Pero vamos al turrón. La doctrina Parot.

Un resumen rápido y poco ortodoxo, aunque espero que comprensible y razonablemente ajustado a la realidad. Hay tres elementos de nuestro sistema penal que hay que tener en cuenta para entender este asunto.

1. Cuando alguien comete varios delitos se le impone una condena por cada uno de ellos, y esas condenas se acumulan. Por eso a veces oímos hablar de que alguien ha sido condenado a 420 años de cárcel. Si un determinado crimen implica 30 años de condena y cometes 14 de esos crímenes, el juez te condenará a un total de 30 x 14 = 420 años. No es que te impongan 420 años “de golpe” porque el juez crea que eres muy malo.
2. Como uno de los objetivos de nuestro sistema penal es permitir la reinserción de los delincuentes, existe un límite máximo al tiempo que alguien puede permanecer en la cárcel —porque las posibilidades de reinserción para alguien que tuviera que estar 420 años encarcelado serían… muy limitadas— . Ese límite ha variado: actualmente es de 30 años para un único delito y 40 años si hay varios delitos; hasta 2003 era de 30 años en todos los casos . Eso quiere decir que aunque seas condenado a 420 años, como máximo saldrás de la cárcel 40 años después de entrar.
3. Además, y para conseguir la reinserción de la que hablábamos antes, el Estado fomenta la participación de los reclusos en actividades que demuestren su voluntad de volver a integrarse en la sociedad, desde el buen comportamiento hasta la realización de cursos, o trabajar dentro de la prisión. Y para incentivar que los presos se esfuercen por reinsertarse, el Estado les reduce la condena si participan en esas actividades —hasta un máximo de 1/3 de su condena—.

Es innegable que “la teoría” tiene sentido, otra cosa es cómo se ha llevado a la práctica.

Tal vez ya hayas notado dónde está el quid de la cuestión que ha llevado al famoso debate sobre la doctrina Parot. Siguiendo esos tres principios, si, por ejemplo, un recluso participa en actividades orientadas a la reinserción que le reportan una reducción de 1/3 de su condena, ¿sobre qué base se calcula ese 1/3? Porque hay al menos tres posibilidades:

1. Reducir la condena total. En nuestro ejemplo anterior, los 420 años de condena total se reducirían en 420 / 3 = 140 años, quedando una condena efectiva de 420 - 140 = 280 años. Como sigue rigiendo la pena máxima de 40 años, ese delincuente pasará 40 años en la cárcel. (Nota: en realidad esta opción no es aplicable, porque como ya ha quedado dicho los 420 años no son una única condena, sino la acumulación de varias; pero tranquilos, porque para la discusión que nos ocupa cumple la misma función la opción número 3).
2. Reducir el tiempo máximo en la cárcel. En ese caso, los 40 años de pena máxima quedarían reducidos en 40 / 3 = 13 años y 4 meses, con lo que el recluso sólo tendría que estar en la cárcel 26 años y 8 meses. Este supuesto es el que provoca que escuchemos con tanta frecuencia eso de “los condenan a 300 años pero luego salen a la calle en dos días".
3. Ir aplicando la reducción a los delitos “uno por uno”. En el ejemplo que estamos usando, ese recluso que cometió 14 crímenes empezaría reduciendo la condena de su primer crimen, luego la del segundo, luego la del tercero… O sea, como cada delito conlleva 30 años de cárcel y el recluso ha obtenido una reducción de 1/3 de su condena, ya sólo tendrá que cumplir 20 años por su primer delito. Por lo tanto, la condena total será de 20 + (13*30) = 410 años. Si sigue participando en actividades, podrá reducir después su segundo delito, luego el tercero, luego el cuarto… Pero en la práctica, nunca conseguirá ni siquiera a acercarse a los 40 años de pena máxima, así que de hecho pasará 40 años en la cárcel.

Y ahora que ya tenemos clara la teoría, ¿en qué consiste la famosa doctrina Parot y por qué estamos todos hablando de ella?

