vía, o bien porque no exista. No es el caso actual.
La segunda que si uno realmente considera que sus principios le llaman a oponerse, debe asumir con coherencia ese camino y aceptar las consecuencias y la respuesta del sistema, que actuara de acuerdo a sus normas, de acuerdo a los principios de la mayoría.

Para terminar mencionaré por encima el asunto del escudo franquista, ya que algunos emplean como argumento que este no era un régimen legítimo pues era dictatorial e incluso habría cometido crímenes contra la humanidad:
lo cierto es que de nuevo estamos ante un asunto muy complejo si hablamos de legitimidad y de su origen, aplicada a cada gobierno histórico, pero por mucho que se quejen, e incluso si el franquismo hubiera sido deleznable, la legitimidad derivada de este hacia la Constitución difícilmente puede ponerse en duda.
Primero porque la II República comenzó de forma ilegitima, con unas elecciones autonómicas y establecida por grupos políticos en su momento no mayoritarios. Después porque, como recientemente ha quedado perfectamente demostrado por pruebas historiográficas comprobables, en el año 1936 el Frente Popular dio un golpe de estado al falsificar las actas electorales, imponiéndose ilegalmente como Gobierno. Teniendo eso en cuenta, dado que su gobierno no era legítimo, sino contrario a la propia ley de la república y no establecido por el pueblo sino asumido por manipulaciones y coacciones, no podemos decir que Franco diera un golpe de Estado pues no había Estado, ya que se había derrocado al verdadero Gobierno electo. Además su postura era continuista hacia lo que históricamente había sido siempre España, y no rupturista, luego puede establecerse algún tipo de continuidad con los estados legítimos anteriores. Por si fuera poco, se realizó un referéndum en todo el territorio nacional en 1947 precisamente para legitimar el Gobierno, y al finalizar el régimen se reestablece la monarquía legítima del propio país, anterior a otras instituciones y por lo tanto se recupera definitivamente esa continuidad histórica, basada en la legitimidad previa de los monarcas. A todo esto debemos añadir después la posibilidad de votar la constitución y los futuros gobiernos.
Como vemos, precisamente por nacer del sistema anterior, amparada por la legitimidad histórica y por los votos de los ciudadanos, es precisamente por lo que podemos afirmar que la Constitución y nuestro sistema es legítimo y justo en su origen, algo que no podría ser igual si se hubiera obtenido de un proceso revolucionario que ignorase la legalidad.
Por ello ese escudo, franquista o no, legitima precisamente que podamos cambiar a otro sistema y “pasar página”, y por ello es ridículo considerar el actual sistema como una continuación del régimen, o pretender romper institucionalmente con ese origen, ya que como se ve en la práctica con la mayoría de leyes actuales la dirección seguida es esencialmente opuesta a lo que este supuso, incluso habiendo partido de este.

8-El golpe de Estado

El Coronel Antonio Tejero durante su asalto al Congreso en 1981

Con la creciente tensión en tierras catalanas, y las discusiones que genera el separatismo, se habla de golpe de Estado. Es importante entonces recordar todo el desarrollo anterior, y el origen —no histórico sino fundamental— de la democracia, porque en este caso estamos hablando literalmente de un golpe de Estado.

Algunos sectores consideran esta afirmación exagerada, o piensan que un golpe de Estado tiene que ser siempre algo violento o con tropas de por medio. Nada más lejos de la realidad: un golpe de Estado es rechazar la autoridad de sus gobernantes negándose a aceptar las leyes, sean justas o no, e incumpliéndolas en una región concreta. Es emplazar con una autoridad superior o independiente aquella que legítimamente cuenta con la soberanía para gobernar. Esto se puede hacer de muchas maneras, y muchas de ellas no implican armas a priori.

