Anti-vaccinaliste politik

Sobre la creciente tendencia en contra de la inmunidad parlamentaria en México

11–08–17

Desde 2016 ya se agudizaba la tendencia en contra de la tradicional (y ahora controversial) institución protectora del legislativo, formalmente denominada “inmunidad parlamentaria” y conocida en México como “fuero constitucional”. Distintas manifestaciones se han dado en el espectro político sobre el tema, entre opiniones de juristas, proyectos de reforma constitucional de legisladores y hasta renuncias al privilegio por parte de congresistas; como referencia a lo último y a saber:

“No obstante el panorama (…) los ciudadanos debemos ser siempre suspicaces -sin llegar a ser cínicos- sobre la motivación de nuestros representantes respecto de las causas que defienden.”

Más allá del tema jurídico de si un privilegio perteneciente al sistema de checks and balances (de una constitución presidencialista, además) es realmente un bien disponible del representante al que podría renunciar, hoy en México cerca de la mitad de los estados de la Unión han modificado sus ordenamientos para modificar o suprimir la inmunidad parlamentaria atendiendo, acorde a alegatos de los proponentes, al clamor de la ciudadanía por el combate a la corrupción en las más altas magistraturas. No obstante el panorama, que ciertamente luce alineado con la voluntad popular, los ciudadanos debemos ser siempre suspicaces -sin llegar a ser cínicos- sobre la motivación de nuestros representantes respecto de las causas que defienden.

Partamos de un par de obviedades:

  • La administración corriente se ha visto desprestigiada por escándalos de corrupción de militantes de su partido en altas magistraturas.
  • Tener una posición dura ante la corrupción de altos funcionarios ha sido siempre un discurso popular en México.

Oponerse a la inmunidad parlamentaria es popular pero ¿Es sensato?

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

Artículo 111. Para proceder penalmente contra [plétora de magistraturas](…) por la comisión de delitos durante el tiempo de su encargo, la Cámara de Diputados declarará por mayoría absoluta de sus miembros presentes en sesión, si ha o no lugar a proceder contra el inculpado.

Desprendemos de aquí que la inmunidad parlamentaria es un beneficio procesal, no una violación al principio de responsabilidad penal, por cuanto, no prejuzga la causa por la cual se pretende procesar, como bien aclara el párrafo siguiente:

Si la resolución de la Cámara fuese negativa se suspenderá todo procedimiento ulterior, pero ello no será obstáculo para que la imputación por la comisión del delito continúe su curso cuando el inculpado haya concluido el ejercicio de su encargo, pues la misma no prejuzga los fundamentos de la imputación. — Resaltado propio

Si no hay prejuicio ello indica que el Poder Judicial podrá impulsar la causa luego de culminada la función pública, ahora bien, si el funcionario imputado de corrupción logra evadir de nuevo el procedimiento mediante reelección, es sensato reconsiderar las normas electorales a manera de hacer los comicios más competitivos y transparentes, por ejemplo, evitando el abuso de la práctica gerrymandering o de excesos en el financiamiento de campañas que propician la fácil reelección consecutiva.

¿Y por qué ocuparse de ello y no simplemente erradicar la inmunidad parlamentaria?

-Además de lo evidente de debidamente ocuparse de lo que ya es obligación de todas formas-

Porque ella sirve un propósito más abstracto pero fundamental en cualquier república (y muy especialmente si ella ha de ser presidencialista): garantizar la separación de poderes. Los “pesos y contrapesos” -checks and balances- son herramientas de rango constitucional que pretenden proteger la forma republicana, es decir, la nación donde el mando sea de los ciudadanos.

Lo qué estamos diciendo en concreto:

  • Impedir que el Poder Ejecutivo obstruya la función legislativa por medio de demandas y acusaciones a congresistas con poco o ningún fundamento. La inmunidad parlamentaria impide la separación del cargo para atender la causa penal por parte del imputado, a menos que el congreso declare que hay suficiente fundamento.

Ejemplo: Si el congreso (representante directo del soberano) decidiera utilizar su poder de fabricación impositiva “power of the purse” para reducir los impuestos de los ciudadanos, la administración corriente (controlador de los órganos de policía) pudiera imponer su voluntad arbitraria con tan sólo iniciar causas penales a varios diputados, quienes se verían inmediatamente separados de sus cargos (de no gozar de inmunidad parlamentaria) y cuya ausencia potencialmente cambiaría el resultado de una libre votación sobre una ley que reduce fondos a la administración.

Se ha argumentado que la institución repentinamente ahora resulta arcaica, sin embargo y en mi opinión, cuanta vigencia tenga el ejemplo anterior debe tener la inmunidad parlamentaria. El poder de crear, alzar o disminuir impuestos (y su relación con el tamaño de la administración) es quizá el tópico más importante a la hora de definir una república; la capacidad libre de los ciudadanos de imponerse sus propios impuestos y dar tamaño a la administración que los recaudará y gastará, es clave para evitar la tiranía del Ejecutivo.


Considerando que la corrupción en los altos cargos ha prevalecido incluso en casos donde la inmunidad parlamentaria ha sido levantada por el congreso, y tomando en cuenta que hasta el infame ex gobernador de Veracruz avocó por la eliminación de la inmunidad parlamentaria en su momento, quizá debamos abstenernos de culpar a la tradicional institución por defectos de leyes electorales y defectos del Poder Judicial, los primeros y más directos partícipes de la impunidad ante la corrupción.

Lo popular no siempre es lo sensato.

No se gana la partida de dardos atinando con una bala de cañón.
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