Transparency International España destaca la necesidad de un Plan Integral de Transparencia
El pasado 27 de diciembre la Ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, se reunió por primera vez con organizaciones de la sociedad civil para informar sobre los avances en materia de transparencia y gobierno abierto que se han producido en este primer semestre de su mandato.
En la reunión participaron representantes de Transparency International España, Fundación Civio, Access-Info Europe, Foro por la Transparencia, Fundación Hay Derecho, Maldita.es, Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI), y +Democracia. Además de la Ministra, también estuvieron presentes el Secretario de Estado de Función Pública, la Directora General de Gobernanza Pública y la Asesora del Gabinete de la Ministra en materia de transparencia.
En concreto, Transparency International España planteó la necesidad de abordar un Plan Integral de Transparencia, para contribuir así con el cumplimiento de los compromisos internacionales suscritos por España, en concreto con el Convenio de las Naciones Unidas contra la Corrupción y las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en el marco de la Agenda 2030.
En términos generales, este Plan Integral permitiría la articulación de todas las propuestas locales y nacionales relacionadas con la transparencia. Así se podrá revertir el escenario actual, marcado por la dispersión jurídica y la fragmentación normativa, que se traduce en medidas insuficientes que en definitiva terminan siendo ineficaces para lograr la transparencia en las administraciones públicas.
Al mismo tiempo, este Plan Integral será indispensable para garantizar la eficacia de otras propuestas específicas, mencionadas por las demás organizaciones que acudieron a la cita con Batet y su equipo. Entre ellas, el impulso de una Ley para la protección de denunciantes, que esté armonizada con la Directiva Europea (aún en proceso de discusión) y con la Ley de testigos protegidos en causas criminales de 1994; la revisión de la política de recursos judiciales permanentes presentados por la Administración contra las resoluciones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno; la dotación de recursos de este organismo y el nombramiento de su presidente, cargo que está vacante desde hace más de un año; y la aprobación del Reglamento de la Ley de Transparencia.
Transparency-Internacional España manifestó su agradecimiento por la intención del Ministerio de intercambiar ideas con la sociedad civil en esta primera reunión y expresó el deseo junto con el de todas las asociaciones existentes de que éstas se conviertan en reuniones periódicas con una agenda de trabajo que permita un diálogo constante con la sociedad civil.
