Venezuela: crónica de una crisis anunciada
Por Gabriel Vera Lopes
Pasada la medianoche del domingo (28 de julio), el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Elvis Amoroso, dio a conocer el primer boletín oficial sobre las trascendentales elecciones en Venezuela. Con el 80 % de los votos escrutados, se anunciaba una tendencia irreversible que le otorgaba la victoria a Nicolás Maduro con el 51,2 % (5.150.092 votos). En segundo lugar, quedaba el principal candidato opositor, Edmundo González con el 44,2 % (4.445.978 votos), mientras que el 4,6 % restante se repartía entre las otras ocho candidaturas.
Al momento del anuncio de los resultados, Amoroso denunció que el sistema de transmisión de datos del CNE había sido sometido a un «ciberataque», lo que produjo demoras en la divulgación de los resultados. Una grave denuncia que prácticamente no fue cubierta por ningún medio de comunicación internacional.
Inmediatamente después de los anuncios oficiales del CNE, se produjo lo esperado: María Corina Machado y Edmundo González Urrutia desconocieron los resultados, asegurando tener pruebas de haber ganado las elecciones.
Durante las semanas previas, este sector de la oposición había asegurado en reiteradas ocasiones que los resultados de los comicios no permitirían dudas: o ganaban o se estaría frente a un fraude.
Pese a no presentar ni una prueba que legitimara esta grave acusación, esta hipótesis fue replicada hasta el hartazgo por todo el arco mediático.
A diferencia de otros sistemas electorales, en Venezuela no hay «conteo manual» de los votos ya que estos se realizan en urnas electrónicas. Son las urnas las que hacen un conteo automatizado. Sin embargo, existe una serie de controles que verifican que estas coinciden con los votos emitidos.
Antes de los comicios, las urnas se someten a varios procesos de auditoría, con participación de todas las fuerzas políticas y observadores técnicos. Al momento de votar, los electores validan su identidad con datos biométricos y registran sus votos en urnas electrónicas. Estas emiten un comprobante del voto, el cual el elector verifica y luego deposita en una urna que guarda los comprobantes.
Al finalizar la votación, se imprime la cantidad de votos que hay en la urna electrónica y se compara con la cantidad que fue depositada en la urna física para corroborar que sea la misma. A su vez, antes de que el CNE emita los primeros resultados, se realiza una primera «auditoría» que compara el 54 % de los comprobantes con los resultados que indican las urnas electrónicas. Esta primera auditoría que se realiza en los centros de votación, puede ser acompañada por cualquier ciudadano que así lo desee. Un sistema de revisión y control que encuentra pocos ejemplos en el mundo.
Al momento de cierre, los centros electorales imprimen unas «actas de escrutinio» sobre papel de seguridad ─el cual tiene un código único, alfanumérico─. Estas actas son firmadas por las autoridades del centro electoral y los apoderados de los distintos partidos. Todos los partidos tienen en su poder estas actas, a excepción de quienes no se encuentren en los centros de votación. Estas actas permiten que cada partido pueda verificar los resultados que luego son transmitidos por el CNE.
Una vez finalizada la elección, la Ley electoral venezolana indica que el CNE está obligado a publicar en la Gaceta Oficial todos los resultados del proceso electoral dentro de un plazo máximo de 30 días. Esta publicación se realiza de manera «desglosada», indicando cada centro electoral, lo que permite un seguimiento y verificación minuciosa de cada partido con las «actas de verificación».
En todas las elecciones, los organismos electorales publican sus datos preliminares antes de hacer públicas las actas de votación. Esa información es la que las distintas fuerzas políticas, así como los medios internacionales suelen dar por válida. Sin embargo, para tener un resultado irrefutable, se debe esperar a la publicación de los resultados definitivos y sus evidencias.
1. La aritmética electoral
Tan solo unas horas después de anunciar que desconocían los resultados, el lunes (29) Edmundo González Urrutia y María Corina Machado realizaron una conferencia de prensa donde volvieron a afirmar haber ganado las elecciones.
