¿Alguien quiere pensar en los niños?

Un paro docente es uno de los dilemas morales más difíciles de resolver en un país de valores occidentales hoy en día. En otras partes del planeta o en otra época, se encontraría una solución rápida. En tiempos de socialismo, simplemente se imprimiría más dinero para que todos los docentes vivan como reyes, porque todo el mundo sabe, al menos en el universo progresista, que cualquier problema de la economía se resuelve imprimiendo dinero, incluso el exceso de dinero. En otras tierras, donde la libertad es un lujo, las prioridades de los maestros son forzosamente otras.

Argentina, en cambio, es uno de esos países donde se vive demasiado mal para estar bien, pero al mismo tiempo se está demasiado bien para vivir mal. El círculo de la contradicción cierra con un gobierno elegido en nombre del cambio que está convencido de que el populismo se vence con populismo.

El dilema moral, entonces, plantea que nada es más importante para salir adelante y progresar en la vida, individual o colectivamente, que la educación, pero a su vez, los docentes de la escuela pública son trabajadores con derechos constitucionales adquiridos, entre los que se cuenta el derecho a huelga, al cual no temen acudir si no llegan a un acuerdo en materia salarial con su empleador, que, para variar, es nada menos que el mismo Estado que se endeuda fuerte para mantener un gasto público robusto.

Los docentes tienen derecho a un salario digno, o al menos tan digno como el de cualquier empleado público, pero la decisión de rehusarse a dar clases atenta contra el derecho de los niños, niñas y adolescentes a una educación básica de calidad. Y en el medio tenemos al sindicalismo que representa los intereses de los maestros organizados, y como novedad, a los voluntarios que se ofrecen a reemplazar a profesionales capacitados sin contar, en la mayoría de los casos, con los conocimientos técnicos y pedagógicos necesarios.

Para desgracia de la señora Alegría, nadie quiere pensar en los niños. Perder días de clase constituye un año lectivo normal desde hace años, lo que se suma a los problemas financieros y de calidad que, tarde o temprano, muestran sus consecuencias.

Por estos días, todo argentino que gusta de meter su bocado tiene para elegir al punchbag que más guste. Los que defienden el inminente paro docente se indignan con el voluntariado espontáneo de ciudadanos de a pie que no saben con exactitud a qué se prestan, y cuya acción es considerada, hablando en términos académicos, una reverenda pelotudez. Voluntariado que, a su vez, representa el hastío y la frustración de los que piensan que las clases, y quienes las atienden, son de alguna forma rehenes de la decisión unilateral de un grupo reducido, casi oligárquico, de dirigentes sindicales que, al menos en Argentina, se erigen en una clase aparte y distante de la trabajadora, cuyos intereses normalmente desconocen, y en nombre de los cuales lucran para garantizar su subsistencia sin mayor esfuerzo.

En el medio, el Estado solo es criticado, sin piedad y sin razón, por aquellos que se oponen a los colores políticos del gobierno. Por suerte para el gobierno, no faltan quienes se disponen a justificar cualquiera de sus actos bajo los mismos parámetros: sin piedad y sin razón. Y en verdad, no hace demasiado al análisis lo que se pueda pensar o decir del Estado, porque el Estado está fregado en esta discusión por el solo hecho de no garantizar de buenas a primeras el inicio de las clases. El Estado no puede ganar la pulseada porque, más allá de lo que se resuelva en términos monetarios, el costo político es insalvable.

Tampoco hay mucho por ganar o por perder para los voluntarios bien predispuestos. Su surgimiento espontáneo indica que desaparecerán de igual manera, sin previo aviso. De perseverar y ser considerados necesarios por las autoridades, se contentarán con lo que consideran un deber cívico cumplido.

Entre los gremios, en cambio, está en juego la parte de la torta que, sostienen, les corresponde por abanderar a un universo profesional castigado. La lucha gremial es estrictamente política. Las críticas del neoliberalismo para descalificar al sector exigen respuesta por parte del sindicalismo, fallando apenas en el detalle de responder a los argumentos con algo más que amenazas veladas y lugares comunes.

Según la Confederación de Educadores Argentinos (CEA), en 2010 había unos 830.000 trabajadores en el sector educativo, de los cuales menos de la mitad estaban sindicalizados. En 2015, el Ministerio de Educación relevó que había más de un millón de docentes en actividad, aunque el Centro de Estudios de la Educación Argentina de la Universidad de Belgrano (CEA, pero llamémosle CEAUB) analizó los datos y descubrió que iba en aumento el número de docentes con cargos burocráticos sin contacto con alumnos. A la vez, en el CEAUB detectaron que en 2015 había menos alumnos que en 2007 y que el traspaso de escuelas estatales a privadas no explicaba del todo el descenso.

Más profesores para menos alumnos. Un dato que no estaría mal en sí mismo, si no fuera porque, mientras tanto, en Chile, donde hay más alumnos por cada maestro y un sistema fuertemente privatizado y liberalizado, lideran en el rendimiento de los exámenes PISA a nivel regional.

Un ejército de ciudadanos voluntarios ajenos a la pedagogía no es la solución adecuada a la falta de clases, sin importar cuán bienhechores se sientan. Pero más lejos se está aún de solucionar el problema de raíz mientras el inicio de las clases dependa de dirigentes como Roberto Baradel. Valga la aclaración Baradel no es oligarca. Podrá ser puerco, mentiroso, idiota, oligarca

¡Pero nunca un docente!