La evolución del poder en la Revolución cubana. 1975–1991 (II)
Por Juan Valdés Paz
Fragmento del libro La evolución del poder en la Revolución cubana. Tomos I y II. Rosa Luxemburg Stiftung Gesellschaftsanalyse und Politische Bildung e.V., Ciudad de México, 2018. Esta obra se encuentra bajo Licencia Internacional de Creative Commons 4.0: Atribución-Licenciamiento Recíproco.
Vea aquí la entrega anterior de este capítulo: Introducción, Ordenamiento jurídico y División político-administrativa
4. El sistema político
Esta división temporal se inicia con una profunda reestructuración de las instituciones del sistema político, creando algunas nuevas y resignificando las existentes. Éste, con leves variaciones a lo largo del periodo, sería la matriz de los sistemas políticos de lapsos posteriores. Por otra parte, el sistema político evolucionó en adelante como el resultado de las estrategias y prácticas definidas en sucesivos congresos del Partido Comunista de Cuba y en los Plenos de su Comité Central.
Como se verá, el sistema político quedó desde entonces conformado por viejas y nuevas instituciones políticas, tales como las organizaciones políticas — el partido de vanguardia y organización juvenil — , las instituciones estatales — las Asambleas del Poder Popular, Consejo de Estado, Gobierno, Administración del Estado, institutos armados, Fiscalía y Tribunales — y por las Organizaciones de Masas, conjunto de instituciones o subsistemas que además de su evolución particular debía tributar a un único poder revolucionario y a su proyecto de sociedad. Podemos resumir esta evolución como sigue:
4.1 Organizaciones políticas
Como se esperaba, las organizaciones políticas surgidas en el periodo anterior evolucionaron en éste, hasta constituir el centro del sistema social en su conjunto. Podemos describir a este sistema político como sigue:
El partido de vanguardia
La función de partido de vanguardia, ejercida por el PCC en el periodo anterior, quedó formalizada en el Primer Congreso del Partido Comunista de Cuba, celebrado en diciembre de 1975, tanto en sus nuevos estatutos, como en el Proyecto de Constitución aprobados por el Congreso. Los estatutos partidarios recogieron los principios establecidos en el periodo anterior y el Proyecto de Constitución, siguiendo el canon de otras experiencias del socialismo real, definió este papel como el de «dirigente superior de la sociedad y el Estado».[1]
En lo que respecta a las instituciones del Estado, la dirección del Partido sobre éstas quedó codificada en un grupo de principios que podemos resumir como sigue:[2]
· El Partido y más bien sus organismos superiores — Congreso, Comité Central y Buró Político — elaboran directivas generales sobre las cuestiones fundamentales del desarrollo económico, político, cultural y social del país. Los órganos del aparato estatal deberán guiarse y encauzar sus actividades por tales directivas y no deberán resolver ninguna cuestión importante sin tenerlas en cuenta.
· Dirige, mediante la selección, ubicación y educación del personal principal del aparato del Estado.
· Dirige mediante el control del comportamiento de tales órganos, en cada instancia del Partido, orientando las correcciones necesarias sin inmiscuirse ni suplantar sus facultades de decisión.
· Dirige mediante su apoyo y ayuda con los recursos partidarios.
· Dirige a través de los militantes del Partido, quienes en cualquier lugar de trabajo y cargo que ocupen están obligados a cumplir, aplicar y persuadir de su justeza las decisiones del Partido.
· Dirige mediante el hecho — necesario e inevitable durante mucho tiempo — de que los principales dirigentes del Partido sean también los principales del Estado.
A diferencia del periodo anterior en que determinados acontecimientos internos amenazaron la unidad e identidad del partido de vanguardia; en este periodo, acontecimientos de gran impacto como las reformas de los años setenta, la Perestroika de mediados de los años ochenta o la Causa núm. 1, de 1989, no obstante su incidencia en la opinión pública, no afectaron el consenso interno del Partido y apenas tuvieron en él alguna expresión institucional, ideológica o política.
Genealogía del Partido Comunista de Cuba
Cabe observar que a partir de este periodo se superpuso, a la historia real de un partido surgido tras el triunfo de la Revolución — mediante un difícil proceso de unificación, que pasó por organizaciones previas como las ORI y el PURS, y con una década de existencia — , la historia simbólica de un PCC que es continuidad del Partido Comunista de 1925, que se continuó en la existencia del viejo Partido Socialista Popular y que el 16 de agosto de 1975 y de 1985 celebraban, respectivamente, el 50 y el 60 aniversario de su virtual fundación.[3] De esta manera, la falta de continuidad programática, de estrategia de lucha revolucionaria u orgánica y de liderazgo era suplantada por otra reinterpretación ideológica de sus orígenes.
Congresos
Desde el Primer Congreso del PCC en 1975, con el cual se inició este periodo, las celebraciones de congresos partidarios, con sus informes centrales, diagnósticos de la situación nacional e internacional, acuerdos programáticos y propuestas de políticas, se convirtieron en marcadores del ritmo histórico e institucional de la sociedad cubana. Cabe pues, resumir los tres congresos del PCC celebrados en el periodo:
a) Primer Congreso del Partido Comunista de Cuba (1975)
El 10 de abril de 1975, el Buró Político del Comité Central del PCC acordó convocar a su Primer Congreso.[4] Al efecto, creó la Comisión Preparatoria Central, presidida por Fidel Castro. Esta Comisión llevó a consulta popular, entre los días 13 y 31 de octubre de ese año, el Proyecto de Plataforma Programática del PCC, para ser discutido por sus militantes y la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC), así como por todos los miembros de las Organizaciones de Masas. Entre octubre y noviembre de 1975 se desenvolvieron las Asambleas de Balance del PCC en las provincias y se eligieron a los Primeros Secretarios Provinciales. Finalmente, el 17 de diciembre se inició, en el teatro Karl Marx de la ciudad de La Habana, el Primer Congreso del Partido Comunista de Cuba con la asistencia de 3,116 delegados. El «Informe del Comité Central del PCC al Congreso» fue presentado por Fidel Castro y aprobado por unanimidad.
Igualmente, el Primer Congreso debatió y aprobó las tesis,[5] la Plataforma Programática, el Proyecto de Constitución de la República, los Estatutos de Partido, el Proyecto de Nuevo Sistema de Dirección y Planificación de la Economía y las Directivas para el desarrollo económico y social en el quinquenio 1976–1980.
El Primer Congreso del Partido culminó con un acto masivo en la Plaza de la Revolución, el día 22 de diciembre, en apoyo a los acuerdos adoptados. Algunos aspectos a destacar de este evento partidario son:
- Informe Central. El Informe Central presentó un pormenorizado y autocrítico balance histórico de la Revolución desde el triunfo de 1959. También caracterizó los fundamentos del socialismo en Cuba, así como las condiciones que la hicieron posible. Asimismo, comentó extensamente las propuestas de estrategias de transición socialista en la nueva etapa de la Revolución, puestas a consideración del Congreso.
- Estatutos.[6] Los estatutos aprobados consagraron la noción de un partido de vanguardia, clasista, de ideología marxista-leninista, basado en el centralismo democrático y la prohibición de corrientes o fracciones en su seno,[7] cuyo principal objetivo sería orientar y conducir a la Revolución hacia el objetivo principal de construir el socialismo y el comunismo.
- Organización del partido. Este modelo de Partido, de inspiración soviética, se organizaría acorde con el principio territorial y por centro de trabajo, y con una organización especial en las FFAA y el MININT, a saber: a) los órganos superiores del Partido serían, en el nivel central y en orden de jerarquía, el Congreso, el Comité Central, el Buró Político, el Comité Nacional de Control y Revisión, el Secretariado y los órganos auxiliares del Comité Central; b) homólogamente, los órganos partidarios territoriales serían, en orden jerárquico, las Asambleas, los Comités Provinciales y Municipales del PCC y los respectivos Burós Ejecutivos; y c) las direcciones de los Órganos de Base serían los Zonales, Comités y Núcleos del PCC. Para todos ellos, se establecía la necesidad de cumplir las reglas de elección y renovación periódica de sus direcciones. Cada instancia partidaria contaría con órganos auxiliares y comisiones de trabajo. A fines de noviembre de 1976 se reorganizaron los burós y aparatos auxiliares del PCC en las provincias y municipios surgidos de la nueva DPA.
