Argentina: Autogestión obrera como respuesta a la crisis
Por Andrés Ruggeri*
*Antropólogo social (UBA/UNAJ). Director del programa Facultad abierta, especializado en empresas recuperadas por los trabajadores.
A diferencia de las experiencias históricas más conocidas y radicales surgidas en contextos de crisis revolucionarias, las empresas autogestionadas por trabajadores surgidas en Argentina y en otros países latinoamericanos constituyen procesos que responden a las transformaciones regresivas de la propia economía capitalista. La etapa de la globalización neoliberal provocó la expulsión de millones de trabajadores de las relaciones salariales en América Latina. La autogestión y la autoorganización productiva, aun en este marco desfavorable, representa una respuesta activa de la clase trabajadora a esta situación. Acuciada por la necesidad de supervivencia, pero siendo claramente consciente de que las demás alternativas sólo llevan a la marginalidad estructural, la defensa del trabajo se vuelve la defensa de la propia vida y la búsqueda de mecanismos de regeneración de relaciones sociales y económicas propias del movimiento social.
La autogestión es un concepto complejo, a veces difuso, que tiene diversas interpretaciones de acuerdo a corrientes políticas y teóricas, pero se vuelve más concreto en la práctica de las organizaciones que desarrollan formas de trabajo por fuera de la relación asalariada formal o informal. La autogestión desde este punto de vista es un fenómeno de trabajo colectivo, en el que las estructuras organizacionales se recrean para suplir la ausencia de la estructura jerárquica y la presencia del capitalista, aunque en este último caso no necesariamente se logran cortar los lazos de subordinación con el capital que se mantienen a través de la interacción en el mercado (en especial el mercado formal y las cadenas de valor dominadas por corporaciones). El caso de las empresas recuperadas por los trabajadores (ERT) en la Argentina, plantea una serie de ejes problemáticos para el análisis de los procesos autogestionarios de trabajo, en las particulares circunstancias de su formación, en la que los trabajadores como colectivo se hacen cargo de una empresa previamente existente como empresa capitalista clásica. Por lo general, estas situaciones se dan en un contexto de crisis provocada por las consecuencias de las políticas neoliberales, que llevan al cierre masivo de unidades productivas, mayormente en forma fraudulenta y dejando a sus colectivos laborales en la calle y sin empleo.
Breve síntesis del proceso de recuperación de empresas en la Argentina
Las empresas recuperadas ganaron conocimiento a partir de la crisis económica, social y política que estalló en la Argentina en diciembre de 2001. Filmes como “La Toma” (“The take”) de Naomi Klein y Avi Lewis contribuyeron a su divulgación en el activismo mundial, en una versión algo simplificada de los acontecimientos, que adquirían sentido como respuesta antiglobalización y se proponían como modelo de resistencia, si no de alternativa. En realidad, se trata de un fenómeno complejo que tiene raíces en la historia del movimiento obrero argentino, con características comunes a la clase trabajadora mundial pero también particularidades de la propia historia, formas de organización y contexto, y que antecede y se continúa más allá de la crisis de 2001. Se trata de unidades económicas que, frente al cierre y el abandono patronales, comienzan un proceso de lucha que las lleva, por caminos variados y disímiles, a su reorganización y reapertura como empresas de gestión colectiva de sus trabajadores, es decir, bajo autogestión. Estos amplios sectores además debieron afrontar el desplome, tras años de políticas de desguace, de las estructuras básicas de seguridad social y servicios públicos indispensables. La ocupación y la formación de cooperativas apareció como una forma de escapar a un destino de hambre. La autogestión aparece así en el panorama social como una herramienta de resistencia en un contexto de necesidad y como forma de conservar la fuente de trabajo para miles de trabajadores y trabajadoras.
La estrategia de la recuperación de empresas se mantiene hasta el día de hoy, en que unas 380 empresas recuperadas ocupan a cerca de 16000 trabajadores, atravesando diversas etapas a lo largo del tiempo. Actualmente, ya son más numerosas las ERT que se formaron después de los años de la crisis, contrariando la idea bastante consolidada de que se trató de un fenómeno de aquellos años. Al contrario, siguió siendo una herramienta cada vez más frecuente para combatir las maniobras patronales (incluso en años de crecimiento económico) y, con la vuelta al poder de un gobierno partidario del neoliberalismo salvaje, como una de las pocas formas de resistencia con cierta probabilidad de éxito. También el Estado y las patronales aprendieron de la experiencia y han desplegado en los últimos dos años estrategias para hacer fracasar la recuperación, pues la cooperativización de empresas quebradas conspira contra el objetivo de generar un grueso colchón de desempleados que permita la precarización absoluta, no solo del trabajo, sino de la vida de los sectores populares en su conjunto.