En esa conferencia, aseguraron tener el 73 % de las actas (sin precisar de qué actas se trataba) y que estas marcarían un resultado irreversible: Maduro habría obtenido 2.759.256 votos, mientras que el opositor Edmundo González Urrutia habría conseguido la victoria con 6.275.180 votos.
Una vez más, esta grave acusación no fue acompañada por prueba alguna, ni tampoco por una denuncia legal (ya sea ante el CNE o el Tribunal de Justicia Electoral). Simplemente se trató de una denuncia mediática.
Si bien para la certificación de un resultado definitivo e irrefutable resulta crucial la publicación oficial de los resultados y sus evidencias por parte del CNE en la Gaceta Oficial, lo cual disipará cualquier duda, resulta llamativo analizar las afirmaciones de Edmundo González Urrutia y María Corina Machado sobre la cantidad de votos obtenidos a la luz del comportamiento electoral de los últimos años.
Las anteriores elecciones presidenciales se realizaron en el 2018. En ese momento, la crisis en Venezuela atravesaba uno de sus peores momentos. Según datos de la CEPAL, ese año el PIB de la economía venezolana se había reducido un 15,0 %. Era el quinto año consecutivo en que el país sufría una caída del PIB, generando una contracción acumulada del 44,3 % con respecto al PIB de 2013.
La crisis atravesaba toda la vida del país. La economía venezolana experimentó una hiperinflación galopante, con una tasa de inflación mensual que superaba el 100 %. Mientras, la escasez de productos básicos, como alimentos y medicamentos, era generalizada, generando largas colas para adquirirlos.
A su vez, en medio de esa conmoción económica y social, el sector de la derecha, ahora reunida en torno a María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, había decidido no presentarse a elecciones para deslegitimar la contienda. Se trataba de unas elecciones sin una oposición competitiva, lo que desalentaba aún más a un sector de posibles votantes del oficialismo para concurrir a la votación.
Esa estrategia de restarle legitimidad a la pelea electoral tendría su corolario en enero del 2019, cuando Juan Guaidó se autojuramentó ─sin haber ganado un solo voto─ como presidente interino, siendo reconocido por Washington y la Unión Europea.
En ese complejo y adverso escenario, las elecciones del 2018 fueron las peores elecciones para el oficialismo. La candidatura de Nicolás Maduro obtuvo 6.248.864 votos, lo que significaba para el oficialismo una enorme disminución de su base electoral: una pérdida de casi 1 millón 300 mil votos con respecto a las elecciones del 2013, y casi 2 millones de votos con respecto a las últimas elecciones en las que se había presentado Hugo Chávez.
Aunque el oficialismo ha perdido el nivel de apoyo electoral que tuvo en el pasado, especialmente durante la época de Chávez, hasta el domingo 28 de julio resultaba esperable que obtuviera entre 5 y 6,5 millones de votos. La mejora en la situación económica del país, así como la presentación de una oposición más competitiva eran factores que indudablemente generaban mejores condiciones para el oficialismo en comparación con 2018.
Sin embargo, en su conferencia de prensa, María Corina Machado afirmó que Maduro solamente había obtenido 2.759.256 votos. Si fuera así, esto significaría para el oficialismo un desplome de casi 3 millones 500 mil votos con respecto a su peor momento electoral.
Pese a que habría que esperar los datos definitivos de las elecciones y, en caso de ser necesario, poder verificar las pruebas de una impugnación u observación oficial, lo cierto es que, por el momento, las afirmaciones que la derecha presenta sobre los resultados resultan muy poco plausibles.
Las tendencias electorales de los últimos años, incluso en los peores momentos del oficialismo encabezado por Maduro, señalan como muy poco probable que la oposición haya más que duplicado al oficialismo. Más aún si se tiene en cuenta que ese resultado, que la oposición dice haber obtenido, solamente habría sido posible con una masiva migración de votos de la base de Maduro hacia esa oposición, radicalmente antichavista, en vez de haber migrado hacia otras opciones disidentes, pero más moderadas.