Por esta razón la actitud totalitaria no es la que impide realizar el referéndum, sino la de aquellos que quieren hacerlo, y la postura antidemocrática la de todos cuantos consideran que debería permitirse sin cambiar antes la constitución y a espaldas de todos los demás ciudadanos que tenemos derecho a decidir sobre ese y otros asuntos, y que de hecho así lo hicimos cada vez que votamos.
Aceptar que se puede ir contra la ley por cuestiones sentimentales, o por unos derechos místicos que deberían ser superiores a todo, implica negar la validez del voto de todos los contrarios.
Si aceptáramos esa medida de lo que puede o no hacerse, deberían poder votar también los independentistas del Valle de Arán — a quienes nunca dejaría hacerlo un gobierno catalán — , un pueblo concreto o, por qué no, un barrio o una casa, donde sin duda fácilmente encontraremos una mayoría dispuesta a votar. ¿Dónde está pues el límite? La Constitución nos da la respuesta: el límite lo estableció el pueblo en igualdad de condiciones de todos sus ciudadanos, dentro de la igualdad que permiten las diferencias regionales e individuales.

Si la soberanía que genera un Estado — independientemente de nacionalidades, que nada tiene que ver el concepto actual de Nación con el de hace 300 años, ni con el reconocimiento de “nacionalidades”—procede del pueblo entero, una parte del pueblo no puede pretender quitársela, o al menos no sin que sea defendida por el resto, que tiene derecho a ello, conferido por el propio pueblo, además de legitimidad histórica.
Ese derecho se aplica también a la tierra, a los territorios, como hemos visto, que nunca pertenece a las personas individuales de forma absoluta — tampoco al Gobierno— sino al Estado, o dicho de otra forma al pueblo en su conjunto, como herencia y patrimonio. Si esto fuera de otra forma y cada uno pudiera individualmente ser propietario absoluto de un terreno y venderlo a conveniencia a otros grupos o estados sin control ni regulaciones, la administración de cualquier país sería imposible. Decimos entonces que el Estado confiere una titularidad de derechos sobre una persona, a la que permite ciertas acciones sobre la tierra, lo cual es muy diferente.
Por eso una declaración unilateral implica además de un golpe de Estado, un robo de patrimonio.

Resulta entonces ridículo negar que se busque un golpe de Estado, salvo que se pretenda manipular a la población, cuando desde el principio se informa de que se quiere eliminar la soberanía de los españoles — catalanes incluidos —, para no aceptar el sistema democrático que les impide hacer a los separatistas lo que quieren, coartando también sus propios derechos, aunque lo consideren aceptable desde su perspectiva. La votación en sí misma, aparte de los posibles resultados, implica derrocar la institución del Estado en una región, lo cual no difiere en sentido estricto del fascismo aplicado a grandes grupos de esa región, e invalida la legitimidad de toda institución catalana que la apoye, puesto que como veíamos esta hereda su legitimidad del Estado Español.

9-¿El pueblo quiere cambios? “¡Yo no voté la constitución!”

Pancarta durante una manifestación. Algunos no queremos que nos representen, pero, ¿de verdad no nos representan?

Una vez llegados aquí podríamos hablar de nuevo del pueblo, y de hasta qué punto deberían unas normas, que a muchos les parecen ajenas a ellos o a su realidad, determinar nuestro futuro.

Si recordamos todo lo anterior la respuesta es fácil: por un lado esto no tiene por qué ser así, y por el otro debe de ser así.
No tiene por qué serlo en la medida en que esas normas siempre han estado abiertas al cambio.
Y debe de serlo mientras estén vigentes (mientras no sean cambiadas por el procedimiento adecuado) porque sin ellas la libertad y los derechos desaparecen de facto.

El único problema es que la Constitución es perfectamente válida y justa (por definición, de acuerdo a la legalidad, la moral es otro asunto) porque la pudieron votar todos los españoles con mayoría de edad, sin importar su procedencia o ideología, y sin ningún tipo de coacción. Votó más del 67% de la población, lo cual se considera una medida bastante aceptable en cualquier democracia, ya que rara vez se alcanza (jamás en nuestro país) ni el 80% de participación. De ese 67% de participantes, el 87% votó SÍ a la Constitución (en casi la totalidad de las regiones catalanas superaba el 90% la aceptación de la constitución).
Después hasta en 12 ocasiones hasta el día de hoy han podido todos los españoles (del censo electoral, se entiende) votar el Gobierno. En dos de esas legislaturas se realizaron reformas de la constitución (1992 y 2011) sin mayor problema.

