Feminismo: los peligros del punitivismo
Ante cada hecho de violencia de género, la espectacularización mediática exige respuestas inmediatas porque “algo hay que hacer”. ¿Cuál es el riesgo del show punitivista como salida fácil?
Por Ileana Arduino / Fotos Jose Nicolini
El feminismo popular ya no se conforma con la indignación o la respuesta individual ante los horrores extremos. Está claro que son múltiples las formas de violencia en razón del género, cuya eficacia consiste en pasar inadvertidas a fuerzas de consolidación ancestral y naturalización, articuladas con otras formas de jerarquizar las existencias, como las que promueve el racismo, el heterosexismo y/o la clase.
La espectacularización mediática que parte aguas entre buenas o malas víctimas, o que atempera responsabilidades blanqueando victimarios según su condición profesional o no, deja de hacer sentido cada vez más rápido y, movilización feminista mediante, se abre paso la conciencia colectiva que se expresa en aquello de que “cuando tocan a una nos tocan a todas”. Nosotras sabemos que la violencia del caso individual está social y colectivamente habilitada, que el patriarcado ofrece formas cotidianas de sometimiento que la consienten o le sirven de sostén. No hay margen para “errores, locuras o excesos”, tan funcionales siempre a las distintas formas de impunidad propias de relaciones de poder; sabemos que esas crueldades integran el elenco de violencias regularizadas patriarcalmente.
El ensañamiento con los victimarios está bien lejos del desmantelamiento de las condiciones de violencia y por lo tanto de la justicia en clave feminista.
Es habitual que, de izquierda a derecha, ante los estupores que generan los dolores que logran atraer visibilidad pública, las respuestas se limiten al show punitivista: más castigos a través de nuevos delitos, penas mayores, encierros indefinidos en cárceles infrahumanas, registros estigmatizantes, etc. Medidas ruidosas porque “algo hay que hacer”, hasta el siguiente cadáver embolsado o la próxima violación múltiple y, a su paso, una nueva edición de la demagogia de la venganza. El correlato de ese indetenible ensañamiento simbólico con los victimarios es la desatención de las demandas más profundas del feminismo que no se contenta con la violencia como toda respuesta.
Preguntémonos: el que reincide en un abuso sexual habiendo obtenido salidas transitorias de la cárcel ¿qué atención recibió, cuánto estuvo protegido de una cultura carcelaria que incluye en su “folklore” sistemas de premios y castigos, entre los cuales se usa a ciertos presos como “esposas” de otros, con violaciones incluidas? ¿Qué herramientas manejan psicólogos y demás profesionales: hay atención diferenciada y necesaria para garantizar tratamientos adecuados?
Cuando se nos propone como panacea un registro de violadores, ¿cuánto sabemos de la eficacia de la estigmatización para evitar abusos? Hace dos años, Human Rights Watch informó que ese sistema fracasó en los Estados Unidos porque, entre otras cosas, dificulta el seguimiento de casos dado que, ante el escarnio, los ofensores sexuales huyen y cortan contacto con redes de asistencia. Pero a la luz de nuestras experiencias cotidianas: ¿para qué nos sirve un registro cuando las estadísticas, los especialistas y las víctimas coincidimos en que las violencias sexuales son mayoritariamente cometidas por padres, tíos, abuelos, hermanos y de forma más marginal por hombres completamente desconocidos? ¿En qué modifica nuestras posibilidades de ser más o menos libres si por cada excepcional detención de un protagonista de alguna forma excepcionalmente brutal de violencia, hay un sistema social, económico y cultural que reproduce sus posibilidades serialmente?
Esas preguntas llevan tiempo, no se responden en tres líneas, pero es difícil argumentar que el punitivismo pueda hacerlo. El ensañamiento con los victimarios está bien lejos del desmantelamiento de las condiciones de violencia y por lo tanto de la justicia en clave feminista.
Es habitual que ante los estupores que generan los dolores que logran atraer visibilidad pública, las respuestas se limiten al show punitivista: más castigos a través de nuevos delitos, penas mayores, encierros indefinidos en cárceles infrahumanas, registros estigmatizantes, etc. Medidas ruidosas hasta el siguiente cadáver embolsado o la próxima violación múltiple y, a su paso, una nueva edición de la demagogia de la venganza.
El régimen de género se sirve del punitivismo para afirmarse, nos confina a víctimas, pero nos cae encima con mayor saña cuando quedamos en posición legal de “victimarias”. Las trabajadoras sexuales o personas en situación de prostitución, trans y travestis lidian con la cara represiva del Estado y son quienes más han esclarecido, aunque no suelen ser escuchadas, sobre las trampas del poder punitivo. Por ejemplo, cuando no satisfacemos el estereotipo de género (malas madres), cuando se penaliza nuestra condición sexual o cuando, como ocurre en varias provincias en las que los códigos contravencionales nos castigan abusando de nociones como moralidad o, con menos disimulo, cuando prohíben usar ropa del sexo “opuesto”.
Sabemos del punitivismo cuando lxs médicxs entran en modo policial y denuncian abortos en los que nos jugamos la vida o la libertad; asistimos a escala planetaria a una guerra contra mujeres en nombre de la lucha contra el narcotráfico, consistente en cazar pobres, migrantes, cabezas de hogar con magros recursos educativos, esclavizadas en las cadenas de microtráfico mientras el orden financiero internacional “legal” es cada vez más nutrido por el crimen organizado; resulta que estadísticamente entre las personas presas por trata suele haber sobrerrepresentación femenina, aunque se diga que la lucha contra la trata sexual es prioritaria o se encubre bajo el nombre “trata” la persecución de trabajadoras sexuales autoorganizadas que resisten a las machirulas corruptelas policiales.
El avance punitivo demora las transformaciones reales, imprescindibles para desmontar la maraña de violencias producidas por muchas asimetrías: la imposibilidad de disponer del propio cuerpo, como ocurre con la ausencia de aborto legal, gratuito y seguro, las que mantienen brechas salariales que conducen a pago inferior por el solo hecho de nacer con vagina, el trabajo no remunerado de carácter doméstico disfrazado de amor filial, la ausencia de educación sexual integral, libre e igualitaria que no haga de la violencia un recurso válido para la masculinidad… Todo eso seguirá intacto mientras el cuerpo dañado de turno reactive la escalada punitiva de turno en nombre del feminismo.
En el mejor de los casos, no tanto por ser mujeres, sino porque portemos privilegios o bien podamos ostentar un nivel de daño superlativo, cuando no la muerte, llamaremos la atención de un sistema penal que instrumentará una respuesta violenta y desprovista de mayor capacidad reparatoria. Incluso dentro de la propuesta punitiva deberemos rendir pruebas: nuestra credibilidad está atada al daño que presentemos. Una víctima empoderada no es creíble, casi que no es víctima. Así lo demuestra el juicio de la manada en España, donde el Tribunal que juzga a cinco acusados de violar a una mujer admitió como prueba de la defensa que ella, luego de la violación, mantuvo una vida social libre y activa. Si hubiera muerto, o se hubiera autoimpuesto reclusión, hubiera evitado que su propia conducta fuera la prueba de descargo de sus violadores. No deberíamos alimentar la maquinaria punitiva sin saber que va a exigirnos ser buenas víctimas, dañadas, desvalidas, nada empoderadas, a veces solo estando muertas. Eso está bien lejos de lo que necesitamos para que el “libres y vivas nos queremos” deje de ser consigna y sea una oportunidad diaria.
Publicada en la edición de marzo de Los Inrockuptibles