Por otro lado, cabe recalcar que los 5.150.092 votos que el CNE anunció que Maduro obtuvo en las elecciones (con el 80 % de las urnas escrutadas), se encuentra dentro de los escenarios probables. Se trataría de un resultado aún más bajo que el de 2018, producto del desgaste del oficialismo, pero dentro de los márgenes de su piso histórico.
2. Desconocer los resultados
Durante meses, el proceso electoral venezolano fue el foco de atención de los principales medios de comunicación. De manera inusual, no hubo un solo día en que no se publicaran extensas notas sobre este trascendental proceso, que por primera vez en mucho tiempo contaba con una derecha competitiva y unida.
Después de años de fracturas internas, acusaciones públicas y divergencias en las estrategias para enfrentar al gobierno de Maduro ─que incluyeron el desconocimiento de las instituciones del país, el llamado a la intervención militar extranjera y la creación de un «gobierno paralelo»─, los sectores más radicales de la derecha venezolana decidieron participar de manera unitaria en las elecciones presidenciales.
En ese contexto, la mayoría de las encuestas estuvieron sugiriendo una clara ventaja para la oposición. De manera invariable, la prensa internacional tomó esta información como base para afirmar, en sintonía con las declaraciones de la campaña de Edmundo González Urrutia y María Corina Machado, que si este sector de la oposición no ganaba las elecciones, de seguro se trataría de un fraude.
Todas las advertencias que afirmaban que el chavismo podía ganar si lograba movilizar a su base electoral quedaron completamente silenciadas. También se omitieron las alertas de que tales encuestas mantenían un claro «sesgo opositor», que ya se había verificado en elecciones pasadas.
En los últimos 10 años, sistemáticamente estas encuestas sobrestimaron el voto opositor. Si se comparan sus augurios con los resultados finalmente obtenidos en cada una de las contiendas, es posible observar que como promedio estas encuestas siempre han sobrestimado el voto opositor en un 27,8 %.
Sin embargo, sin que hubiese ocurrido la contienda se dio por ganador al armado opositor y se asumió que, si tal pronóstico no ocurría, sería debido a un fraude. Esta situación ha hecho que el oficialismo acusara a los medios de estar preparando, junto a la oposición, un escenario para desconocer los resultados.
3. Las protestas
Durante los días posteriores al domingo, se produjeron distintos actos de protestas en varias ciudades de Venezuela. El principal reclamo sería que el gobierno estaría haciendo un fraude y se habría «robado» la elección. La reacción, en cierta medida, resulta lógica si se tiene en consideración que durante meses esa fue la narrativa que se construyó y que la demora en la publicación de la totalidad de los datos por parte del CNE echa un manto de dudas, más que razonable, sobre las elecciones.
Al igual que en otros períodos de manifestaciones anteriores en el país, al mismo tiempo que se producen protestas legítimas, el escenario incluye el accionar de grupos que realizan ataques focalizados. Se trata de dos tipos de movilizaciones distintas, aunque las segundas utilicen el contexto de las legítimas, algo que ya había pasado en una escala mucho mayor en el 2014, 2017 y 2019.
La alcaldía del municipio Carirubana, estado Falcón, y la del municipio Jiménez, en el estado Táchira, fueron quemadas. A su vez, en Caracas fueron incendiados un hospital en la parroquia Coche, así como una farmacia móvil de Farmacias Caribe, en las cuales se comercializan medicinas a precios accesibles, por citar tan solo algunos ejemplos. De igual manera, antes de que se realizaran las elecciones existieron varias denuncias que señalaban que, en los barrios populares, personas referenciadas en el chavismo eran amedrentadas para que no fueran a votar.