- Comité Central. Convenida la norma de renovación parcial y periódica de los órganos superiores del Partido, así como la necesidad de acciones afirmativas para asegurar una adecuada representación de género, generaciones, raza, sectores sociales y estatales, el Primer Congreso eligió a Fidel Castro como Primer Secretario, a Raúl Castro como Segundo Secretario, a su Comité Central (112 miembros efectivos y 12 suplentes), al Buró Político (13 miembros),[8] al Secretariado (nueve secretarios)[9] y a la Comisión de Control.[10]
Desde mucho antes y a propósito de la representatividad del primer Comité Central elegido en el Primer Congreso del PCC, se definieron las virtudes exigidas a sus miembros y, por extensión, a todos los militantes, dirigentes y revolucionarios, cuya codificación quedaría como un patrón de referencia en el futuro:[11]
Las virtudes del militante, dirigente y revolucionario
· Ejemplaridad.
· Pureza, honestidad, espíritu crítico y libertad de criterios.
· Antagónico a toda forma de nepotismo (familiares, amigos).
· Con méritos personales reconocidos.
· Con capacidad y conocimientos.
· Poseedor de espíritu autocrítico.
· Modesto.
· Superación del espíritu pequeño burgués.
· Representatividad.
- Internacionalismo. El Congreso ratificó el carácter internacionalista de la Revolución cubana; y a solicitud de Fidel Castro, el Congreso refrendó la política del Gobierno Revolucionario de apoyo al movimiento de liberación nacional en África, como parte de su compromiso internacionalista, así como la participación de Cuba en la defensa de la soberanía e integridad de la República de Angola, a petición de su Gobierno.
- Discurso en el acto de masas celebrado en la Plaza de la Revolución con motivo de la clausura del Primer Congreso del PCC.[12] En las palabras de clausura, Fidel Castro reconoció las condiciones externas que hicieron viable la Revolución cubana: «las fuerzas históricas nos ayudaron a nosotros, la correlación internacional de fuerzas nos ayudó a nosotros», en referencia a la ayuda recibida de parte de la comunidad socialista, principalmente de la Unión Soviética, así como de los movimientos progresistas de todo el mundo.
A la vez, estas palabras de clausura expresaron el momento más utópico de la Revolución, cuando prometía «la igualdad en todos los aspectos» y afirmaba: «nuestro pueblo llegará al comunismo».
- En enero de 1976 se constituyó, bajo la jefatura de Fidel y Raúl Castro, la Comisión Nacional de Implementación del Cronograma, a cargo de la realización de los acuerdos del Congreso.
El Primer Congreso del Partido Comunista, además de retomar la tradición de los partidos comunistas de dotarse de un orden estatutario y de órganos representativos, alcanzó su mayor trascendencia al desencadenar el primer proceso de reformas ocurrido en el proceso revolucionario. Estas reformas, definidas desde entonces como «nueva institucionalización», abarcaron todo el sistema social y sus subsistemas, así como conformaron el modelo básico de transición socialista dominante en las décadas siguientes.
b) Segundo Congreso del Partido Comunista de Cuba (1980)
El 12 de julio de 1979, como antecedente al Segundo Congreso, el Buró Político del PCC emitió una resolución dirigida a sus organizaciones de base, orientando un análisis crítico sobre las deficiencias que entorpecían el cumplimiento de los planes, así como el comportamiento normal del trabajo en todas las instituciones económicas, políticas y sociales.
El 1 de mayo de 1980 se hizo pública la convocatoria al Segundo Congreso del Partido Comunista de Cuba y la creación de su Comisión Preparatoria. Previo al congreso, se constituyeron los órganos partidarios en los municipios, provincias e institutos armados; se eligieron los delegados al Congreso; y se sometió a discusión por las bases del Partido, la UJC y la población el Anteproyecto de Modificación de los Estatutos y los Lineamientos Económicos y Sociales para el Quinquenio 1981–1985.
El Segundo Congreso del PCC se inició el 17 de diciembre de 1980 con la participación de 1,772 delegados, en representación de 434,143 militantes agrupados en 26,500 núcleos.[13] El Primer Secretario Fidel Castro Ruz presentó el «Informe Central», aprobado por unanimidad. Igualmente, se presentó la Plataforma Programática, las modificaciones a los estatutos y la reorganización emergente de las Milicias de Tropas Territoriales. También se aprobaron por unanimidad los Lineamientos Económicos y Sociales para el Quinquenio 1981–1985”, así como las resoluciones sobre el Sistema de Dirección y Planificación de la Economía (SDPE) y el Perfeccionamiento del Poder Popular.
El Congreso eligió un nuevo Comité Central de 148 miembros efectivos y 77 suplentes. Se reeligió a Fidel Castro como Primer Secretario y a Raúl Castro como Segundo Secretario. Se eligieron los 16 miembros efectivos y a 11 suplentes del Buró Político, a los nueve miembros del Secretariado y al Presidente del Comité Nacional de Control y Revisión. Fidel Castro pronunció el discurso de clausura. El Congreso quedó refrendado con un acto de masas en la Plaza de la Revolución «José Martí».
En enero de 1985, el XI Pleno Extraordinario del CC del PCC examinó la situación del país, el trabajo del Partido y cuestiones estructurales, posteriormente acordó la creación de la Oficina de Asuntos Religiosos, adscrita al Secretariado del Comité Central.[14]
c) Tercer Congreso del Partido Comunista de Cuba (1986)
El Tercer Congreso declaró disponer en 1986 de 523,639 militantes y aspirantes, organizados en 38,168 organizaciones de base. Las mujeres representaban el 21.5 % de las filas del Partido y se otorgó la condición de Fundador del Partido a 18,197 militantes con méritos para ello.[15]
El Tercer Congreso del PCC estuvo acompañado e influido por acontecimientos como el inicio de una recesión económica en el país, la crisis internacional de la deuda externa y la crisis de liderazgo en la URSS, que dio lugar al ascenso de Mijaíl Gorbachov como Primer Secretario del PCUS y a las políticas de la Perestroika y Glásnost impulsadas por él.
El 2 de enero de 1985 se informó en la prensa nacional la convocatoria al Tercer Congreso del Partido Comunista de Cuba, a celebrarse en diciembre de ese año. Igualmente, de la constitución de la Comisión Preparatoria integrada por los miembros del Buró Político y del Secretariado. El XII Pleno del Comité Central del PCC, celebrado el 2 de julio de 1985, acordó posponer la celebración del Tercer Congreso del Partido para el mes de febrero de 1986.
Desde los primeros días de noviembre de 1985 se comenzó la discusión pública del Anteproyecto de los Lineamientos Económicos y Sociales para el Quinquenio 1986–1990. El 25 de diciembre de 1985 se celebró el XIII Pleno del CC-PCC, que conoció y aprobó los documentos que se llevarían al Tercer Congreso, entre otros: los Lineamientos Económicos y Sociales para el quinquenio 1986–1990, cambios al Sistema de Dirección y Planificación de la Economía y el Proyecto de Modificaciones de los Estatutos.
Entre el 4 y el 7 de febrero de 1986 se celebró el Tercer Congreso, con la asistencia de 1,784 delegados. El Informe Central fue leído por el Primer Secretario Fidel Castro y aprobado por unanimidad. También se aprobaron los Lineamientos Económicos y Sociales para el Quinquenio 1986–1990, cambios al Sistema de Dirección y Planificación de la Economía, cambios a la división político-administrativa y modificaciones a los Estatutos del Partido.[16] Se acordó convocar una sesión diferida del Congreso para finales del año con el objetivo de aprobar el Programa del Partido.[17]
El Congreso eligió un Comité Central de 146 miembros efectivos y 79 suplentes, reeligió a Fidel Castro y Raúl Castro en sus cargos partidarios, eligió a un Buró Político de 14 miembros efectivos y 11 suplentes, y a un Secretariado de nueve.
Cumplimentando el acuerdo del Tercer Congreso del PCC, el 1 de abril de 1986 se inició en las bases de las Organizaciones Políticas y de Masas la discusión del Proyecto de Programa del Partido. A fines de octubre se produjo una reunión conjunta del Buró Político y el Secretariado, presidida por Fidel Castro, con el propósito de examinar las más de 8 mil propuestas de modificaciones. Se acordó adicionar 16 nuevos párrafos al proyecto que se sometería a la sesión diferida del Tercer Congreso.
