Pronto: Impuesto a los Servicios Digitales en Chile

Se les acabó la fiesta. Dentro de una batería de propuestas para la modernización de la legislación tributaria, el gobierno de Sebastián Piñera presentó esta mañana un proyecto de ley que busca otorgar un tratamiento tributario moderno y fiscalizable para la economía digital.

El proyecto busca emparejar la cancha de los nuevos emprendimientos digitales con las Pymes tradicionales, “pero teniendo especial cuidado con no afectar el desarrollo de la economía digital, cuya irrupción está generando desafíos en todo el mundo así como también enormes beneficios para las personas”. Esto porque dichas empresas son capaces de ofrecer sus servicios a usuarios nacionales sin necesidad de constituirse en el país como agencia, filial o establecimiento permanente, lo que conlleva a la imposibilidad de gravar sus ganancias locales.

De esta manera, el proyecto propone establecer un impuesto (Impuesto a los Servicios Digitales o ISD) que se caracteriza por:

  1. Ser un impuesto específico, indirecto y sustitutivo de cualquier otro impuesto, de tasa 10%, que grava los servicios digitales prestados por empresas extranjeras, en la medida que dichos servicios sean utilizados en Chile por usuarios personas naturales. En caso de que estos servicios digitales sean utilizados por empresas chilenas, estos se gravaran con impuesto adicional conforme a las reglas de los artículos 59 y siguientes de la Ley sobre Impuesto a la Renta.
  2. La tasa se aplica sobre el monto total de la transacción, sin deducción alguna.
  3. Se establece un sistema de retención por parte de las entidades emisoras de los medios de pago utilizados en las transacciones. De esta manera, la responsabilidad por el pago del impuesto sujeto a retención recaerá únicamente sobre las personas o entidades obligadas a efectuarla, por lo que su infracción hará incurrir a los agentes retenedores en los reajustes, intereses y multas establecidos por la ley.

Para los efectos de este impuesto específico, el proyecto señala que se entenderán por servicios digitales los siguientes:

a) Los servicios remunerados de intermediación digital entre prestadores de cualquier clase de servicios y usuarios de los mismos que permitan concluir las respectivas transacciones por medios electrónicos, sea que la prestación de los servicios, objeto de la intermediación digital se lleve a cabo por medios tradicionales o electrónicos.

A los protocolos y plataformas que intermedian la compraventa de productos y/o la contratación de servicios se les conoce tradicionalmente como marketplaces, como lo son Airbnb y MercadoLibre. Tratándose de dichos servicios, este impuesto específico se aplicará sin perjuicio de los demás impuestos que resulten aplicable a los contribuyentes cuyos servicios sean intermediados, es decir, los impuestos a los que podrán estar sujetos los proveedores de los servicios subyacentes.

b) Los servicios remunerados de entretenimiento de contenido digital, como imágenes, películas, series, videos, música, juegos y cualquier otro servicio de entretenimiento digital, a través de descarga, streaming u otra tecnología, e.g. Netflix y Spotify.

c) Los servicios remunerados de publicidad en el exterior y de uso y suscripción de plataformas de servicios tecnológicos de internet, e.g. Facebook y Google.

d) Los servicios remunerados de almacenamiento de datos cualquiera sea su opción de operación tecnológica, tales como servicios de nube o software como servicios.

El proyecto de ley presume, salvo prueba en contrario, que los servicios digitales se utilizan por usuarios personas naturales en Chile cuando los emisores de los medios de pago electrónicos utilizados sean personas o entidades con domicilio o residencia en Chile, o agencias en Chile de dichas entidades.

De esta manera y en orden de transparentar los obligados bajo este proyecto, el Servicio de Impuestos Internos deberá confeccionar dos nóminas públicas: i) una que contenga información de los agentes retenedores obligados a retener, declarar y enterar en arcas fiscales el ISD; y ii) otra de los prestadores de servicios digitales gravados con este impuesto específico y respecto de los cuales los agentes retenedores estarán obligados a retener, declarar y enterar en arcas fiscales este impuesto.

Los agentes retenedores que no fueren incluidos en la nómina, debiendo serlo, deberán comunicar dicha situación al Servicio de Impuestos Internos, para ser incluidos. El hecho de no informar o hacerlo con retardo no los eximirá de la obligación de retener, declarar y pagar el presente impuesto. Adicionalmente, los agentes retenedores deberán informar al SII los antecedentes que posean respecto de la identificación de los prestadores de servicios digitales afectos a este impuesto y las cantidades que paguen o pongan a disposición de los prestadores de servicios intermediados, incluso cuando sea otra entidad la que preste o administre los servicios de pagos y remesas.

Por otro lado, los prestadores de servicios digitales gravados con este impuesto y que no se encuentren en su respectiva nómina tendrán la obligación de informar al Servicio de Impuestos Internos de esta situación. El hecho de no informar o hacerlo con retardo tampoco los eximirá del pago de este impuesto.

Me parece que dichas obligaciones establecen los incentivos correctos para que tanto agentes retenedores como prestadores de servicios digitales se vean compungidos a declarar su calidad de tales y por ende facilitar el pago del ISD de ser aplicable.

A grosso modo, creo que el proyecto va en la dirección correcta: Chile necesita distribuir equitativamente las cargas tributarias entre los actores del mercado para así garantizar que compitan en igualdad de condiciones. Con todo, parece olvidar que los usuarios no solamente utilizan medios de pagos electrónicos emitidos por entidades chilenas para contratar servicios digitales en la web.

Empresas como Finciero permiten obtener tarjetas de crédito prepago cuyo emisor es una empresa extranjera, y para qué hablar de la contratación de servicios digitales a través de plataformas descentralizadas cuyo pago se realiza mediante criptomonedas. Temo que el ímpetu por regular la economía digital sea superada rápidamente por la misma.