Simplificando —mucho—, en España se estaba aplicando la opción número 2 hasta que en 2006, para evitar que los delincuentes especialmente peligrosos —fundamentalmente terroristas— salieran a la calle tras cumplir solo 20 años de cárcel independientemente de cuántos crímenes hubieran cometido —reduciendo el máximo de 30 años a 20 con cursos o actividades de dudosa utilidad— , se cambió el criterio y se empezó a aplicar la opción número 3.

Henri Parot fue el primer criminal al que se le aplicó ese nuevo criterio según una sentencia del Tribunal Supremo de 2006 —confirmada, en lo esencial, por el Tribunal Constitucional en 2008— , y de ahí el nombre de “doctrina Parot”.

A partir de ese momento se empezó a aplicar el nuevo criterio de reducción de condena a todos los delincuentes… incluyendo a los que ya estaban en la cárcel. El efecto neto: todos los delincuentes con condenas de cientos de años iban a cumplir la condena máxima —40 años para los condenados después de 2003, o 30 para los demás—.

Uno de los delincuentes que ya estaban en la cárcel cuando se empezó a aplicar la doctrina Parot era Inés del Río, que decidió recurrir ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y para entender su recurso, hay que introducir un último concepto jurídico: la retroactividad de la Ley.

Hay un principio universal del Derecho recogido en la Convención Europea de Derechos Humanos según el cual —dicho muy “a lo bestia”— las leyes no pueden aplicarse retroactivamente para perjudicar a alguien.

Es un principio que, si lo piensas dos minutos, tiene todo el sentido. Imagínate que en el año 2015 se decide que el problema del aparcamiento en doble fila es insostenible, y para acabar con él se impone una pena de cárcel de 20 años para esa infracción. De repente aparece la policía en tu casa y te detienen porque 2 años antes, en 2013, dejaste una vez el coche en doble fila para recoger a tu hijo del colegio. Y te meten en la cárcel… ¡20 años!

La retroactividad solo se aplica si supone un beneficio. Por ejemplo, hubo un tiempo el que la Ley castigaba el adulterio. Cuando por fin se despenalizó, lógicamente se “liberó” a todas las personas que en ese momento estaban condenadas.

Como decía antes, el principio de retroactividad es universal —en los países “normales”— y tiene todo el sentido. Sin ese principio todos estaríamos expuestos a que en cualquier momento la Ley cambiara y nos condenaran por actos que hicimos en el pasado y que, en el momento en el que los hicimos, no eran un delito o estaban castigados con menos dureza.

Volvamos entonces al recurso de Inés del Río. El recurso no era contra el cambio de criterio —de la opción 2 a la opción 3 a la hora de reducir el tiempo de condena— sino contra la retroactividad con la que se estaba aplicando. En el momento en el que Del Río había sido cometido sus delitos la reducción de condena se aplicaba a la pena máxima. Según su argumentación, si el Estado quería cambiar de criterio tendría que empezar a aplicar el nuevo a partir del momento del cambio, pero no retroactivamente.

El argumento del Estado —de nuevo, simplificando mucho—, era que no se estaba aplicando retroactivamente ninguna ley sino un criterio que estaba más cerca de ser una política penitenciaria. Es, dicho otra vez a lo bestia, como si el Estado decidiera cambiar el criterio por el que se destina un módulo de una cárcel a un determinado tipo de presos, y eso hiciera que un delincuente tuviera que cambiarse a un módulo peor. A nadie se le ocurriría decir que se está aplicando retroactivamente nada.

El final de la historia la conoce todo el mundo: hace unos días el Tribunal Europeo de Derechos Humanos le dio la razón a Inés del Río. Según el tribunal, el Estado Español estaba aplicando retroactivamente una ley, aunque no fuera una ley “escrita” sino un criterio de aplicación de la misma. Consecuencia: Inés del Río debía salir de la cárcel inmediatamente, puesto que ya había cumplido más años de los que le correspondían según el criterio que estaba en vigor cuando ella había sido condenada —la opción número 2 de las que describíamos antes—.