Tras las críticas contenidas en el Informe Central a algunas prácticas de la construcción socialista en Cuba[18] y una vez concluida la primera sesión del Congreso, Fidel Castro pronunció numerosos discursos en sucesivos eventos, mediante los cuales anticipaba la campaña de Rectificación de Errores — que era de hecho una crítica acerva al SDPE — , aprobada por el Primer Congreso, implementada desde entonces y que había sido objeto de una evaluación favorable en el Segundo Congreso.[19] Entre el 30 de noviembre y el 2 de diciembre de 1986, se efectuó la sesión diferida y la clausura del Tercer Congreso. En esta oportunidad quedó refrendada la campaña de Rectificación de Errores y Tendencias Negativas o Proceso de Rectificación,[20] y fue aprobado el primer Programa del Partido Comunista de Cuba,[21] en sustitución de la Plataforma Programática aprobada en el Primer Congreso.[22]
Las críticas levantadas al SDPE y a su implementación, marcaron un punto de giro en la estrategia económica nacional, así como en el discurso político-ideológico.
Organización Juvenil de Vanguardia
En 1986, se estimaban los efectivos de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) en más de 500,800 militantes.[23] El 27 de abril de 1976, la UJC inició su III Congreso, el 4 de abril de 1982 se clausuró el IV Congreso y del 1 al 4 de abril de 1986 se celebró el V Congreso. En estos congresos se ratificó el apoyo a la política del PCC, se aprobaron cambios a sus estatutos y varios programas de acción. Tuvo especial trascendencia la realización del XI Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes en Cuba, cuya organización estuvo centralmente a cargo de la UJC.
4.2 Instituciones estatales
De todas las reformas emprendidas en el periodo, las más novedosas y complejas fueron las relacionadas con la reestructuración de las instituciones estatales. Esta reestructuración tuvo como fundamentos: a) los principios constitucionales de unidad de poderes, democraticidad, decisión colegiada, función reguladora, etc.;[24] b) su carácter socialista; c) una concepción sistémica; d) la creación de órganos representativos dotados de la máxima autoridad estatal; e) un diseño más descentralizado; y f) y la adecuación de las instituciones estatales a la normativa constitucional y a la nueva división político-administrativa. Esta institucionalización se mantuvo, con leves modificaciones, a lo largo de todo el periodo.
El Estado institucionalizado en el periodo anterior, integrado desde entonces por el Gobierno Revolucionario, su Consejo de Ministros, la Administración Central y Territorial del Estado, los institutos armados, la Administración de Justicia y la Fiscalía general de la República, quedó ampliado desde los inicios de esta división temporal, mediante la creación de los órganos representativos del Estado, las llamadas Asambleas del Poder Popular. Las instituciones estatales quedaron reconfiguradas como un subsistema político o sistema estatal que ahora quedó integrado por los siguientes elementos:
a) Órganos Representativos del Poder Popular
El poder del Estado se ejercería en delante de acuerdo con la definición constitucional mediante órganos representativos, las Asambleas del Poder Popular, constituidos en los niveles de nación, provincia y municipio, determinados en la nueva división político-administrativa aprobada a mediados de 1976. Estos representantes serían elegidos por los procedimientos establecidos en la legislación electoral, basada en los principios de elegibilidad, voto universal y secreto, rendición de cuenta y revocabilidad.
Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP)
El artículo 67 de la Constitución de 1976 definió a la Asamblea Nacional del Poder Popular como «el órgano supremo del poder del Estado y representa la voluntad soberana de todo el pueblo trabajador». Igualmente, definió sus atribuciones.
El 2 de noviembre de 1976, las 169 Asambleas Municipales del Poder Popular, creadas días antes en todo el país, eligieron a los 481 Diputados de la Asamblea Nacional del Poder Popular o Parlamento cubano.
El 2 diciembre de 1976, se constituyó la primera Asamblea Nacional del Poder Popular. La Asamblea eligió a Blas Roca Calderío como su Presidente, a Raúl Roa García como Vicepresidente y a José Arañaburo García como Secretario. El 12 de julio de 1977 se inició el Primer Periodo de sesiones de la ANPP.
En su primera sesión de julio de 1977, la ANPP aprobó su Reglamento Funcional, así como las Normas Reglamentarias de las Asambleas Provinciales y Municipales, bajo las cuales conduciría sus trabajos en adelante.
Posteriormente, el 5 de agosto de 1982 la Asamblea Nacional del Poder Popular aprobó un nuevo reglamento en el que se definieron sus funciones y atribuciones, así como su relaciones con los demás órganos y organismos.[25]
En 1987 aprobaron las 16 Comisiones de Trabajo de la ANPP, creadas provisionalmente por su Presidencia.[26]
En 1989, la Asamblea tomó un acuerdo regulando las atribuciones y condiciones de la Iniciativa Legislativa. Principalmente en los años ochenta se establecieron las Rendiciones de Cuentas de Ministerios y Comités y de la ANPP a la Asamblea.
Consejo de Estado
El 3 de diciembre de 1976 se creó el primer Consejo de Estado, órgano colegiado que ejerce las funciones y potestades de la Asamblea Nacional durante su receso y cuyos miembros son elegidos entre los propios Diputados de la Asamblea. Ese día la ANPP acordó la integración del primer Consejo de Estado y la elección de su presidente, constitucionalmente, Jefe de Estado y de gobierno.[27]
Asambleas Locales del Poder Popular
El 30 de octubre de 1976, una vez concluido el proceso electoral, se constituyeron por primera vez las 169 Asambleas Municipales del Poder Popular. El 7 de noviembre quedaron instauradas las Asambleas Provinciales.
Consejos Populares
A finales de periodo, la experiencia acumulada sobre el funcionamiento de los Órganos Municipales del Poder Popular, sobre todo en las grandes núcleos poblacionales, planteaba la necesidad de crear una nueva instancia del Poder Popular, a cuyo efecto se autorizaron experiencias locales — denominadas primero Distritos y más tarde Consejos Populares — en las Provincias de Santiago de Cuba y posteriormente en La Habana, todas las cuales estaban en proceso a comienzos del siguiente periodo.[28]
b) Procesos electorales
Los procesos de representación en los Órganos Representativos del Poder Popular se condujeron en el periodo bajo los requisitos de varias leyes electorales: a) la Ley Electoral de 1976;[29] b) la Ley Electoral de agosto de 1982, acorde con el mandato del Segundo Congreso del PCC;[30] y c) las reformas a la Ley de julio de 1986. Estas legislaciones regulaban el derecho de sufragio, el procedimiento electoral y definían las entidades que participarían en el proceso.
· En la primera experiencia electoral del periodo revolucionario, la de 1976, se distinguieron los momentos que caracterizarían el proceso electoral cubano en adelante, a saber: designación por el Consejo de Ministros de la Comisión Electoral Nacional, encargada de organizar y dirigir el proceso electoral; Asambleas de Vecinos para la nominación y elección de candidatos a Delegados de Circunscripción, primera instancia del sistema estatal; celebración de elecciones de Circunscripción y Municipales cada dos años y medio; elecciones a las Asambleas Provinciales y Nacional cada cinco años; constitución por derecho propio de las Asambleas Municipales, Provinciales y Nacional con los Delegados y Diputados electos.
· La representación y los representantes quedaban sujetos a los principios de representación debida, rendición de cuentas y eventual democión por sus electores.
Desde 1976 se han realizado todos los procesos electorales previstos en la Ley, tanto los de este periodo como de los posteriores.
c) Gobierno
La Constitución de 1976 definió al Consejo de Ministros como «el máximo órgano ejecutivo y administrativo y constituye el Gobierno de la República». El Gobierno funciona colegiadamente y le corresponde implementar las políticas aprobadas por la Asamblea Nacional, su Consejo de Estado y las propias, así como orientar y dirigir a toda la administración pública. Este órgano de Gobierno quedaría integrado por su Presidente y Vicepresidente, el Secretario del Consejo, los Presidentes de la JUCEPLAN y Banco Nacional de Cuba, los titulares de los Comités y Ministerios, los directivos de algunos organismos centrales seleccionados y representantes de las OOMM, particularmente, la Central de Trabajadores de Cuba (CTC).
