“La igualdad de género debería resultar incuestionable en todos los niveles”
Silvina Bacigalupo es presidenta de Transparency International-España desde el 28 de enero de 2019. Con una amplia trayectoria académica y profesional en el ámbito del Derecho penal, Bacigalupo es la primera mujer al frente del capítulo español de Transparency International. En esta entrevista, habla sobre sus motivaciones profesionales, sobre el rol de las mujeres en las políticas anticorrupción y sobre la propuesta de un Plan Integral contra la Corrupción en España.
¿Qué la motivó a dedicarse al Derecho Penal y, posteriormente, a participar en Transparency International España hasta convertirse en su Presidenta?
No siempre en la vida las elecciones profesionales se hacen de forma tan consciente, menos cuando se elige la carrera que se va a estudiar. Al menos no fue mi caso. Ni mi dedicación al Derecho penal, ni mi reciente nombramiento como Presidenta de Transparency International-España fueron decisiones tomadas de forma consciente o, mejor dicho, previamente planeadas. Sin duda, Derecho penal fue una de las asignaturas, junto al Derecho constitucional, que me atraparon de estudiante. Tuve además muy buenos profesores, lo cual siempre es un especial estímulo y es el día de hoy que se los agradezco cada vez que tengo oportunidad. En todo caso, mi inclinación se fue decantando, primero, hacia el Derecho público y, luego, el Derecho penal fue perfilándose en mi camino. Una vez terminada la licenciatura, la opción de hacer la tesis doctoral obligaba a tomar una primera decisión, ¿en qué materia la iba a hacer? No fue una decisión fácil, pero al final era la materia que más me gustaba y también aquí me ayudó uno de mis profesores de la carrera a tomar la decisión. Luego, terminada la tesis doctoral, tuve que decir si quería seguir la carrera académica y esa decisión ya sí fue mucho más consciente. La enseñanza y la investigación es una vocación y ha sido mi elección. El momento de impartir mis clases de grado en la Universidad Autónoma de Madrid y de ver la evolución de mis estudiantes y de mis doctorandos, en especial, es un momento de gran satisfacción académica y personal. En particular, el trabajo académico con los doctorandos ha sido sobre todo un estímulo intelectual.
Ser Presidenta de Transparency International-España nunca había estado en mi proyecto profesional, aunque he colaborado desde 2011 y desde 2014 formé parte de su Comité de Dirección. La propuesta surgió el año pasado, por abril aproximadamente. Fue, sin duda, una sorpresa para mí que el Comité de Dirección de TI-E me lo propusiera. Lo medité mucho, pues conlleva una responsabilidad importante. Finalmente, debo reconocer y agradecer que hubo dos personas que incidieron en mi decisión de aceptar: por un lado, Antonio Garrigues, quien fue el mentor y fundador de TI-España, y Delia Ferreira, la actual Presidenta de TI. Ambos, cada uno desde su posición de juristas comprometidos con la misión de TI, han sido un estímulo y un factor determinante para mi decisión. No quiero dejar de mencionar también a todo el gran equipo que trabaja en TI-E y que también pesó en esta decisión. Ahora solo espero poder estar a la altura de este nuevo reto.
Se ha hablado mucho sobre la feminización de las estrategias anticorrupción, considerando que existen estudios que indican que hay menos corrupción cuando las mujeres se dedican a la política. Sin embargo, ha habido voces que han señalado que la feminización de estas estrategias puede ser contraproducente a largo plazo para las propias mujeres. ¿Qué opina sobre esto? ¿Cómo crear una política anticorrupción que considere el impacto de las mujeres en este terreno y que sea efectiva?
No sabría decir si es posible afirmar que habría menos corrupción, si hubiera más mujeres en la política, en la economía, en puestos directivos, en think tanks. ¿No hubiera habido un caso Lehman Brothers, si hubieran sido Lehman Sisters? No lo sé. En todo caso, creo que es un dato real que actualmente aún existen más hombres en posiciones de poder y de toma de decisiones que mujeres. No creo que sea bueno avanzar en políticas de estereotipos de roles que solo han llevado a soluciones cuantitativas. Ello ha sido necesario en un comienzo, sin duda. Era indispensable establecer un mecanismo que permitiera el acceso de la mujer a las distintas posiciones de tomas de decisiones de forma regulada como una medida para impulsar el camino hacia la igualdad de género. La regulación genera cambios de comportamientos obligados y, en este sentido, ha cumplido una importante función. Pero conseguir que la igualdad sea una realidad, requiere que definitivamente hayamos logrado internalizarla como un principio sine qua non. Hoy deberíamos ir más allá y ser capaces de abordar la problemática desde el convencimiento del respeto a la igualdad. La igualdad de género debería resultar incuestionable en todos los niveles. Estoy convencida de que ninguna mujer quiere ser premiada con un cargo o una posición relevante por el mero hecho de ser mujer, sino por su valía, por su esfuerzo, por su capacidad y su competitividad. Para ello es necesario algo más que políticas cuantitativas, es necesario también políticas sociales que garanticen que el tiempo que una mujer dedica a la maternidad nunca pueda ir en detrimento en su carrera profesional.
En relación con la segunda pregunta, creo que hay que avanzar en la misma línea. Es muy interesante tener en cuenta las conclusiones de la VIII Cumbre de las Américas, en la cual se acordó “promover la equidad e igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres como objetivo transversal de nuestras políticas anticorrupción”. En ese mismo sentido, también debemos pensar el Objetivo 16 de la Agenda ODS 2030 y la problemática de la corrupción.
Ha hablado en varias ocasiones sobre la necesidad de que España cuente con un Plan Integral contra la Corrupción. ¿Puede decir, a grandes rasgos, de qué se trata este Plan?
En efecto, desde TI-E hemos centrado la necesidad de pensar las políticas públicas de forma estratégica, integral y holística de la problemática. Ello implica no pensar solo en reformas legales puntuales y aisladas. Un planintegral no es una ley integral. El fenómeno de la corrupción abarca un abanico muy amplio de problemas relacionados entre sí, unos son jurídicos otros no: son sociales, afectan a la educación, a las políticas de bienestar, a las políticas de igualdad, etc. Las reformas legales, en todo caso, tienen que ser visualizadas de forma transversal teniendo en cuenta todo el escenario: el sector público y el privado, así como el social. Es importante tener un diagnóstico, pero lo más importante para acertar en las medidas de prevención y con ello disminuir la corrupción, es tener un análisis acertado. Tengo la impresión de que en España nos perdemos en el diagnóstico y el análisis solo es puntual, condicionado por la casuística, escándalo a escándalo, pero no holístico. Es momento de avanzar y moverse de ese escenario de reformas jurídicas puntuales que ya han demostrado su absoluta ineficacia.
La agenda ODS2030 ofrece una visión holística para la sociedad del siglo XXI. Es una oportunidad para avanzar en la línea propuesta y está es nuestra agenda de trabajo como referente para esta tarea.
Esta es la primera publicación de una serie de entrevistas a mujeres que trabajan a favor del movimiento anticorrupción y la cultura de la integridad en España y el mundo, que publicaremos a lo largo del año.