La conclusión es inequívoca: si a día de hoy no se han realizado más y mayores reformas en la Constitución, es porque la mayoría de los votantes —el pueblo — no ha votado ninguna de esas veces a un partido que pretendiera reformarla. Cada vez que se realizan elecciones generales se está votando al sistema en sí, y cada vez que vas a votar, estás aceptando el sistema en sí, incluyendo la posibilidad de que tu voto, y por tanto tus deseos o pretensiones no resulten aceptados por la mayoría.
Así que de alguna forma sí has votado — sí hemos votado — la Constitución.
Si llegado el momento la mayoría del pueblo considera que la mayor de nuestras prioridades debe ser reformar la Constitución al completo, o una parte de esta, entonces por lógica votará a un partido cuya prioridad sea esta. Mientras eso no suceda, de la manera más democráticamente posible se estará negando la posibilidad de cambiarla. Todo está pues en manos del pueblo.

Para terminar con este apartado quiero hacer notar al lector que a veces el “efecto twitter” nos puede jugar malas pasadas en nuestra interpretación del estado de nuestra sociedad. 
¿Qué es el “efecto twitter”? Normalmente las personas buscan a otras afines con las que relacionarse y, por lo tanto, por norma general — aunque hayan excepciones usualmente positivas—los distintos grupos ideológicos tienden a formar burbujas. Estas burbujas refuerzan las ideas de sus miembros, les dan un sentimiento de pertenencia o identidad, más aún cuando no tengan uno previo, y establece una separación en mayor o menor medida con el exterior, con otras ideas.
En las últimas elecciones pudimos ver cómo según las encuestas, y si se atendía a medios como twitter, al ambiente de algunos grupos, las predicciones ofrecieron conclusiones muy distintas a los resultados.
Por ello no debe extrañarnos que lo que a nosotros nos parece un grave problema, o lo que consideramos correcto, a veces pueda dar la sensación que lo reclama toda la sociedad, o al menos una mayoría. Por supuesto que eso es posible, pero en una sociedad tan polarizada, donde el debate honesto tiende a desaparecer, es importante ser capaz de abstraerse y considerar que hay otros que tal vez no compartan las ideas que prevalecen en nuestro entorno.

10-Conclusiones

Repasando todo lo anterior, debemos tener claro cómo funciona el sistema democrático, para poder evaluarlo justamente.
Al final todo es una cadena: el pueblo (los ciudadanos) pactan establecer un sistema, sobre este sistema se aplica unas leyes, concretadas en la Constitución, según esas leyes se establece un Gobierno para que administre el Estado y regule y garantice los derechos y libertades que emanan de esa Constitución, con capacidad de interpretar y tomar decisiones.
Por ello el Gobierno siempre nos representa, queramos o no, porque indirectamente está legitimado por nuestra aceptación del sistema, mediante el cual reconocemos su autoridad. Y en la medida que uno acepta el sistema, admite perder ciertas libertades a cambio de ganar una libertad mayor y una defensa de sus derechos.
Atendiendo a la Constitución, el derecho a celebrar el referéndum no está presente porque así se estableció, y tratar de celebrar un referéndum que sea algo más que meramente consultivo, pretendiendo que tenga valor efectivo, es contrario a los derechos de todos.

Por lo tanto todo este asunto no trata sobre expresarse ni sobre diálogo, puede haber todo el diálogo que se quiera, pero los mecanismos son claros. Tampoco el diálogo tiene por qué significar encuentro ni llegar a un punto intermedio de posturas, por más demagogia con la que se invoque. No hay nada que hablar porque ya está todo hablado y votado por todos los ciudadanos, y es en las elecciones generales donde se da y debe darse el diálogo.
Tampoco trata de amenazas, ni de imposiciones totalitarias: el gobierno advierte de lo que implica incumplir la ley, como todos deberíamos esperar que haga. Del mismo modo la ley no amenaza — estrictamente hablando—a un ladrón si roba, sino que advierte a los ciudadanos de las consecuencias de vulnerar los derechos de otros.

Se trata, única y exclusivamente, de defender nuestros derechos, los de todos, frente al totalitarismo y la ilegalidad, de todos aquellos incapaces de aceptar el sistema democrático cuando no funciona a su favor.