El Consejo de Ministros cuenta con un Comité Ejecutivo integrado por su Presidente, Vicepresidentes y Secretario, el cual ejerce las funciones y atribuciones de aquel durante su receso.
El Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros decretó crear en abril de 1978 la Oficina de Atención a los Órganos Locales del Poder Popular, adscrita a su Comité Ejecutivo y a su Presidente. Esta oficina quedaba a cargo de las relaciones del Consejo de Ministros, su Ejecutivo y Presidente, con los Órganos Locales del Poder Popular.[31]
d) Administración Central del Estado
Las instituciones que conformaron los Organismos de Administración Central del Estado en el periodo anterior, experimentaron en éste numerosos cambios como efecto de las reformas institucionales introducidas por el Primer Congreso del Partido y por la nueva Constitución de la República promulgada en 1976, así como por otros cambios implementados a lo largo del periodo.
Las actividades de la administración pública quedaron en parte subordinadas al nivel Central y en parte a la Administraciones Locales de Provincia y Municipio, bajo el mecanismo ya mencionado de la doble subordinación.
Reforma de la Administración Central del Estado de 1976
Como efecto del nuevo orden institucional previsto en la nueva Constitución de la República de 1976, así como del nuevo Sistema de Dirección y Planificación de la Economía, también aprobado en el Primer Congreso del PCC, se hizo necesaria una reestructuración de la Administración Central del Estado. De hecho, a fines de 1976 se emitió la Ley núm. 1323, que produjo una reforma integral de la Organización Central del Estado, distinguiendo entre sus organismos, acorde con el carácter y rango de sus funciones: a) los Comités Estatales, b) los Ministerios y c) los así designados, caso de algunos institutos nacionales y comisiones nacionales. La Ley enunció taxativamente los organismos que integrarían los Organismos de la Administración Central del Estado (OACE), con sus funciones básicas, así como enumeró a los organismos declarados extinguidos, a saber:[32]
Desde mayo de 1977, el Consejo de Ministros comenzó a certificar su aprobación de la estructura funcional y plantilla de cada una de las OACE, así como de sus delegaciones territoriales. Adicionalmente, aprobó el Reglamento de Relaciones entre los organismos de la Administración Central del Estado y los Órganos Locales del Poder Popular.
En abril de 1978, el Consejo de Ministros creó la Oficina de Atención a los Órganos Locales del Poder Popular,[33] y en junio de 1978, decretó el Reglamento General de los Organismos de la Administración Central del Estado.[34]
En enero de 1977, el Consejo de Ministros emitió su Decreto núm.1 mediante el cual establecía el conjunto de Organismos Centrales (OACE) que quedaban bajo la atención directa del Presidente y Vicepresidente Primero, así como de cada Vicepresidente del Consejo de Ministros. [35]
Reforma de la Organización Central del Estado (OACE) de 1980
En 1980 se aprobó por el Consejo de Estado el Decreto-Ley núm. 31 que hizo modificaciones al número, denominación y funciones de los Organismos Centrales del Estado conformados desde 1976, entre otras:[36]
· Se creó el Ministerio de la Industria Básica (MINBAS) refundiendo los anteriores Ministerios de la Industria Química, Industria Eléctrica y de Minería y Geología.
· Se disolvieron los Comités Estatales de Ciencia y Técnica, y de la Construcción, el Instituto de la Infancia, el Instituto Cubano de Investigación y Orientación de la Demanda Interna (ICIODI), el Instituto Nacional de Desarrollo y Aprovechamiento Forestales, el Ministerio de la Industria de Materiales de la Construcción y el Centro de Estudio y Control del Desarrollo de la Vivienda, cuyas funciones y recursos quedaban traspasados a otros organismos centrales.
· Todas las actividades de la Agricultura Cañera fueron separadas del Ministerio de la Agricultura e incorporadas al Ministerio del Azúcar.
Reformas posteriores
No obstante que la Administración Central del Estado posterior a 1980 se mantuvo sin grandes modificaciones, aún se produjeron algunos cambios hasta finales del periodo, a saber:
· En abril de 1983, el Consejo de Estado dictó el Decreto-Ley núm. 67, De Organización de la Administración Central del Estado, en el cual se recogían todas las modificaciones parciales precedentes y se enumeraban taxativamente los organismos que la integran. El Decreto-Ley núm. 67 dispuso la extinción del Instituto Cubano de Hidrografía y de la Dirección General de Aduanas.[37]
· A comienzos de junio de 1983, el Consejo de Estado creó la Comisión Nacional de Energía, encargada de elaborar y establecer una política general energética — utilización racional, el ahorro y el desarrollo — , así como de organizar y controlar el programa de acción que deberían desenvolver los OACE, los ORPP y privados. La Comisión crearía la estructura orgánica local necesaria para esos fines.[38]
· El 13 de abril de 1984, se constituyó la Comisión Permanente de la Legalidad Socialista, adscrita al Jefe de Estado y Gobierno.
· En diciembre de 1984, se promulgó la Ley núm. 48, Ley General de Vivienda, en la cual se incluía la creación del Instituto Nacional de la Vivienda, responsable de la implementación de la Ley.[39]
· En junio de 1985, el Consejo de Ministros creó el Instituto de Aeronáutica Civil como integrante de la OACE.[40]
· En septiembre de 1987, se creó la Comisión Nacional de Prevención y Atención Social, integrada con la representación de 21 organismos estatales y de masas.[41]
· En junio de 1989, se creó el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, como una OACE.[42]
· En marzo de 1990, se creó el Instituto Nacional de Reservas Estatales.[43]
e) Los institutos armados
Los institutos armados constituidos en el periodo anterior continuaron siendo parte del «núcleo duro» del poder revolucionario; sus estructuras funcionales se ampliaron en entidades y efectivos, siguiendo de cerca las experiencias socialistas del este de Europa. En el periodo, presentaban la siguiente situación:
Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR)
En este periodo, las FAR entran en un acelerado proceso de desarrollo técnico-militar y de profesionalización de sus mandos. Esto les permitió alcanzar una notable capacidad operacional y disuasiva. Se enfatizó su papel en la defensa externa del país. A ese efecto, se produjeron sucesivas reorganizaciones del organismo central, principalmente referidas al número y perfiles de los Viceministros:
· A fines de noviembre de 1976, el Consejo de Ministros aprueba el nuevo sistema de grados militares.
· Proyectada desde 1974, el 1 de diciembre de 1976 quedó inaugurada la Academia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias «General Máximo Gómez».
· En noviembre de 1976, se aprobó la Ley de la Reserva Militar de los Medios y Equipos de la Economía Nacional.[44]
· El MINFAR constituye la Sociedad de Educación Patriótico Militar (SEPMI), integrada en 1980 por 270 asociaciones de base, 152 clubs deportivo-técnicos con 5241 miembros, varones y hembras. Su función era capacitar a los jóvenes, práctica e ideológicamente, para un futuro desempeño militar.
· Los efectivos de las FAR, que en los años sesenta enrolaron a más de 300 mil combatientes, fueron rebajados en los años setenta a unos 150 mil, como efecto tanto de la tecnificación de las FFAA como del escenario de distensión de esos años.
· En el periodo, una parte importante de las FFAA y Milicias pasaron por experiencias de combate en escenarios de conflicto armado en Angola (1975–1984) y Etiopía (1978–1981), en los cuales el concurso de las fuerzas cubanas determinó la victoria.
· En los primeros días de diciembre de 1986 se efectuaron las maniobras y prácticas de la defensa nacional bautizadas como Bastión 86, en las cuales participaron todas las armas, las MTT, los cuadros políticos y civiles, así como la población en acciones de defensa civil. Este Ejercicio Estratégico sería el primero de sucesivos bastiones.
Ejército Juvenil del Trabajo
Mediante la fusión de la Columna Juvenil del Centenario y las Divisiones de Infantería Permanente de las FAR, se había creado en 1973 el Ejército Juvenil del Trabajo, adjunto al MINFAR y subordinado a su ministro.
