Ansiedad dictatorial

Sobre el “estado de excepción” en el derecho mexicano

Cayo Julio César

4–08–2017

U n articulista en el diario Reforma de esta semana, argumentó lo siguiente en favor de utilizar un estado de excepción en México contra la delincuencia organizada:

“La suspensión de garantías no afecta la vida normal y en cambio facilita la acción legítima de las autoridades y la obtención de pruebas válidas contra los delincuentes, que ahora se benefician cuando alegan deficiencias formales en su obtención.”

La sola cita es un escándalo.

Para que no se me culpe de sacarla de contexto, he aquí el artículo en línea publicado por un bloguista; y aquí la prueba de que yo sí tengo posesión del diario.

Lo citado pretende apoyar la sugerencia del articulista, de utilizar el estado de excepción contra la delincuencia organizada, basándose en la letra del artículo 29 de la constitución mexicana y la lógica, a saber :

P → Q; P. Por ende Q.

[Expresiones del constituyente]

  • (P) Si hay perturbación grave de la paz pública (Q) se puede utilizar estado de excepción; la delincuencia organizada es (P) [hay] una grave perturbación de la paz pública. Entonces (Q) se puede usar el estado de excepción.

Sobre la base legal

Saber derecho va más allá de poder reconocer una ley siendo alfabeto y sabiendo lógica… La constitución de la Unión regula el estado de excepción en su artículo 29:

“En los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública, o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, solamente el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, con la aprobación del Congreso de la Unión o de la Comisión Permanente cuando aquel no estuviere reunido, podrá restringir o suspender en todo el país o en lugar determinado el ejercicio de los derechos y las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente, rápida y fácilmente a la situación; pero deberá hacerlo por un tiempo limitado, por medio de prevenciones generales y sin que la restricción o suspensión se contraiga a determinada persona…”

Entendiendo el artículo 29

(1) Se habilita al presidente de la Unión para que legisle (“prevenciones generales”) (2) suspendiendo o restringiendo el ejercicio de derechos o sus garantías; (3) temporalmente, bajo el supuesto de gravedad que la constitución estipula y controlado por el Congreso.


Importante distinción rápida

Diferencia entre derecho y garantía (ejemplos):

Derecho al libre tránsito:

  • Restricción: Decreto que prohíbe el tránsito de 7:00 pm a 7:00 am.
  • Suspensión: Decreto que prohíbe el tránsito sin autorización de autoridad local.

Garantía del derecho al libre tránsito:

  • Restricción: Tribunales no condenarán al gobierno por los daños producidos por no limpiar obstrucciones de vías públicas.
  • Suspensión: Tribunales no condenarán al gobierno por voladura de puentes para impedir el tránsito.

¿Y qué derechos y garantías no pueden ser trastocados incluso en estado de excepción? Aquí el mismo artículo reitera lo que ya estaba vigente en México desde que ratificó la Convención Americana de Derechos Humanos:

“(…) derechos a la no discriminación, al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, a la protección a la familia, al nombre, a la nacionalidad; los derechos de la niñez; los derechos políticos; las libertades de pensamiento, conciencia y de profesar creencia religiosa alguna; el principio de legalidad y retroactividad; la prohibición de la pena de muerte; la prohibición de la esclavitud y la servidumbre; la prohibición de la desaparición forzada y la tortura (…)”

Sobre la sugerencia del articulista

Se debe entender primero de dónde viene la institución para interpretar la intención de quien produce el acto que la abarca (Constituyente), no sólo usar el sentido lógico de sus palabras. El estado excepción no viene de una tradición de resolver problemas domésticos sino externos, por ello el artículo 29 menciona en primer lugar el supuesto de “invasión”. Modernamente se consideran casos de grave conmoción como catástrofes naturales o crisis económicas sobrevenidas graves (crisis económica mundial y recesión de 2008) o, internamente, sublevaciones. Lo que aún no abarca tradicionalmente un estado de excepción es abandonar los supuestos de caso fortuito por problemas domésticos y previstos.

“Es una excepción al principio de separación de poderes”

El estado de excepción se centra en una cosa: La cesación de la deliberación. México tiene un sistema jurídico de tradición estatutaria, es decir, muchas de sus figuras e instituciones parten directamente del derecho romano que todo abogado debe estudiar.

El “dictador” era un gobernante temporal de la república romana, investido para hacer frente a invasiones; lo que lo hacía especial: Ninguna obligación de deliberar con nadie. Su habilitación para legislar respondía a una necesidad de actuar con velocidad ante un evento imprevisto, había un presupuesto de premura que la justificaba, por ello se requería darle potestad de crear normas sin esperar por la deliberación senado, normas que, además, él mismo ejecutaría. Es una excepción al principio de separación de poderes.

Artículo 29 constitucional:

“(…) solamente el
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos (…) podrá restringir
o suspender en todo el país o en lugar determinado el ejercicio de los derechos y las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente, rápida y fácilmente a la situación (…)” — Énfasis mío.

El problema de la delincuencia organizada en México aún requiere de deliberación y mucha; la gestión de Felipe Calderón, que militarizó la fuerza pública interna sin requerir estado de excepción (Tesis: P./J. 38/2000), no resolvió el problema de la delincuencia organizada mediante la sola proliferación de detenciones.

La tasa de homicidios en México es escandalosa pero, el problema no se resuelve con poderes robustos y expeditos que salvan vidas al corto plazo y dejan el promedio anual intacto ni, acorde a la experiencia con el PAN, con la sola fuerza que nos hace correr el riesgo de aumentar el promedio con poco avance.

La delincuencia organizada es mucho más compleja: Está atada a la corrupción del Estado, la falta de valores y el poco acceso a la educación formal. Hay que procurar ir sanando varias cosas para progresivamente dar con el momento de la estocada final a la delincuencia organizada. Es una tarea compleja, hay que lograr que varios gobiernos apliquen la misma política, consecutivamente, en un país sin reelección; hay que deliberar.

Y estrictamente sobre la cita

“La suspensión de garantías no afecta la vida normal y en cambio facilita la acción legítima de las autoridades y la obtención de pruebas válidas contra los delincuentes, que ahora se benefician cuando alegan deficiencias formales en su obtención.”
  • “Facilita la acción legítima de las autoridades”

Habiendo restricción de garantías ciertamente se facilita la acción… respecto de la legitimidad de ejercicio no se puede decir lo mismo.

  • “Obtención de pruebas válidas contra los delincuentes, que ahora se benefician cuando alegan deficiencias formales en su obtención.”

Menospreciar los principios de legalidad y pertinencia de la prueba es de ingenuidad similar al ya famoso argumento: “No me interesa que me espíen porque no tengo nada que ocultar”.

Acertar con una bala de cañón no te hace ganar a los dardos
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