El agridulce menú de Recoleta
En Recoleta entre 30 y 40 personas venden comida en la calle con la autorización de la municipalidad según Víctor Castillo, Jefe del Departamento de Vía Pública de la comuna y encargado de las patentes comerciales. Sin embargo, tanto chilenos como inmigrantes han debido enfrentar problemas con la entrega de las patentes de sus carros de comida y, por ende, han tenido que trabajar en la ilegalidad.
Por Catalina Claussen
En el Puente Cal y Canto, a unos metros de la Pérgola de las Flores, al menos 15 personas venden comida en sus carros. La fragancia de jugos de frutas tropicales como piña, kiwi y naranja se mezcla en el aire con el olor a cebolla que cortan y cocinan en otros carros. Al otro costado del puente, una mano entrega un ceviche peruano cuyo aroma cítrico contrasta con el pollo asado que venden a unos cinco pasos en una bolsa plástica que muestra las gotas de vapor. Los gritos de las personas promocionando sus productos con distintos acentos, se juntan en el ambiente como un solo sonido.
Una mujer de 63 años, piel morena y curtida por el sol, pelo rubio con raíces oscuras y ropa deportiva, vende sopaipillas recién fritas en un carro sin permiso de la municipalidad. Elsa Antilef es tan chilena como el producto que vende, hace unos 40 años que está pidiendo la patente para vender y todavía no se la entregan.
A pesar de no tener el permiso, Antilef comenzó a vender sus productos en la calle y le han cerrado 75 carritos desde que llegó al sector. “Los pacos nos insultan, nos tratan mal y nos pegan patadas. Ahora tienen más preferencia los extranjeros que los chilenos”, dice mientras el viento impregna la ropa de los locales a su alrededor con el intenso olor a fritura y el característico aroma a pebre chileno que acompaña sus preparaciones.
En la misma comuna, pero en la calle Eusebio Lillo se puede encontrar uno de los pocos productos que, al igual que el caso anterior, es nacional. Bernardo San Martín es dueño de un carro de mote con huesillo, pero un amigo de él se encarga de vender. San Martín, hace 36 años está en este sector. Sus ojos han sido testigos de muchos cambios en el lugar, por ejemplo, de los otros carros que venden comida en su misma calle, al menos cuatro son extranjeros. Según cifras del Servicio Jesuita de Migrantes (SJM), en el año 2015 había 477.553 extranjeros en el país y se estima que si la curva de crecimiento se mantiene, el 2023 el número de migrantes puede llegar a un millón.
Barrio Patronato es uno de los sectores por los que pasa más gente a diario en Recoleta, se estima que unas dos mil personas en la semana y unas seis mil los fines de semana, según carabineros del sector. Entre los carros de comida, puestos con ropa uno al lado del otro que completan la calle y gritos de oferta que se escuchan por el megáfono, Jorge Zúñiga se encuentra visitando amigos que venden poleras, vestidos y ropa primaveral con autorización de la municipalidad.
Zúñiga es un chileno que lleva alrededor de 20 años pidiendo un permiso en esa zona para vender, pero la única autorización que le han entregado queda en la calle Santos Dumont a unas 15 cuadras de ahí. Dice que ha visto cómo los inmigrantes se demoran menos de un año en conseguir el permiso, que él y al menos ocho colegas suyos llevan más de dos décadas esperando. Han alegado varias veces a la municipalidad en años anteriores, pero la falta de respuesta ha provocado que perdieran la motivación para seguir insistiendo. “¿Por qué no empezamos por casa, si hay chilenos que necesitan más el permiso?”, se pregunta Zúñiga.
Víctor Castillo, Jefe del Departamento de Vía Pública de la comuna, dice que no hay ningún trato diferencial hacia los inmigrantes y que todos tienen la misma atención, pero que la municipalidad privilegia a las personas con vulnerabilidad socio-económica. Quiénes, por ejemplo, tienen una discapacidad para ejercer un trabajo. Aunque influya que la persona tenga una situación económica deficiente para facilitar el permiso, no es el requisito esencial.