Milicias de Tropas Territoriales
Ante el escenario planteado por la llegada de la administración Reagan, el Tercer Congreso del PCC consideró darle un impulso extraordinario a la organización de las Milicias de Tropas Territoriales y solicitar, de todas las organizaciones políticas, estatales y de masas, una atención prioritaria a este objetivo.
Entre 1973 y 1980, las Milicias Nacionales Revolucionarias (MNR) languidecieron hasta casi hacerse testimoniales. Pero con la cuestión de seguridad nacional planteada con el nuevo escenario externo,[45] la dirección del país retomó la estrategia de una defensa territorial miliciana, bajo la concepción de «Guerra de todo el pueblo». Durante la celebración de la VII Reunión de la Oficina de Atención a los Órganos Locales del Poder Popular, el General del Ejército, Raúl Castro, anunció la formación de las Milicias de Tropas Territoriales (MTT) en todo el país, que se integrarían voluntariamente con todos los ciudadanos dispuestos a la defensa de la Patria y la Revolución.
Cumpliendo el objetivo de que las Milicias de Tropas Territoriales se autofinanciaran, el 25 de diciembre de 1980 se constituyó la Comisión Organizadora Nacional para dirigir la campaña de financiamiento a las MTT, integrada por todas las OOMM y presidida por la CTC.
En agosto de 1983, el Consejo de Ministros emitió el Decreto «De las Milicias de Tropas Territoriales», mediante el cual definió: a) que las MTT son parte integrante de las FFAA, subordinadas a su Comandante en Jefe; b) la responsabilidad de los Órganos Locales del Poder Popular en su organización e instrucción; y c) las regulaciones referente a sus miembros.[46]
Ministerio del Interior
El MININT continuó su desarrollo como la institución encargada de la seguridad interna del país. Durante el periodo, las actividades contrarrevolucionarias internas continuaron disminuyendo y en su lugar se incrementaron las acciones terrorista externas. No obstante la mayor profesionalidad de los órganos de la Dirección Nacional de la Policía Nacional Revolucionaria, las actividades delictivas se incrementaron a finales del periodo.[47]
En marzo de 1975, se acordó por el Consejo de Ministros la Ley Orgánica del Ministerio del Interior.[48]
Militares y combatientes
La participación voluntaria como combatientes internacionalistas de grandes contingentes de la población en los años setenta y ochenta, así como la reconstrucción y entrenamiento de las Milicias de Tropas Territoriales, desde comienzo de los años ochenta, elevaron sustancialmente la disposición combativa de la población, así como su cultura político-militar. El rol de combatiente elevó su prestigio social.
Defensa Civil
En noviembre de 1976, se promulgó la Ley sobre el Perfeccionamiento de la Estructura Organizativa de la Defensa Civil, en la cual se definió a los presidentes de los Órganos Locales del Poder Popular (OLPP) como los Jefes de la Defensa Civil en los distintos niveles.[49]
En este periodo, con menor disponibilidad de recursos humanos regulares y más irregulares, pero con mayores recursos materiales, los institutos armados continuaron el desarrollo de sus capacidades. Con una mayor complementación de combatientes con voluntarios, civiles y trabajadores, los institutos armados reforzaron su base social de apoyo.
f) Inspección estatal
La actividad de inspección estatal quedó regulada desde enero de 1982, mediante el Decreto núm. 100 del Consejo de Ministros.[50]
4.3 Impartición de justicia
A partir del Sistema Jurídico Único instaurado en el periodo anterior por la Ley 1250, de 1973, se dictó en 1977 una nueva Ley núm. 4 de Organización del Sistema Judicial y legislaciones complementarias.[51] El sistema quedaba constituido por los Tribunales civiles y militares, la Fiscalía General de la República, el Ministerio de Justicia, el servicio de Notariado y el servicio de Bufetes Colectivos de Abogados.
Evolución del Sistema Judicial
A la reorganización del Sistema Judicial efectuada a finales del periodo anterior, se le adicionaron en éste las normativas constitucionales sobre la impartición de justicia, la reorganización de los tribunales militares y la subordinación de la Fiscalía General de la República a la Asamblea Nacional. Al respecto:
· La Constitución de 1976 definió las funciones, objetivos, funcionamiento y principios de impartición de justicia por parte de los Tribunales y Fiscalías.[52]
· En agosto de 1976, de promulgó la Ley de los Tribunales Militares y en agosto de 1977, otra Ley de los Tribunales Militares.
· En agosto de 1977, se promulgó la Ley núm. 4 de Organización del Sistema Judicial, ya mencionada.[53]
· La justicia laboral quedó organizada en primera instancia, y por centro de trabajo, con la promulgación en agosto de 1977 de la Ley núm. 8 de Organización y funcionamiento de los Consejos de Trabajo.
· En noviembre de 1979, se celebró en la ciudad de La Habana el Primer Simposio Internacional de Sistemas Penitenciarios.
· Finamente, en julio de 1990 de dictó una nueva Ley núm. 70 de los Tribunales Populares.[54]
Fiscalía General de la República
La Constitución de la República de 1976 definió en los Artículos 127 al 130 las funciones y atribuciones de la Fiscalía General de la República, como el órgano del Estado responsable del control y preservación del cumplimiento de la legalidad por parte de los organismos estatales, las entidades económicas y sociales, y los ciudadanos, así como la promoción y el ejercicio de la acción penal pública en representación del Estado.[55] Algunos momentos de su evolución fueron:
- A partir de la nueva división político-administrativa de 1976, fueron suprimidas las Fiscalías Regionales y creadas las Fiscalías Municipales en todo el país.
- En agosto de 1976, se promulgó una Ley de la Fiscalía Militar.
- Acorde con el Artículo 109 de la nueva Ley núm. 4 de 1977, Organización del Sistema Judicial, se estableció la estructura de la fiscalía integrada por una Fiscalía General, 14 Fiscalías Provinciales, 169 Fiscalías Municipales y una Fiscalía Militar.
- En marzo de 1978, la Fiscalía General de la República dictó su nuevo Reglamento Funcional.
Bufetes colectivos
Los Bufetes Colectivos de Abogados, a cargo de los servicios legales a la población y amparados en la legislación anterior de 1973 y 1977, evolucionaron en este periodo con base en su propia experiencia de trabajo y en la nueva legislación promulgada a mediados de 1984, en la que se redefinía a los bufetes como una sociedad civil de servicios, integrada por juristas con compromisos éticos, estructurada como una organización nacional y territorial, de carácter profesional y personalidad jurídica, patrimonio propio, de integración voluntaria y con estatutos aprobados.[56]
Notariado
Los servicios notariales fueron normados mediante la Ley núm. 50, de 1985, de las Notarías Estatales, con la cual se estableció un nuevo ordenamiento técnico-administrativo de la actividad y función notarial.[57]
4.4 Sociología política
Dirigentes, liderazgo y líder
El rasgo distintivo del periodo fue el incremento de las posiciones de dirección como efecto de las reformas institucionales, particularmente en el sistema político. El liderazgo histórico mantuvo su peso relativo en casi todas las esferas. La definición e implementación desde el PCC de una política de cuadros favoreció la mayor estabilidad de los dirigentes en sus puestos.
Otro aspecto relevante del periodo fue el ascenso de la escolaridad y calificación media de los dirigentes, a esto contribuyeron tanto las acciones de recalificación de los cuadros en ejercicio,[58] como la creciente formación de profesionales por parte de la enseñanza media y superior, cuya masa se convertía en la cantera básica de selección de cuadros.
El liderazgo de Fidel Castro
El liderazgo de Fidel Castro mostró en el periodo un mayor reconocimiento nacional e internacional, a esto contribuyó: a) la aceptación de su liderazgo por parte de la dirección soviética y, por extensión, de todo el campo socialista;[59] b) los logros de la Revolución cubana, particularmente la recuperación económica de los años setenta y ochenta; c) la proyección internacional de su liderazgo como resultado de su desempeño político y militar tercermundista.
Si bien la nueva institucionalidad parecía delimitar las atribuciones y toma de decisiones de Fidel Castro como dirigente del Partido y del Estado, su carisma y autoridad dieron lugar a una especie de liderazgo suprainstitucional, dotado de una alta legitimidad histórica y, a la vez, basado en la autoridad correspondiente a los diversos cargos ocupados, tales como Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Comandante en Jefe de las FFAA y Presidente del Consejo Nacional de Defensa.