Pese a que sin investigaciones sea imposible concluir qué fue lo que pasó, resulta difícil creer que estos hechos son producidos de manera espontánea por grupos que legítimamente se manifiestan producto de su descontento.
En cualquier caso, esta situación debería obligar al gobierno a permitir el derecho a las manifestaciones, mientras que el uso de la fuerza del estado solamente se debe restringir a los casos de ataques ilegales.
Las graves denuncias sobre el uso desproporcionado de la fuerza en las represiones, así como la posible violación de derechos humanos (entre ellos el derecho a la protesta) no puede pasar inadvertido y deben ser investigados. Incluso aunque se trate de «hechos aislados».
En ese contexto, la retórica gubernamental que en distintos momentos señaló al conjunto de los manifestantes como violentos o golpistas, no es solamente un error político o retórico. En un momento de tanta tensión y de información tan opaca sobre lo que ocurre, donde el riesgo de una escalada de violencia acecha, la defensa de la participación popular, así como de los derechos ciudadanos, debe ser irrestricta.
4. La capitalización del descontento y el desgaste
Durante la conferencia de prensa del lunes (29), María Corina Machado convocó a todos los que se estaban movilizando a que realicen asambleas al día de mañana. «Queremos convocar a todos a encontrarnos el día de mañana en asambleas de ciudadanos en todas las ciudades de Venezuela, entre las once de la mañana y las doce del mediodía para demostrarle al mundo la fuerza y la mayoría que somos», dijo.
Se trata de una oportunidad para «capitalizar» el descontento. Al igual que en el asalto a la plaza de los tres poderes de Brasilia en 2023 o la toma del Capitolio en Washington, pueden mantener la idea de que «hubo fraude» sin presentar prueba alguna, apostando por construir una cohesión política en sus bases electorales y movilizarlas dándoles un «espíritu de combatividad». Esta maniobra les permite «pasar a la ofensiva».
El gobierno afirma que esta sumatoria de situaciones, que van desde el desconocimiento de los resultados, la circulación de «información falsa» y el llamado a las movilizaciones y actos de violencia conforman un escenario de desestabilización que busca generar un golpe de Estado. Aunque se mantengan dudas, conviene no tomar demasiado a la ligera esta afirmación del oficialismo, más si se tiene en consideración el largo historial de intentos de golpes, desestabilización, invasiones, sanciones, etc., que sufre Venezuela desde hace décadas.
A su vez, es importante señalar que a diferencia de los dos ejemplos citados con anterioridad ─las situaciones poselectorales en Brasil y en los Estados Unidos─ esta maniobra cuenta con una mayor legitimación global. Desde el gobierno de Milei hasta el gobierno de Boric ─situados en distintos puntos ideológicos─ niegan que Maduro haya ganado. Esta variedad de apoyos, que va desde los más activos, hasta las dudas sobre el sistema electoral, le permite a María Corina Machado construir frente a los ojos de la opinión pública global una enorme legitimidad.
Por otro lado, hay un elemento que no puede pasar inadvertido: el apoyo de ciertos sectores populares a estas protestas. Si bien es difícil calibrar el grado de capilaridad en dichos sectores, tradicionalmente chavistas ─algo a lo que nos podremos aproximar una vez que el CNE publique el desglose de los votos por región─, es claro que la situación actual mantiene una diferencia con los ciclos de violencia que la derecha impulsó en la última década, las llamadas guarimbas (2014, 2017, 2019). En ese caso, se trataron casi exclusivamente de protestas de sectores medios y medios altos, tradicionalmente antichavistas.
La erosión de la base social del chavismo resulta un elemento importante para el análisis político. No solamente hay un cansancio, que hace que sectores tradicionalmente identificados con el chavismo no se movilicen para votar, sino que además hay un sector de las bases populares que se reconoce como opositor.