De esta manera, podemos distinguir en la curva del surgimiento de las ERT distintas etapas vinculadas a los cambios en el contexto macroeconómico, político y social. Los primeros casos de recuperación de empresas por los trabajadores (sin incluir acá algunos casos históricos que continúan en funcionamiento como la gráfica COGTAL, que proviene de la década del 50), se dan ya en el contexto del gobierno neoliberal de Carlos Menem, durante los años 90.
Un segundo momento, que es el de expansión, consolidación y visibilización del fenómeno, se da en la crisis de 2001 (entre los años 2000 y 2003).
Podemos caracterizar una tercera etapa durante la consolidación de la recuperación económica entre los años 2004 y 2008. Una cuarta etapa registra, con los coletazos de la crisis financiera global y en el marco de la política contracíclica y de protección del mercado interno de ambos gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner, un sostenido y constante crecimiento de las recuperaciones (con un pico en 2008–2009, un descenso en la segunda etapa de crecimiento y un nuevo repunte a partir de 2012), pero concentradas en sectores no industriales o, entre las manufacturas, en sectores de alta precarización, con debilidad sindical o vulnerables a los cambios tecnológicos que requieren gran inversión. Por último, a partir de fines de 2016, las condiciones de una nueva neoliberalización brutal de la economía con altos niveles represivos ponen a las ERT frente a una etapa de difícil sostenimiento desde lo económico, al deteriorarse el mercado interno y abrir la competencia con importaciones indiscriminadas, mientras una serie de medidas gubernamentales y judiciales intentan terminar con los casos de mayor vulnerabilidad jurídica e impedir nuevas recuperaciones, a pesar de lo cual se registran unos 30 nuevos casos desde mediados de 2016 a la fecha.
La característica común a la mayoría de las ERT en su origen es la conducta empresaria tendiente al vaciamiento y el fraude laboral, a costa de los puestos de trabajo y la capacidad productiva. También es importante tener en cuenta que el contexto macroeconómico, influenciado en gran parte por la política económica llevada adelante desde el gobierno, tiene una enorme importancia como contexto de posibilidad de la existencia de empresas recuperadas o de procesos que pueden concluir en su formación, pero que eso no significa que se forman a partir de políticas de Estado. Sin embargo, un Estado hostil puede hacer muy difíciles las condiciones para que se desarrollen estos procesos o incluso acabar con aquellos que presentan condiciones de debilidad (sea por infraestructura productiva, por precariedad jurídica que facilita medidas en contra o por fragilidad organizativa y de conciencia de los trabajadores).
Actualmente, las empresas recuperadas se encuentran distribuidas en todo el territorio argentino, con la mitad concentradas en el área Metropolitana de Buenos Aires (que concentra un tercio de la población del país). Adoptan en casi su totalidad la forma jurídica de cooperativas de trabajo (que en la legislación argentina equivale a lo que en otros países se llama cooperativas de producción, con la particularidad que no admite empleados de la cooperativa, solo trabajadores asociados) y el grueso se caracteriza por el poder de la asamblea general de socios como organismo rector. Hay ERT en prácticamente todos los sectores de actividad, desde fábricas metalúrgicas o textiles hasta manufactura de alimentos, gastronomía y hotelería, escuelas y clínicas.
En términos legales, la cooperativa de los trabajadores no solo representa la forma jurídica más adecuada para la gestión colectiva dentro de las existentes, sino que permite desprenderse de las deudas y demandas de la patronal. A pesar de eso, como la cooperativa no es propietaria de la empresa, debe dar una complicada batalla jurídica para evitar el desalojo, lo que implica la movilización para forzar a jueces a otorgar la continuidad productiva y laboral o a los legisladores a expropiar la fábrica o la empresa. Las condiciones para lograrlo han ido variando con la situación política, porque desde los sectores de poder, aun cuando se haya tolerado su existencia, no deja de ser una agresión a la propiedad privada y un precedente económico, político e ideológico peligroso. En la concepción del actual gobierno argentino las empresas recuperadas no pueden asimilarse, por su carácter colectivo y de lucha, a los “emprendedores” que les gusta promover como supuesta salida a la pobreza y a la crisis microcapitalistas de sí mismos y de otros pobres. Por esa razón, desde el primer momento han quitado la mayor parte de los programas de apoyo e intentado su clausura o desalojo, evitando por todos los medios nuevas recuperaciones, con cierto éxito.