En diversas oportunidades de los años sesenta, Fidel Castro mostró ser consciente del enorme poder personal que acompañaba a su excepcional liderazgo en la Revolución. En su discurso de clausura del Primer Congreso del PCC, Fidel constataba la contradicción entre una sociedad igualitaria y la existencia separada de los líderes y las masas; sobre esta realidad reflexionaba que serían la cultura y la lucha común las que los emparejarían. Esto podría ser cierto en parte, sin embargo, la experiencia de transición socialista en Cuba en todos sus periodos — como en las de otras experiencias — mostraba la continuidad del patrón de desigualdad de poderes entre dirigentes y dirigidos, decisores y ejecutores, el líder y las masas, etcétera, lo cual sugiere que solo un suficiente desarrollo democrático podría paliar estas inevitables diferencias.
Funcionariado y dirigentes
No obstante la mayor racionalidad funcional y organizativa alcanzada con la nueva institucionalidad política, económica y civil, la persistencia de las tendencias centralizadoras y burocratizadoras, así como la desviación de la normativa institucional, produjeron en el periodo un incremento neto de los dirigentes, el funcionariado y el empleo administrativo.
Desde fines de los años setenta, se planteó el problema de la disciplina de los dirigentes y funcionarios, cuyo comportamiento podría afectar y afectaba el cumplimiento de las normas jurídico-administrativas establecidas, incidía en el funcionamiento institucional, la ejecución de los planes socioeconómicos y la aplicación de las normativas técnicas. Desde el comienzo de los años ochenta, se establecieron regulaciones sobre la disciplina de los dirigentes y funcionarios en el cumplimiento de las normativas:
· En marzo de 1980, se dictó un procedimiento para la eventual separación de sus cargos en centros docentes, oída la opinión del sindicato en ese nivel, de técnicos, profesores o maestros, por violación de sus facultades o por conductas impropias docentes, políticas y morales.[60]
· Igualmente, se promulgó en ese mes el Decreto-Ley núm. 36 sobre las normas disciplinarias de dirigentes y funcionarios administrativos. El Artículo 1 de este decreto define a los dirigentes de la administración estatal como «los trabajadores que en cualquier instancia de aquella ocupan un cargo de dirección, permanente o provisionalmente, definido como tal en la estructura orgánica correspondiente y que responden por determinadas facultades de decisión y mando, con las correspondientes funciones, atribuciones, obligaciones y que, por consiguiente, se encuentran dentro de la referida categoría ocupacional». Por otra parte, «se consideran funcionarios a aquellos trabajadores que poseen atribuciones específicas, tienen a su cargo actividades como las de asesoría, estudio, investigación, inspección, supervisión y otras análogas, o que tienen alguna esfera de decisión propia».[61]
· El 22 de mayo de 1986 comenzó a regir el Decreto-Ley núm. 92, que establecía el procedimiento para determinar la responsabilidad de los dirigentes, funcionarios y demás trabajadores cuyo comportamiento causase daños a los recursos materiales y financieros de la entidad en que laborasen.
Política de cuadros
El tema de la política de cuadros, incipiente desde el periodo anterior, adquirió desde el Primer Congreso del PCC un carácter institucional. De hecho, el Primer Congreso aprobó la tesis «Sobre la Política de formación, selección, ubicación, promoción y superación de cuadros», la cual cubrió el trabajo de cuadros en los años siguientes.
En 1984 el Consejo de Estado promulgó el Decreto-Ley núm. 82 sobre el Sistema de Trabajo con los Cuadros del Estado (STCE), en el cual se establecía su base conceptual y técnica; las normativas jurídicas para la medición de su eficiencia y su control; así como las definiciones, objetivos y principios generales. Acorde con el Decreto, los subsistemas que integran el STCE son el de selección, de movimiento de los cuadros, de preparación y superación, de estimulación, disciplinario y de información.[62]
El Tercer Congreso del PCC, celebrado en 1986, acordó que la política de cuadros sería «una tarea priorizada del Partido después de este congreso». En julio de 1987, el IV Pleno del Comité Central del PCC discutió la aplicación deficiente de la política de cuadros, tanto en el Partido como en la administración pública y demás instituciones, demandando su superación.
No obstante la responsabilidad administrativa en la implementación de la Política de Cuadros, esta fue acompañada por la institucionalización de la llamada Nomenclatura de cuadros del Partido, mediante la cual los organismos de Partido en los distintos niveles se pronuncian sobre los movimientos de cuadros propuestos, ejerciendo en la práctica una función de veto.
En este periodo, como en otros anteriores, uno de los problemas fue la alta movilidad de los cuadros.
Sobre la responsabilidad material de dirigentes, funcionarios y demás trabajadores
Desde finales de los años setenta, se planteó el problema de incluir en el sistema de estimulación las sanciones por responsabilidad en los casos de daños materiales o pérdida de recursos.
En diciembre de 1984, la Ley núm. 49, Código del Trabajo, dispuso que los daños ocasionados bajo responsabilidad por los trabajadores serían resarcidos materialmente, mediante restitución, reparación del daño o indemnización.[63]
En mayo de 1986, el Consejo de Estado emitió el Decreto-Ley núm. 92, Sobre la Responsabilidad Material de los Dirigentes, Funcionarios y demás Trabajadores.
Causa Uno de 1989[64]
No obstante la promesa de que «la Revolución no devorará a sus hijos»,[65] a fines de los años ochenta, entre junio y septiembre de 1989, la sociedad cubana en general y la «clase» política en particular, fueron conmovidas por la revelación de los casos de dirigentes y oficiales de primer rango comprometidos en situaciones de conducta impropia, indisciplina, actividades ilegales — corrupción, contrabando, narcotráfico, etcétera — y atentados a la seguridad nacional, que dieron lugar a destituciones, Tribunales de Honor y Juicios Penales, en los cuales varias personalidades políticas y militares fueron sancionadas a demociones, degradación, sanciones partidarias[66] y penas de prisión o fusilamiento.
Desde la perspectiva del poder, estos sucesos revelaron fallas en el control del comportamiento de los cuadros e instituciones, así como la exposición de todos los estratos dirigentes a situaciones transgresoras.
Causa Dos de 1989[67]
Derivado de los sucesos de la Causa Uno, el Ministro y Viceprimer Ministro del MININT quedaron involucrados en responsabilidades de «incumplimiento del deber», por las cuales fueron juzgados y sancionados a prisión. Por extensión, las capacidades institucionales del MININT y parte de su oficialidad fueron puestas en cuestión, dando lugar a renuncias y sustituciones indiscriminadas de sus cuadros por oficiales procedentes de las FFAA. La causal que fundamentó estas medidas interventoras fue la de «transgresiones y violaciones de las leyes».
Población políticamente activa
La población políticamente activa (PPA), convocada y movilizada en el periodo anterior, continuó siendo en gran medida la base social del poder revolucionario. A las mediaciones del Partido, las instituciones estatales y las organizaciones de masas que sirvieron de canales de participación de la PPA en el periodo anterior, se agregaron en este los procesos electorales, los órganos representativos del Poder Popular y las asociaciones civiles existentes en esta división temporal.
Burocratización
Las condicionante tabuladas para el periodo anterior y presentes en este periodo manifestaron iguales tendencias burocráticas pero con diferente énfasis.
En lo referente a las condicionantes objetivas, la reforma institucional, con su nueva división político-administrativa, disminución o fusión de organismos, racionalización de estructuras y plantillas, disminución de la escala organizativa, creación de órganos representativos, el nuevo SDPE, etcétera, puso límites a la burocratización en curso; pero a la vez, la creación de nuevas instituciones estatales, la implementación de otros aspectos del SDPE, la ampliación de la administración pública, etcétera, anularon en parte dicho efecto.
Por su parte, las condicionantes subjetivas aminoraron en un primer momento estas tendencias ante el reclamo de mayor racionalidad, disciplina y eficiencia, mayor efectividad de la política de cuadros y la continuada elevación de la calificación del funcionariado y los dirigentes. Sin embargo, en un segundo momento, desde fines de los años setenta, una cierta combinación de viejas y nuevas condicionantes propiciaron una intensificación de las tendencias burocráticas. De hecho, los tres congresos partidarios del periodo dieron cuenta del fenómeno burocrático y postularon una renovada «lucha contra el burocratismo».[68]
Próxima entrega: La evolución del poder en la Revolución cubana. 1975–1991 (III). El sistema económico.
