Rosa Padilla en su actual vivienda en Miguel León Prado 170. Ella y su hermana esperan que la municipalidad les vaya a dejar los fierros de cama a su actual alojamiento, luego de que se produjera un incendio en su antigua vivienda.

Emergencia después de la emergencia

Luego de un incendio como el ocurrido en julio en una casona de Cienfuegos, o de ser desalojados, los migrantes que se encuentran en Santiago dependen de los subsidios de emergencia y albergues transitorios que ofrece la municipalidad. Sin redes de apoyo, las cenizas también expusieron la precariedad de las condiciones en las que habitaban.

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7 min readDec 12, 2018

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Texto y fotos por Tomás Basaure E.

“Allá vive una familia de cinco personas, allá un señor, son seis. Allá en la otra, tres. Son diez. Más cinco acá al costado son quince, dieciséis, más cuatro acá somos veinte y al fondo se trabaja”, enumera Rosa María Padilla a las personas que viven en piezas contiguas a la de ella en la casa ubicada en Miguel León Prado 170. Se trata de una casa azul con puerta negra. Afuera posee un letrero de ferretería, pero Padilla dice que hace tiempo que no se atiende en la vereda. El negocio funciona al fondo de la vivienda, donde se guardan los fierros y tuercas.

Según el Censo 2017, Santiago es la tercera comuna con mayor población migrante del país. De un total de 404.495 habitantes, un 28% son extranjeros. De esta cifra, 167 familias de que se han visto afectadas por incendios en la comuna.

Rosa Padilla es una de las 113.258 migrantes que viven en Santiago. Es peruana, tiene 60 años y hace siete que vive en Chile junto a su hermana Edith, de 58; su hermano, de 59 y su sobrino, de 33. Hace cinco meses un incendio afectó la casona donde vivían en calle Cienfuegos, que destruyó la parte trasera de la vivienda dejándola inhabitable. Edith Padilla lo recuerda fielmente: “Fue el primero de julio a las siete y media de la tarde. Se sintió como una ráfaga de fuego directo pasando por todas las casas”.

La Oficina Nacional de Emergencias registró un incendio estructural en Cienfuegos 85, 87 y 89, que constituían una sola casona. La estructura era de madera y los daños más graves afectaron la parte posterior de la vivienda. En total, 18 familias de inmigrantes tuvieron que desalojarla de inmediato, para que se controlara el fuego y fiscalizara el estado del lugar.

Entre enero y agosto de 2018 se han producido 33 incendios, 32 desalojos, un decreto de inhabilidad y otro de inhabitabilidad, según cifras de la Oficina de Emergencia Social de la municipalidad de Santiago. En caso de que la vivienda esté en malas condiciones, presente fallas estructurales o haya hacinamiento, la Dirección de Obras del municipio emite un decreto que deriva en un desalojo mediante carabineros.

La solución de la municipalidad en estas situaciones corresponde a un subsidio de arriendo por uno a dos meses, de un tope de 3 UTM cada mes, es decir $120.000 pesos. La entrega se hace a través del Fondo de Asistencia Social de Emergencia, FASE. La asignación del monto para cada familia depende de la evaluación que realiza un asistente social. Los requisitos para recibir estos subsidios son: un contrato de arriendo simple de la vivienda que se ocupará, un certificado de emergencias y la fotocopia del carné del arrendatario y arrendador. El municipio entrega el dinero a quien será el futuro arrendador de forma directa.

Edith vive hace once años en Chile. Trabaja como cocinera de siete a cinco en un restorán de comida peruana cerca de Plaza de Armas. “En el piso en Cienfuegos había once cuartitos, en cada uno vivían de a tres a cuatro personas. Nosotros pagábamos casi doscientos mil pesos mensuales con luz y agua”, cuenta.

Edith reclama que cuando tuvo que abandonar su vivienda por el incendio, no tuvo ayuda de la municipalidad para conseguir un lugar donde pasar la noche. Edith y Rosa Padilla fueron alojadas por unas vecinas. Su hermano y sobrino se fueron a la casa de un amigo.

En la pieza de Miguel León Prado 170, los cuatro colchones que la municipalidad le entregó a la familia Padilla, se arriman aun enfundados en plástico. “No podemos armar los camarotes, porque como entregaban todo a la alocada, no nos dieron las barandas ni los tornillos”, dice Rosa Padilla

Entre febrero y agosto de 2018, de un total de 179 subsidios entregados a chilenos y extranjeros a través del FASE, 45 han sido para arriendo en casos de emergencia. Lo que implica un gasto municipal de $5.825.000 millones de los $22.293.471 totales del fondo.

El FASE, también es entregado para cubrir otras necesidades que no son de “emergencia”, como el apoyo económico para quienes reciben la Pensión Solidaria.