Atribuir este hecho a los medios de comunicación y la propaganda opositora resulta una simplificación. Si la propaganda de la derecha es efectiva dentro de Venezuela entre los sectores populares, en algún punto se debe a que logra conectar con los miedos, las ansiedades, las angustias de esos sectores. Y si durante mucho tiempo conectó con los sectores medios, la pregunta es: ¿por qué ahora logra conectar con los sectores populares?
Indudablemente, los años de asedio económico, político e incluso militar que el proceso político venezolano ha sufrido lograron erosionar la capacidad de maniobra del gobierno. Cualquier debate serio sobre el rumbo del proceso debe partir de esa premisa. Pero hacer de esta la explicación de todos los males, tampoco logra dar una argumentación seria.
Si bien es cierto que existe una estabilización económica del país, también lo es que la desigualdad se encuentra cada vez más extendida. Mientras se abren bodegas y consumos lujosos, el salario mínimo sigue estando lejos de alcanzar para vivir. La economía del país se ha dolarizado y ha sufrido un proceso de «privatización de facto» en cuestiones como la salud o la educación.
Esos malestares legítimos, estuvieron lejos de ser abordados de manera dialógica. Basta recordar que, durante el período 2022–2023, se registró uno de los ciclos de protestas docentes más importantes que haya enfrentado el chavismo. En vez de intentar conectar con lo legítimo de esas protestas, la estrategia gubernamental varió entre ignorarlas o enfrentarlas.
5. Intervención de la Justicia
Luego de 72 horas de tensión, el miércoles (31) el presidente Nicolás Maduro anunció que presentaría un recurso de amparo ante la Sala Electoral del Tribunal Superior de Justicia, con el fin de «dirimir este ataque contra el proceso electoral y este intento de golpe de Estado y aclarar todo sobre estos ataques y procesos» según sus propias declaraciones.
De esta manera, el Tribunal Superior de Justicia deberá dar cita a todas las instituciones del Poder Público, candidatos presidenciales y a los 38 partidos inscritos para investigar sobre su comportamiento durante el proceso electoral. Esto incluye las denuncias de ataques físicos, cibernéticos y la realización de un peritaje de los resultados electorales del 28 de julio. Asimismo, el actual mandatario informó que el oficialismo «está listo para presentar el 100 % de las actas electorales que tienen».
Al día siguiente, el 1 de agosto, Caryslia Beatriz Rodríguez, presidenta del TSJ, declaró ante la prensa que iniciaba el proceso de verificación para certificar el proceso electoral del 28 de julio. Mientras, el TSJ convocó a los 10 candidatos presidenciales a presentarse el viernes (2) ante el máximo órgano judicial.
Por su parte,
el Departamento de Estado de los Estados Unidos hizo público un comunicado en el cual reconoció al opositor Edmundo González como ganador de las elecciones de Venezuela.
«Dada la abrumadora evidencia, está claro para los Estados Unidos y, lo que es más importante, para el pueblo venezolano que Edmundo González Urrutia ganó la mayoría de los votos en las elecciones presidenciales de Venezuela del 28 de julio», afirma el organismo dirigido por Antony Blinken.
Casi al mismo tiempo, Brasil, México y Colombia emitieron un comunicado conjunto.
«Seguimos con mucha atención el proceso de escrutinio de los votos, y hacemos un llamado a las autoridades electorales de Venezuela para que avancen de forma expedita y den a conocer públicamente los datos desglosados por mesa de votación», afirman en dicho comunicado.
«En ese contexto, hacemos un llamado a los actores políticos y sociales a ejercer la máxima cautela y contención en sus manifestaciones y eventos públicos, con el fin de evitar una escalada de episodios violentos», continúa el texto.
Mientras, el CNE sigue obligado a presentar todos los resultados del proceso electoral dentro de la fecha estipulada. Al momento de publicar esta nota este hecho clave para obtener un balance final del proceso electoral no se ha producido y, pese a que la ley establece 30 días para que lo haga, esta situación ha provocado varios reclamos internacionales y nacionales.
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