Notas:
[1] Cf. el Artículo 5 de la Constitución de la República de Cuba de 1976. Este principio jerárquico y funcional del Partido se estipulaba como sigue: «El Partido Comunista de Cuba, vanguardia organizada marxista-leninista de la clase obrera, es la fuerza dirigente superior de la sociedad y el Estado, que organiza y orienta los esfuerzos comunes hacia los altos fines de la construcción del socialismo y el avance hacia la sociedad comunista».
[2] Cf. Raúl Castro, «Discurso de clausura en el Seminario a los delegados del Poder Popular», en Matanzas, el 22 de agosto de 1974, resumido por Domingo García Cárdenas, en La organización estatal en Cuba, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1981.
[3] El 16 de agosto de 1975 se celebró el 50 Aniversario de la fundación del «primer partido marxista–leninista de Cuba», en el teatro Lázaro Peña. Fidel clausuró el acto. El 16 de agosto de 1985 se celebró el acto central por 60 Aniversario en la Sala Universal de las FAR.
[4] Cf. Partido Comunista de Cuba, «Llamamiento al Primer Congreso», en Granma del 16 de abril de 1975.
[5] Las tesis sometidas a debate y aprobación del Primer Congreso fueron: vida interna del Partido; política de formación, selección, ubicación, promoción y superación de cuadros; directivas para el desarrollo económico y social en el quinquenio 1976–1980; Órganos del Poder Popular; división político-administrativa; cronograma de aplicación de la división político-administrativa; Sistema de Dirección y Planificación de la Economía; lucha ideológica; política internacional; estudios de marxismo-leninismo en nuestro país; medios de difusión masiva; política educacional; política científica nacional; cultura artística y literaria; cuestión agraria y las relaciones con el campesinado; política en relación con la religión, la Iglesia y los creyentes; pleno ejercicio de la igualdad de la mujer; formación de la niñez y la juventud. Cf. «Tesis y Resoluciones», en Primer Congreso del Partido Comunista de Cuba, La Habana, DOR del CC del PCC, 1976.
[6] Cf. Estatutos del Partido Comunista de Cuba, La Habana, Editora Política, 1976.
[7] Ibidem.
[8] El Buró Político elegido en el Primer Congreso del PCC de 1975 quedó integrado por Fidel Castro, Raúl Castro, Juan Almeida, Osvaldo Dorticós, Guillermo García, Armando Hart, Ramiro Valdés, Sergio del Valle, Blas Roca, José R. Machado Ventura, Carlos Rafael Rodríguez, Pedro Miret y Arnaldo Milián.
[9] El Secretariado elegido en el Primer Congreso del PCC de 1975 quedó integrado por Fidel Castro, Raúl Castro, Blas Roca, Carlos Rafael Rodríguez, Pedro Miret, Isidoro Malmierca, Jorge Risquet, Antonio Pérez Herrero y Raúl García Peláez.
[10] La Comisión de Control creada en el Primer Congreso quedó presidida por Juan Almeida Bosque, presidente, y Omar Iser Mojena, vicepresidente.
[11] Extraído de Fidel Castro, «Discurso de clausura del Primer Congreso del PCC», en La unión nos dio la victoria, La Habana, DOR del CC del PCC, 1976.
[12] Cf. Fidel Castro, «Discurso Pronunciado por el Comandante Fidel Castro Ruz, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Primer Ministro del Gobierno Revolucionario, en el acto de masas con motivo de la clausura del Primer Congreso del Partido Comunista de Cuba», pronunciado el 27 de diciembre de 1975 y publicado en La unión nos dio la victoria, op. cit.
[13] “«Del total de delegados, expresado en por ciento, el 44.7 eran trabajadores directamente vinculados con la producción, los servicios y la docencia; el 27.0 dirigentes políticos; el 13.4 dirigentes y empleados administrativos; el 13.7 integrantes de las FAR y el MININT; y el 0.9 tenía otras ocupaciones. El 66.1 era de procedencia obrera; el 23.3 campesina; y el 19.6, de otros sectores». Elvis R. Rodríguez y Enrique M. Navarro, Alma de la nación cubana, La Habana, Casa Editorial Verde Olivo, 2014.
[14] Se efectuaron diez Plenos del Comité Central del PCC tras el Primer Congreso, 14 Plenos tras el Segundo Congreso y 11 Plenos tras el Tercer Congreso. Cf. ibidem.
[15] «El 43.2 % de estos efectivos del Partido son trabajadores directamente vinculados a la producción y los servicios. Si a ello se les sumaran los que laboran como profesores, maestros, ingenieros, médicos, arquitectos y otros profesionales y técnicos, esta categoría se elevaría a casi el 60 % del total». Cf. el epígrafe «El Partido Comunista de Cuba», en Informe Central. Tercer Congreso del Partido Comunista de Cuba», op. cit.
[16] Estatutos del Partido Comunista de Cuba, La Habana, Editora Política, 1986.
[17] Cf. Resoluciones aprobadas por el Tercer Congreso del Partido Comunista de Cuba, La Habana, Editora Política, 1986.
[18] El «Informe Central», en su epígrafe «Deficiencias y fallas», incluyó un extenso inventario de las insuficiencias de la economía cubana en el quinquenio precedente.
[19] Por ejemplo, el II Pleno del PCC del 17 al 19 de julio de 1986.
[20] Cf. Fidel Castro, «Discurso en el Acto Central por el XXV Aniversario de la Victoria de Playa Girón», en el Teatro Karl Marx, La Habana, 19 de abril de 1986.
[21] Cf. Programa del Partido Comunista de Cuba, La Habana, Editora Política, 1986.
[22] Posteriormente al Tercer Congreso, el 14 de julio de 1986, el IV Pleno del CC del PCC se dedicó a examinar la marcha del «proceso de rectificación de errores y tendencias negativas»; y en septiembre de 1987, la sesión diferida del V Pleno del CC del PCC continuó examinando la marcha del «Proceso de Rectificación».
[23] Cf. el epígrafe «La Unión de Jóvenes Comunistas», en Informe Central. Tercer Congreso del Partido Comunista de Cuba, La Habana, Editora Política, 1986.
[24] Cf. Artículo 4 de la Constitución de la República de 1976: «En la República de Cuba todo el poder pertenece al pueblo trabajador que lo ejerce por medio de las Asambleas del Poder Popular y demás órganos del Estado que de ellas se derivan, o bien directamente». También, Fidel Castro, «Hay división de funciones pero no hay división de poderes. El poder es uno, el del pueblo trabajador, que se ejerce a través de la Asamblea Nacional y de los organismos del Estado que de ella dependen».
[25] Cf. Acuerdo de la ANPP del 5 de agosto de 1982, Reglamento de la Asamblea Nacional del Poder Popular.
[26] «Ratificar las dieciséis Comisiones Permanentes de la Asamblea Nacional del Poder Popular, que fueron constituidas por la Presidencia de la Asamblea con carácter provisional y que se relacionan a continuación: Comisión de Actividades Globales de la Economía; Comisión Agroindustrial Azucarera; Comisión de la Producción de Alimentos; Comisión de Industria, Transporte y Comunicaciones; Comisión de la Construcción y la Vivienda; Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos; Comisión de Asuntos Exteriores; Comisión de Órganos Locales del Poder Popular y Atención a Quejas y Sugerencias; Comisión de Salud, Medio Ambiente y Servicios Comunales; Comisión de Comercio, Servicios, Gastronomía y Turismo; Comisión de Educación, Ciencia y Deportes; Comisión de Cultura, Arte y Recreación; Comisión de Trabajo y Seguridad Social; Comisión de Atención a la Juventud, la Niñez y la Igualdad de la Mujer; Comisión de la Defensa; Comisión de Orden Interior». Cf. Acuerdo núm. III-7 de 1987, de la ANPP.
[27] El primer Consejo de Estado quedó integrado por: Presidente, Fidel Castro Ruz; Vicepresidentes, Osvaldo Dorticós Torrado, Carlos Rafael Rodríguez, Ramiro Valdés, Guillermo García Frías, Joel Domenech Benítez, Flavio Bravo Pardo, Diocles Torralba González y Belarmino Castilla Más; Secretario, Osmany Cienfuegos Gorriarán.