Por último, un factor esencial para todo proceso de recuperación es la solidaridad popular, no solo en el momento de la ocupación, sino para su sostenimiento incluso después del principal momento de conflicto. La legitimidad que esta movilización dio y sigue dando a las ERT es una parte fundamental de su lucha por la sobrevivencia y motivó a gran parte de las empresas autogestionadas a realizar o ceder espacio en sus plantas para emprendimientos solidarios, centros culturales, bachilleratos populares y una enorme variedad de expresiones de militancia social.
La formación de la gestión colectiva
Desde las prácticas y relaciones sociales concretas que conforman los procesos de autogestión, las empresas recuperadas nos muestran algunos procesos que nos interesa destacar. El primero es el hecho decisivo de la conformación de un colectivo de trabajadores que pueda llevar adelante el conflicto, triunfar en la resistencia a las dificultades y los intentos represivos y, por último, constituirse como un sujeto capaz de organizarse con moldes muy diferentes a los acostumbrados como asalariados. Por lo general, el proceso previo al cierre de la empresa es conducido por los empresarios por el camino de desgastar e ir sometiendo la fortaleza de los trabajadores a través de la precarización de las relaciones laborales, tratando de dividir al grupo, separando el personal de planta de los administrativos, intentando la complicidad de delegados sindicales y personal calificado, generando una situación de angustia y agotamiento entre los trabajadores, con el objetivo de debilitar el plantel, conseguir reducir el número de empleados y facilitar el cierre fraudulento. En este proceso, además, se abandona por lo general el mantenimiento de la maquinaria, se la traslada o intenta trasladar a lugares donde incluso se arma una nueva planta sin los viejos empleados, se toma deuda y no se pagan salarios o se hace en forma espaciada.
Cuando el conflicto estalla, sea porque los trabajadores reaccionan y se dan cuenta de cuál es la estrategia patronal, o frente a las puertas sorpresivamente cerradas de la fábrica, si el colectivo obrero no se mantiene firme las posibilidades de éxito son muy reducidas. Lo más frecuente es que el personal jerárquico y administrativo abandone a su suerte al resto, confiando en su mayor cualificación para conseguir otro trabajo, y son los obreros de planta, los más viejos y los que no tienen adonde ir quienes deben enfrentar todo el proceso. En los casos que ahora son ERT, este momento es decisivo en la conformación del futuro colectivo autogestionado.
Las antiguas relaciones entre asalariados se disuelven en un nuevo grupo donde los viejos liderazgos (laborales o sindicales) deben ponerse a prueba o reemplazarse, y una nueva igualdad, impuesta de hecho por las circunstancias, se forma y anula las viejas jerarquías. Es interesante ver como la mayoría de los que actualmente se desempeñan en los consejos de dirección de las cooperativas no tenían puesto alguno en la vieja empresa, ni eran representantes sindicales. No faltaron los casos en los que los antiguos delegados fueron expulsados y reemplazados por trabajadores elegidos por asamblea. La organización pasa a ser asamblearia y allí se forman nuevos liderazgos. Aquí es donde por lo general se igualan las relaciones entre compañeros e incluso se establecen nuevas solidaridades entre trabajadores que bajo patrón no se conocían o tenían vedado relacionarse entre ellos.
La segunda prueba de fuego es, una vez ocupado el establecimiento, la reanudación productiva. Es en este momento donde el colectivo formado en la resistencia debe dar pruebas de madurez y visión colectiva. La tarea de la gestión es, por definición en el régimen capitalista, exclusividad del capital, y absolutamente ajena al trabajador. Reemplazar esa tarea esencial del capitalista implica la reformulación de la propia concepción del trabajo y del trabajador, pero además la adaptación a condiciones de funcionamiento que implican pensar y dirigir la estrategia empresarial en forma colectiva. Esto no es de ninguna manera fácil, requiere pensarse como sujeto colectivo capaz de tomar decisiones y asumir responsabilidades. Y, además, insertarse en relaciones de competencia de mercado, por lo general, en inferioridad de condiciones.
La supervivencia juega, además, una presión sobre el colectivo difícil de soportar, pues cuando aparecen los primeros resultados del trabajo la presión para repartir los escasos ingresos, llevados de la desesperación, puede impedir la consolidación de la ERT y condenar al fracaso el intento. Es enorme la voluntad de sacrificio que deben sostener los obreros en estos casos, soportando las presiones de sus propias familias y de los compañeros más urgidos. Aquí es donde se forja y fortalece la igualdad del colectivo. Pero si este momento decisivo, donde la reciente empresa autogestionada corre el peligro de «comerse» a sí misma, es superado, el camino a la consolidación de la autogestión aparece mucho más claro.