Otra forma de afrontar estas situaciones son los traslados a refugios por el plazo de una semana como solución transitoria, que por lo general se le da a adultos mayores, embarazadas y personas con problemas de salud.

“Desde el año pasado empezaron a surgir muchos damnificados inmigrantes, lo que antes no sucedía”, dice Yolanda Vivanco, encargada de la Subdirección de Servicios Sociales de la municipalidad, entidad que otorga el FASE.

De la mano de la concentración de población migrante en comunas del centro de la capital, está el hacinamiento, lo que hace que al verse afectada una vivienda, sean muchas las personas perjudicadas. El centro de Estudios de Techo Chile estimó en 2017, a partir de datos de la última encuesta Casen, que un 28% de los migrantes en la Región Metropolitana está en situación de hacinamiento, realidad presente principalmente en las comunas de Santiago, Quilicura y Renca.

Entre enero y agosto, se han producido 32 casos de desalojo en los que hay 91 inmigrantes afectados. Al margen de las soluciones que ofrece la municipalidad en estos casos, existen otras alternativas entregadas por fundaciones privadas.

La Fundación Vivienda asiste a través de un programa de emergencia a chilenos y extranjeros que presenten déficit habitacional. Valeska Gómez, directora de proyectos de la fundación, comenta que para los migrantes, acceder a una vivienda de emergencia es más complejo: “Deben tener siempre un terreno donde poder instalarla. Este es uno de los problemas para las familias migrantes, porque en general no tienen red de apoyo de vecinos o amigos que les faciliten un espacio, ni fácil acceso para arrendar un lugar”.

“La misma noche del incendio nos consiguieron ayuda de las universidades cercanas”, recuerda Jorge López, colombiano, que al igual que los hermanos Padilla sufrió el incendio en la casona de Cienfuegos. Él, su primo y un venezolano, se encontraban en una de las piezas del segundo piso.

Luego fueron recibidos en la casa de un conocido en calle Brasil mientras la casona era fiscalizada. “Para nosotros el auxilio que da la municipalidad no es suficiente, $120.000 igual es como muy poquito”, cuenta con voz baja mientras toca sus manos.

Hace frío y todavía hay olor a humo. A pesar de que gran parte de la vivienda presenta serios daños, López volvió al lugar. Cuenta que luego del incidente, la municipalidad revisó la estructura: “Miraron que acá todavía se podía estar, pero en la parte de atrás no, incluso están por sellarla”.

De las ocho piezas que antes estaban ocupadas, hoy sólo lo están tres: la de López, la de una familia peruana y la de un chileno. “Esta es la parte más amplia”, dice López sobre el segundo piso de Cienfuegos donde vive. “En el piso de abajo, la dueña colocaba un planchón entremedio y hacía una división, así como en cuatro. Metía a dos, tres o cuatro familias”, agrega.

Yolanda Vivanco habla sobre la existencia de un seguimiento post desalojo. “A lo mejor no está establecido, pero se hace un seguimiento, no a todos, pero al menos a los que son de más riesgo”, dice mientras sostiene en sus manos la Propuesta de Protocolo de Desalojo. “En general, la gente que ha recibido subsidios de emergencia vuelve por otras necesidades”, agrega.

A la entrada de un galpón en General Gana 564, hay cuatro extranjeros. Uno de los hombres dice que allí viven 75 personas, de las que sólo nueve trabajan. El recinto presenta un decreto de inhabitabilidad y la Oficina de Emergencia Social les notificó el aviso de desalojo. Agregan que hasta el momento ninguno de los residentes ha solicitado un subsidio.

De brazos cruzados, uno de ellos explica que el plazo que les dieron para buscar otra vivienda es muy corto. Cuenta que tuvo que dejar pagados dos meses de garantía por el arriendo y antes de enterarse que en realidad se trataba de una toma.

En los desalojos, así como en los incendios, la municipalidad entrega enseres, alimentos y dispone de un camión para el traslado. Este último no lo quieren aceptar. “Para qué, si yo puedo conseguir un flete”, dice el hombre, apoyado en una de las cuatro motos que hay al interior del galpón.

“La municipalidad ya no se encarga siquiera de venir a verificar en qué situación nos encontramos”, dice Edith Padilla. En la pieza de Miguel León Prado 170 hace frío. El pasillo hacia la puerta de calle es largo, las paredes son de adobe, hay hoyos y un enredo de cables que sobresale. Una tele pequeña y antigua transmite un matinal con colores borrosos.

Sobre el autor: Tomás Basaure es estudiante de Periodismo y escribió este artículo para el Taller de Periodismo en Prensa. Fue editado por Javiera Uribe en el Taller de Edición en Prensa.

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Periodismo universitario, reporteado y escrito por estudiantes de la Facultad de Comunicaciones de la UC. www.kilometrocero.cl