[28] Cf. Ley núm. 1223, del 1976, Ley de Organización de la Administración Central del Estado. También, Acuerdo del Consejo de Estado, de 1 de octubre de 1990.
[29] Cf. Ley Núm. 1305, de 7 de julio de 1976, Ley Electoral.
[30] Cf. Ley Núm. 37, del 15 de agosto de 1982, Ley Electoral.
[31] La Oficina quedaba bajo la Presidencia de Faustino Pérez. Posteriormente, el Decreto núm. 160 derogó al Decreto núm. 22 e incorporó la Oficina al aparato auxiliar de la ANPP. Para un examen más amplio de todas las instituciones creadas por el Consejo de Ministros o su Comité Ejecutivo y adscritas a los mismos, cf. Juan A. Fernández Paz, «El sistema jurídico del Gobierno», en Revista Cubana de Derecho, núm. 28, La Habana, 1987.
[32] Cf. Decreto-Ley núm.31, del 30 de noviembre de 1976, que modifica la Administración Central del Estado. La primera OACE quedó integrada por la JUCEPLAN, el Banco Nacional, nueve Comités Estatales y 23 Ministerios. En este cuadro incluimos organismos de la Administración Central del Estado creados a lo largo del periodo. En cuanto al MIMC, cf. Decreto-Ley núm. 96 del Consejo de Estado, del 7 de febrero del 1987, que crea dicho Ministerio. En cuanto al MES, en julio de 1976 se creó dicho Ministerio, al cual se adscriben directamente 11 Centros de Educación Superior y bajo su atención ocho de otros organismos. Cf. Ley núm. 1306 y 1307, del 28 de julio de 1976. En cuanto al INTUR, en diciembre de 1976 se creó dicho Instituto en lugar del anterior INIT. Cf. Ley núm. 1323, del 1 de diciembre de 1976.
[33] Cf. Decreto núm. 22 del Consejo de Ministros, del 10 de abril de 1978.
[34] Cf. Decreto núm. 1 del Consejo de Ministros, del 23 de junio de 1978, Reglamento General de los Organismos de la Administración Central del Estado.
[35] Cf. Decreto núm. 1, del Consejo de Ministros, del 3 de enero de 1977.
[36] Cf. Decreto-Ley núm. 31, del 10 de enero de 1980.
[37] Cf. Decreto-Ley núm. 67, del 19 de abril de 1983, de Organización de la Administración Central del Estado.
[38] Cf. Decreto-Ley núm. 70, del 9 de junio de 1983, que creó la Comisión Nacional de Energía. Ésta se constituyó efectivamente en septiembre de 1983.
[39] Cf. Ley núm. 48, del 27 de diciembre de 1984, Ley general de la Vivienda.
[40] Cf. Decreto núm. 85 del Consejo de Ministros, del 12 de junio de 1985, que creó el Instituto de Aeronáutica Civil.
[41] Cf. Decreto-Ley núm. 95 del Consejo de Estado, del 30 de septiembre de 1987, que creó la Comisión Nacional de Prevención y Atención Social.
[42] Cf. Decreto-Ley núm. 114 del Consejo de Estado, del 8 de junio de 1989.
[43] Cf. Decreto-Ley núm. 119, del 22 de marzo de 1990.
[44] Cf. Ley núm.1317, del 27 de noviembre de 1976, de la Reserva militar de medios y equipos de la economía nacional. También, su reglamento: el Decreto núm. 9, del 18 de noviembre de 1977.
[45] En el escenario de hostilidad permanente de EEUU hacia la Revolución cubana y en ocasión del eventual recrudecimiento con la nueva administración Reagan, la dirección soviética informó a la cubana de que no podría contar con una intervención soviética en caso de un conflicto armado entre Cuba y EEUU. Cf. Raúl Castro, entrevista del periodista Mario Vázquez Raña, en Granma del 23 de octubre de 1993.
[46] Cf. Decreto núm. 72 del Comité Ejecutivo del Consejo de ministros, del 9 de agosto de 1983, «De las Milicias de Tropas Territoriales».
[47] El 22 de mayo de 1986 se realizó una reunión ampliada del Buró Político que examinó este fenómeno y acordó medidas al respecto.
[48] Cf. Ley núm. 1291 del Consejo de Ministros, del 13 de marzo de 1975, Ley Orgánica del Ministerio del Interior.
[49] Cf. Ley núm. 1316, del 27 de noviembre de 1976, sobre el perfeccionamiento de la estructura organizativa de la Defensa Civil.
[50] Cf. Decreto núm. 100 del Consejo de Ministros, del 28 de enero de 1982, Reglamento General de la Inspección Estatal.
[51] Cf. Ley núm. 1250 de Organización del Sistema Judicial, del 23 de junio de 1973; y Ley núm. 4, del 8 de agosto de 1977.
[52] Cf. Constitución de la República de 1976, capítulo X, «Tribunales y Fiscalía», Artículos 121 al 131.
[53] En agosto de 1977 se promulga la Ley núm. 4 de Organización del Sistema Judicial, ya mencionada.
[54] Cf. Ley núm. 70 del 12 de julio de 1990, Ley de los Tribunales Populares.
[55] Cf. Fermín Romero Alfau (ed.), Aproximación a la Historia de la Fiscalía general de la República, Ediciones ONBC, La Habana, 2015.
[56] Cf. Decreto-Ley núm. 81 del Consejo de Estado, del 8 de junio de 1984, Sobre el Ejercicio de la Abogacía y la Organización Nacional de Bufetes Colectivos. El MINJUS quedaba a cargo de dictar su reglamento.
[57] Cf. Ley núm. 50, del 28 de diciembre de 1985, Ley de las Notarías Estatales. También, la Resolución del MINJUS núm. 101, del 28 de junio de 1985.
[58] Caso de las Facultades Obrero-Campesinas, las Escuelas del Partido, las Escuelas de Dirección de la Economía, etcétera.
[59] Cf. la versión soviética de este liderazgo en Oleg Darushenkov, Cuba. El Camino de la Revolución, Editorial Progreso, Moscú, 1978.
[60] Cf. Decreto-Ley núm. 34, del 12 de marzo de 1980.
[61] Cf. Decreto-Ley núm. 36, del 29 de marzo de 1980. En el Artículo 3 se establece que «La identificación de la condición de dirigente o de funcionario […] debe constar en cada caso en el nombramiento que se emite para ocupar el cargo». También, el Decreto núm. 93 del Consejo de Ministros, del 18 de junio de 1981, en el que se establece su reglamento.
[62] Cf. Decreto-Ley núm. 82, del 12 de septiembre de 1985, Sobre el Sistema de Trabajo con los Cuadros del Estado. También el Decreto núm. 125, del 13 de agosto de 1985, que reglamenta el Decreto-Ley núm. 82.
[63] Cf. Ley núm. 49, del 28 de diciembre de 1984, Código del Trabajo.
[64] Cf. Vindicación de Cuba, Editora Política, La Habana,1989.
[65] Cf. Fidel Castro, «Discurso de clausura del Primer Congreso del PCC», en La unión nos dio la victoria, DOR del CC del PCC, La Habana, 1976.
[66] El IX Pleno del Comité Central del PCC, del 29 de junio de 1989, acordó la expulsión del Partido de los militantes implicados.
[67] Cf. «Saquemos las lecciones y sigamos adelante», editorial del periódico Granma del 2 de septiembre de 1989.
[68] Desde el Primer Congreso del PCC, Fidel Castro llamó la atención sobre el peso determinante de la conciencia revolucionaria y los factores morales en la transición socialista y por extensión en la conducta de los hombres: «Ningún sistema en el socialismo puede sustituir la política, la ideología, la conciencia de la gente». En el Segundo y Tercer Congreso estas ideas centraron la crítica en los «errores y tendencias negativas» cometidos en la implementación del nuevo SDPE en su pretensión de suplantar los factores subjetivos con normativas y mecanismos económicos. En 1987, con motivo del 20 Aniversario de la caída de Che Guevara en Bolivia, Fidel expuso la necesidad de regresar a las ideas de Ernesto Guevara sobre la economía política de la transición socialista.