Como ya hemos puntualizado, las circunstancias de origen para que la ERT comience su actividad productiva distan mucho de las ideales y difieren sustancialmente de las oportunidades que las reglas de juego del sistema capitalista brindan a cualquier empresario que decida invertir capital en un emprendimiento determinado.
Los trabajadores no están decidiendo, en verdad, otra cosa que intentar continuar la explotación de un establecimiento fracasado, a veces por circunstancias macroeconómicas que el propio capitalista no pudo resolver, la mayoría por decisión de los patrones, que intentaron sacarse de encima el negocio a costa de sus empleados y, generalmente también, de proveedores, de clientes y del Estado. Queda fuera de su alcance la posibilidad fundamental de tomar autónomamente la decisión de qué tipo de unidad económica crear o desarrollar. En ese sentido, están reducidos a intentar hacer funcionar para su supervivencia una unidad económica previamente condenada por las reglas de juego del mercado.
También son numerosos los ejemplos donde la solidaridad ha contribuido en forma decisiva a superar estos obstáculos. Muchas ERT ya en funcionamiento han aportado financiación, préstamos o incluso donaciones para las nuevas con dificultades para recomenzar la actividad. Complementariamente, la lucha del movimiento y su visibilidad social han provocado que desde algunos estamentos gubernamentales durante el período kirchnerista se desarrollase una política de subsidios que en ocasiones se demostraron vitales en esta difícil etapa, como un impulso importante en el corto plazo pero que no pueden fundamentar un funcionamiento a largo plazo.
Pero el gran problema es que las empresas autogestionadas deben competir en un nicho del mercado, es decir, someterse a la lógica de la competencia capitalista para sobrevivir. Se trata de empresas, pero empresas de trabajadores, que deben vender sus productos subsumidas en las reglas del mercado de competencia. Esta demanda presiona sobre los tiempos de trabajo, la rentabilidad, la capacidad de tomar decisiones estratégicas y, en ocasiones, sobre las normas de funcionamiento interno.
El debate es viejo, ya se dio en la Primera Internacional acerca de las cooperativas de la época, se planteó entre Rosa Luxemburgo y Eduard Bernstein en la polémica sobre el reformismo en la socialdemocracia alemana de fines del siglo XIX, reaparece en cada ocasión en que formas económicas autogestionarias o asociadas deben desarrollarse en el seno del mercado capitalista.
¿Cómo desarrollar una lógica de relaciones solidarias y democráticas al interior de una empresa que debe competir por fuera de sus puertas con los valores capitalistas para poder mantenerse? ¿Es posible y deseable esto? ¿Puede haber otro mercado, inspirado en reglas de intercambio que no busquen imponerse sobre el otro?
Por ahora, debemos trabajar manteniendo estas interrogantes y constatar que, en las ERT argentinas, este problema se mantiene encapsulado, en una suerte de tregua dada por la necesidad de supervivencia de las empresas y de los propios trabajadores. La ERT está en principio obligada a tratar de reconstruir sus redes de demanda o, de no poder o querer hacerlo, construir otras. Esta demanda, por el momento, está necesariamente mediada por el mercado capitalista, incluyendo a aquellas que tienen al Estado como cliente. La cuestión es cómo, a pesar de esto, se pueden preservar lógicas de funcionamiento interno que logren escapar a esta presión.
Por último, queda considerar la relación de los trabajadores de las empresas recuperadas con el resto del movimiento obrero y su potencial como una forma económica alternativa. Brevemente, podemos decir que las empresas autogestionadas que pierden sus canales de comunicación y su conciencia de clase trabajadora están expuestas a ser reabsorbidas con cierta rapidez por la lógica del capital, a que algunos de sus miembros intenten reproducir al interior relaciones jerárquicas amparados en la debilidad del resto del colectivo y la ausencia de lazos orgánicos con otros trabajadores. Eso debe tener como contraparte organizaciones sindicales dispuestas a admitir que los trabajadores autogestionados son tan trabajadores como los asalariados, y a poner en discusión el sentido del sindicato en tanto organización de clase y no solo como institución que represente a empleados frente a las patronales y al Estado.
Como forma colectiva de trabajo y organización económica, las empresas recuperadas están lejos de ser una alternativa sistémica, por las limitaciones que le imponen su origen y condiciones de desarrollo, pero son un excelente banco de pruebas para la viabilidad de la autogestión, para su desarrollo en la práctica por personas trabajadoras de carne y hueso y para alimentar con nuevos problemas y desafíos a la teoría que sustente una economía y una sociedad autogestionaria.