Según el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, los requisitos para obtener un carro de comida son: tener una situación económica precaria dentro del 40% más vulnerable y pagar una patente de unos $300 mil pesos semestrales con autorización de la municipalidad.
“La gente que tiene un carro, busca siempre las esquinas con más público, si está el caso en que dos personas pidan uno, se le va a dar al que tenga una vulnerabilidad social mayor”, comenta Castillo y agrega: “Cuando tú andas por sectores de Recoleta, lo que más ves son extranjeros vendiendo en carros, pero no todos tienen permiso nuestro, existe mucho comercio ilegal”.
La doble lucha
Con una camiseta de la Universidad de Chile y un reloj plateado que resalta bajo su tez oscura, Innocent Dornevil (30) agarra una piña y la empieza a picar. “A mil a mil, lleve su fruta a mil”, repite. Es haitiano residente hace cuatro años en Chile y hace un año vende fruta a unas cuadras de Bernardo San Martín.
Dornevil reconoce que se demoró alrededor de un año en conseguir el permiso, a diferencia de otros haitianos que no tardaron más de siete meses. Esto es principalmente, porque se vino a Chile con su familia y la asistente social de la Municipalidad de Recoleta se encargó de analizar a cada miembro del grupo familiar, mientras que los otros inmigrantes venían solos. Después, el alcalde Daniel Jadue (PCCh) le dio una patente provisoria por un tiempo hasta que obtuvo la definitiva.
Sin embargo, la obtención de una patente no ha sido su único problema. Aún con un marcado acento créole. “Los otros vendedores me gritan groserías, me acusan a los carabineros y llaman a los inspectores, porque la gente es envidiosa, no tiene respeto y me acusan de no tener la patente para vender”, reclama.
El alcalde Daniel Jadue le entregó el carrito a Dornevil después de comprobar que cumplía con los requisitos necesarios, es decir, ser mayor de 18 años, tener una situación económica precaria dentro del 40% más vulnerable y pagar una patente de unos $300 mil pesos semestral con autorización de la municipalidad. Todos estos requisitos son exigidos tanto para chilenos como para extranjeros que quieran vender comida en un carro dentro de Recoleta.
Víctor Castillo, el encargado de los permisos en la municipalidad, dice que las patentes se demoran normalmente en ser entregadas entre un mes y mes y medio, después de que logran recopilar toda la información de la persona. En el caso de los extranjeros recién llegados hay que esperar que tengan una cédula de identidad definitiva, ya que al ejercer el comercio en la vía pública tienen que tener iniciación de actividades.
Rose Márquez, peruana de nacimiento, lleva 10 años en Chile y vende en un carro sin permiso. Afuera de la estación de metro Cerro Blanco en una vereda que da hacia las anchas y bulliciosas calles de la Avenida Recoleta ofrece yoghurt de frutilla con cereal, sándwich de pan con palta molida, leche con chocolate y jugos en caja de naranja y durazno.
Márquez lleva tres años tratando de conseguirlo y en el proceso le han quitado 30 veces su carro de comida y ha recibido multas de hasta $90 mil pesos. “A mí me han golpeado carabineros. Es mentira que le dan permisos a todos los extranjeros. Por ser peruanos nos exigen más cosas, aparte de la condición social, nos piden el certificado de la media completa y la mayoría ya lo hemos perdido”, dice Márquez con un marcado acento peruano.
Aunque la mayoría de los inmigrantes en Chile viene de Perú, su éxodo ha ido bajando y en la última década creció un 124%, según registros del SJM. De acuerdo a las mismas estadísticas, ahora son otras las nacionalidades que más han crecido porcentualmente en los últimos 10 años, por ejemplo los haitianos que han aumentado en un 76,2%. Inmigrantes que deben enfrentar la discriminación por ser extranjeros y lograr una patente para vender sus productos.
Sobre el autor: Catalina Claussen es estudiante de Periodismo y escribió este artículo en el curso Taller de Prensa. El reportaje fue editado por Francisca Escobar en el curso Taller de Edición en Prensa.
